América Latina
Venezuela: gobierno de Maduro y oposición reanudarán diálogo en México el fin de semana
Noruega confirmó el jueves que el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición decidieron reiniciar el proceso de negociación en México, donde “firmarán un acuerdo parcial en materia social”.
La Delegación de la Plataforma Unitaria informó que se reiniciará el proceso de negociación fundado en el Memorando de Entendimiento suscrito con la mediación del Reino de Noruega, en la Ciudad de México el 13 de agosto de 2021.
“Ratificamos la disposición de trabajar en conjunto, con el fin de lograr acuerdos que permitan materializar los mecanismos que aseguren el bienestar de todos los venezolanos; entendiendo que no habrá una salida real de la crisis sin que medie un acuerdo político integral que dé soluciones a nuestro pueblo”, expone un comunicado divulgado el jueves.
El gobierno de Maduro también se pronunció ratificando el reinicio del proceso e hizo referencia al “Segundo Acuerdo Social”, discutido en Caracas con la facilitación de Noruega, que aseguran, crea un mecanismo “práctico, dirigido a abordar necesidades sociales vitales y atender problemas de servicios públicos, con base en la recuperación de recursos legítimos, propiedad del Estado venezolano, que hoy se encuentran bloqueados en el sistema financiero internacional”.
Además, anunció la incorporación a la delegación del gobierno de Camila Fabri, esposa del empresario colombiano, Alex Saab.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, había anunciado el miércoles que los diálogos suspendidos en octubre se reiniciarían el fin de semana.
“Este 25 y 26 de noviembre se reinician los diálogos entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana”, escribió el mandatario en su cuenta en Twitter el miércoles por la tarde.
Días atrás, fuentes cercanas al proceso aseguraron a la Voz de América que las conversaciones entre la oposición y el gobierno en México, facilitadas por Noruega y suspendidas hace más de un año, tras la extradición a EEUU del empresario colombiano Alex Saab, se reiniciarían en los próximos días.
Está previsto que en las conversaciones se abarquen las elecciones presidenciales, el estatus de cientos de presos políticos, las sanciones de EEUU a Venezuela y un “acuerdo social” para brindar ayuda humanitaria con el que se buscarían usar 3.000 millones de dólares mediante un fondo administrado por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El anuncio de Petro ocurre cuando la Administración del presidente Joe Biden estaría por anunciar en los próximos días la aprobación de una licencia para ampliar las operaciones de la petrolera estadounidense Chevron en Venezuela, según reportó la agencia Reuters también este miércoles.
A inicios de este mes, los negociadores del gobierno y la oposición venezolana en el proceso de diálogo en México se reunieron a puerta cerrada al margen del V Foro de París por la Paz.
En ese encuentro participaron el jefe de la delegación del Gobierno de Maduro en el proceso de diálogo en México, Jorge Rodríguez; el coordinador de la Plataforma Unitaria de la oposición, Gerardo Blyde; la ministra de Relaciones Exteriores de Noruega, Anniken Huitfeldt y los presidentes de Francia, Colombia y Argentina, Emmanuel Macron, Gustavo Petro y Alberto Fernández, respectivamente.
Al término de la reunión, Petro dijo que los representantes del gobierno y la oposición venezolana en el proceso de diálogo manifestaron estar en el “camino” de llegar a acuerdos en México y reiteró la disposición de su gobierno y el de Argentina de apoyar, “sin intervenir”, en un acuerdo entre venezolanos.
El mandatario colombiano anunció también que propuso un “desescalamiento” de la conflictividad política, una amnistía general para presos por razones políticas y un “desbloqueo general de la economía venezolana”, como parte de una medida humanitaria, así como garantías para las fuerzas políticas que participen en las elecciones presidenciales previstas para 2024, en las que la expresión debe ser “la del pueblo soberano”.
En agosto, días después de que Petro asumió el poder, Nicmer Evans, disidente del chavismo y pre candidato presidencial postulado por el Movimiento Democracia e Inclusión (MDI) para un proceso de primarias de cara a las elecciones previstas para 2024, planteó que el mandatario colombiano podría jugar un papel fundamental en un proceso de negociación para lograr condiciones electorales en Venezuela y, en general, avanzar en soluciones a la crisis.
En ese entonces, expertos consultados por la VOA coincidieron en que Petro podría convertirse en una “especie de propulsor de un proceso de diálogo o entendimiento en Venezuela”, porque pertenece a la misma “órbita de política” de Maduro y pudiera hacerle entender la necesidad de “resolver asuntos” en el país.
Esto redundaría en un beneficio para Colombia, como resaltó el politólogo, experto en estrategia política y consultor en opinión pública, José Vicente Carrasquero.
El gobierno español “celebró” la reanudación del proceso de negociación y señaló que las partes han dado "un paso muy importante en la reconciliación del país".
Así mismo, señaló que seguirá trabajando para “fortalecer al diálogo en esta nueva etapa, poniendo su capacidad de interlocución" al servicio tanto del gobierno como de la oposición venezolana.
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Evo Morales anuncia quinta candidatura a presidencia de Bolivia: "Tenemos fuerza todavía"
El exgobernante boliviano Evo Morales anunció este domingo su quinta candidatura a la presidencia, una decisión que, aseguró, toma en respuesta a los pedidos de sus seguidores.
"Hemos decidido aceptar los pedidos de nuestra militancia y de tantas hermanas y hermanos que asisten a las concentraciones en todo el país para ser candidato a la presidencia de nuestra querida Bolivia", escribió Morales en la red social X, anteriormente Twitter.
También dijo que decidió adelantar el anuncio de su candidatura ante los presuntos ataques del Gobierno del actual presidente Luis Arce.
"Me han convencido que sea candidato, la gente quiere, pero me obligaron, tanto ataque contra Evo, todos contra Evo, el Gobierno, la derecha, medios de la derecha, el imperio”, dijo Morales en la emisión dominical de su programa de radio.
El primer presidente indígena de Bolivia gobernó el país cocalero durante 14 años, al relegirse a la presidencia en 4 ocasiones consecutivas. En 2019, en su último mandato, partió al exilio tras renunciar al cargo en medio de acusaciones de fraude electoral y una profunda crisis política en el país.
En 2020, al regreso de su corto exilio, Morales ocupó la presidencia de su partido Movimiento al Socialismo (MAS) y reasumió las riendas del sindicato cocalero más importante de Bolivia.
“Evo Morales pretende volver a gobernar a un país que ya le dijo no. Y que no le importó que Bolivia le dijo no. Es el problema que tenemos en Bolivia, cualquiera cree que tiene un futuro político, peor cómo dirigió al país y el intento de robarse las elecciones”, declaró a periodistas el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic Rivera.
"En las últimas horas hemos comprobado cómo el gobierno y la extrema derecha separatista coinciden en oponerse a esta candidatura promovida por el pueblo. Si la economía está bien ¿porqué les preocupa la presentación de un candidato?", respondió el expresidente boliviano en X.
Las presidenciales bolivianas están previstas para 2025. "Voy a dar todo lo que pueda. Tenemos fuerza todavía", concluyó Morales.
EEUU otorga TPS a cientos de miles de migrantes venezolanos
El gobierno del presidente Joe Biden anunció el miércoles que se otorgará Estatus de Protección Temporal (TPS por sus iniciales en inglés) a cientos de miles de venezolanos que ya se encuentran en territorio estadounidense, con lo que podrán empezar a trabajar más pronto, mientras lidia con el creciente número de personas que huyen de la nación sudamericana y de otros países para llegar a la frontera sur de Estados Unidos.
La medida, junto con las promesas de acelerar la emisión de permisos de trabajo para muchos migrantes, podría tranquilizar a miembros del Partido Demócrata que han presionado a la Casa Blanca para que haga más para ayudar a los solicitantes de asilo, aunque previsiblemente también será usada en su contra por los republicanos, quienes aseguran que el presidente ha sido muy tolerante en materia migratoria.
El Departamento de Seguridad Nacional planea otorgar TPS a alrededor de 472.000 venezolanos que llegaron al país hasta el 31 de julio de 2023, lo que les facilita obtener permisos para trabajar dentro de Estados Unidos. Esa ha sido una de las demandas clave de alcaldes y gobernadores demócratas que pasan apuros para atender a un número cada vez más grande de migrantes bajo su cuidado.
La cifra se suma a los cerca de 242.700 venezolanos que ya eran elegibles para TPS antes del anuncio del miércoles.
Las protecciones para los venezolanos son significativas, porque ellos representan a una gran proporción de los migrantes que han estado llegando al país en los últimos años.
Venezuela quedó inmersa en una crisis política, económica y humanitaria en la última década, la cual ha obligado a por lo menos 7,3 millones de personas a emigrar y ha hecho que los precios de alimentos y otras necesidades sean inaccesibles para quienes permanecieron en el país.
La gran mayoría de las personas que huyeron se han asentado en países vecinos de América Latina, pero en los últimos tres años muchos de ellos comenzaron a llegar a Estados Unidos después de atravesar el peligroso Tapón del Darién, una franja de selva en Panamá.
Los venezolanos que lleguen a Estados Unidos después del 31 de julio de este año no tendrán derecho a la protección. Los que ahora son elegibles deberán presentar una solicitud para obtenerla.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, otorgó la expansión y una extensión de 18 meses a quienes ya contaran con TPS debido al "incremento en la inestabilidad de Venezuela y la falta de seguridad debido a las perennes condiciones humanitarias, de seguridad, políticas y ambientales", señaló la agencia en un comunicado.
El gobierno indicó que aceleraría la emisión de permisos de trabajo para las personas que han ingresado al país desde enero mediante el uso de la app CPB One que otorga citas para solicitar asilo en los cruces fronterizos terrestres con México, o mediante permisos humanitarios otorgados a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que cuentan con patrocinadores financieros y llegaron a Estados Unidos vía aérea. El objetivo es brindarles permisos de trabajo en un plazo no mayor a 30 días, en comparación con los 90 días que deben pasar actualmente.
La promesa de acelerar la emisión de permisos de trabajo no aplica para quienes cruzaron ilegalmente la frontera y piden asilo, quienes, de acuerdo con las leyes, deben esperar seis meses para obtener un permiso de trabajo.
Los alcaldes y gobernadores le han estado implorando a Biden que encuentre una manera para que el gobierno permita que los migrantes recién llegados puedan trabajar de forma legal y se puedan mantener.
Funcionarios demócratas en Nueva York, Massachusetts, Chicago y otras partes del país se han quejado sobre la presión que aplican los migrantes recién llegados a sus recursos, en particular en Nueva York, en donde el gobierno está obligado a brindar albergue a todo el que lo necesita. La ciudad paga actualmente para alojar a cerca de 60.000 migrantes recién llegados.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, señaló en un comunicado difundido la noche del miércoles —después de que se dio a conocer la noticia— que estaba "agradecida con que el gobierno federal haya actuado tan rápido para otorgar una de nuestras principales prioridades: Estatus de Protección Temporal para solicitantes de asilo y migrantes venezolanos que ya han llegado a este país".
El alcalde de la ciudad, Eric Adams, ha sido particularmente crítico con el gobierno federal. Sin embargo, el miércoles aplaudió la decisión de conceder la protección a los venezolanos y le agradeció al gobierno por atender las preocupaciones de la ciudad.
El número de migrantes que intentan cruzar la frontera sur de Estados Unidos va en aumento. Eso representa un gran desafío para el gobierno, que ha pasado problemas para demostrar que tiene el control de la frontera ante las críticas de los republicanos. La ciudad de Eagle Pass, que colinda con México a lo largo del río Bravo — también conocido como Grande — en el sur de Texas, anunció el miércoles un estado de emergencia debido a un "incremento severo de inmigrantes indocumentados".
De acuerdo con el jefe de policía del condado de Maverick, Tom Schmerber, unos 2.700 migrantes cruzaron hacia Eagle Pass el martes y otros 3.000 el miércoles.
La Casa Blanca informó que también utilizará a elementos del Departamento de Defensa para brindar apoyo al personal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) en la frontera. El DHS ya dispone de alrededor de 2.500 elementos de la Guardia Nacional para ayudar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés).
En el comunicado, el DHS señaló que se desplegaría a la frontera a cerca de 800 elementos en activo adicionales, quienes entre otras cosas cumplirán funciones de logística para que los agentes de la CBP puedan cumplir con mayores responsabilidades de primera línea.
El DHS también recurrió a elementos en activo en mayo pasado para respaldar sus operaciones, cuando se registró un incremento de encuentros en la frontera de cara al final de la medida de Título 42. En aquel momento, los funcionarios del DHS enfatizaron que los elementos en activo no serían utilizados en aspectos como el trabajo directo con migrantes, sino exclusivamente para desahogar al personal de la CBP.
El DHS señaló que también tomará otras medidas, como intensificar un proceso que comenzó en mayo pasado para expulsar de forma expedita a las familias que no contaban con los argumentos para permanecer en el país. La agencia indicó que también ha aumentado la capacidad en sus centros de detención a lo largo de la frontera sur.
Además anunció que ha incrementado el número de personas expulsadas del país. Desde el 12 de mayo ha retirado a 253.000 personas de poco más de 150 países, señaló el departamento, en comparación con las 180.000 repatriaciones durante el mismo periodo de 2019, antes de que la pandemia alterara drásticamente la capacidad del gobierno para expulsar a los migrantes.
"Es más doloroso el silencio": una prisión en Venezuela llega al corazón de Nueva York
Expresos políticos del Helicoide, la cárcel en forma de pirámide del Servicio de Inteligencia de Venezuela, llevaron hasta el Times Square neoyorquino un proyecto de realidad virtual que muestra con escalofriante detalle cómo es vivir en una de las celdas.
Un proyecto de realidad virtual trajo hasta Times Square la escalofriante experiencia de vivir en una cárcel del Servicio de Inteligencia de Venezuela, un proyecto creado por exprisioneros políticos que advierten que por muy dolorosa que sea la memoria, peor es no compartirla.
La iniciativa, presentada durante la tarde noche de este martes en la céntrica plaza de Nueva York, fue un mensaje a los líderes mundiales reunidos en la ciudad para la Asamblea General de las Naciones Unidas. "Esto está pasando ahora mismo en Venezuela", dijo a la Voz de América uno de los creadores del proyecto, Víctor Navarro.
Con la experiencia de haber sido exprisionero político en el Helicoide, la famosa cárcel en forma de pirámide de tres lados, Navarro explicó que utilizaron las memorias de presos como él para crear "La Memoria está viva", una suerte de museo virtual que busca educar sobre las serias violaciones a los derechos humanos en el país suramericano.
"Es muy difícil revivir todas esas experienciVIDEOas, pero hoy estando aquí, viendo a todas estas personas alzando la voz por los presos políticos, creo que es más doloroso el silencio, es más doloroso el olvido. Ahorita hay alrededor de 300 presos políticos en Venezuela, (...) yo creo que es más doloroso que callemos", insistió el joven activista, rodeado de otros exiliados que alzaban carteles en protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Una realidad sofocante
Detras la oscuridad que dejan las gafas de realidad virtual y lel silencio momentáneo en los audífonos, una voz comienza a guiar a quien experimenta el recorrido por los detalles de las celdas, desde las inscripciones en las paredes de ladrillo, hasta las cucarachas que pululan en el centro.
Un remolino de fotografías de presos te acompaña en la caída hasta que llegas a unas cuatro paredes con cuerpos hacinados y memorias de insalubridad, resiliencia y dolor.
La experiencia "no es para entretener", advierte la voz desde los audífonos. "Es para actuar" completa Víctor Navarro.
"Es una herida, aunque es imborrable, aunque nos toca lidiar porque no se supera, hay que contarlo, hay que contarlo y el mundo tiene que saberlo, principalmente porque sigue pasando. Hoy están torturando en Venezuela. (El presidente Nicolás) Maduro tiene hoy alrededor de 17 centros clandestinos. El Helicoide es un centro de tortura donde hay alrededor de 79 presos políticos", denunció.
A Adriana, una venezolana que salió de su país hace siete años, la experiencia la abrumó. "Es muy duro, es muy real", contó sobrecogida a la VOA tras quitarse las gafas.
Al igual que ella, decenas de personas se acercaban intrigadas por la propuesta. Cubanos exiliados que llegaron hasta la icónica plaza se solidarizaron con los que llamaron "hermanos en dificultad".
La razón de llevar "La Memoria está viva" a Times Square fue enviar dos mensajes, según Navarro.
"El primero es al mundo, al mundo que se mueve aquí todos los días. Son alrededor de 300 000 personas que pasan por aquí todos los días. Y le estamos diciendo a todas esas personas, que en Venezuela se está torturando, pero también le estamos hablando a todos los que están en las Naciones Unidas, a esos que toman decisiones, a esos que con la palabra pueden cambiar lo que está pasando en Venezuela", insistió.
Según el activista, los líderes mundiales "no pueden dar permisividad a la tortura, no pueden hablar de democracia, justicia y libertad, y recibir a Maduro".
Activistas cubanos celebran nominación al Sájarov de obispo encarcelado por Ortega
Activistas cubanos, miembros del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, celebraron este martes el anuncio oficial de la candidatura de Monseñor Rolando J. Álvarez y Vilma Núñez de Escorcia al Premio Sájarov 2023 a Libertad de Conciencia, que entrega anualmente el Parlamento Europeo.
La candidatura de los nicaragüenses se hizo pública en Bruselas y se anunció que ya cuenta con el apoyo mínimo requerido de más de 40 eurodiputados del Partido Popular Europeo (PPE), los Verdes, Renew Europe y los Socialistas europeos, entre otras agrupaciones políticas.
El máximo homenaje de la Unión Europea a los defensores de derechos humanos está dotado de 50.000 euros y ha distinguido desde su creación a varios activistas cubanos como Oswaldo Payá, Guillermo Fariñas y las Damas de Blanco.
Los candidatos propuestos son presentados en una reunión conjunta de la Comisión de Asuntos Exteriores, la Comisión de Desarrollo y la Subcomisión de Derechos Humanos, en la que todos sus miembros votan sobre la base de una lista de tres finalistas. El galardonado o los galardonados finales serán elegidos el mes próximo por la Conferencia de Presidentes, un órgano del Parlamento Europeo coordinado por el presidente y compuesto por los presidentes de todos los grupos políticos representados en el Parlamento.
La nominación de Monseñor Rolando J. Alvarez fue originalmente promovida por la defensora nicaragüense de derechos humanos, Haydee Castillo, con el apoyo de los cubanos Elena Larrinaga y Yaxys Cires, presidenta y responsable de Estrategia Política del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, según indican en un comunicado los activistas cubanos.
El obispo de Matagalpa es un crítico frontal del régimen de Daniel Ortega y fue detenido el 19 de agosto de 2022, cuando la policía nicaragüense asaltó de madrugada la casa parroquial de Matagalpa y detuvo a Álvarez y a otros seis religiosos. En febrero de 2023, el régimen intentó expulsarlo junto con 222 presos políticos, pero se negó al exilio y fue condenado sumariamente a más de 26 años de prisión por “traición a la patria”. En estos momentos se encuentra bajo total aislamiento en la prisión La Modelo, de máxima seguridad.
En el caso de Vilma Núñez de Escorcia, de 84 años, fue declarada el febrero de 2023 traidora de su país y prófuga de la justicia y fue despojada de su nacionalidad, privada de sus bienes, de su pensión de jubilación y de atención médica.
La presidenta y fundadora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos permanece en Nicaragua reivindicando su derecho a defender las víctimas de violaciones de derechos humanos y a exigir una transición democrática.
Participación de militares rusos en desfile por la independencia enciende críticas en México
La participación de militares rusos durante el desfile militar del sábado para conmemorar el inicio de la lucha por la independencia de México desató nuevas críticas sobre la postura del país ante la invasión rusa a Ucrania.
La decisión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de invitar a una delegación de Rusia a participar en el desfile desató airadas reacciones. La embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, afirmó que el acto conmemorativo se vio "mancillado" por los militares rusos porque "sus botas y manos de criminales de guerra están manchadas de sangre".
"¿Cómo de coherente es, señor Andrés Manuel López Obrador, su política de neutralidad y su condena de la agresión contra mi país?", se preguntó Dramaretska en un mensaje publicado en X, conocida anteriormente como Twitter.
A las críticas también se sumó el senador independiente Emilio Álvarez Icaza, quien expresó en su cuenta de la red social que "miles de ucranianos muertos bajo bombardeos rusos, y hoy el 'humanismo mexicano' se coloca del lado de Putin el invasor", refiriéndose al presidente de Rusia Vladímir Putin.
Aunque López Obrador ha defendido en reiteradas ocasiones la neutralidad de México frente a la guerra en Ucrania, algunos han acusado al mandatario de tener preferencia por Rusia. México tardó en expresar una postura clara de rechazo a la invasión rusa a Ucrania y se negó apoyar cualquier sanción sobre Rusia que no fuera aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo que alimentó las dudas sobre la neutralidad del país latinoamericano ante el conflicto bélico.
El mandatario mexicano también cuestionó los envíos de armas y dinero de Estados Unidos y otros países a Ucrania, y propuso la creación de un comité internacional para promover un diálogo y lograr la paz en Ucrania.
En el desfile militar también intervinieron representaciones de China, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, entre otros.
Las celebraciones por la independencia coincidieron con la extradición a Estados Unidos de Ovidio Guzmán López, hijo del exlíder del cártel de Sinaloa Joaquín "El Chapo" Guzmán, lo que restó reflectores a los actos oficiales.
En medio del silencio de las autoridades mexicanas por la extradición de Guzmán López para enfrentar cargos de narcotráfico en una corte estadounidense, López Obrador encabezó el acto militar que se inició en el zócalo capitalino. Durante la ceremonia el gobernante solo estuvo acompañado de su esposa, algunos miembros de su equipo y el alto mando militar.
Cerca de la medianoche, López Obrador inició los festejos con un acto desde un balcón del Palacio Nacional, donde tocó una campana para conmemorar el 213 aniversario del inicio de la independencia de México de España. Cada año, se recuerda así el llamado a las armas — el llamado "Grito de Independencia" — que hizo Miguel Hidalgo para comenzar, en 1810, una lucha que culminó en 1821.
En el estado norteño de Sinaloa, los actos se desarrollaron en medio de tensión por temor a posibles represalias de los miembros del cartel de Sinaloa por la extradición de Guzmán López, uno de los líderes de una facción del grupo.
El gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya, dijo a la prensa que no había indicaciones especiales para reforzar la seguridad en el estado, pero agregó que las autoridades se mantendrían alerta ante cualquier eventualidad.
En los actos oficiales en la capital del país, los grandes ausentes fueron los miembros de la Suprema Corte de Justicia y del Congreso, rompiendo una tradición de que los representantes de los poderes públicos participen en las celebraciones.
López Obrador había adelantado a mediados de semana que el acto sería austero y que no invitaría a los miembros del alto tribunal debido a la mala relación que mantiene con el organismo, al que ha señalado de incurrir en actos de corrupción y representar a la "oligarquía" y a la "delincuencia de cuello blanco".
Las relaciones entre el gobierno y la Suprema Corte de Justicia se han deteriorado en los últimos meses luego que el máximo tribunal invalidó el traspaso de la Guardia Nacional al Ejército y una reforma electoral que contemplaba la reducción de la estructura del Instituto Nacional Electoral, dos iniciativas impulsadas por López Obrador.
Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo a The Associated Press que la decisión de López Obrador de no invitar a los ministros deja al descubierto el "enfrentamiento abierto" que tiene con el poder judicial. Además, afirmó que la situación continuará durante 2024, en plena campaña electoral, cuando indicó que el mandatario apostará todo su capital político para cambiar los ministros de la Corte y los magistrados electorales.
"Lamentablemente, es más su deseo de sobreponerse o anteponerse al Poder Judicial que ejercer sus funciones como presidente", agregó.
Guzmán López fue traslado el viernes desde la cárcel de alta seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde estaba detenido desde enero tras ser capturado en la ciudad noroccidental de Culiacán, a Estados Unidos, informó Washington.
En abril, la fiscalía estadounidense informó que Guzmán y sus hermanos, conocidos como los "Chapitos", enfrentaban una amplia lista de cargos que exponen con detalle cómo, tras la extradición de su padre y su posterior sentencia a cadena perpetua en Estados Unidos, los hermanos enfocaron el cártel cada vez más hacia las drogas sintéticas como las metanfetaminas y el potente opiáceo sintético fentanilo.
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