Cinco años después, el Decreto-Ley 370 da otra vuelta de tuerca a la censura digital en Cuba

El uso del Decreto-Ley 370/2018 continúa generando preocupación entre activistas, periodistas y creadores de contenido en Cuba, quienes denuncian su aplicación como mecanismo para restringir la libertad de expresión en el entorno digital.

Uno de los casos recientes es el del influencer cristiano David Espinosa, quien fue multado con 3.000 pesos tras salir de un interrogatorio en La Habana la semana pasada, luego de ser amenazado por sus publicaciones en sus plataformas digitales.

Esta normativa, en vigor desde julio de 2019, regula el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en el país. Entre sus disposiciones, contempla sanciones para quienes difundan información considerada “contraria al interés social, la moral o las buenas costumbres”, un criterio que ha sido señalado por su ambigüedad y amplio margen de interpretación.

En la práctica, el Decreto Ley 370 ha sido utilizado para imponer multas, confiscar equipos electrónicos y ejercer presión sobre ciudadanos que expresan opiniones críticas en redes sociales.

A este escenario se suman denuncias sobre hackeos de cuentas personales, particularmente en WhatsApp, dirigidas a creadores y activistas identificados por su postura crítica. Entre los afectados se mencionan integrantes del proyecto audiovisual “Fuera de la caja”, la creadora de contenido Anna Sofía Benitez (Anna Bensi) y su madre, y la activista Yamilka Lafita, conocida en redes como Lara Crofs.

El periodista y director del medio independiente YucaByte, Norges Rodríguez, advierte que este fenómeno responde a un patrón documentado con anterioridad.

“Hemos documentado desde alrededor de 2020 que esto ocurre generalmente cuando esa persona está siendo hostigada por otras vías, como citaciones, interrogatorios o amenazas”, dijo a Martí Noticias.

Según explica, estos episodios suelen coincidir con otras formas de presión. “Muchas veces al mismo tiempo reciben ciberacoso… y también intentos de entrar a sus redes sociales o correos electrónicos. En algunos casos, logran acceder”, señaló.

Rodríguez señala que, aunque no se puede atribuir de forma directa la autoría de estos ataques, sí existe una correlación clara: “No podemos asegurar que quien está hackeando sea el Estado cubano, pero hay un patrón en el que esto ocurre al mismo tiempo que otras acciones represivas”.

Protección contra la censura

El contexto tecnológico en Cuba añade otra capa de complejidad. La estatal Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), único proveedor de servicios de telecomunicaciones en la isla, mantiene el control total de la infraestructura de conectividad, lo que implica acceso centralizado a los datos de los usuarios.

Ante este escenario, Rodríguez insiste en la necesidad de adoptar medidas básicas de protección. Como alternativa, recomienda el uso de aplicaciones de autenticación.

“Aplicaciones como Google Authenticator generan códigos en el propio teléfono. Sin ese código, nadie puede acceder a la cuenta”, advierte.

En el caso de WhatsApp, explica que activar un PIN adicional puede marcar la diferencia. “Aunque alguien tenga acceso al SMS, no podrá entrar sin ese PIN, y sin acceso al correo electrónico”.

Especialistas y organizaciones han advertido que esta combinación —marco legal restrictivo y control estatal de las telecomunicaciones— crea un entorno vulnerable para la privacidad y la libre expresión en Cuba.

A más de cinco años de su entrada en vigor, la aplicación del Decreto Ley 370, lejos de proteger el espacio digital, ha servido para castigar el disenso y limitar derechos fundamentales, en un contexto donde expresarse libremente sigue siendo un riesgo.