Un proyecto de ley bipartidista que busca expandir las exportaciones agrícolas de Estados Unidos a Cuba levantando las restricciones a la financiación privada fue reintroducido este martes en el Senado.
Impulsada por los senadores John Boozman (Republicano por Arkansas) y Michael Bennet (Demócrata por Colorado), la Ley de Expansión de Exportación Agrícola de 2019, propone “eliminar un obstáculo importante para los agricultores y ganaderos estadounidenses en la venta de productos agrícolas en el mercado cubano”, señala una declaración conjunta.
“Cuba importa el 80 por ciento de su comida, pero los estadounidenses comienzan en desventaja ya que no se permite la financiación privada. Nuestra ley elimina esta barrera, permitiendo que nuestros productores agrícolas puedan competir, mientras expone a los cubanos de forma simultánea a los ideales americanos, valores y productos”, afirmó Boozman, quien sostiene que la medida será beneficiosa tanto para los productores de EEUU como para los ciudadanos de la isla.
Bennet, por su parte, señaló que a pesar del progreso que significó la aprobación de la Ley Agrícola en 2018, “las restricciones comerciales existentes con Cuba siguen poniendo a nuestros agricultores y ganaderos en desventaja”. Este proyecto de ley, agregó, podría abrir “nuevas oportunidades de mercado para los agricultores y ganaderos de Colorado” que, a su juicio, obtendrían grandes dividendos en el mercado cubano.
Boozman apoyó una disposición de la Ley Agrícola de 2018 que permite que fondos del Departamento de Agricultura de EEUU (USDA, por sus siglas en inglés) destinados a programas de promoción de las exportaciones de los productos agrícolas estadounidenses puedan ser utilizados en Cuba.
Pero esta ley, subraya la declaración, no elimina “el mayor obstáculo” para los productores que buscan acceso al mercado de la isla, la Ley de Reformas y Sanciones Comerciales (TSRA), que prohíbe el suministro de crédito privado para las exportaciones, lo que obliga a los cubanos a pagar con dinero en efectivo la compra de alimentos cultivados en EEUU.
“Este proyecto de ley enmendaría la TSRA para permitir la financiación privada de las exportaciones agrícolas y nivelar el campo de juego para los agricultores que compiten en el mercado mundial”, reiteró el comunicado.
Más de $201 millones en fondos, ninguna solicitud
Un reporte del Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba (Cuba Trade) del 12 de mayo se cuestiona por qué ninguna organización comercial ha solicitado el uso de los $201, 697,191 dólares asignados por el USDA en el año fiscal 2019 para promover las exportaciones agrícolas a la isla. A pesar del beneficio establecido en la Ley Agrícola de 2018, que permite el uso de los fondos con este fin, de 87 solicitudes presentadas, ninguna está relacionada con Cuba.
“Se permite que estos fondos se utilicen para actividades de desarrollo y promocionales en casi todos los mercados mundiales, incluido Cuba. Sin embargo, la sensación es que, debido a las circunstancias de nuestra política actual, estos fondos no se gastarían con prudencia en Cuba, sino en otros mercados prometedores y a los que actualmente tenemos acceso”, dijo a Cuba Trade Dwight Roberts, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Productores de Arroz de Katy, con sede en Texas.
Aunque los defensores del Proyecto de Ley Agrícola sostuvieron que la disposición sobre Cuba era fundamental para "sentar las bases" para aumentar las exportaciones de productos agrícolas y alimenticios a la isla “no ha habido una solicitud en 141 días”, subraya Cuba Trade.
El reporte señala que esta “falta de interés” predice de alguna forma el resultado de esfuerzos legislativos que se llevan a cabo actualmente en el Congreso para “rescindir las prohibiciones sobre la provisión de términos de pago para la exportación” de alimentos y productos agrícolas a Cuba.
Cuba Trade enfatiza que ”aún no ha habido un exportador de productos agrícolas o una institución financiera de Estados Unidos que haya declarado públicamente que hoy proporcionaría los plazos de pago y/o el financiamiento, y cuáles serían esos términos de pago yde financiamiento para entidades operadas por el gobierno de la República de Cuba”.
La organización no gubernamental sostiene en su informe que esta ausencia, constante desde el año 2000, es un obstáculo legislativo. “A falta de presión, ¿por qué haría la Administración Trump algo que no quiere hacer?”, concluyó.
(Redactado por Aracelis Mayan, con información de Cuba Trade y Declaración de los senadores Boozman y Bennet)