Sumario
- El informe del Observatorio Cubano de Conflictos también destaca la crisis de servicios públicos: apagones prolongados, falta de agua y acumulación de basura.
- Cacerolazos y protestas se reportaron en varias provincias y en La Habana.
- Entre los hallazgos, la organización denunció restricciones de medicamentos y tratamientos a presos, además de presiones y actos represivos contra reclusos políticos, incluido aislamiento, castigos y ofertas de exilio a cambio de libertad.
La inseguridad ciudadana encabezó por tercer mes consecutivo los registros del Observatorio Cubano de Conflictos (OCC), que documentó 542 protestas, denuncias y expresiones críticas en octubre de 2026, en medio de apagones prolongados, dificultades de acceso al agua y denuncias de represión contra presos políticos.
El balance mensual recoge 119 eventos relacionados con la inseguridad, seguidos por 104 vinculados a los servicios públicos y 88 clasificados como desafíos al Estado policial. Dentro de esta última categoría, la organización contabilizó 24 protestas presenciales.
“Los robos, los asaltos, los homicidios y otros hechos violentos reflejan el creciente deterioro de la seguridad de los ciudadanos cubanos”, declaró a Martí Noticias Oscar Casanella, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
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Inseguridad y crisis de servicios marcan las denuncias de los cubanos en octubre
Matanzas encabezó las denuncias de inseguridad con 30 eventos, seguida de La Habana, con 22. Casanella destacó que entre los casos registrados figuran muertes por hechos violentos, incluidos feminicidios.
Aunque el total de eventos disminuyó un 18,25 % respecto a septiembre, cuando se contabilizaron 663, el OCC advirtió que esa reducción no equivale a una mejoría de las condiciones de vida.
El informe distingue el registro detallado de un conteo histórico que utiliza una metodología diferente. En este último, las incidencias se mantuvieron prácticamente estables: 1.143 en octubre frente a 1.147 en septiembre. Ambas cifras corresponden a universos distintos y no deben sumarse.
Casanella señaló que los cortes eléctricos, la falta de agua potable y la acumulación de basura afectan simultáneamente a numerosas comunidades y deterioran la calidad de vida de sus habitantes.
Según el informe, los apagones provocaron cacerolazos en Cabañas, en el municipio artemiseño de Mariel, los días 9 y 14 de octubre. También se registraron manifestaciones en Santa Rita, Jiguaní, y protestas en La Habana, donde vecinos cerraron la Avenida de Boyeros con contenedores de basura el día 30.
El documento recoge además que unos 2,5 millones de cubanos sufrían interrupciones del suministro de agua, de acuerdo con cifras reconocidas por las autoridades, que atribuyeron el 88 % de esas afectaciones a problemas eléctricos.
La alimentación, la inflación y la agricultura constituyeron la única categoría del registro detallado que aumentó respecto a septiembre, con 63 eventos, siete más que el mes anterior.
Otro de los hallazgos destacados por Casanella fue la negación de medicamentos y tratamientos médicos a personas encarceladas, incluso cuando sus familiares intentan proporcionárselos.
El investigador denunció que estas restricciones se utilizan “como mecanismo para doblegarlos” y sostuvo que, en casos de presos políticos, forman parte de las presiones para conseguir su colaboración o forzar su salida del país.
El OCC registró 85 eventos relacionados con actos represivos durante octubre. Entre las denuncias recogidas figura la de Carlos Alain Abrahantes Valdés, enviado a una celda de castigo en la prisión Kilo 7, en Camagüey, donde habría permanecido incomunicado y privado de medicamentos básicos.
El documento también señala que Saylí Navarro Álvarez afrontaba problemas digestivos sin un diagnóstico adecuado en la prisión La Bellotex, en Matanzas. Por separado, recoge denuncias de Donaida Pérez Paseiro y Loreto Hernández García sobre presiones para aceptar el exilio como condición para salir de prisión.
La organización precisa que no en todos los casos es posible establecer que la privación de tratamiento responda a una orden política específica. Sin embargo, advierte que las carencias médicas, el aislamiento y las restricciones de visitas agravan la vulnerabilidad de los reclusos y sus familias.