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América Latina

Vargas Llosa: Sean Penn y el amor de los millonarios de Hollywood por tiranos

El actor Sean Penn con su amigo, ya fallecido, Hugo Chávez.
El actor Sean Penn con su amigo, ya fallecido, Hugo Chávez.

El amor de los millonarios del espectáculo por atroces dictaduras, el escritor estadounidense Humberto Fontova lo documenta eficazmente en su exitoso libro "Fidel: el tirano favorito de Hollywood".

El caso de Sean Penn sólo se entiende por la extraordinaria frivolidad que contamina la vida política de nuestro tiempo, en el que las imágenes han reemplazado a las ideas y la publicidad determina los valores y desvalores que mueven a grandes sectores ciudadanos.

Elogiar a Fidel Castro, "el hombre más sabio del mundo" según Oliver Stone, es una patética exhibición de cinismo e ignorancia, equivalente a sentir admiración por Stalin, Hitler, Mao, Kim Il-sung o Robert Mugabe, y defender como modélica a una dictadura de más de medio siglo que ha convertido a Cuba en una prisión de la que los cubanos tratan de escapar como sea, incluso desafiando a los tiburones.

Y no lo es menos considerar una estrella política planetaria al comandante Chávez, cuyo régimen transformó a Venezuela en un país pobre, violento y reprimido, cuyos niveles de vida caen cada día más por culpa de una inflación galopante –la más alta del mundo– y donde la corrupción y el narcotráfico se han enquistado en el corazón mismo del Gobierno, escribe este domingo en el diario español El País el premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa.

Sean Penn es muy buen actor y tiene fama de "progresista", término que, tratándose de gente de Hollywood, suele significar una debilidad irresistible por los dictadores y tiranuelos tercermundistas. Lo ha mostrado, en un magnífico artículo, Maite Rico ("Fascinación eterna por el déspota", El País, 17/1/2016), quien recuerda los ditirambos del actor (y de Michael Moore y Oliver Stone) a Fidel Castro y a Hugo Chávez: "Una de las fuerzas más importantes que hemos tenido en este planeta", "líder fascinante", "le tengo amor y gratitud", etcétera.

¿Cómo explicará el actor, entonces, que en los últimos comicios el 70% de los electores venezolanos haya repudiado de manera tan categórica al régimen chavista? Probablemente, ni se ha enterado de ello.

Y agrega Vargas Llosa: Qué cómodo es para estos personajes, desde Hollywood, es decir, desde la seguridad jurídica –nadie irá allá a despojarlos de sus casas, negocios, inversiones, ni a tomarles cuenta por lo que dicen y escriben–, el confort y la libertad de que gozan, jugar a ser "progresistas", aceptando invitaciones de sátrapas ineptos, que los tratan como reyes y los adulan, halagan y regalan, y a defender regímenes opresores y brutales, que hacen vivir en el miedo, la escasez y la mentira a millones de ciudadanos a los que han quitado la palabra y los más elementales derechos.

Ahora, además de a dictadores, los "progresistas" de Hollywood defienden también a delincuentes comunes y asesinos en serie, como el Chapo Guzmán, pobre hombre que, según Sean Penn, llegó al delito porque era la única manera de sobrevivir en un mundo atrofiado por la injusticia y los oligarcas, agrega el autor de paradigmáticas novelas como La casa verde.

El periodismo, por desgracia, es también una de las víctimas de
la civilización del espectáculo de nuestros días, donde aparecer es ser y la política, la vida misma, se ha vuelto mera representación. Utilizar esta profesión para promoverse y difundir ideas frívolas, banalidades ridículas y mentiras políticas flagrantes es también una manera de agraviar un oficio y a unos profesionales que hacen verdaderos milagros para cumplir con su función de informar la verdad por salarios generalmente modestos y corriendo grandes peligros.

Gentes como Sean Penn, Oliver Stone y congéneres ni siquiera advierten que su actitud revela un desdeñoso prejuicio hacia Venezuela, Cuba, México y, en general, el tercer mundo, con esa duplicidad de que hacen gala cuando elogian y promueven para esos países sistemas y dictadores que no tolerarían jamás en su propio país, muy parecidos en eso a un Günter Grass, que, en los años 80, pedía que los latinoamericanos siguiéramos el "ejemplo de Cuba", en tanto que, en Alemania, él defendía la socialdemocracia y combatía el modelo comunista.

Las razones por las que Sean Penn no preguntara nada incómodo al Chapo Guzmán nosotros las sabemos de sobra: él fue a entrevistarlo con las respuestas del asesino ya fabricadas por su propia frivolidad o cinismo: presentarlo como la víctima de un sistema (un héroe, en cierta forma) económico y político que sus admirados Fidel Castro y Chávez han comenzado a liquidar. Y apuntalar con ello su bien ganada fama de "progresista", además de actor famoso y millonario, concluye Mario Vargas Llosa en El País.

Pero Vargas Llosa no es el primero en puntualizar el amor de los millonarios del espectáculo por atroces dictaduras, así el escritor estadounidense Humberto Fontova se pregunta en su libro
Fidel: el tirano favorito de Hollywood ¿cómo es posible que cientos de madres desesperadas prefieran meterse con sus hijos a bordo de una balsa en un mar infestado de tiburones a permanecer en el paraíso castrista?

Y cómo es posible que, al mismo tiempo, determinadas celebridades afirmen:

–El socialismo funciona. Creo que Cuba podría demostrarlo (Chevy Chase).
–Castro es muy moral y desinteresado […] uno de los hombres más sabios del mundo (Oliver Stone).
–Fidel, te quiero. Los dos tenemos las mismas iniciales. Los dos tenemos barba. Ambos tenemos poder y queremos usarlo con buenos propósitos (Francis Ford Coppola).
–El régimen de Castro ha sido un ejemplo que constituye una enseñanza para todos (Kofi Annan).

Fontova nos descubre y recuerda verdades sobre la Cuba de Castro demasiado incómodas para ciertas élites intelectuales que, ni por asomo, se atreverían a vivir bajo la égida de los dictadores y asesinos en serie que con denuedo y sin pudor defienden.

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Gobierno de transición toma el poder en Haití

Louis Gerald Gilles, Frinel Joseph, Emmanuel Vertilaire, Laurent Saint-Cyr, Michel Patrick Boisvert, Jean Joseph Lebrun, Edgard Leblanc Fils, Regine Abraham, Fritz Alphonse Jean, Leslie Voltaire y Smith Augustin integran el Consejo de Transición de Haití, el 25 de abril de 2024.
Louis Gerald Gilles, Frinel Joseph, Emmanuel Vertilaire, Laurent Saint-Cyr, Michel Patrick Boisvert, Jean Joseph Lebrun, Edgard Leblanc Fils, Regine Abraham, Fritz Alphonse Jean, Leslie Voltaire y Smith Augustin integran el Consejo de Transición de Haití, el 25 de abril de 2024.

El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.

El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.

La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.

En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".

El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.

Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.

La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.

Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).

La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.

ALBA se pronuncia sobre elecciones en Venezuela

Díaz-Canel y Nicolás Maduro en la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP, celebrada en Caracas, Venezuela.
Díaz-Canel y Nicolás Maduro en la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP, celebrada en Caracas, Venezuela.

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba, se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.

"Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que menoscaben la integridad y la transparencia de su proceso democrático", indicaron los firmantes de la Declaración de la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP.

La organización Amnistía Internacional alertó la semana pasada sobre la "alarmante escalada en la política de represión" del régimen de Nicolás Maduro, que busca cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política en ese país en el contexto de los comicios presidenciales.

La organización mencionó por ejemplo "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".

También Estados Unidos expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".

A la XXIII cumbre del ALBA celebrada en Caracas asistieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Luis Arce, de Bolivia y los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica; Philip J. Pierre, de Santa Lucía; y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda.

Fiscal de la Corte Penal Internacional inaugura oficina en Venezuela

La Corte Penal Internacional busca esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017. En la foto, una protesta el 4 de mayo de 2017, en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas.
La Corte Penal Internacional busca esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017. En la foto, una protesta el 4 de mayo de 2017, en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas.

El fiscal de la Corte PenaI Internacional, Karim Khan, inauguró el martes una oficina de asesoría técnica de ese organismo en Venezuela, que apunta a apoyar los esfuerzos para mejorar el sistema judicial y aumentar su presencia en el país sudamericano.

"De acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina: apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y a aumentar aún más la presencia de campo de la OTP", la oficina del fiscal jefe de la CPI, indicó el alto tribunal en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.

La oficina, además, tendría como propósito facilitar las investigaciones con miras a esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017, de acuerdo con el memorando suscrito el año pasado entre la CPI y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese documento fue el segundo suscrito entre ambas partes desde el 2021.


En la oficina laborarán funcionarios de la CPI. No quedó claro si el personal de ese organismo internacional ya se encuentra en territorio venezolano.

El año pasado, Khan comentó que esa oficina permitirá a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país, de modo que Venezuela pueda "hacer más para cumplir sus obligaciones" en el marco del Estatuto de Roma.

La CPI, bajo mandato del Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

En las manifestaciones contra el gobierno venezolano del 2017 murieron 120 personas.

El caso fue llevado a la CPI, con sede en La Haya, por varios de sus estados miembros en el continente -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- que solicitaron una investigación de los presuntos delitos cometidos por la fuerza pública.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, habla junto al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y al fiscal jefe de Venezuela, Tarek William Saab, en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, el 22 de abril de 2024.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, habla junto al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y al fiscal jefe de Venezuela, Tarek William Saab, en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, el 22 de abril de 2024.

La investigación se focaliza en las denuncias de torturas, abuso sexual y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas durante la represión de las protestas.

Maduro --que rechaza las acusaciones y sostiene que el proceso en la CPI es parte de estrategia promovida por Washington con miras a desacreditar su gobierno-- ha expresado que está dispuesto a investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en el país.

La visita de Khan tuvo lugar un mes y medio después que los jueces de apelaciones de la CPI, con sede en La Haya, dictaminaron que esa instancia judicial internacional puede continuar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.

Los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 hasta ahora han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.

EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones

La licencia general 44 sólo sería renovada si el régimen de Nocolás Maduro cumplía con sus compromisos de celebrar elecciones presidenciales libres y justas en Venezuela.
La licencia general 44 sólo sería renovada si el régimen de Nocolás Maduro cumplía con sus compromisos de celebrar elecciones presidenciales libres y justas en Venezuela.

Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.

La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.

"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.

Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".

"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.

"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.

Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".

Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro

Amnistía Internacional condena el ascenso en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, el uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura contra las personas críticas al gobierno de Nicolás Maduro.
Amnistía Internacional condena el ascenso en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, el uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura contra las personas críticas al gobierno de Nicolás Maduro.

La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.

“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.

"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.

El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.

La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".

Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.

"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.

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