La crisis multisectorial que atraviesa Cuba impacta con especial crudeza en su población de la tercera edad. En un país con una pirámide poblacional aceleradamente envejecida, las redes de protección estatal, otrora bandera del sistema publicitado por el Gobierno, muestran signos severos de colapso.
Activistas y observadores locales entrevistados por Martí Noticias exponen un panorama donde la malnutrición, el deterioro institucional, la corrupción endémica y la creciente privatización dejan en la vulnerabilidad extrema a miles de ancianos.
El Sistema de Atención a la Familia (SAF), concebido como un mecanismo de subsidio alimentario para sectores vulnerables, es hoy objeto de duras críticas por la mala calidad de sus prestaciones y el desvío de sus insumos.
José Alberto Álvarez Bravo, residente en La Habana, describe la situación del SAF como “deplorable”.
“Un administrador me contaba que tenían que ir a ver a los vendedores y recoger las hojas que les quitan de afuera a las coles para hacerle un sopón a los viejitos. Lo que les dan ahí no tiene ninguna nutrición”, explicó.
“Quizás en su momento la intención pudo haber sido altruista, pero se fue degradando como todo en nuestro país”.
Álvarez Bravo señaló además que los escasos recursos asignados a estos comedores son desviados con frecuencia al mercado negro: “Antes, cuando venían productos de calidad, los vendían en el mercado sumergido: aceite, pollo. A los viejitos lo que les tocaba eran las patas de los pollos y las mollejas”, precisó.
“La corrupción aquí es ya un mal endémico; cuando la situación es tan crítica, nadie se salva pretendiendo vivir dentro de un sistema de honradez y decencia porque con eso no se come”.
Ante el deterioro de la red estatal, iniciativas religiosas y comunitarias intentan suplir el vacío, ofreciendo caldos y asistencia gratuita a cientos de ancianos que acuden diariamente con sus recipientes, en zonas como Los Sitios en Centro Habana. Este último vinculado a proyectos como Quisicuaba.
Fuera de la capital, la situación refleja patrones similares de desatención. Desde la provincia de Villa Clara, el activista Librado Linares expone las deficiencias que atraviesa el municipio de Camajuaní como reflejo del panorama nacional.
“Con mucha alarma vi llegar la información de que uno de los comedores del SAF dejó de hacer la comida del día por falta de leña, estando Camajuaní rodeado de tierras ociosas llenas de marabú que es una formidable leña para la cocción”, denunció.
Asimismo, citó el caso de otro de los comedores SAF del municipio que perdió el techo sin que existan recursos asignados para su reparación.
En cuanto a las condiciones de internamiento en los hogares de ancianos, Linares detalló un cuadro de extrema precariedad: “En el hogar de ancianos de Camajuaní la comida se repite día a día: tres platanitos hervidos y un caldo oscuro”.
Además, para los más de 70 internos tienen una sola taza sanitaria, lo que provoca que muchas personas hagan sus deposiciones en los pasillos, sumado a la desaparición de los pocos ventiladores que tenían debido fundamentalmente al robo”.
Una fuente especializada que solicitó el anonimato confirmó que el deterioro es estructural y afecta tanto a casas de abuelos como a asilos en todo el país. La crisis energética impacta directamente en el bombeo de agua potable y el funcionamiento básico de los inmuebles.
“Los hogares de ancianos se encuentran saturados y muchas casas de abuelos superan sus capacidades de acogida, dejando sin cobertura a numerosas personas, especialmente en comunidades vulnerables y con alto envejecimiento, siendo más severa la situación en comunidades afrodescendientes”, apuntó.
Dentro de las principales deficiencias que castigan el servicio eficiente a los más necesitados están el deterioro de inmuebles y falta de mobiliario, el colapso de redes hidrosanitarias, el déficit grave de proteína animal e incumplimiento sistemático en entregas y el desvío, robo y venta ilícita de insumos en la cadena de suministro y en los propios centros.
Sobre los pretendidos “logros” del sistema público de geriatría, la fuente es enfática: “Mantener un servicio funcionando al mínimo de sus posibilidades técnicas no constituye un logro del sistema. El principal mérito debe atribuirse a los trabajadores sanitarios y cuidadores que, pese a la escasez y al deterioro laboral, conservan la empatía y el compromiso”.
“Por tanto, lo más reconocible sería humano ante un Estado que ha abandonado progresivamente sus responsabilidades de atención a la población, trasladando en muchos casos el peso de los cuidados a las familias, especialmente a los emigrados que sostienen con remesas y envíos a sus parientes adultos mayores en la isla”, puntualizó la fuente que se negó a ser identificada.
“Aunque persiste un vacío importante de estadísticas oficiales, se observa una oferta privada cada vez más diversa: acompañamiento hospitalario, cuidados domiciliarios, atención a pacientes terminales y asistencia diaria de larga duración”, aseguró el especialista.
“Estos servicios cubren necesidades que el sistema estatal no logra atender, pero resultan inaccesibles para la mayoría de los trabajadores cubanos. Su contratación depende, en gran medida, de familiares residentes en el exterior que pueden pagar mediante remesas”.
Hace algún tiempo, un estudio exploratorio del observatorio Cuido 60 arrojó que “una guardia hospitalaria podía costar desde 3.000 pesos, mientras que un cuidador domiciliario a tiempo completo cobraba entre 20.000 y 30.000 pesos o más. Debido a la inflación, es probable que esas cifras hayan aumentado”, destacó el observador.
La mayor remuneración en el sector privado o informal incentiva el trasvase de cuidadores y profesionales desde las instituciones públicas, despoblando aún más los servicios estatales.
La alta demanda genera informalidad e improvisación, con personas no capacitadas prestando servicios de cuidado motivadas solo por el incentivo económico.
El escenario gerontológico en la isla muestra una marcada brecha: mientras una minoría logra costear servicios privados mediante el apoyo de la emigración, la población mayor sin amparo familiar ni recursos financieros queda a merced de un sistema asistencial público desprovisto de insumos básicos para garantizar una vejez digna.
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