Sumario
- El OCDH señala que las protestas por apagones y crisis económica motivaron varias detenciones, y destacó operativos en La Habana, Matanzas, Villa Clara y Camagüey, con casi la mitad de las acciones dirigidas contra mujeres.
- El informe documenta hostigamiento contra activistas, líderes religiosos, masones y exprisioneros políticos.
- Destaca, además, graves denuncias sobre condiciones penitenciarias, agresiones físicas, falta de atención médica y huelgas de hambre de presos políticos.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció este miércoles que durante agosto se produjeron en Cuba al menos 304 acciones represivas contra la población civil, un promedio de diez cada 24 horas.
De acuerdo con el informe, 37 de los incidentes fueron detenciones arbitrarias y 267 correspondieron a otros abusos, entre ellos sitios policiales de viviendas, amenazas, multas, citaciones y violaciones contra personas encarceladas.
“Mientras estamos haciendo esta denuncia, alguien está siendo detenido, multado, amenazado o retenido en su casa para impedir que desarrolle su vida normalmente”, dijo a Martí Noticias Yaxys Cires, jefe de Estrategias del OCDH.
La organización precisó que los datos son provisionales debido a que la crisis energética y los problemas de comunicación en la isla han dificultado la documentación de los hechos. Al menos una treintena de casos permanecen en proceso de verificación.
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OCDH: Cada 24 horas ocurren al menos 10 acciones represivas en Cuba
La Habana, Matanzas, Villa Clara y Camagüey fueron las provincias con mayor cantidad de incidentes. Casi la mitad de las acciones represivas estuvieron dirigidas contra mujeres.
Entre las violaciones más frecuentes, el OCDH contabilizó 158 sitios policiales de viviendas y 46 abusos contra presos políticos y comunes. También documentó hostigamientos, multas y citaciones policiales.
Las detenciones arbitrarias estuvieron relacionadas principalmente con protestas contra los apagones y las difíciles condiciones de vida, así como con el arresto reiterado de expresos políticos.
Entre los casos registrados se encuentran los de Pedro Lázaro Gutiérrez Collado, detenido durante un toque de cazuelas en Calabazar; Walter Junior Blanco Prieto, arrestado después de una protesta en La Habana Vieja; Reyser Núñez Vaillant, detenido durante un cacerolazo en Santiago de Cuba, y Maikel Armenteros Orama, arrestado mientras protestaba contra los apagones en Santa Clara.
El informe también destaca la detención, el 27 de agosto, de 13 ciudadanos en La Habana antes de que pudieran iniciar una protesta pacífica desde el Capitolio hasta el Malecón.
Durante el mes fueron arrestados nuevamente varios expresos políticos, entre ellos Osmani Mendoza Ferriol, Alexis Sabatela Ugarte —colaborador del OCDH— y Yosvany Sepúlveda Martínez. Andy García Lorenzo, exprisionero político de las protestas del 11 de julio de 2021, fue detenido el 30 de agosto en Santa Clara.
El observatorio denunció además el reiterado acoso contra la familia del pastor evangélico independiente Ibrahim Rozabal y otros miembros de la Alianza de Cristianos de Cuba, en Santiago de Cuba, así como contra un grupo de practicantes de la religión yoruba.
La organización reportó igualmente acciones del Ministerio de Justicia contra la masonería. Entre ellas mencionó el caso de José Ramón Viñas Alonso, soberano gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba, quien habría sido citado, interrogado y amenazado por la policía política el 18 de agosto.
El informe recoge también numerosos abusos contra presos políticos, como condiciones penitenciarias precarias, falta de agua y alimentos, negación de atención médica, incomunicación, aislamiento, amenazas y agresiones físicas.
Varios prisioneros, entre ellos Guillermo Carralero López, José Ramón Solano Randiche, Amijail Sánchez González y Marcos de la Luz Caballero Granados, recurrieron a huelgas de hambre para protestar por los malos tratos y las condiciones de reclusión.
Uno de los casos señalados es el de Ángel Serrano Hernández, manifestante del 11J condenado a 15 años de prisión. Según testimonios recibidos por su familia, fue golpeado por agentes penitenciarios, recluido en una celda de castigo y trasladado posteriormente a la prisión 1580 bajo un régimen de mayor severidad.
Asimismo, Adrián Curuneaux Stevens denunció encontrarse en grave estado de desnutrición y sin la alimentación ni la atención médica que necesita. El OCDH también expresó preocupación por la situación del preso político Roberto Pérez Fonseca.
Las Damas de Blanco, según la organización, permanecieron bajo vigilancia policial en sus viviendas durante los domingos de agosto para impedirles asistir a misa.
Cires explicó que el OCDH se encuentra en Bruselas para presentar la actualización ante diferentes actores políticos internacionales.
“Nos preocupa que la extrema gravedad de la situación social y económica haga que se preste menos atención a la terrible situación represiva que está viviendo el pueblo cubano”, advirtió.