América Latina
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Venezuela adopta modelo de comercio estatal cubano
Analista aseguran que los militares están tomando el poder económico del país.
Y medios venezolanos como "El Universal" califican que el país está adaptando el modelo de comercio estatal cubano, puntualizando que la presencia de militares ha garantizado en la isla un dominio de gobierno.
"Centralización al máximo. Esa es la característica esencial de la economía cubana: la bisagra que la moviliza depende de los militares que están controlando un 70% del comercio nacional a través de empresas que funcionan como pequeñas repúblicas autónomas dentro de la rígida burocracia estatal", publica el diario venezolano.
"Claramente los militares están controlando lo económico, la inteligencia y las armas. Están en 25% de los ministerios (...) Los hombres con más poder del país tienen uniforme militar. Hay una toma del poder por parte de los militares", ha dicho a AFP Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano.
Embajadores, gobernadores, directores de universidades, un canal de televisión militar, banco de las fuerzas armadas, empresas de construcción, organismos encargados de aplicar rebajas forzadas de precios... la lista de militarización de la política venezolana puede ser extensa.
En la historia democrática venezolana, la Fuerza Armada ha sido considerada una institución prestigiosa en el país, dedicada a la defensa, pero a partir de la elección como presidente de Chávez en 1998 los militares comenzaron a ocupar cargos que usualmente estaban encargados a civiles y comenzaron los cuestionamientos sobre su papel.
Esta es una práctica que Maduro ha extendido a su gobierno y con frecuencia se le ve acompañado de militares. El diario local El Nacional calculó en 368 los uniformados que han sido designados por el mandatario en los nueve meses transcurridos desde su llegada a la presidencia en abril de 2013.
Los temas económicos concentran el avance de los militares, el último la semana pasada cuando el general del Ejército Marco Torres, fue designado en el remozado Ministerio de Finanzas, fusionado con el de Banca Pública. Torres sustituyó al civil Nelson Merentes, un matemático que vuelve al Banco Central de Venezuela (BCV).
También es miembro de la Fuerza Armada el ministro de Transporte Acuático y Terrestre, Hebert García Plaza, quien además dirige el Órgano Superior de la Economía, responsable de aplicar las rebajas forzosas de precios en el marco de la "ofensiva económica" del gobierno contra la inflación y la "guerra económica de la burguesía".
En la lista de ministros militares activos o retirados figuran los de Alimentación, Industria, Energía Eléctrica y --obviamente-- Defensa.
La mitad de los gobernadores del país (11 de 23), los encargados de los servicios de inteligencia, el director de la Universidad sobre temas de Seguridad y varios embajadores en destinos importantes provienen de las Fuerzas Armadas, sin olvidar al numero dos del chavismo y presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.
"Los militares tienen bajo su responsabilidad la ejecución de la política económica del país", sostiene el analista en temas militares, Carlos Hernández.
El general de división retirado Fernando Ochoa Antich, ministro de Defensa del presidente socialdemócrata Carlos Andrés Pérez durante las asonadas chavistas de 1992, asegura que en el gobierno están mandando "en su mayoría oficiales que estuvieron vinculados con los golpes militares y permanecieron cerca de Hugo Chávez".
Ochoa Antich opina que Maduro necesita afianzar el vínculo con los militares por dos razones. La primera es reforzar su liderazgo frente a los uniformados, para no ser visto como alguien "que llegó allí sólo porque lo escogió Chávez", en especial a la luz de un triunfo en las elecciones presidenciales de abril de 2013 con apenas 1,5% de ventaja.
La segunda, que "los venezolanos vinculen al gobierno con la Fuerza Armada para que no apoyen a los militares en caso de que quieran intervenir en el proceso político para interrumpirlo", puntualizó.
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Detenidos otros tres opositores en Venezuela (VIDEO)
Tres partidarios de la opositora venezolana María Corina Machado han sido detenidos en los últimos días, luego de asistir a actos de campaña con vista a las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Ámbar Márquez, vicepresidenta de organización del partido Primero Justicia (PJ) en el municipio Santa Rosalía; Víctor Castillo, coordinador y jefe del comando de campaña en el mismo municipio, y Oscar Castañeda, militante de Vente Venezuela, fueron arrestados por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el estado Portuguesa, a 400 kilómetros de Caracas.
Los activistas detenidos fueron presentados en los tribunales y sin derecho a la defensa, denunciaron varias fuentes de la oposición.
Los partidos de oposición Vente Venezuela y Primero Justicia exigieron la liberación inmediata de los dirigentes, cuyos arrestos se suman a los de otros siete jefes de campañas regionales.
La organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política.
Edmundo González Urrutia, un diplomático jubilado de 74 años se perfila como único rival del gobernante Nicolás Maduro en los próximos comicios presidenciales del 28 de julio, como candidato unitario de la llamada Plataforma Unitaria Democrática (PUD), una coalición de 10 partidos de oposición.
La postulación de González Urrutia fue admitida por el Consejo Nacional Electoral.
Maduro acusa a exministro Tareck El Aissami de conspirar con la oposición para derrocarlo
El mandatario venezolano Nicolás Maduro acusó este lunes al exministro de Petróleo Tareck El Aissami de conspirar en su contra, además de estar vinculado a la trama de corrupción por la que fue detenido a principios de abril.
Maduro señaló que las investigaciones apuntan a que El Aissami conspiraba con líderes de la oposición para derrocarlo, entre ellos los exiliados Leopoldo López y Julio Borges.
"Teníamos a los corruptos y traidores al lado, los tenía, los tenían, y ni por mi mente me podía pasar que me pudieran traicionar o que pudieran estar robando", dijo el gobernante en su programa semanal de radio y televisión.
Aunque López negó las acusaciones del oficialismo con respecto a El Aissami, admitió haber sostenido conversaciones "para explorar la salida de Maduro". En un post en X dirigido al fiscal general Tarek William Saab, el opositor exiliado en España acusó al alto funcionario de haber participado en gestiones similares.
"@TarekWiliamSaab, tú más que nadie sabes que también has tenido conversaciones para explorar la salida de Maduro. Muchos son los que lo han hecho y lo hacen dentro de la dictadura. Así que no te hagas el loco, montando una nueva olla en mi contra. A ti también te tienen grabado. Todo cae por su propio peso", escribió.
Borges también negó los vínculos con El Aissami.
"@TarekWiliamSaab, ustedes saldrán del poder con la unidad y el voto del pueblo. Son corruptos y mentirosos. Los venezolanos seguiremos luchando para que ustedes no sigan destruyendo a Venezuela. Hoy más que nunca #UnidadYVoto, lo vamos a lograr el #28Jul", dijo en la red social X, en referencia a los esfuerzos de la oposición por derrocar a Maduro en las urnas, que se han visto afectados por la inhabilitación de candidatos como María Corina Machado y Enrique Capriles.
Maduro dijo en el programa que su gobierno tiene pruebas de llamadas telefónicas y videoconferencias entre opositores y el empresario Samark López, considerado por muchos un testaferro al servicio de El Aissami. "La derecha estaba articulada para destruirnos desde adentro", afirmó.
El Aissami fue detenido a principios de abril por sus presuntos vínculos con una trama millonaria de corrupción que operaba en la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y otras empresas estatales. El exministro de Petróleo había renunciado a su cargo luego de que fueran detenidos varios altos funcionarios de su entorno relacionados con el caso.
La Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró en 2017 a El Aissami como un “narcotraficante especialmente designado”.
El acusado comparecerá prontó ante una audiencia preliminar, dijo el fiscal general, sin mencionar la fecha.
Otras 65 personas, incluido Samark López, permanecen detenidas en relación con el caso, bajo acusaciones de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Según explicó Saab, la Fiscalía detectó a una red de funcionarios en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos que habrían ejecutado operaciones comerciales paralelas en PDVSA, Cartones de Venezuela y la Corporación Venezolana de Guayana, un consorcio que administra a varias empresas siderúrgicas y los recursos de hierro, bauxita, oro y diamantes.
El daño causado por los implicados es "incalculable en millones de dólares", dijo el fiscal general.
Delegación de paz del gobierno de Colombia dice que es "inviable" doble negociación con guerrilla ELN
BOGOTÁ (AP) — La delegación del gobierno colombiano para los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pidió el sábado al presidente Gustavo Petro tomar una decisión entre continuar la negociación en una mesa nacional con esa guerrilla o una regional con una facción.
La mesa de negociación con el ELN entró en un momento de tensión luego de que el gobierno avaló un diálogo regional paralelo que impulsan las autoridades locales de Nariño con la facción denominada "Comandos del Sur". La dirigencia de la guerrilla consideró que ello busca presentar un ELN dividido.
El desarrollo de las conversaciones "en dos instancias con una misma organización" —por un lado la mesa nacional vigente con el ELN y, por otro, con un frente guerrillero— "es jurídica y políticamente inviable", señaló un comunicado suscrito por la jefa de la delegación, Vera Grave, y el representante gubernamental, el senador Iván Cépeda.
La delegación solicitó a Petro "tomar la decisión que considere" sobre continuar los trabajos en una de las dos instancias o determinar si la estructura de Nariño ha dejado de ser parte de la organización que participa en la mesa nacional "para desarrollar con ella un proceso autónomo".
El pedido de la delegación se produce tras difundirse la víspera unas declaraciones de Gabriel Yépez, autoidentificado como jefe del Frente Comuneros del Sur, a Blu radio de Colombia, señalando que si desde la guerrilla del ELN "buscaron excusarse en Comuneros del Sur para levantarse (de la mesa) es muy irresponsable".
"Nosotros no estamos envenenando ningún diálogo, nosotros estamos haciendo parte y seguiremos haciendo parte de la construcción de paz territorial de Nariño", dijo Yépez.
Para el analista y docente de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Medina, la situación supone una encrucijada para Petro, al considerar que la delegación de gobierno "deja en sus manos la decisión de resolver problemas que no le corresponden al presidente, sino que son problemas internos del ELN y sus disidencias".
Medina reiteró en diálogo telefónico con The Associated Press que la posición de Petro es "supremamente difícil" y consideró que el gobernante deberá apostar por "rutas alternativas", porque abandonar los diálogos con la única organización armada insurgente que queda en el país "representaría el fracaso de su apuesta por la paz total".
Hasta el momento el presidente colombiano no se ha pronunciado respecto al pedido.
Las delegaciones del gobierno y del ELN se reunieron a mediados de abril en Caracas en una cita extraordinaria que buscó destrabar las conversaciones, tras lo cual anunciaron sin precisar detalles una nueva reunión para el 20 de mayo en la capital venezolana. Ese país es garante de la mesa de diálogo junto a Cuba, México y Noruega.
El ciclo de conversaciones oficiales previsto para ese mes se había suspendido tras las acusaciones del ELN sobre una intención del gobierno de pretender desmovilizarlos.
Gobierno de transición toma el poder en Haití
El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.
El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.
La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.
En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".
El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.
Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.
La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.
Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).
La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.
ALBA se pronuncia sobre elecciones en Venezuela
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba, se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.
"Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que menoscaben la integridad y la transparencia de su proceso democrático", indicaron los firmantes de la Declaración de la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP.
La organización Amnistía Internacional alertó la semana pasada sobre la "alarmante escalada en la política de represión" del régimen de Nicolás Maduro, que busca cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política en ese país en el contexto de los comicios presidenciales.
La organización mencionó por ejemplo "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
También Estados Unidos expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
A la XXIII cumbre del ALBA celebrada en Caracas asistieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Luis Arce, de Bolivia y los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica; Philip J. Pierre, de Santa Lucía; y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda.
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