Sumario
- Opositores y analistas nicaragüenses reaccionaron a ese anuncio y apuntaron a Martí Noticias, que los Ortega-Murillo temen someterse a elecciones o cometer un fraude mientras el presidente Donald Trump esté en la Casa Blanca.
Tras el escandaloso anuncio de Daniel Ortega el pasado 19 de julio de acabar con las elecciones en Nicaragua, la Asamblea Nacional, al servicio del régimen sandinista, ha procedido a presentar una propuesta de reforma constitucional que ampliará el período presidencial a 7 años, con lo cual sería el más largo de todo el continente americano.
Opositores y analistas nicaragüenses reaccionaron a ese anuncio y apuntaron a Martí Noticias, que los Ortega-Murillo temen someterse a elecciones o cometer un fraude mientras el presidente Donald Trump esté en la Casa Blanca. Con este cambio, quedarían pospuestas las elecciones de 2027 a noviembre de 2028.
Para Medardo Mairena, exaspirante presidencial y dirigente del movimiento campesino nicaragüense, “los Ortega Murillo saben que jamás ganarían una elección libre, transparente y competitiva y no están dispuestos a competir con nadie que les pueda ganar para no poner en riesgo el poder familiar”.
“La dictadura sandinista encabezada por Ortega y Murillo actúa bajo una condición de debilidad y temor. Le temen a fabricar una farsa electoral por las consecuencias que pudieran venir por parte de la administración estadounidense, aumentando el actual período electoral a siete años, para posponer el próximo calendario electoral hasta la salida de Trump” agregó Mairena, quien fue condenado por el régimen en 2019 a 216 años de prisión por “terrorismo”.
El líder campesino, expulsado a EEUU y despojado de su nacionalidad por el régimen sandinista en 2023, destacó a Martí Noticias que “Ortega está débil de salud y lo que pretende es asegurar la sucesión de la dinastía después de su partida, sin que Rosario Murillo tenga que afrontar cuestionamientos o procesos internos que pongan en riesgo el poder”.
Un exdiplomático nicaragüense que solicitó el anonimato señaló que “Daniel Ortega saber medir los tiempos políticos en Estados Unidos y busca afianzar ese modelo que está imponiendo en Nicaragua mientras la atención estadounidense está centrada en el proceso electoral de noviembre”.
“En este contexto, Ortega cree que es mucho más difícil que un presidente de EEUU, dado los controles del Congreso, vaya a tomar acciones de envergadura como un cambio de régimen por medio de presencias militar americana” agregó la fuente, pero advirtió: “Es una apuesta de alto riesgo”.
Una reforma constitucional ilegítima
La jurista nicaragüense María Asunción Moreno señaló en la red social X que, “en el ámbito estrictamente legal, esta asamblea no tiene facultades para hacer este cambio de sistema. La Constitución del 2025 y estas reformas que pretenden hacer de facto son ilegales e ilegítimas de origen, son reformas ‘non nata’ y por tanto, inexistentes”.
En esta misma línea, un ex alto cargo de la diplomacia nicaragüense recordó a Martí Noticias, que “la OEA declaró en 2021 que las elecciones de ese año fueron ilegítimas y por lo tanto el resultado de ese proceso electoral también era ilegítimo".
"El cambio que hicieron a la Constitución vigente hasta 2021 no tiene ninguna legitimidad porque no lo hizo una Asamblea Nacional constituyente como tendría que haber sido y además porque la asamblea que lo hizo era ilegítima”, precisó.
La fuente, que pidió el anonimato, agregó que el régimen Ortega Murillo “ahora va a prorrogar el mandato por un año más y puede ser que el año próximo lo prorrogue por dos años más y así sucesivamente”.
“Régimen monárquico disfrazado”
Para un exdiputado nicaragüense, ahora en el exilio, “la prórroga del periodo actual por un año más y períodos de 7 años renovables revela la verdadera intención del régimen de continuar en el poder de forma indefinida donde el mecanismo de copresidentes permite al fallecer uno que el otro continúe, mientras otro miembro de la familia sustituye al faltante, sin límite en el tiempo”.
“Este procedimiento elevado a norma constitucional equivale a un régimen monárquico disfrazado o a unas copresidencias vitalicias para un grupo familiar” denunció a Martí Noticias el expolítico nicaragüense que también pidió el anonimato por temor a represalias.
Un exembajador nicaragüense en varios países centroamericanos coincidió con el exdiputado en que el último anuncio del régimen Ortega Murillo “es la fase final de un proyecto de dictadura familiar, que se vino incubando al amparo de sectores fácticos devenidos en colaboracionistas en el ámbito económico, religioso y con el apoyo del ejército, la policía y el aparato de inteligencia al servicio de la represión. Con la fuerza bruta construyeron su ‘nuevo orden’ convirtiendo a Nicaragua en una suerte de reinado lumpen”.
¿El momento de actuar?
Ante este escenario, el exembajador señaló a Martí Noticias que “será el momento de analizar y evaluar para qué sirve el sistema jurídico internacional con sus organismos incapaces de frenar la barbarie”.
“En lo bilateral veremos si hay Estados democráticos consecuentes con sus propios principios que sean capaces de poner en práctica la Carta Democrática Interamericana que propugna por la defensa colectiva de la democracia y obviamente el respeto a la dignidad y los derechos humanos en general”, agregó el exembajador que pidió reservar su nombre.
En este sentido, apuntó que EEUU ya decidió dar el primer paso y su embajador permanente ante la OEA, Andrew Stevenson, envió el miércoles una carta al Consejo Permanente del organismo en la que solicitó una sesión extraordinaria y presentó un proyecto de resolución. El texto propone reunir a los ministros de Relaciones Exteriores del continente para examinar la situación política y de derechos humanos en el país centroamericano.