Sumario
- Amnistía Internacional publicó un informe de más de 1.000 páginas que concluye que Irán cometió crímenes de lesa humanidad para reprimir el movimiento Mujer, Vida, Libertad tras la muerte de Mahsa Jina Amini en 2022.
- La organización documentó 377 muertes —incluidos 56 menores—, además de tortura, violaciones, desapariciones forzadas y persecución por motivos políticos, de género, étnicos y religiosos, especialmente contra comunidades kurdas y baluchis.
Amnistía Internacional afirmó este miércoles que las autoridades iraníes cometieron crímenes de lesa humanidad para sofocar el movimiento Mujer, Vida, Libertad, surgido tras la muerte bajo custodia policial de la joven kurda Mahsa Jina Amini en septiembre de 2022.
La organización presentó la investigación "Arquitectos de las atrocidades: La maquinaria estatal orquestando crímenes de lesa humanidad en el levantamiento iraní de 2022 por la libertad de la mujer", un informe de más de 1.000 páginas que atribuye al Estado iraní un ataque “generalizado y sistemático” contra la población civil entre septiembre y diciembre de 2022.
El documento fue divulgado al cumplirse cuatro años de la muerte de Amini, de 22 años, quien falleció el 16 de septiembre de 2022 después de ser detenida en Teherán por la policía de la moral por incumplir el código obligatorio de vestimenta. Su muerte desencadenó la mayor ola de protestas contra las autoridades iraníes en años.
Tras una investigación que incluyó 270 entrevistas y el análisis de más de 2.000 videos, documentos oficiales, filtraciones, expedientes judiciales y registros forenses, Amnistía documentó la muerte de 377 personas, entre ellas 56 menores. La organización considera que la cifra real es mayor.
Según el informe, 326 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad durante la dispersión de manifestaciones o en zonas militarizadas cercanas. Otras fallecieron bajo custodia, poco después de ser liberadas o en circunstancias que, de acuerdo con Amnistía, apuntan a responsabilidad estatal.
Las comunidades kurda y baluchi están representadas de manera desproporcionada entre las víctimas, indicó la organización.
Amnistía concluyó que la violencia no respondió a excesos aislados, sino a una política estatal. La investigación documentó asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, encarcelamientos, persecución y violaciones y otras formas de violencia sexual. Entre los casos examinados figuran al menos 16 denuncias de violación bajo custodia, algunas de ellas contra menores.
“Las pruebas no dejan lugar a dudas: las autoridades iraníes cometieron crímenes de lesa humanidad para sofocar el levantamiento Mujer, Vida, Libertad”, dijo Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
Las autoridades, agregó, emprendieron “un ataque generalizado y sistemático contra una población civil que pedía dignidad, derechos humanos y un cambio político fundamental”.
El informe también reconstruye la cadena de mando e identifica a 87 funcionarios que "deberían ser objeto de investigaciones penales". Diez ocupaban cargos nacionales y otros 77 ejercían funciones regionales, provinciales o de condado.
Entre los señalados aparecen 62 comandantes de las fuerzas de seguridad, incluidos 33 integrantes del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y 27 miembros de la policía FARAJA, además de 25 funcionarios del Ministerio del Interior.
La lista incluye al fallecido líder supremo Alí Jamenei, al exjefe del Estado Mayor Mohammad Bagheri y a Ahmad Vahidi, ministro del Interior durante las protestas y posteriormente designado al frente del Cuerpo de Guardianes de la Revolución. Algunos de los funcionarios mencionados murieron en ataques aéreos en 2026, mientras que otros continúan en el poder o han sido promovidos, según el informe.
“Existía un sistema institucional responsable de esos crímenes. No fueron obra de funcionarios que actuaran por cuenta propia; se trató de una acción sistémica y generalizada”, afirmó Callamard.
La organización pidió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que remita la situación de Irán a la Corte Penal Internacional y reclamó a la Asamblea General la creación de un mecanismo internacional de justicia penal.
Amnistía advirtió que la falta de rendición de cuentas por la represión de 2022 permitió que la estructura responsable continuara operando y facilitó una violencia todavía mayor durante las protestas de enero de 2026, en las que, según estimaciones de la relatora especial de la ONU, pudieron morir miles de personas.
“Corresponde a la comunidad internacional defender por fin al pueblo de Irán, lo que incluye que la Asamblea General establezca un mecanismo judicial para garantizar la rendición de cuentas”, dijo Callamard.
Una misión de investigación de la ONU había documentado previamente al menos 551 muertes durante las protestas de 2022 y 2023, entre ellas las de 68 menores. Las autoridades iraníes no han realizado una investigación independiente sobre la muerte de Amini ni sobre la represión posterior. El uso obligatorio del hiyab continúa vigente y varios de los funcionarios que encabezaron la respuesta de 2022 permanecen en puestos superiores del aparato de seguridad.