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La comunidad internacional preocupada por situación en Venezuela

Venezuela protestas
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Oscar Arias, Premio Nóbel de la Paz, legisladores estadounidenses y varios gobiernos latinoamericanos preocupados por la represión en Venezuela.

Diversos países e instituciones internacionales expresaron su preocupación por la crisis en Venezuela. Las marchas de protesta en varios estados del país, que causaran la muerte de tres jóvenes el pasado 12 de febrero, dejaran un saldo de varios heridos y más de un centenar de detenidos, han despertado la alarma de diferentes naciones.

Legisladores de EE UU sobre la situación en Venezuela

El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, declaró en un comunicado de prensa que el mundo debe despertar a lo que está pasando en Venezuela, donde el gobierno ha desatado una ola de represión sin precedentes, en la que han sido encarcelados e incluso asesinados venezolanos inocentes, en particular los jóvenes. Venezolanos valientes que aspiran solamente a un futuro mejor dictado por un orden democrático que merecen la solidaridad del pueblo estadounidense.

El senador Marco Rubio hizo la petición a la Casa Blanca y al Senado para que sea condenada la represión violenta de los grupos vinculados a la represión, y para que se apruebe la Ley Global de Derechos Humanos, que pueda “contrarrestar las amenazas contra las libertades individuales en lugares como Venezuela “.

La Congresista republicana por la Florida Ileana Ros-Lehtinen, Presidenta del Subcomité del Medio Oriente y África del Norte, hizo la siguiente declaración en referencia a los reportes de tres muertos y varios heridos en las protestas de estudiantes contra el régimen de Maduro.

“Estoy profundamente entristecida por las muertes trágicas de estudiantes que participaron en las protestas en Venezuela demandando el respeto a los derechos humanos básicos y por los principios democráticos. Las tácticas represivas de Maduro han socavado los derechos y la dignidad del pueblo venezolano, y ahora estos jóvenes valientes han sido víctimas de este gobierno dictatorial”.

La congresista añadió que “las muertes pudieran haber sido evitadas, si el régimen no hubiera seguido con la implementación de políticas económicas desastrosas y socavando instituciones democráticas como la prensa independiente".

Por su parte el congresista Mario Diaz-Balart declaró que “hoy en día, el pueblo de Venezuela ha protestado contra la corrupción, la escasez de alimentos, el alza en las tasas de criminalidad y el desempleo, la alarmante erosión de los derechos humanos y la sociedad civil. Lamentablemente, los matones de Maduro han respondido a estos valientes manifestantes con violencia y encarcelamiento, dejando algunos gravemente heridos o muertos”.

"Insto a la comunidad internacional a reafirmar su compromiso con las libertades básicas que están bajo brutal asalto en Venezuela, y estar junto al pueblo venezolano que exige instituciones democráticas, libres de corrupción, para apoyar su derecho a vivir libres de la opresión”.

El legislador demócrata por el sur de la Florida Joe Garcia, destacó en su página digital estar "sumamente preocupado por la violencia que persiste contra los manifestantes en Venezuela". y pide "al Gobierno de los EE.UU. y a la comunidad internacional que condenen las agresiones del gobierno venezolano sobre los principios democráticos universales, y recuerdo el Presidente Maduro que el mundo está vigilando sus acciones y las voces de la disidencia no serán silenciadas tan fácilmente".

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“La situación que se vive ‘en un país hermano’ como es Venezuela ‘nos preocupa’ y es seguida ‘con cautela y prudencia’ por Panamá”, expresó el canciller panameño Francisco Álvarez de Soto, según reportó la agencia EFE este viernes 14 de febrero.

Álvarez de Soto hizo referencias a las protestas y la reacción de las fuerzas policiales, aunque se refirió a ello como asuntos internos hizo votos por “la paz, la tolerancia y el diálogo en ese país”, apuntó EFE.

En ese orden el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU exigió el viernes a Venezuela que enjuicie a los responsables de ataques contra manifestantes antigubernamentales, que dejaron esta semana tres muertos en Caracas, indicó un cable de AFP.

Los autores de esos actos "deben ser enjuiciados" y "sancionados con las penas adecuadas", afirmó en Ginebra el portavoz del Alto Comisionado, Rupert Colville. "Estamos especialmente preocupados por informaciones sobre ataques contra manifestantes por parte de grupos armados que actúan con impunidad. También nos preocupa que la situación pueda desencadenar más estallidos de violencia (...)", afirmó Colville ante la prensa.

El jueves el expresidente costarricense y premio Nobel de la Paz 1987 Óscar Arias criticó la “indiferencia" de los Gobiernos latinoamericanos y organismos regionales sobre la situación de Venezuela y los instó a pronunciarse al respecto. "He sido crítico en el pasado y lo vuelvo a ser ahora, de la indiferencia con que los gobiernos democráticos ven lo que está sucediendo en Venezuela, donde hay un irrespeto flagrante a los derechos humanos", declaró Arias a los periodistas tras reunirse con parte de la comunidad venezolana residente en Costa Rica.

Una nota firmada por José Miguel Vivanco, director de Humans Right Wacht (HRW) hace referencia directa a la censura y la inculpación al movimiento opositor interno: "Lo que Venezuela no necesita ahora son autoridades que usen como chivos expiatorios a opositores políticos o cierren medios de prensa porque no les gusta la cobertura que hacen", indicó en clara alusión a lo que considera la eminente detención de Leopoldo López y las acusaciones contra la también opositora, la diputada María Corina Machado.

El presidente uruguayo José Mujica, en cambio, ofreció su "más firme apoyo y solidaridad" al gobierno de Nicolás Maduro, pero resaltó que defiende "fervientemente" la libertad de expresión, en un comunicado difundido el viernes por su Cancillería.

La administración del izquierdista Mujica es un fuerte socio comercial de Venezuela en el Mercado Común del Sur (Mercosur), junto a Argentina, Brasil y Paraguay.

El Gobierno de Costa Rica deploró hoy la violencia ocurrida en los últimos días durante una serie de protestas en Venezuela y expresó su esperanza de que la situación se solucione a través del diálogo."El Gobierno de Costa Rica sigue con atención los hechos que acontecen en la hermana República Bolivariana de Venezuela, y deplora las manifestaciones de violencia, del pasado 12 de febrero, que han causado luto y dolor entre los venezolanos", indicó la Cancillería costarricense en un comunicado divulgado este viernes.

"El Gobierno de Costa Rica sigue con atención los hechos que acontecen en la hermana República Bolivariana de Venezuela, y deplora las manifestaciones de violencia, del pasado 12 de febrero, que han causado luto y dolor entre los venezolanos", indicó la Cancillería costarricense en un comunicado.

Agregó que en relación con los hechos de violencia, que han dejado al menos tres muertos, más de 60 heridos y 69 detenidos, es pertinente que las autoridades venezolanas "investiguen y determinen las responsabilidades por las víctimas y heridos". "Costa Rica, respetuosa de los asuntos internos de los países hermanos, expresa su preocupación de que pueda exacerbarse un clima de confrontación que perturbe la paz y la estabilidad de Venezuela".

Además, expresó su "esperanza de que los recientes sucesos puedan encontrar vías de solución por el camino del diálogo y del entendimiento".

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Presentan informe ante la Corte Penal Internacional sobre la participación de Cuba en crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Vista del exterior de la Corte Penal Internacional, en La Haya, Holanda. (AP/Peter Dejong, Archivo)
Vista del exterior de la Corte Penal Internacional, en La Haya, Holanda. (AP/Peter Dejong, Archivo)

La abogada venezolana Tamara Suju entregó esta semana a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) un informe sobre la intervención del régimen cubano en la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en su país.

“Hemos cumplido con el mandato de las víctimas que quieren que se haga justicia en sus casos”, dijo la también activista por los derechos humanos y aclaró que el informe contiene una petición para se incluya al estado cubano en investigación que la Fiscalia realiza por el caso Venezuela I.

Suju compartió un video en vivo desde La Haya, sede del organismo, en el que habla de importancia de “recuperar a Venezuela”.

“Los cubanos no solamente han formado y han sido parte de la planificación, sino que han inducido dichos crímenes con su participación directa o indirecta. Nosotros necesitamos recuperar a Venezuela, necesitamos recuperar nuestra soberanía y de todos aquellos agentes y organizaciones paramilitares que están invadiendo nuestro territorio... Necesitamos recuperar además de nuestra democracia, a nuestras instituciones y nuestra dignidad”.

En el video aprovechó además para enviarle un "mensaje de esperanza" a los cubanos. "Hoy podría abrirse una ventana para un pueblo que ha sido oprimido terriblemente desde hace muchos años, para esos presos políticos, para esos perseguidos, que no han tenido forma de acudir a la justicia internacional. Aquí podría abrirse una puerta hoy para buscar la justicia contra dichos crímenes".

Venezuela es el primer país de América Latina que enfrenta una investigación formal en la CPI, luego de que el fiscal británico Karim Khan anunciara la apertura del caso conocido como "Venezuela I", por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro.

En septiembre de 2022, la Misión Independiente de Verificación de los Hechos presentó ante Naciones Unidas un informe en el que detallan cómo el régimen de Maduro tuvo asesoría de La Habana para la ejecución de dichos crímenes.

Según el documento, exfuncionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) aseguran que "agentes del Estado cubano han instruido, asesorado y participado en actividades de inteligencia y contrainteligencia con la DGCIM", organización que, junto al Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), ha estado involucrada en la represión.

El año pasado, el gobierno de Maduro apeló un fallo a favor de reanudar la investigación, bajo el argumento de que debía respetarse el principio de "complementariedad", pero los jueces aprobaron que la Fiscalía de la CPI reanude las indagaciones.

Tamara Suju es la directora ejecutiva de CASLA, organización pro derechos humanos y vigilantes del estado de la democracia en Latinoamérica que ha logrado identificar a torturadores y personas dentro de los aparatos de seguridad e inteligencia responsables de las torturas a presos políticos en Venezuela.

Régimen de Maduro arresta a otros dos miembros del equipo de María Corina y dice que va a por más detenidos

María Corina Machado se presenta en la sede de su partido tras las detenciones de otros miembros de su equipo el 20 de marzo de 2024. "Estas acciones cobardes pretenden cerrar el camino de Venezuela hacia el cambio y la libertad en paz y democracia", denunció.
María Corina Machado se presenta en la sede de su partido tras las detenciones de otros miembros de su equipo el 20 de marzo de 2024. "Estas acciones cobardes pretenden cerrar el camino de Venezuela hacia el cambio y la libertad en paz y democracia", denunció.

A cuatro meses de celebrarse las elecciones presidenciales en Venezuela, previstas para el próximo 28 de julio, otros dos miembros del equipo de campaña de María Corina Machado fueron arrestados este miércoles en Caracas por las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro.

Con las detenciones en plena calle de Henry Alviares y Dignora Hernández, suman ocho los colaboradores de la principal opositora del chavismo y pudieran ser más, según amenazan los funcionarios del régimen.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó que estas dos personas habían sido detenidas: “Ahora no vengan a decir que ambos eran pacifistas que estaban con una flor en la plaza Bolívar marchando. Todo lo contrario (...) ¿Va a salir ahora la oficina del Alto Comisionado de la ONU o las ONG estas financiadas por la USAID con millones de dólares a decir que estas personas detenidas con una orden de aprehensión van a decir que son desapariciones forzadas?”.

Desde el pasado 23 de enero se encuentran detenidos los coordinadores regionales Luis Camacaro (Yaracuy), Juan Freites (La Guaira) y Guillermo López (Trujillo). El 8 de marzo, en tanto, fue arrestado Emill Brandt Ulloa, coordinador en Barinas, y esta misma semana Joe Villamizar, coordinador del municipio Girardot del estado Aragua.

Saab dijo que ya habían emitido las órdenes de aprehensión contra Oswaldo Bracho, Pedro Urruchurtu, Omar González, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Fernando Martínez Mótola, y Magalli Meda, también miembros del equipo electoral de Vente Venezuela.

"Estas acciones cobardes pretenden cerrar el camino de Venezuela hacia el cambio y la libertad en paz y democracia. Venezolanos, les pido fortaleza y coraje en estos momentos difíciles. Hoy, más que nunca, necesitamos estar unidos y firmes para seguir avanzando hacia nuestros objetivos", pidió la candidata presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela.

Por otra parte, políticos y analistas advirtieron que Maduro además está bloqueando la posible postulación de candidatos que pudieran sustituir a Machado.

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela confirmó que César Pérez Vivas, ex gobernador de Táchira, y Juan Pablo Guanipa, diputado electo en 2015, tienen una prohibición para ejercer cargos o función pública.

Guanipa dijo a la Voz de América que las inhabilitaciones son el arma de la cobardía y el abuso de un régimen dictatorial.

Según el politólogo John Magdaleno, hay al menos dos mil políticos inhabilitados para funciones públicas en Venezuela, y seguramente habrá nuevas inhabilitaciones exprés.

Maduro se anunció días atrás como candidato oficial del Partido Socialista Unido de Venezuela. De triunfar en los comicios de julio, garantiza su tercer mandato consecutivo.

Elecciones presidenciales de Venezuela serán el 28 de julio, día del cumpleaños de Hugo Chávez

Un elector ejerce su derecho al voto en Caracas, Venezuela, durante una simulación de los comicios presidenciales. ( Federico Parra/AFP/ Archivo)
Un elector ejerce su derecho al voto en Caracas, Venezuela, durante una simulación de los comicios presidenciales. ( Federico Parra/AFP/ Archivo)

La fecha de las elecciones presidenciales en Venezuela será el próximo 28 de julio, informó este martes el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Está previsto que el actual mandatario, Nicolás Maduro, aspire a la reelección en unos comicios sin adversarios fuertes, mientras la candidata favorita de la oposición, María Corina Machado, permanece inhabilitada por decisión de su gobierno.

Elvis Amoroso, presidente del CNE, dijo que la fecha de los comicios, que coincide con el cumpleaños del fallecido expresidente Hugo Chávez, fue aprobada de forma unánime por el Consejo.

La semana pasada, la Asamblea Nacional de Venezuela, en control del oficialismo, entregó al CNE un documento que detallaba las condiciones de las elecciones presidenciales, pero este no fue suscrito por la Plataforma Unitaria Democrática, principal coalición opositora.

Machado, la principal candidata de esa coalición pero inhabilitada desde junio de 2023 por el gobierno de Maduro para ejercer cargos públicos durante 15 años, recibió el apoyo de Estados Unidos tras ganar en octubre de 2023 las primarias de la oposición con más del 90% de los votos.

Un reporte de Associated Press señala que, consultado por el anuncio del CNE, el equipo de prensa de Machado descartó que vaya a dar declaraciones.

Según la Contraloría, la candidata opositora participó en una trama de corrupción orquestada por Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino en 2019 cuando encabezaba la Asamblea Nacional. No se presentaron pruebas en su contra.

A finales de enero de este año, la inhabilitación de Machado fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia. La candidata se niega a aceptar la resolución.


Según el cronograma aprobado por el CNE, las candidaturas podrán presentarse entre el 21 y 25 de marzo, y la campaña irá desde el 4 al 25 de julio, mientras que los votantes deberán registrarse entre el 18 de marzo y el 16 de abril.

La elección del 28 de julio para la realización de los comicios, subraya el reporte de AP, permite al gobierno de Maduro cumplir con una parte del acuerdo de Barbados, suscrito con la oposición y el gobierno de Estados Unidos en octubre pasado, que exigía que las elecciones presidenciales tuvieran lugar en el segundo semestre de 2024.

Otros puntos del acuerdo incluyen la elaboración de un plan que propicie las condiciones políticas para la realización de elecciones libres y democráticas, pero con inhabilitación de Machado y otros candidatos de la oposición, entre otras irregularidades, las voces críticas señalan que el gobierno de Nicolás Maduro no ha ofrecido aún esas garantías.

A finales de enero, el gobierno estadounidense anunció que revisaría el acuerdo y retomó algunas de las sanciones económicas impuestas a la administración de Maduro.

Periodistas alertan sobre plan del chavismo de instaurar un "Estado Mayor de la Comunicación"

Nicolás Maduro en un acto político en Caracas el 29 de febrero de 2024. Periodistas venezolanos han denunciado que su gobierno busca el control absoluto de los medios de prensa.
Nicolás Maduro en un acto político en Caracas el 29 de febrero de 2024. Periodistas venezolanos han denunciado que su gobierno busca el control absoluto de los medios de prensa.

El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela alertó sobre el peligro de que el régimen chavista instaure el denominado "Estado Mayor de la Comunicación", que conduciría al dominio absoluto de los medios de prensa en ese país, durante un contexto electoral.

La entidad que acoge a casi 27 mil periodistas rechazó el plan anunciado por el Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Fredyy Ñáñez de crear esta estructura militar para conseguir "la integración, tanto de los comunicadores sociales, populares, claps (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), medios alternativos y comunitarios con el Ministerio de Comunicación e Información a fin de facilitar los enlaces interinstitucionales".

De acuerdo a este funcionario, es necesaria la modernización de las leyes para conseguir una «transformación y recuperación de la identidad nacional".

El Colegio Nacional de Periodistas destacó que este plan se da cuando Venezuela se encamina a celebrar elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024.

"El ecosistema de medios del país se encuentra reducido al mínimo, con el cierre sistemático de cientos de estaciones de radio y de programas de opinión, la desaparición práctica de la prensa escrita a partir de maniobras de asignación de papel periódico y de otros insumos, de persecución y criminalización de reporteros y comentaristas que investigan sobre irregularidades gubernamentales, del bloqueo constante a páginas de Internet cuando se muestran críticas a la actuación del régimen, de la censura como norma, de la opacidad de las instituciones nacionales a la hora de ofrecer los datos de su gestión pública y de la aprobación de una ley que regula de manera ilegítima las organizaciones no gubernamentales donde la sociedad civil hace vida, entre otras tantas maneras de control total sobre el hecho comunicacional y periodístico", denunció el colegio.

La declaración del gremio de periodistas consideró que esta nueva maniobra consolida "la hegemonía comunicacional estatal" que ha sumido "en el silencio periodístico a una buena parte del país".

El comunicado criticó la instauración de un organismo de inspiración militar "aplicado al pensamiento y la cultura, a la libre circulación de las ideas y a derechos fundamentales del hombre como lo son el de la libre expresión, el acceso a la información, a la creación artística, a la libertad de cátedra y de asociación".

Venezuela acusa a Rocío San Miguel de ser espía

Fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, en una conferencia de prensa el 19 de febrero de 2024 en Caracas, para dar a conocer acusación contra la activista Rocío San Miguel. (AP/Ariana Cubillos).
Fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, en una conferencia de prensa el 19 de febrero de 2024 en Caracas, para dar a conocer acusación contra la activista Rocío San Miguel. (AP/Ariana Cubillos).

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, acusó este lunes a la activista de derechos humanos y abogada especialista en asuntos militares Rocío San Miguel de ser “espía” y de compartir información de seguridad nacional con un embajador extranjero.

Saab aseguró en una conferencia de prensa en Caracas que San Miguel tenía en su poder 18 mapas cartográficos donde se detallaban varias instalaciones militares y sus respectivas zonas de seguridad. El funcionario dijo que esa información habría sido obtenida con colaboración militar y resaltó que la demarcación de ese tipo de zonas son consideradas datos de inteligencia reservados al Estado.

El fiscal dijo que el número telefónico de San Miguel estaba en la lista de contactos de militares que lideraban la llamada Operación Brazalete Blanco, que, según las autoridades venezolanas, pretendía atentar contra el presidente Nicolás Maduro y generar caos en el país, y dijo que San Miguel fungía como espía "a través de parejas o relaciones públicas con miembros de las Fuerzas Armadas para planificar acciones en contra de la soberanía nacional".

San Miguel fue detenida la semana pasada e imputada por los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación.

Saab dijo que poseer mapas y las gacetas oficiales donde se crearon las zonas de seguridad es una cuestión pública, aunque dijo considerar que su acumulación sistemática es parte de “un trabajo de inteligencia sostenido”.

Saab también cuestionó que la prensa se refiera a San Miguel como una activista de derechos humanos. “La actividad de Rocío San Miguel era ajena a los derechos humanos. Su ONG es una fachada para hablar en contra de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Incluso hay declaraciones de ella pidiendo sanciones contra el Estado”, añadió.

Saab dijo que San Miguel tenía perfiles, listas y comunicaciones sobre el Alto Mando militar, y la acusó de ser “una agente” a la que le habría hecho varios pagos en dólares una trasnacional petrolera, uno de ellos por presuntamente hacer un análisis de entorno de una instalación militar en Venezuela.

Según Saab, San Miguel “le entregó información a un embajador europeo sobre el fortalecimiento del sistema de defensa antiaéreo”, y dijo que la activista tuvo reuniones con diplomáticos de al menos cuatro países, aunque no mencionó cuáles.

También aseguró que su despacho pudo constar reuniones de San Miguel en Europa y Estados Unidos con funcionarios militares para presuntamente transmitir información, y acusó a San Miguel de preparar un protocolo para “esconder” sus equipos electrónicos si era detenida.

San Miguel es presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, especializada en leyes y compras militares.

Gobiernos extranjeros y organismos multilaterales, entre ellos la oficina del Alto Comisionario para los derechos humanos de las Naciones Unidas, expresaron su preocupación por la detención de San Miguel y exigieron su liberación inmediata.

El exfiscal Zair Mundaray ironizó en redes sociales que los mapas “ahora son objetos de ilícita tenencia” y que “se crea el delito de porte ilícito de mapas”, a raíz de las acusaciones.

Su hija pudo verla, se dice inocente

Este lunes, nueve días luego de su detención, San Miguel pudo ser visitada por su hija Miranda en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), en El Helicoide, en Caracas, informó el abogado Joel García.

“A pesar de la injusta privación de su libertad, [San Miguel] se encuentra fortalecida y muy confiada de su inocencia. [Dice] que no existe nada que la comprometa en los delitos que les imputan”, indicó el jurista en la red social X.

El abogado Juan Carlos González precisó que San Miguel pudo compartir con su hija “por cerca de tres horas”.

“Reitera su inocencia, fuerte en sus convicciones, y reclama que no se le ha permitido designar abogados de su confianza”, escribió en sus redes sociales.

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