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De ser declarado culpable López podría ser condenado de tres meses a tres años de cárcel, indicó la Fiscalía

El dirigente opositor Leopoldo López fue imputado el jueves por la Fiscalía General por la supuesta malversación de una partida presupuestaria cuando ejercía como alcalde de un municipio de Caracas once años atrás.

La Fiscalía General anunció el jueves en un comunicado que imputó a López el presunto delito de "malversación genérica simple" por un supuesto desvío de fondos en 2002 cuando dirigía la alcaldía del municipio capitalino de Chacao, en el este de la capital.

De ser declarado culpable López podría ser condenado de tres meses a tres años de cárcel, indicó la Fiscalía.

El Ministerio Público indicó que de acuerdo con la denuncia formulada contra López, "la normativa legal lo obligaba a entregar un porcentaje de los fondos propios de la Alcaldía de Chacao y de lo percibido por situado constitucional a la Alcaldía Metropolitana, cuestión que no realizó sino que fue utilizado para otra partida presupuestaria".

Esta es la segunda imputación que recibe López, de 41 años, en tres meses. La Fiscalía General imputó a López en febrero del delito de "tráfico de influencias" por las presuntas irregularidades que se habrían cometido con dos donaciones que efectuó la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en 1998 a favor de una asociación civil que tiempo después se transformó en un partido.

Por ese caso también fue imputada la madre del dirigente político, Antonietta Mendoza de López, quien se desempeñaba como gerente de comunicaciones de PDVSA en el momento en que se dieron las donaciones.

Acompañado de su esposa, abogados y decenas de seguidores que voceaban "Leopoldo amigo el pueblo está contigo", el responsable nacional del partido opositor Voluntad Popular acudió el jueves a una de las sedes de la Fiscalía General en el centro de la capital para recibir la imputación.

"El que no tiene rabo de paja, no tiene problemas en acercarse a la candela. Estamos en el medio de la candela de la persecución política, con la frente en alto", indicó López al rechazar los señalamientos en su contra.

El dirigente criticó la acción del Ministerio Público e instó a la Fiscalía y demás poderes públicos a asumir "en este momento histórico el papel que les corresponde, con la legalidad y la justicia, de lo contrario los que encabezan los poderes públicos se harán cómplices de un Estado cleptocrático".

El ex alcalde se refería a una grabación difundida la semana pasada por opositores de una presunta conversación entre el conductor de un programa de la televisión estatal, Mario Silva, y un supuesto funcionario de inteligencia cubana en la que se hacían señalamientos de corrupción que comprometen a altos dirigentes del oficialismo.

El proceso de López coincide con otras acciones que ha emprendido la Fiscalía General en los últimos meses contra otros opositores.

En marzo la fiscal general Luisa Ortega Díaz presentó al Tribunal Supremo de Justicia una solicitud de antejuicio de mérito para investigar al diputado Richard Mardo por la recepción de fondos privados para actividades políticas. A Mardo se le atribuyen los delitos de "defraudación tributaria y legitimación de capitales". Un mes después el máximo tribunal aprobó abrir el proceso en su contra.

Ortega Díaz también solicitó el 20 de mayo al Tribunal Supremo de Justicia un antejuicio de mérito contra el diputado Juan Carlos Caldera para que le retiren la inmunidad que le otorga la constitución y poder investigarlo por la recepción de fondos privados para actividades políticas.

Mardo y Caldera pertenecen a Primero Justicia, el partido en el cual milita el líder opositor y gobernador del estado central de Miranda, Henrique Capriles.

López fue inhabilitado políticamente en 2005 siendo alcalde de Chacao por la Contraloría General luego de que ese organismo determinó que el político recibió entre 1998 y 2001 donaciones de PDVSA cuando la madre era gerente de comunicaciones de la corporación.

En 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) falló a favor de López que demandó al Estado de Venezuela por la supuesta violación a sus derechos políticos y ordenó a las autoridades venezolanas levantar las sanciones que le impedían postularse a cargos de electivos.
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