América Latina
- Agencias
Venezuela intercambia petróleo por café con Nicaragua
Las compras se realizan bajo el Acuerdo de Petrocaribe, mediante el cual Venezuela envía crudo subsidiado a sus aliados políticos como Nicaragua a cambio de productos básicos.
Venezuela, otrora orgulloso exportador de café de calidad, ahora intercambia petróleo por grano de café de Nicaragua, para asegurarse de que el deterioro económico que vive el país no prive a la gente de una dosis de cafeína. Por primera vez desde que se tiene registro, las importaciones de café superarán este año a la producción de la centenaria industria venezolana del grano, según estimaciones del Gobierno de Estados Unidos.
El tránsito del país sudamericano desde exportador neto a un importador relevante ha cambiado los flujos regionales y ha elevado los precios de algunas variedades de café. Además, es otra señal del desplome de los precios del petróleo y de las dificultades que esto ha provocado a una economía venezolana que ya enfrentaba problemas, lo que ha llevado al Gobierno a tomar medidas extraordinarias para mantener abastecidas las estanterías de los supermercados.
La caída de la producción de café y una demanda cercana a máximos ha llevado a comprar más granos extranjeros a un mayor precio, según cifras de exportación de Nicaragua y entrevistas con productores e intermediarios en ese país y en Venezuela. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) espera que la demanda en Venezuela alcance a 1.3 millones de sacos de 60 kilos en la temporada de cosecha, que termina en septiembre, con la producción local en sólo 660.000 sacos, la tercera menor desde 1960/1961.
Para compensar la diferencia, Venezuela tendrá que importar un récord de 685.000 sacos, según previsiones de USDA. Una enfermedad a las hojas que ha devastado los cultivos y los bajos precios internos del café controlados por el Gobierno venezolano han hecho que los agricultores abandonen la producción del grano. Están optando por la ganadería o dejan sus campos para mudarse a la ciudad, dijeron fuentes familiarizadas con la industria venezolana del grano.
Los precios de los productos agrícolas como fertilizantes se han disparado ante el colapso de la moneda venezolana y por la tasa de inflación del 68%, y mientras los agricultores se ajustan los pantalones, sufre la calidad de los granos que producen. Para mantenerse al día con la creciente demanda, Caracas importó casi 70.000 sacos del grano nicaragüense en los últimos tres meses del 2014, más que cualquier otro país y más del 60% de la cantidad que le compró a Nicaragua en toda la cosecha 2013/14, mostraron datos del Centro de Trámites para las Exportaciones (Cetrex) del país centroamericano.
Las compras se realizan bajo el Acuerdo de Petrocaribe, mediante el cual Venezuela envía crudo subsidiado a sus aliados políticos como Nicaragua a cambio de productos básicos, dijeron operadores y fuentes familiarizadas con el pacto. Nicaragua recibió 27.000 barriles de crudo y productos refinados por día de Venezuela en el 2013, según los datos más recientes de la petrolera estatal PDVSA. La compañía no pudo ser contactada. Albanisa, una firma nicaragüense controlada por PDVSA que realiza las operaciones con café, no respondió a las solicitudes de comentarios.
Las compras del grano probablemente subieron a fines de año debido a que el Gobierno quería asegurarse de que las familias tuvieran suficiente aromático durante las celebraciones de Navidad, dijo una fuente familiarizada con la industria del café de Venezuela. "Para asegurar el volumen que necesitan, tuvieron que pagar un mejor precio que el que se ofrece en el mercado local", dijo José Ángel Buitrago, presidente de la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua.
Datos de Cetrex mostraron que Venezuela pagó en promedio $2.21 por libra por el café de Nicaragua a fines del año pasado, un 50% más que los precios pagados por los compradores estadounidenses. Pero, a pesar de los altos precios, la calidad del café nicaragüense enviado a Venezuela fue menor que la que llega a Estados Unidos, dijo Vicente Pérez, director ejecutivo de Fedeagro de Venezuela, que representa a los agricultores del país. La calidad de algunos granos ya había sido rechazada por los importadores estadounidenses.
El aumento de las importaciones venezolanas a altos precios ha impulsado la prima de los granos nicaragüenses en otros lugares también. En Estados Unidos, el café de Nicaragua ha estado operando en sus primas más altas para los futuros en el mercado de Nueva York en ocho meses.
Los venezolanos que aprecian su "guayoyo", un espresso rebajado con más agua muy popular en el país, se quejan de la escasez y de lo que consideran la baja calidad del café que se vende en los supermercados. "El café es malísimo. Desde hace 6 meses yo siento que lo que tomo es agua y le doy sabor con el azúcar", dijo Francisco Naranjo, de 55 años, en una cafetería de la zona este de Caracas.
Él pagó 40 bolívares por su café con leche, que equivale a más de $6 al tipo de cambio oficial, más caro de lo que cuestan bebidas similares en Estados Unidos. Recientemente Naranjo compró en un supermercado un kilo de café producido por el Estado y que tiene el precio controlado de sólo 7 bolívares ($1.11), pero tuvo que hacer una fila de 45 minutos, aseguró.
El aumento en las importaciones marca un nuevo mínimo en el declive de una década de la industria venezolana del café. Hace 200 años, el país sudamericano era el tercer mayor exportador mundial de café, según algunas estimaciones, y la producción del grano y del cacao constituían sus principales actividades económicas. "Antes de que Colombia sembrara café, Venezuela ya lo exportaba", dijo Pérez de Fedeagro.
Mientras que el descubrimiento de crudo a inicios del siglo XX cambió el enfoque económico del país, los agricultores de pequeña escala en la montañosa región andina continuaron sembrando granos de café arábiga de alta calidad para uso doméstico y para exportar a mercados, incluyendo a EstadosUnidos.
El país produjo regularmente más de 1 millón de sacos de 60 kilos entre 1970 y 1990, en línea con la actual producción de exportadores como Costa Rica o Tanzania, y en el periodo1998-1999 exportó 550.000 sacos, como El Salvador lo hace ahora, según datos del USDA. Cosechas abundantes ayudaron a fomentar una rica cultura del café en el país, donde los venezolanos lo beben tanto en casa como en tiendas especializadas, pero la caída de los suministros y la calidad están obligando a algunos a cambiar de hábitos.
"Yo ya comencé a tomar más té", dijo Ricardo Pérez, de 56 años, tomando una tasa de café con leche de 100 bolívares en una tienda de Caracas. Durante los últimos 15 años, la producción de café ha ido cayendo. Cuando el presidente socialista Hugo Chávez llegó al poder, implementó controles de precios a minoristas, y luego expropió tostadurías privadas. En agosto pasado, su sucesor y actual presidente, Nicolás Maduro, prohibió las exportaciones de café y otros artículos básicos. Aún así, los precios limitados y el gusto de la población por el café de alta calidad han mantenido elevado el consumo interno, lo que provocó una explosión de las importaciones a partir del 2010.
Vea todas las noticias de hoy
Gobierno de transición toma el poder en Haití
El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.
El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.
La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.
En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".
El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.
Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.
La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.
Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).
La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.
ALBA se pronuncia sobre elecciones en Venezuela
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba, se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.
"Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que menoscaben la integridad y la transparencia de su proceso democrático", indicaron los firmantes de la Declaración de la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP.
La organización Amnistía Internacional alertó la semana pasada sobre la "alarmante escalada en la política de represión" del régimen de Nicolás Maduro, que busca cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política en ese país en el contexto de los comicios presidenciales.
La organización mencionó por ejemplo "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
También Estados Unidos expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
A la XXIII cumbre del ALBA celebrada en Caracas asistieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Luis Arce, de Bolivia y los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica; Philip J. Pierre, de Santa Lucía; y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda.
Fiscal de la Corte Penal Internacional inaugura oficina en Venezuela
El fiscal de la Corte PenaI Internacional, Karim Khan, inauguró el martes una oficina de asesoría técnica de ese organismo en Venezuela, que apunta a apoyar los esfuerzos para mejorar el sistema judicial y aumentar su presencia en el país sudamericano.
"De acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina: apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y a aumentar aún más la presencia de campo de la OTP", la oficina del fiscal jefe de la CPI, indicó el alto tribunal en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.
La oficina, además, tendría como propósito facilitar las investigaciones con miras a esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017, de acuerdo con el memorando suscrito el año pasado entre la CPI y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese documento fue el segundo suscrito entre ambas partes desde el 2021.
En la oficina laborarán funcionarios de la CPI. No quedó claro si el personal de ese organismo internacional ya se encuentra en territorio venezolano.
El año pasado, Khan comentó que esa oficina permitirá a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país, de modo que Venezuela pueda "hacer más para cumplir sus obligaciones" en el marco del Estatuto de Roma.
La CPI, bajo mandato del Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
En las manifestaciones contra el gobierno venezolano del 2017 murieron 120 personas.
El caso fue llevado a la CPI, con sede en La Haya, por varios de sus estados miembros en el continente -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- que solicitaron una investigación de los presuntos delitos cometidos por la fuerza pública.
La investigación se focaliza en las denuncias de torturas, abuso sexual y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas durante la represión de las protestas.
Maduro --que rechaza las acusaciones y sostiene que el proceso en la CPI es parte de estrategia promovida por Washington con miras a desacreditar su gobierno-- ha expresado que está dispuesto a investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en el país.
La visita de Khan tuvo lugar un mes y medio después que los jueces de apelaciones de la CPI, con sede en La Haya, dictaminaron que esa instancia judicial internacional puede continuar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.
Los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 hasta ahora han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.
EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones
Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.
La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.
"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.
Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.
"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.
Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".
Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro
La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.
“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.
"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.
El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.
La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.
"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.
Foro