Sumario
- El régimen cubano aprobó 19 leyes para reactivar la agricultura, ampliando el usufructo de tierras, eliminando algunos intermediarios y otorgando mayores facultades comerciales a cooperativas y mipymes.
El régimen cubano puso en marcha un nuevo paquete de 19 normas jurídicas para intentar reactivar un sector agropecuario marcado por la caída de la producción, la expansión de las tierras ociosas y la creciente dependencia de las importaciones de alimentos.
Las disposiciones amplían la entrega de tierras en usufructo, eliminan algunos intermediarios obligatorios y conceden nuevas facultades comerciales a cooperativas y micro, pequeñas y medianas empresas. También autorizan una mayor participación privada en servicios de maquinaria, riego, asistencia veterinaria y comercio exterior.
Aunque las autoridades presentan el nuevo marco jurídico como una transformación de la agricultura, campesinos y economistas advierten que las medidas no modifican el problema fundamental: el Estado continúa siendo el principal propietario de la tierra y conserva amplias facultades para decidir quién puede utilizarla y bajo qué condiciones.
“Para mí no va a funcionar así porque no existe una economía libre de mercado como la tienen ustedes en Estados Unidos y en otros países”, afirmó el campesino y opositor cubano Yoelexis Acosta. “Así como lo quieren ellos, eso no va a funcionar”.
La Ley 185 de Tierra Agropecuaria y Forestal constituye el eje central de las disposiciones. El paquete incluye además seis decretos-leyes del Consejo de Estado, siete decretos del Consejo de Ministros, cinco resoluciones del Ministerio de la Agricultura y una del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo.
Entre los principales cambios figura la ampliación del usufructo a personas naturales y jurídicas, así como a entidades estatales, privadas y mixtas. También se elimina el requisito de trabajar directamente la tierra, al reconocerse la gestión y la administración como parte del trabajo agrícola.
La cantidad de tierra que puede entregarse en usufructo dependerá del proyecto presentado y de la capacidad que demuestre el solicitante, sin que se establezca previamente un límite general. Sin embargo, la autorización continuará en manos de las autoridades locales.
El economista cubano Elías Amor considera que este mecanismo no equivale a reconocer el derecho de propiedad y deja al productor expuesto a decisiones políticas y administrativas.
“El problema es el régimen de propiedad de la tierra. En Cuba, toda la tierra es propiedad del Estado. Los productores, los campesinos, las cooperativas y ahora las mipymes no son dueños de la tierra; lo que hacen es recibirla en arrendamiento o cesión. Además, se decide qué van a producir, cuánto van a producir y quién va a producir. En definitiva, es una asignación de carácter político por parte de las organizaciones comunistas municipales”, señala Amor en una entrevista con Martí Noticias.
Las reformas también permiten entregar tierras en usufructo a mipymes, incluso cuando su objeto social original no sea la producción agropecuaria. Según Amor, esta fórmula podría crear una nueva clase de titulares que reciban terrenos y posteriormente subcontraten a otras personas para trabajarlos, sin que necesariamente aumente la producción de alimentos.
Más facultades para cooperativas y mipymes
El Decreto 121 de 2026 autoriza a las Cooperativas de Producción Agropecuaria a entregar tierras en usufructo mediante acuerdo de sus asambleas. En la práctica, las cooperativas podrán arrendar terrenos al sector privado.
Al mismo tiempo, las nuevas normas les conceden facultades para importar insumos, tecnologías y combustible, exportar directamente sus producciones, abrir cuentas en moneda nacional y extranjera, pactar determinados precios y desarrollar actividades secundarias lícitas.
También podrán crear cooperativas de segundo grado, asociarse con entidades estatales y no estatales y participar en empresas mixtas o asociaciones económicas internacionales.
Por su parte, el Decreto-Ley 161 de 2026 establece que los productores agropecuarios podrán comercializar sin intermediarios obligatorios. Las cooperativas y mipymes, además, podrán realizar operaciones de comercio exterior y formar precios de acuerdo con la oferta y la demanda.
Amor advierte, sin embargo, que el productor individual no recibe todas las facultades concedidas a las empresas y cooperativas, a pesar de ser quien trabaja directamente la tierra.
Las medidas incluyen mercados de insumos en divisas, incentivos para operaciones en moneda extranjera, la ampliación del Fondo de Fomento Agrícola y la creación de un Banco Agrícola. Para el economista, esta orientación podría aumentar la desigualdad entre quienes tienen acceso a divisas y los campesinos que solamente reciben ingresos en pesos cubanos.
Ganadería en Cuba
Controles sobre la ganadería
La Resolución 162 de 2026 actualiza los procedimientos para el sacrificio y la comercialización de animales. Las personas que cumplan determinadas condiciones podrán cebar terneros sin necesidad de poseer tierras, pero deberán inscribirlos en el Registro Pecuario y solicitar la correspondiente licencia sanitaria.
Las autoridades también prometen flexibilizar la comercialización de carne, aunque se mantendrá la prioridad de los llamados “consumos sociales” establecidos en cada municipio. Otras disposiciones permiten que trabajadores por cuenta propia y entidades no estatales presten servicios veterinarios y creen laboratorios privados. Asimismo, se amplían las posibilidades de importar maquinaria agrícola y fabricar en Cuba equipos, piezas y accesorios.
El Estado, no obstante, conservará los registros, las licencias y buena parte de las decisiones relacionadas con el sacrificio, la distribución y la comercialización del ganado.
De la Reforma Agraria al control estatal
Algunas de las medidas presentadas ahora como novedosas recuperan parcialmente actividades que fueron eliminadas o restringidas después de 1959.
La primera Ley de Reforma Agraria, firmada por Fidel Castro el 17 de mayo de ese año, respondió a un problema real de concentración de la propiedad rural. Antes de la Revolución existían grandes latifundios cubanos y extranjeros, mientras numerosos campesinos trabajaban como arrendatarios, aparceros o jornaleros estacionales.
La ley fijó generalmente en 30 caballerías, aproximadamente 402 hectáreas, la cantidad máxima de tierra que podía poseer una persona. Las propiedades que superaban ese límite fueron expropiadas.
La reforma eliminó la aparcería y entregó títulos a numerosas familias que cultivaban tierras ajenas. Sin embargo, una parte considerable de las propiedades expropiadas no fue distribuida entre pequeños agricultores independientes, sino que quedó bajo la administración del recién creado Instituto Nacional de Reforma Agraria.
En 1963, la segunda Reforma Agraria redujo el límite de la propiedad privada a cinco caballerías, unas 67 hectáreas, y nacionalizó las fincas que superaban esa extensión. La medida ya no afectó solamente a grandes latifundistas o compañías extranjeras, sino también a propietarios cubanos medianos.
El Estado pasó entonces a controlar aproximadamente dos tercios de las tierras agrícolas. Durante las décadas siguientes continuó incorporando terrenos a empresas estatales y estructuras colectivas, hasta llegar a poseer alrededor del 82 % de las tierras agrícolas activas a finales de los años ochenta.
El campesino Yoelexis Acosta asegura que su familia también perdió la mayor parte de las tierras que poseía antes de la Revolución.
“Antes del 59 teníamos seis hectáreas de tierra y no llegó ni a media lo que nos dejaron”, relató. Según el campesino, en esas propiedades su familia cultivaba tabaco y desarrollaba actividades ganaderas.
El productor perdió la capacidad de decidir
Las nacionalizaciones fueron acompañadas por un sistema de planificación centralizada. El régimen comenzó a decidir qué productos debían sembrarse, en qué cantidades y a qué precios serían vendidos.
Mediante el sistema estatal de Acopio, los campesinos y las cooperativas quedaron obligados a entregar parte de sus cosechas a precios establecidos administrativamente. También pasaron a depender del Estado para conseguir semillas, fertilizantes, maquinaria, combustible, crédito y transporte.
Las demoras de Acopio provocaron durante décadas que parte de las cosechas se deterioraran antes de llegar a los mercados. El productor podía tener alimentos en el campo, pero carecer de transporte, autorización o canales independientes para venderlos directamente a los consumidores.
En 1968, la llamada Ofensiva Revolucionaria nacionalizó los pequeños comercios y servicios privados que todavía funcionaban. Talleres, almacenes, transportistas, vendedores e intermediarios desaparecieron o pasaron al control estatal, debilitando la red económica que necesitaban los agricultores para producir y comercializar.
Dos años después, Fidel Castro concentró buena parte de los recursos humanos y materiales del país en la Zafra de los Diez Millones. Cuba produjo aproximadamente 8,5 millones de toneladas de azúcar, pero no alcanzó la meta.
La movilización desvió trabajadores, maquinaria, transporte y terrenos hacia la producción de caña. Otros cultivos, la ganadería y diferentes sectores de la economía quedaron afectados.
Durante los años setenta, la dictadura continuó impulsando la colectivización. Algunos pequeños agricultores conservaron formalmente sus propiedades dentro de Cooperativas de Créditos y Servicios, mientras otros aportaron sus tierras a Cooperativas de Producción Agropecuaria.
El modelo se sostuvo durante décadas gracias a la Unión Soviética, que compraba el azúcar cubano en condiciones preferenciales y suministraba petróleo, fertilizantes, pesticidas, alimentos, maquinaria y piezas de repuesto.
Cuba dejó de depender principalmente del mercado estadounidense, pero pasó a depender del respaldo económico soviético. Las grandes granjas estatales utilizaron métodos intensivos en combustible, productos químicos y maquinaria importada, mientras disminuía su productividad.
Cuando desapareció la Unión Soviética, también se desplomaron los suministros y subsidios que sostenían el sistema. La crisis expuso la fragilidad de una agricultura centralizada y dependiente de recursos externos.
A partir de 1993, el régimen convirtió numerosas empresas estatales en Unidades Básicas de Producción Cooperativa. Posteriormente, durante el mandato de Raúl Castro, comenzó a entregar tierras ociosas en usufructo.
En ninguno de esos procesos se transfirió plenamente la propiedad. Los nuevos productores recibieron derechos condicionados de utilización, mientras el Estado conservó la titularidad de la tierra y buena parte del control sobre la producción y la comercialización.
Tierras cubiertas de maleza
La pérdida de incentivos, el deterioro de la maquinaria, la falta de insumos y el éxodo de trabajadores rurales dejaron extensas áreas sin cultivar.
“Esas tierras están llenas de monte, de aroma y otras matas”, afirmó Acosta al describir la situación de terrenos que anteriormente fueron utilizados para la ganadería.
Según Elías Amor, la agricultura y la ganadería concentran alrededor del 20 % de la fuerza laboral cubana, pero el país necesita importar alimentos por más de 2.400 millones de dólares anuales.
El economista atribuye esa contradicción a un modelo que considera “ineficiente, improductivo y desorganizado”. En su opinión, ampliar el usufructo o publicar nuevas normas no será suficiente mientras no existan propiedad privada, seguridad jurídica y verdadera autonomía para los productores.
Después de décadas de escasez y reducción de la producción, el régimen vuelve a permitir la venta directa, la negociación de algunos precios, la importación de insumos y una mayor participación del sector privado.
Sin embargo, las nuevas leyes no desmontan completamente el modelo creado después de 1959. El productor todavía no recibe la propiedad plena de la tierra y continúa sujeto a autorizaciones, registros, prioridades estatales y decisiones de las autoridades locales.
Para Acosta, mientras no exista una economía en la que el campesino pueda decidir sobre su tierra, su producción y sus ingresos, las reformas tendrán pocas posibilidades de éxito.
La dictadura cubana intenta recuperar parte de las libertades económicas que eliminó durante más de seis décadas, pero sin renunciar al control que mantiene sobre la propiedad y el funcionamiento del campo. Esa contradicción, según campesinos y analistas, podría convertir las nuevas medidas en otro intento de reforma incapaz de resolver la crisis estructural de la agricultura cubana.