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América Latina

Tila, un enclave de Chiapas bajo el terror de los cárteles que se disputan el tráfico de migrantes, drogas y armas

Desplazados de Tila participan en una peregrinación para exigir al gobierno el retorno seguro a sus comunidades, en Yajalón (Junio 19, 2024. REUTERS/Jacob Garcia)
Desplazados de Tila participan en una peregrinación para exigir al gobierno el retorno seguro a sus comunidades, en Yajalón (Junio 19, 2024. REUTERS/Jacob Garcia)

Los 10.000 habitantes de este pueblo mexicano vivieron cinco horas de balacera, seguidas de tres días de encierro sin que ninguna autoridad apareciera.

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Era de noche cuando los habitantes de una población del sureste mexicano comenzaron a escuchar disparos, luego el paso de camionetas y las voces de individuos que hablaban de qué casas había que quemar.

Pronto comenzaron a verse las llamas en distintos lugares de Tila, un pueblo de Chiapas conocido por sus peregrinaciones religiosas que tiene unos 10.000 habitantes, calles empinadas y está rodeado de montañas. Fueron cinco horas de balacera, seguidas de tres días de encierro sin que ninguna autoridad apareciera.

La única información les llegaba por redes, llenas de mensajes amenazantes de origen incierto.

Cuando llegó el ejército, los militares custodiaron la salida del pueblo de unas 4.000 personas. Fue uno de los mayores desplazamientos internos del sur de México desde los años 90 y el más reciente ejemplo del miedo que reina en los estados mexicanos disputados por los cárteles y de los desafíos de seguridad que le esperan a la futura presidenta Claudia Sheinbaum.

"Tenemos a nuestros gobernantes que no quieren hacer nada", lamentaba Leonel Jiménez, un maestro de 29 años que pasó las 72 horas escondido en su casa con su madre y su hermano de 12 años, llamando repetidas veces al 911, el teléfono de emergencias, donde una voz sólo le repetía que ya estaban atendiendo el caso.

Soldados patrullan mientras la gente huye de la violencia de las bandas armadas,, México, 9 de junio de 2024. (REUTERS/Manuel Orbegozo)
Soldados patrullan mientras la gente huye de la violencia de las bandas armadas,, México, 9 de junio de 2024. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

A tres semanas del suceso, Jiménez seguía en uno de los campamentos instalado por las autoridades para atender a los desplazados sin saber qué hacer.

Tila es uno de los muchos pueblos del estado de Chiapas –fronterizo con Guatemala-- donde se combinan viejos conflictos sociales, dejación de las autoridades, corrupción política, la presencia de actores locales armados desde hace décadas y la incipiente infiltración del crimen organizado.

El Cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, que mantienen una sangrienta batalla en muchos puntos de México, hace más de un año que luchan también en Chiapas, sobre todo en la zona fronteriza con Guatemala, para controlar las rutas del tráfico de migrantes, drogas y armas.

Organizaciones civiles que trabajan en la zona apuntan a que los grandes cárteles pueden estar aprovechando las divisiones en Tila para empezar a incursionar en este territorio que conecta Chiapas con el Golfo de México, la ruta más corta hacia Estados Unidos.

Otros actores, como el párroco de la localidad, también ven posible que los grupos armados locales hayan pedido ayuda a las organizaciones criminales para expulsar a sus contrarios. O que se estén utilizando los nombres de los cárteles para generar pánico y controlar a la población como ha pasado en otros lugares del país.

En Tila, la mayoría de puertas y ventanas siguen todavía con candados. Decenas de militares y policías vigilan cada entrada y el centro, mientras algunos de los que se fueron aprovechan su presencia para entrar a sus casas o negocios, cargar sus vehículos con todo lo que tengan de valor —a veces hasta pollos o conejos— e irse de nuevo.

"Hay que salir porque no hay vida", decía entre lágrimas Rafael Gutiérrez, mientras vaciaba su hogar. "No podemos vivir en la zozobra", agregó el hombre que se dedicaba a anunciar publicidad con un altavoz instalado en su viejo Volkswagen.

Un miembro de la Guardia Nacional vigila después de que la gente huyó de la violencia de las bandas armadas en Tila, estado de Chiapas, México 12 de junio 2024. (REUTERS/Jacob García)
Un miembro de la Guardia Nacional vigila después de que la gente huyó de la violencia de las bandas armadas en Tila, estado de Chiapas, México 12 de junio 2024. (REUTERS/Jacob García)

Hay personas que empiezan a regresar a las casas aunque, según explicó Jiménez, el maestro, el asesinato este fin de semana de un miembro de una familia desplazada generó de nuevo miedo e incertidumbre.

Desde hace más de seis décadas, Tila está dividida entre los ejidatarios, propietarios indígenas de las tierras comunales que reivindican la zona urbana como parte de su territorio porque les fue asignada en la última reforma agraria, y los conocidos como "pobladores", los poseedores de títulos de propiedad en ese área urbana a través de acuerdos de compraventa.

Los ejidatarios apoyaron el levantamiento armado zapatista de 1994 en demanda de más derechos para los indígenas mientras que algunos pobladores se vincularon a grupos paramilitares que, después de la breve guerra de ese año, fueron usados para controlar a una guerrilla que nunca entregó las armas, aunque está inactiva.

Desde entonces, los muertos y las denuncias de abusos, sobre todo contra campesinos, no han parado de gotear.

En 2015, la situación se complicó cuando los ejidatarios —cuya reivindicación territorial ha llegado hasta la Suprema Corte— expulsaron a las autoridades formales del ayuntamiento e impusieron a toda la población su forma comunal de autogobierno.

El Estado mexicano garantiza ese derecho a los pueblos originarios, pero es rechazado por gran parte de los vecinos de la zona urbana de Tila porque implica, por ejemplo, no poder votar en las elecciones mexicanas, que los ejidatarios controlen las entradas y salidas del pueblo o que no haya policía oficial, sólo la indígena.

La semana pasada, los ejidatarios se reunieron en asamblea para discutir la situación actual y hablaron con The Associated Press a condición de no publicar sus nombres.

Para la mayoría de desplazados, ellos son los ejecutores de todo el terror y quienes se aliaron presuntamente con los narcos. Les llaman "Los Autónomos".

Los campesinos dicen lo contrario, que los criminales son los miembros de un grupo llamado "Karma" que quiere suprimir su autogobierno porque está apoyado por pobladores. Afirman que este grupo recibe ayuda de autoridades de todos los niveles de gobierno y del cártel de Sinaloa.

Los ejidatarios reconocieron que sí quemaron algunas casas, pero aseguran que no fue un acto indiscriminado, sino selectivo contra miembros de Karma, que —aseguran— atacaron a una patrulla de la policía indígena el 4 de junio.

"Sí hubo balazos porque no había más opción", afirmó uno de los ejidatarios. "Nosotros, los legítimos originarios de Tila hicimos una expulsión, que se vayan esos asesinos". Ellos niegan tener contacto con grupos de la delincuencia organizada o con el Cártel de Jalisco.

Un perro se encuentra en una calle vacía debido a la violencia de las bandas armadas, que ha obligado a los residentes a evacuar de Tila, estado de Chiapas, México 10 de junio 2024. (REUTERS/Manuel Orbegozo)
Un perro se encuentra en una calle vacía debido a la violencia de las bandas armadas, que ha obligado a los residentes a evacuar de Tila, estado de Chiapas, México 10 de junio 2024. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha minimizado el problema al considerarlo un enfrentamiento entre "el mismo pueblo". En mayo, en una visita por Chiapas, habitantes de Tila salieron a su encuentro y le pidieron ayuda al advertir que la situación estaba a punto de estallar y la droga estaba llegando a su pueblo.

Ese mismo mes, pero en otro punto del estado, unos encapuchados abordaron a la entonces candidata presidencial Sheinbaum, que hacía campaña en Chiapas, para denunciar que el gobierno no hacía nada contra la inseguridad.

En Tila, al igual que en el estado, gobierna el Partido Verde, aliado del oficialismo y el actual alcalde — una de las personas con más poder en la ciudad y que ha gobernado en varias administraciones— ha sido objeto de denuncias de corrupción y abusos.

Los choques entre ejidatarios y pobladores se incrementaron en los últimos años y desde octubre, coincidiendo con algunos asesinatos, hay vecinos que empezaron a ver armas de mayor calibre, explicó Alejandro Ornelas, párroco del Santuario del Señor de Tila, la iglesia situada en el centro del pueblo y que parece presidir desde lo alto a toda la población.

Desde entonces, "disparan en todos los lugares, las clases (en la escuela) son irregulares, vienen y salen en motos, y no sabemos ni quiénes son; no se identifican claramente", coincide Elisabeth Vázquez, de 53 años, que tiene una tienda de abarrotes frente a la iglesia y decidió no huir de su pueblo.

El sacerdote cree que el crimen organizado "se ha metido en los dos grupos" locales enfrentados posiblemente porque estos están interesados en conseguir armas.

El interior de un edificio quemado durante la violencia de bandas armadas en Tila, estado de Chiapas, México, 10 de junio 2024. (REUTERS/Manuel Orbegozo)
El interior de un edificio quemado durante la violencia de bandas armadas en Tila, estado de Chiapas, México, 10 de junio 2024. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos dijo en un comunicado que hay indicios de que esas organizaciones han comenzado a disputarse el control de las economías legales e ilegales y de las vías de comunicación.

Muchos de los desplazados aseguraron que habían comenzado las extorsiones en el pueblo pero ningún comerciante de la treintena de personas entrevistadas por la AP dijo haber tenido que pagar. Dos de ellos sí dijeron haber recibido recientemente llamadas intimidantes. Carmela Pérez, dueña de una licorería, señaló que a ella le pidieron telefónicamente 30.000 pesos, más 1.500 dólares, justo el día de la balacera.

La violencia del 4 de junio hizo que muchos vecinos consideraran creíble todo lo que veían en redes y cundió el pánico.

Jiménez, el profesor, afirma que en los grupos de WhatsApp y en Facebook "amenazaban con violación a las mujeres y las niñas, el reclutamiento de todos los jóvenes". Decían que todo Tila iba a arder y proliferaban audios en los que se amenazaba con usar "puro calibre 50" o se anunciaba la llegada del Cártel de Jalisco.

Todo era atribuido a "Los Autónomos", el grupo armado apoyado por los ejidatarios, quienes aseguran que todos esos mensajes procedían de sus enemigos.

También se hizo viral la foto de una familia masacrada. Al entrevistar a los desplazados en los albergues aumentaban los detalles de las supuestas torturas sufridas por esa familia: sacarles el corazón, beber su sangre.

Las autoridades confirmaron dos muertos, un hombre y un menor hallados en uno de los lugares incendiados, y la quema de 17 casas y 21 vehículos.

Tres días después de la balacera, 500 militares llegaron para sacar a la población, que se sentía secuestrada. Fueron los que quitaron los árboles que bloqueaban la principal entrada de Tila. Detuvieron a seis ejidatarios.

"Cuando llegó el ejército nos dijeron que desalojáramos porque podía complicarse más, nos evacuaron", asegura Eduardo Pérez, otro maestro de 51 años, con cinco hijos.

Miguel Ángel Lugo, un trabajador del instituto electoral, también se marchó: "Quedarse acá era irresponsable, no sabíamos qué iba a pasar, había amenazas de que todos los que se quedaran iban a ser violentados".

Muchos lo hicieron pero siguieron sin apenas salir a la calle durante semanas.

Según el sacerdote Ornelas, huyeron más de 5.000 personas. Las autoridades hablaron de 4.000 y algunas ONG subieron el número hasta casi 7.000.

Las autoridades intentan que los desplazados regresen a sus casas y la Iglesia Católica media en el diálogo pero la mayoría se niega y pide una base permanente del ejército, algo a lo que los ejidatarios se oponen.

"Queremos que nos den garantías de seguridad", decía Dora María Hernández, una ingeniera de 40 años, refugiada con su familia en la localidad cercana de Yajalón. "La niña pequeña está traumada, dice que ve en sueños gente armada'".

"Yo no tengo dónde regresar", asegura un vendedor de ropa y mecánico de motos que huyó con 14 familiares después de que su casa quedara totalmente calcinada. El hombre corpulento de 61 años pidió no se publicara su nombre por miedo.

Al ser preguntado directamente sobre si pertenecía al grupo Karma, respondió que él se llevaba bien con todo el mundo y agregó una frase perturbadora. "Si hubieran llegado los narcos no hubiera pasado esto, hubieran defendido el pueblo".

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María Corina Machado denuncia atentado en su contra a 10 días de elecciones presidenciales en Venezuela

María Corina Machado en una imagen de Archivo / Foto: Gaby Oraa (REUTERS)
María Corina Machado en una imagen de Archivo / Foto: Gaby Oraa (REUTERS)

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, denunció este jueves un atentado en su contra. Los vehículos en los que se moviliza con su equipo fueron vandalizados, los frenos de uno de ellos manipulados.

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La líder opositora venezolana, María Corina Machado, denunció un atentado contra ella y su equipo, luego de percatarse que durante la madrugada de este jueves los vehículos en los que se trasladan fueron “vandalizados” y les “cortaron la manguera de los frenos”.

“Lo más grave es que son dos camionetas, a esta camioneta le quitaron el tapón y vaciaron todo el aceite del motor y a otro vehículo, cortaron las mangueras de los frenos, ahí está la liga de los frenos, ahí se ve, lo cual es claramente un atentado a la vida de quienes utilizamos estos vehículos”, dijo Machado en un video en el que mostró con detalles las partes de las camionetas que fueron manipuladas.

Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, dijo que el atentado ocurrió en una urbanización privada en Barquisimeto, estado Lara, en el oeste del país, donde pernoctaron tras regresar de un acto de campaña en el estado Portuguesa, desde donde dijo fueron seguidos por agentes gubernamentales que rodearon la zona.

En los videos que publicó en sus redes sociales se ven los vehículos dañados con pintura. En uno de ellos se lee “no más bloqueo”.

La líder opositora responsabilizó al presidente Nicolás Maduro de cualquier daño a su integridad física y la de su equipo.

El atentado ocurre a diez días de las elecciones presidenciales del 28 de julio y un día después del arresto del jefe de seguridad de Machado, Milciades Ávila.

Machado ha estado recorriendo Venezuela en campaña por el candidato presidencial, Edmundo González Urrutia, y ha denunciado una ola de represión y persecución contra opositores.

González Urrutia, que el miércoles suspendió su agenda por un resfriado, aseguró que el amedrentamiento contra Machado y las recientes detenciones de 72 ciudadanos y activistas de su campaña “son actos de cobardía intolerables que atentan contra el desarrollo del proceso electoral”.

“Las autoridades, el Consejo Nacional Electoral y la comunidad internacional que respalda el Acuerdo de Barbados no pueden quedarse al margen frente a estos hechos. Es crucial garantizar un desarrollo pacífico del proceso electoral el 28 de julio en Venezuela”, escribió en su cuenta en X.

En días recientes han aumentado las detenciones de militantes y personas que han ofrecido servicio logístico y técnico para el desarrollo de la campaña presidencial. Por ejemplo, aquellos que alquilan camiones o cornetas utilizadas para que la oposición transmita su mensaje durante los mítines.

Varios hoteles, posadas y restaurantes han sido sancionados y cerrados por el organismo de fiscalización tributaria del país, luego de haber ofrecido sus servicios a dirigentes opositores.

Maduro, que busca su tercer mandato, dijo esta semana que el destino de Venezuela depende de su victoria en los comicios.

“Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo”, afirmó en un mitin.

El ministro de Petróleo y presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Rafael Tellechea, denunció esta mañana que se produjo una explosión e incendio en una tubería de gas en el estado Anzoátegui. Aunque las investigaciones están en curso, aseguró que “todo indica” que el hecho es producto de “sabotaje e incursión de terceros”.

Tellechea afirmó que un sector “extremista” de la oposición ha planificado una agenda para generar escenarios de violencia. En varias ocasiones la oposición ha insistido en que se mantiene en la ruta electoral con el objetivo de alcanzar una transición en Venezuela.

Oposición venezolana confiada en que su candidato ganará las elecciones frente a Maduro

El candidato de la oposición venezolana, Edmundo González, junto a María Corina Machado durante un acto de campaña en la Universidad Central de Venezuela, el 14 de julio. (AP/Cristian Hernandez)
El candidato de la oposición venezolana, Edmundo González, junto a María Corina Machado durante un acto de campaña en la Universidad Central de Venezuela, el 14 de julio. (AP/Cristian Hernandez)

Una participación de millones de personas en las primarias de la oposición, las encuestas y los grandes mítines políticos indican que la coalición Plataforma Unitaria Democrática cuenta con un importante apoyo entre los votantes. 

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La principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática, se mostró confiada en que su candidato a las elecciones presidenciales, Edmundo González, obtendrá la victoria frente al presidente venezolano Nicolás Maduro.

"Todas las encuestas de opinión señalan una contundente mayoría en favor del cambio, en favor de Edmundo González como próximo presidente de Venezuela. Esa brecha se sigue ampliando", dijo en una rueda de prensa el opositor Juan Carlos Caldera.

Los líderes opositores esperan obtener un número significativo de votos emitidos, una realidad con la que los seguidores y aliados del gobierno podrían decidir hacerse a un lado. En esta decisión influirían la presión de la comunidad internacional y la acción determinada de potencias como Estados Unidos, si le ofrecen a Maduro una estrategia de salida que él esté dispuesto a aceptar, señala un análisis de Associated Press.

Una participación de millones de personas en las primarias de la oposición, las encuestas y los grandes mítines políticos indican que la coalición Plataforma Unitaria Democrática cuenta con un importante apoyo entre los votantes.

Venezuela celebrará el próximo 28 de julio las elecciones presidenciales más complicadas en décadas. De ganar, Maduro se mantendría otros seis años en el poder, mientras que un triunfo de la oposición podría terminar con años de descabro administrativo que han sumido al país petrolero en una profunda crisis económica.

Denuncian aumento de la represión

Entretanto, la oposición denunció el domingo una "escalada en la represión" en su contra por parte del gobierno, con nuevos arrestos de militantes a dos semanas de la elección presidencial.

El equipo de campaña que promueve la candidatura de González dijo que al menos nueve personas fueron arrestadas en las últimas horas en cuatro estados del país, reportó la AFP. Otros 14 opositores estaban ya detenidas por los servicios de inteligencia, mientras que seis pidieron refugio en la embajada argentina en Caracas.

"Estamos hablando de funcionarios públicos que reciben órdenes de violentar a personas que, como nuestro candidato Edmundo González Urrutia y nuestra líder, están simplemente ejerciendo su derecho político en un momento en que el país ha sido formalmente declarado en campaña electoral", denunció el abogado opositor Perkins Rocha.

Más de 100 personas vinculadas a la oposición han sido detenidas en Venezuela, con lo que ya suman 301 los presos políticos en manos del gobierno de Maduro.

"Lo que está pasando en Venezuela todos sabemos que es histórico. Lo que ya pasó es histórico, esta tiranía ya la derrotamos, ya la derrotamos", declaró María Corina Machado, líder opositora venezolanainhabilitada por Maduro para ejercer cargos públicos e impedida que postularse a la presidencia.

México anuncia arribo de 2700 médicos cubanos en marco de un convenio criticado por opositores

Médicos cubanos en México. Ismael Francisco/Pool via REUTERS
Médicos cubanos en México. Ismael Francisco/Pool via REUTERS

Cuba enviará otros 2700 médicos a México como parte de un polémico convenio entre ambos gobiernos. La exportación de profesionales de salud es la primera fuente de ingresos de La Habana, mientras organizaciones internacionales denuncian que estos son sometidos a "trabajo forzado".

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El gobierno de México anunció el martes que un nuevo contingente de 2700 médicos de Cuba llegará al país para suplir la falta de especialistas bajo un polémico convenio que, según opositores y representantes del gremio mexicano, busca apoyar económicamentea la isla en detrimento de los profesionales locales.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha defendido pública y frecuentemente al de Cuba, asegura que el país sufre un bloqueo inhumano e injusto y ha firmado convenios con La Habana para recibir a cientos de médicos de la nación caribeña, los primeros durante la pandemia del coronavirus.

"En el último convenio, además de los 950 médicas y médicas (de Cuba) que ya están laborando en 23 estados del país, se están sumando 2700 de estas especialidades, fundamentalmente de medicina interna, pediatría y urgencias", dijo a periodistas el director del seguro social, Zoé Robledo.

La oposición y representantes del gremio mexicano han denunciado que el dinero que se paga por la prestación es en realidad una forma de apoyo económico a La Habana y que algunos médicos no tienen titulación.

Además, afirma que hay cerca de 50.000 profesionales de la salud locales que podrían asumir sus funciones, lo que el Gobierno niega, señalando que los especialistas cubanos son desplazados a zonas donde los galenos mexicanos no quieren trabajar.

Según La Habana, la exportación de sus médicos, que han sido desplegados en 50 países de África y el Caribe, es su primera fuente de ingresos de divisas, mientras Estados Unidos denuncia que los miembros de esas misiones son sometidos a "trabajo forzado", una expresión catalogada de "calumnia" por Cuba.

La ONG Prisonerse Defenders denunció en un informe divulgado en 2022 que los galenos cubanos entraron en México en aviones militares sin pasar los servicios de inmigración y que trabajaban en condiciones de "esclavitud", recibiendo una parteínfima de lo que pagó México por la contraprestación.

Además de recibir a los médicos cubanos, la administraciónde López Obrador inició en 2023 la exportación regular de petróleo a Cuba de la compañía estatal Pemex. Los envíos realizados en el segundo semestre del año pasado fueron valorados en 400 millones dólares.

(Reporte de Raúl Cortés Fernández)

Mandatarios en Latinoamérica condenan incidente registrado en acto de campaña de Trump

El Servicio Secreto patrulla después de múltiples disparos contra el candidato presidencial republicano Donald Trump en Butler, Pensilvania, el 13 de julio de 2024. REUTERS/Brendan McDermid
El Servicio Secreto patrulla después de múltiples disparos contra el candidato presidencial republicano Donald Trump en Butler, Pensilvania, el 13 de julio de 2024. REUTERS/Brendan McDermid
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Mandatarios de varios países de Latinoamérica condenaron el sábado el incidente violento que se registró durante un acto de campaña del expresidente Donald Trump en Pensilvania.

La campaña de Trump indicó en un comunicado que el virtual candidato republicano se encuentra “bien” tras ser retirado del escenario por agentes del Servicio Secreto estadounidense al momento en que cuando aparentemente se escucharon disparos entre los presentes.

De acuerdo con dos funcionarios que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato, el agresor no estaba entre la multitud y fue abatido por agentes del Servicio Secreto.

A través de su cancillería, México condenó el sábado el incidente y le deseó pronta recuperación al expresidente.

Al reprobar lo sucedido a Trump, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo en un mensaje de su cuenta de X que la “violencia es irracional e inhumana”.

La postura de López Obrador fue respalda por la futura presidenta Claudia Sheinbaum.

“Nada justifica la violencia política. En democracia, la libertad de ideas no deja espacio para estos actos”, expresó en su cuenta de la red social la canciller mexicana Alicia Bárcena al condenar también el hecho.

Por su parte, el mandatario guatemalteco Bernardo Arévalo también se manifestó a través de su cuenta en X.

“El camino de la violencia no es el camino de la democracia. Lamento y condeno el atentado sufrido por el candidato Trump en EE.UU., y espero su pronta recuperación”, declaró.

Mientras que en un comunicado oficial, el gobierno argentino señaló que “el presidente Javier Milei expresa su más enérgico repudio al intento de asesinato” y reiteró que “la bala que rozó su cabeza no es solo un ataque a la democracia, sino a todos aquellos que defendemos y habitamos el mundo libre”.

El presidente panameño José Raúl Mulino expresó en la red social X “mi enérgica condena al evento ocurrido contra el expresidente Donald Trump”.

“Este acto de violencia, atenta contra la seguridad y la estabilidad democrática”, subrayó.

En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro repudió la noche del sábado, en medio de un acto de campaña, el atentado contra Trump, a quien le deseó una pronta recuperación.

“Hemos sido adversarios, pero le deseo al presidente Trump, salud y larga vida”, afirmó. “Que Dios bendiga al pueblo de los Estados Unidos y le dé la paz, le dé la tranquilidad”.

"Me mareo cuando veo a Maduro"; líder chavista aparece 13 veces en la boleta electoral

Esta imagen proporcionada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela muestra la boleta de las elecciones presidenciales antes de las elecciones del 28 de julio de 2024. (Foto, CNE vía AP)
Esta imagen proporcionada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela muestra la boleta de las elecciones presidenciales antes de las elecciones del 28 de julio de 2024. (Foto, CNE vía AP)

Muestra una sonrisa confiada, está bien peinado y tiene los ojos ligeramente entrecerrados: el primer candidato que probablemente uno vea en la boleta de las próximas elecciones presidenciales de Venezuela es el presidente Nicolás Maduro, quien busca reelegirse.

A diferencia de algunos de sus nueve rivales, Maduro aparece no una o dos veces, sino 13 veces en la boleta, y seguramente captará la atención de los votantes.

Cada vez, es para uno de los varios grupos políticos que representa en las muy esperadas elecciones presidenciales del 28 de julio. Maduro ocupa la primera fila entera de las cuatro que tiene la papeleta, mientras que el resto de las fotos de los candidatos están esparcidas aquí y allá, incluida la del exdiplomático Edmundo González Urrutia, el único contendiente con posibilidades reales de negarle al presidente un tercer mandato.

Aún así, la gran cantidad de imágenes de Maduro que aparecen en la boleta desmiente la gravedad del momento.

Venezuela enfrenta su prueba electoral más dura en décadas. El resultado podría darle a Maduro otros seis años en el poder o poner fin a las políticas autodenominadas socialistas que alguna vez impulsaron exitosamente los programas contra la pobreza, pero cuya mala gestión sostenida luego empujó al país a una crisis económica en curso.

Las reglas electorales de Venezuela permiten que las fotografías de los candidatos aparezcan en las boletas —las electrónicas dentro de Venezuela y las impresas para quienes votan en el extranjero— tantas veces como el número de partidos que las apoyan. La boleta de este año tiene 38 fotografías, cada una con el nombre y el partido de cada candidato debajo.

Los volantes con la ficha de Maduro, en Agua de Maíz, Caracas el 11 de julio de 2024.
Los volantes con la ficha de Maduro, en Agua de Maíz, Caracas el 11 de julio de 2024.

Los votantes venezolanos experimentados también están acostumbrados a ver a muchos candidatos en las pantallas táctiles utilizadas en las elecciones del país sudamericano.

Pero para algunos, tantas fotos pueden resultar confusas.

"Me mareo cuando veo a Maduro tantas veces en ese tarjetón, pero el peligro sé que está en los candidatos que no nos representan", dijo Sonia Guevara, oficinista de 38 años, en referencia a algunos candidatos de la oposición que son vistos como cercanos al gobierno.

Un ejemplo de ello es el caso de Luis Martínez, el candidato de Acción Democrática (AD), un partido tradicional de oposición cuyo liderazgo fue suspendido hace meses por el máximo tribunal, que es leal a Maduro.

Martínez decidió no apoyar a González, el contendiente de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

"Esto confunde. He tenido que explicarle a mi mamá muchas veces que el AD del tarjetón no es el AD por el que ella voto siempre", señaló Guevara. "Mi mami tiene 71 años y le digo que no vote por AD esta vez".

González aparece tres veces en la boleta. Martínez, considerado un aliado del gobierno, seis.

Se estima que el número de votantes elegibles antes de las elecciones de este mes ronda los 17 millones. Otros 4 millones de venezolanos que viven en el extranjero están registrados para sufragar, pero solamente unos 69.000 cumplieron los requisitos establecidos por el gobierno para emitir su voto en el extranjero. Los costosos y prolongados requisitos gubernamentales para registrarse, la falta de información y una prueba obligatoria de residencia legal en un país anfitrión impidieron que muchos migrantes se inscribieran para votar.

Francisco Maldonado, un comerciante caraqueño de 50 años, está listo para votar.

"A estas alturas creo que todos sabemos por quién vamos a votar, pero más que nunca tenemos que tener cuidado, el mismo cuidado que tenemos cuando usamos un cajero", comentó. "No podemos equivocarnos al marcar".

La población exacta de Venezuela no está clara, ya que el último censo en el país sudamericano se realizó en 2011. En ese momento, se concluyó que había 27,2 millones de personas, pero debido a la crisis política, económica y social en la última década, más de 7,7 millones se han ido.

Laura Dib, directora del Programa Venezuela en WOLA, una organización no gubernamental con sede en Washington centrada en los derechos humanos en el Continente Americano, dijo que incluso si es común que la cara de un candidato se repita en la boleta, al aparecer 13 veces, hace que Maduro sea "visualmente el más fácil de identificar".

Considerando que la facción opositora que apoya a González no tiene acceso a los medios oficiales en Venezuela, Dib dijo que "la oposición tiene más dificultades para educar a los votantes sobre cómo votar".

También señaló que hay otros asuntos confusos: algunos partidos están usando los mismos colores en la boleta que los que apoyan a Maduro. Y a un candidato de un grupo opositor menor se le permitió usar el mismo color que el del principal grupo de candidatos de la oposición.

Eso, dijo Dib, "también genera confusión y viola las reglas del CNE", en referencia al Consejo Nacional Electoral.

Además, la ley electoral permite a los partidos sustituir candidatos 10 días antes de la jornada electoral, aunque ese cambio puede no reflejarse en las papeletas, que ya han sido programadas en las máquinas electrónicas o impresas para el voto en el extranjero.

Si la gente vota por un candidato que ha sido reemplazado, indicó Dib, "esos votos emitidos serán nulos".

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