América Latina
Arrestan a expresidenta interina Jeanine Áñez por supuesto “golpe de Estado” contra Evo
El arresto de Áñez ha profundizado la polarización entre el oficialismo y la oposición, y también desatado reacciones en el exterior.
COCHABAMBA, BOLIVIA - El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, anunció en la madrugada de este sábado que la expresidenta interina Jeanine Áñez fue aprehendida en el departamento de Beni, por el caso del supuesto “golpe de Estado” contra el exmandatario Evo Morales, en 2019.
“Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Áñez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la Policía”, escribió el ministro en su cuenta de Twitter.
En las primeras imágenes que circularon, compartidas por el propio Gobierno, se observa a Áñez en ropa deportiva y visiblemente afectada, tras la detención.
La expresidenta dijo, también por Twitter, que se trata de un “acto de abuso y persecución política” del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), del expresidente Morales.
Tras el allanamiento a su domicilio ubicado en Trinidad, Beni, algunas versiones apuntaban a que Áñez habría abandonado el país, situación que fue descartada tras el anuncio del Gobierno.
Horas antes, la expresidenta había dado a conocer la orden de aprehensión en su contra, así como en contra de algunos de sus ex miembros de su gabinete, acusados de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración durante la crisis poselectoral de 2019. La denuncia fue presentada por la exdiputada del MAS, Lidia Patty.
Las órdenes de aprehensión también son para los exministros de Justicia, Álvaro Coímbra y de Energía, Rodrigo Guzmán, quienes ya fueron detenidos en los departamentos de Santa Cruz y Beni, respectivamente y trasladados a la ciudad de La Paz para sus audiencias.
Arturo Murillo (exministro de Gobierno), Luis Fernando López (Defensa) y Yerko Núñez (Presidencia) están incluidos en esta lista, que también alcanza a exjefes militares y policiales.
Ambos detenidos aseguran que no se actuó de acuerdo con la ley, porque no hubo notificaciones previas y que se trata de una “persecución política”.
“Creo que esto es un abuso al que está acostumbrado al MAS, yo estaba por la calle circulando y me detienen”, dijo a los medios el exministro Guzmán.
Tras audiencia cautelar, la primera detención preventiva ya fue dictada para el excomandante de la Armada Boliviana y exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (FFAA), el almirante Flavio Gustavo Arce San Martin, que se encuentra bajo arresto en la cárcel de San Pedro de La Paz.
Oficialismo y oposición enfrentados
“Justicia” o “persecución política”, estos dos argumentos se polarizan con más fuerza en Bolivia, tras las órdenes de aprehensión emitidas por la Fiscalía, lo que ha dado lugar a varias reacciones, tanto de representantes del oficialismo como de la oposición y también de organismos internacionales.
Los que hoy dicen ser víctimas de persecución política debieron pensar mil veces antes de romper el orden constitucional en noviembre 2019"Andrónico Rodríguez, presidente del Senado
El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, aseguró que se trata de un “acto de justicia”. "Los que hoy dicen ser víctimas de persecución política debieron pensar mil veces antes de romper el orden constitucional en noviembre 2019", escribió Rodríguez.
El expresidente y líder de la oposición, Carlos Mesa, considera que se está viviendo un “proceso de persecución política peor que en las dictaduras” basado en la invención de un “caso de sedición y golpe de Estado”, y emitió una declaración como jefe de partido de Comunidad Ciudadana (CC).
Mesa aseguró que permanecerá en el departamento de La Paz, en caso de que sea requerido por la justicia y “enfrentará la realidad defendiendo la democracia”.
Luis Fernando Camacho, líder opositor y virtual gobernador del departamento de Santa Cruz, que participó activamente de las movilizaciones de 2019, le pidió al presidente Luis Arce que “deje de hacerse de la vista gorda y cese el amedrentamiento y la persecución e inicie el trabajo conjunto por la salud, el empleo y la economía de Bolivia”.
Reacción de Evo Morales
Líderes y parlamentarios de la oposición señalan que la justicia en Bolivia está actuando de manera selectiva y respondiendo al mandato del poder Ejecutivo; mientras que partidarios y militantes del MAS insisten en recalcar que es un acto de justicia para reparar el “golpe a la democracia y las masacres en Senkata y Sacaba” de 2019, donde varias personas perdieron la vida.
El propio expresidente Morales -considerado el mentor de Arce, que asumió la jefatura de Estado el pasado mes de noviembre- aseguró vía Twitter que se trata de una acto de "justicia y verdad" para las "víctimas fatales" sufridas durante "el golpe de Estado" que, en última instancia, le llevaron a abandonar la presidencia y buscar refugio en México.
En este contexto de tensión, resurgen nuevamente las versiones de “fraude electoral” y “golpe de Estado”, que enfrentaron a los bolivianos, en una de las peores crisis en la historia del país.
Jeanine Añez asumió la presidencia luego de las denuncias de fraude electoral en 2019 y en un momento de fuerte tensión política que derivó en la salida del entonces mandatario Evo Morales.
Tras su renuncia también dimitió el vicepresidente Álvaro García Linera, la presidenta Adriana Salvatierra, el presidente de Diputados, Víctor Borda, y el primer vicepresidente del Senado, Rubén Medinaceli. Áñez subió al poder porque era la segunda vicepresidenta del Senado.
Declaración de Human Rights Watch
Los órdenes de captura contra Áñez y sus ministros no contienen ninguna evidencia de que hayan cometido el delito de “terrorismo”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch, cuestionando así las órdenes de aprehensión emitidas por el caso del supuesto “golpe de estado”
Vivanco argumentó en un hilo de Twitter que hay “importantes irregularidades” que generan dudas de estar frente a un “proceso basado en móviles políticos”.
“Cualquier delito grave, incluyendo la conspiración para cometer un golpe de estado, exige una investigación seria e independiente que respete el debido proceso y lleve a los responsables a la justicia”, finalizó el director de la ONG defensora de los derechos humanos.
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Detenidos otros tres opositores en Venezuela (VIDEO)
Tres partidarios de la opositora venezolana María Corina Machado han sido detenidos en los últimos días, luego de asistir a actos de campaña con vista a las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Ámbar Márquez, vicepresidenta de organización del partido Primero Justicia (PJ) en el municipio Santa Rosalía; Víctor Castillo, coordinador y jefe del comando de campaña en el mismo municipio, y Oscar Castañeda, militante de Vente Venezuela, fueron arrestados por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el estado Portuguesa, a 400 kilómetros de Caracas.
Los activistas detenidos fueron presentados en los tribunales y sin derecho a la defensa, denunciaron varias fuentes de la oposición.
Los partidos de oposición Vente Venezuela y Primero Justicia exigieron la liberación inmediata de los dirigentes, cuyos arrestos se suman a los de otros siete jefes de campañas regionales.
La organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política.
Edmundo González Urrutia, un diplomático jubilado de 74 años se perfila como único rival del gobernante Nicolás Maduro en los próximos comicios presidenciales del 28 de julio, como candidato unitario de la llamada Plataforma Unitaria Democrática (PUD), una coalición de 10 partidos de oposición.
La postulación de González Urrutia fue admitida por el Consejo Nacional Electoral.
Maduro acusa a exministro Tareck El Aissami de conspirar con la oposición para derrocarlo
El mandatario venezolano Nicolás Maduro acusó este lunes al exministro de Petróleo Tareck El Aissami de conspirar en su contra, además de estar vinculado a la trama de corrupción por la que fue detenido a principios de abril.
Maduro señaló que las investigaciones apuntan a que El Aissami conspiraba con líderes de la oposición para derrocarlo, entre ellos los exiliados Leopoldo López y Julio Borges.
"Teníamos a los corruptos y traidores al lado, los tenía, los tenían, y ni por mi mente me podía pasar que me pudieran traicionar o que pudieran estar robando", dijo el gobernante en su programa semanal de radio y televisión.
Aunque López negó las acusaciones del oficialismo con respecto a El Aissami, admitió haber sostenido conversaciones "para explorar la salida de Maduro". En un post en X dirigido al fiscal general Tarek William Saab, el opositor exiliado en España acusó al alto funcionario de haber participado en gestiones similares.
"@TarekWiliamSaab, tú más que nadie sabes que también has tenido conversaciones para explorar la salida de Maduro. Muchos son los que lo han hecho y lo hacen dentro de la dictadura. Así que no te hagas el loco, montando una nueva olla en mi contra. A ti también te tienen grabado. Todo cae por su propio peso", escribió.
Borges también negó los vínculos con El Aissami.
"@TarekWiliamSaab, ustedes saldrán del poder con la unidad y el voto del pueblo. Son corruptos y mentirosos. Los venezolanos seguiremos luchando para que ustedes no sigan destruyendo a Venezuela. Hoy más que nunca #UnidadYVoto, lo vamos a lograr el #28Jul", dijo en la red social X, en referencia a los esfuerzos de la oposición por derrocar a Maduro en las urnas, que se han visto afectados por la inhabilitación de candidatos como María Corina Machado y Enrique Capriles.
Maduro dijo en el programa que su gobierno tiene pruebas de llamadas telefónicas y videoconferencias entre opositores y el empresario Samark López, considerado por muchos un testaferro al servicio de El Aissami. "La derecha estaba articulada para destruirnos desde adentro", afirmó.
El Aissami fue detenido a principios de abril por sus presuntos vínculos con una trama millonaria de corrupción que operaba en la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y otras empresas estatales. El exministro de Petróleo había renunciado a su cargo luego de que fueran detenidos varios altos funcionarios de su entorno relacionados con el caso.
La Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró en 2017 a El Aissami como un “narcotraficante especialmente designado”.
El acusado comparecerá prontó ante una audiencia preliminar, dijo el fiscal general, sin mencionar la fecha.
Otras 65 personas, incluido Samark López, permanecen detenidas en relación con el caso, bajo acusaciones de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Según explicó Saab, la Fiscalía detectó a una red de funcionarios en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos que habrían ejecutado operaciones comerciales paralelas en PDVSA, Cartones de Venezuela y la Corporación Venezolana de Guayana, un consorcio que administra a varias empresas siderúrgicas y los recursos de hierro, bauxita, oro y diamantes.
El daño causado por los implicados es "incalculable en millones de dólares", dijo el fiscal general.
Delegación de paz del gobierno de Colombia dice que es "inviable" doble negociación con guerrilla ELN
BOGOTÁ (AP) — La delegación del gobierno colombiano para los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pidió el sábado al presidente Gustavo Petro tomar una decisión entre continuar la negociación en una mesa nacional con esa guerrilla o una regional con una facción.
La mesa de negociación con el ELN entró en un momento de tensión luego de que el gobierno avaló un diálogo regional paralelo que impulsan las autoridades locales de Nariño con la facción denominada "Comandos del Sur". La dirigencia de la guerrilla consideró que ello busca presentar un ELN dividido.
El desarrollo de las conversaciones "en dos instancias con una misma organización" —por un lado la mesa nacional vigente con el ELN y, por otro, con un frente guerrillero— "es jurídica y políticamente inviable", señaló un comunicado suscrito por la jefa de la delegación, Vera Grave, y el representante gubernamental, el senador Iván Cépeda.
La delegación solicitó a Petro "tomar la decisión que considere" sobre continuar los trabajos en una de las dos instancias o determinar si la estructura de Nariño ha dejado de ser parte de la organización que participa en la mesa nacional "para desarrollar con ella un proceso autónomo".
El pedido de la delegación se produce tras difundirse la víspera unas declaraciones de Gabriel Yépez, autoidentificado como jefe del Frente Comuneros del Sur, a Blu radio de Colombia, señalando que si desde la guerrilla del ELN "buscaron excusarse en Comuneros del Sur para levantarse (de la mesa) es muy irresponsable".
"Nosotros no estamos envenenando ningún diálogo, nosotros estamos haciendo parte y seguiremos haciendo parte de la construcción de paz territorial de Nariño", dijo Yépez.
Para el analista y docente de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Medina, la situación supone una encrucijada para Petro, al considerar que la delegación de gobierno "deja en sus manos la decisión de resolver problemas que no le corresponden al presidente, sino que son problemas internos del ELN y sus disidencias".
Medina reiteró en diálogo telefónico con The Associated Press que la posición de Petro es "supremamente difícil" y consideró que el gobernante deberá apostar por "rutas alternativas", porque abandonar los diálogos con la única organización armada insurgente que queda en el país "representaría el fracaso de su apuesta por la paz total".
Hasta el momento el presidente colombiano no se ha pronunciado respecto al pedido.
Las delegaciones del gobierno y del ELN se reunieron a mediados de abril en Caracas en una cita extraordinaria que buscó destrabar las conversaciones, tras lo cual anunciaron sin precisar detalles una nueva reunión para el 20 de mayo en la capital venezolana. Ese país es garante de la mesa de diálogo junto a Cuba, México y Noruega.
El ciclo de conversaciones oficiales previsto para ese mes se había suspendido tras las acusaciones del ELN sobre una intención del gobierno de pretender desmovilizarlos.
Gobierno de transición toma el poder en Haití
El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.
El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.
La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.
En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".
El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.
Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.
La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.
Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).
La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.
ALBA se pronuncia sobre elecciones en Venezuela
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba, se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.
"Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que menoscaben la integridad y la transparencia de su proceso democrático", indicaron los firmantes de la Declaración de la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP.
La organización Amnistía Internacional alertó la semana pasada sobre la "alarmante escalada en la política de represión" del régimen de Nicolás Maduro, que busca cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política en ese país en el contexto de los comicios presidenciales.
La organización mencionó por ejemplo "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
También Estados Unidos expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
A la XXIII cumbre del ALBA celebrada en Caracas asistieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Luis Arce, de Bolivia y los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica; Philip J. Pierre, de Santa Lucía; y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda.
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