"La migración irregular es increíblemente costosa. Muchos migrantes se enfrentan a situaciones de extorsión muy difíciles", alerta la Embajada de Estados Unidos en Cuba en un audiovisual informativo sobre este fenómeno, que el año pasado trajo a las fronteras del país a más de 200 mil personas procedentes de la isla caribeña.

Muchos de esos cubanos, en medio de una profunda crisis económica y el aumento de la represión política, vendieron sus pocas propiedades y pertenencias y arriesgaron todo en peligrosas rutas por Centroamérica, o se lanzaron a las aguas del Estrecho de la Florida, con el objetivo de llegar a Estados Unidos.

Solo en el año fiscal 2022, un total de 2,214,652 personas arribaron a territorio estadounidense de forma irregular; de ellas, más de un millón "fueron enviadas de vuelta al llegar a la frontera", algunas por vía aérea, recordó la sede diplomática.

El video forma parte de una campaña de prevención que el Departamento de Estado de EEUU lleva adelante en sus redes sociales para desalentar a los inmigrantes que siguen las rutas ilegales guiados por "coyotes" y otros traficantes de personas hasta sus fronteras.

"No arriesgues tu futuro, hay vías legales para emigrar a EEUU que no requieren ir a la frontera", subraya el audiovisual.

Entretanto, los cubanos siguen intentando llegar a Estados Unidos de forma irregular. Un total de 9.008 cubanos lo hicieron en abril, según cifras reportadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). En lo que va de año fiscal 2023, que inició el 1 de octubre pasado, CBP ha documentado el arribo de 143.926 cubanos.

En un mensaje compartido en su cuenta de Twitter el mes pasado, la Embajada de EEUU en La Habana recalcó que la fronteras de su país "no está abierta", y dijo que Estados Unidos tiene a "24.000 agentes y oficiales de la Patrulla Fronteriza en la frontera suroeste", y ha enviado, además, a "miles de tropas y personal contratado, y más de mil oficiales de asilo para ayudar a hacer cumplir nuestras leyes".

La sede diplomática hizo este recordatorio luego de que, el 12 de mayo, Estados Unidos desactivara la orden de salud pública conocida como Título 42 y volviera a ser efectivo el anterior Título 8.

"El fin del Título 42 no significa una frontera abierta, sino todo lo contrario", subrayó entonces el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Estados Unidos ha tomado medidas severas contra quienes violen sus leyes migratorias bajo el Título 8, estableciendo el procedimiento de deportación rápida a México o el país de origen, aplicando una prohibición de cinco años para regresar a EEUU luego de una deportación, y el encausamiento criminal por intentar entrar de manera ilegal repetidamente.

Además, a partir del 27 de abril, los migrantes que son interceptados en el mar quedan inhabilitados indefinidamente para los procesos de parole humanitario en vigor, que benefician con la entrada legal a EEUU, por un período de dos años y con derecho a trabajar, a hasta 30 mil ciudadanos por mes procendentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

El subsecretario de seguridad nacional para política fronteriza e inmigración, Blas Núñez-Neto, dijo que desde el 5 de enero hasta hoy más de 29,000 ciudadanos de Cuba han recibido autorización de viaje a través del proceso de parole “que comienza con un patrocinador en los Estados Unidos que puede probar asistencia financiera para los individuos que quieren venir a los Estados Unidos”.

"La demanda para este programa ha sido enorme. Ya hemos dejado entrar más de 29,000 ciudadanos de Cuba a los Estados Unidos usando este proceso. También anunciamos unos cambios al proceso hace un par de semanas, que involucran un proceso en el cual la mitad de las citas diarias van a ser asignadas mediante una lotería y con eso lo que estamos tratando de intentar es dar la esperanza a cualquiera que ha aplicado”, dijo el funcionario en una conferencia de prensa virtual.

A una pregunta sobre si funcionarios del Gobierno cubano han ingresado a los Estados Unidos usando el proceso de parole, Nuñez-Neto contestó que "el proceso de parole está abierto para cualquier ciudadano cubano".

"Cualquier ciudadano que utiliza el proceso tiene que pasar por una robusta revisión de nuestros sistemas de seguridad nacional y seguridad pública y si hay individuos que tienen cualquier problema en su historial que requiere investigación, no entrarían en el proceso.

Señaló además que “desde el 12 de mayo Estados Unidos ha repatriado más de 22,000 individuos, incluyendo adultos solteros y familias, a más de 70 países y que esa cifra incluye más de 1,300 ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, que fueron devueltos a México.

Núñez-Neto mencionó que no se están viendo muchos ciudadanos de Cuba aparecer en la frontera sin una cita a través de la aplicación CBP One y lo atribuyó “a los canales legales que se han implementado”.

Sin embargo, advirtió que si alguien se encuentra en la frontera cruzando de manera ilegal, sin usar la aplicación CBP One, sería procesado para repatriación acelerada y que esto incluye a los cubanos que llegan por vía marítima.

“Eso sí, también estamos ofreciéndoles a los ciudadanos cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos la oportunidad de volver a México de manera voluntaria para seguir siendo elegibles para participar en este proceso de parole o CBP One, así que hay opciones para los ciudadanos de Cuba en la frontera, pero si insisten en cruzar de manera ilegal y pasar por el proceso de repatriación acelerado, podrían ser devueltos con órdenes de repatriación a Cuba o México”, añadió Núñez-Neto.

El funcionario dijo además que se están dando los toques finales a cambios en el programa de reunificación familiar para tratar de tener un proceso más eficiente, añadiendo que no quería adelantarse al anuncio que, según dijo, se hará en poco tiempo.

Núñez-Neto asimismo aclaró que “los niños no acompañados no son elegibles para este proceso de parole, así que no se debe utilizar esta vía para venir a los Estados Unidos".

“Hay vías legales que existen para reunificar a los niños con sus padres si están en los Estados Unidos y deberían ir a la embajada americana en La Habana para preguntar cómo solicitar esas vías. Hemos tenido niños no acompañados que llegan por este programa, pero eso ha sido excepciones muy raras y por problemas de cómo se procesaban inicialmente, que se han corregido y esperamos no seguir recibiendo niños acompañados por este programa”, explicó.

Recordó que “como parte de los acuerdos de migración” entre Estados Unidos y Cuba se comenzaron a operar vuelos de repatriación a Cuba para las personas que no establecen una base legal para permanecer en los Estados Unidos.

“Hemos operado 2 vuelos desde que se recomenzaron los vuelos de repatriación, uno en abril y uno en mayo, y seguiremos operando los vuelos en base al el número de personas que tenemos para repatriar “, dijo.

El estado de Texas ha entablado una demanda contra el gobierno del presidente Joe Biden en un intento por desechar una regla relacionada al asilo implementada recientemente, argumentando que la app que usan los migrantes para agendar citas en la frontera para ingresar a Estados Unidos alienta la inmigración ilegal.

La demanda entablada el martes es el más reciente recurso legal que ataca distintos aspectos del plan del gobierno federal para lidiar con la migración después de que se levantara una restricción al asilo implementada durante la pandemia conocida como Título 42.

En la querella, Texas argumenta que la regla de asilo alienta el uso de la app celular —de nombre CBP One— para que los migrantes que no cuentan con la documentación debida agenden una cita para presentarse en un puerto de entrada y busquen ingresar a Estados Unidos.

Texas afirma que Washington básicamente está alentando a las personas a venir a Estados Unidos aun si no tienen los argumentos legales para quedarse.

"El gobierno de Biden concibió deliberadamente esta app con el objetivo de preaprobar ilegalmente a más extranjeros para ingresar al país y vayan a donde les plazca una vez que lleguen", dijo el fiscal general de Texas, Ken Paxton, en un comunicado de prensa.

La denuncia fue presentada en el distrito occidental de Texas.
Aunque la demanda gira en torno a la app, busca desestimar todo el nuevo plan de asilo. La regla entró en vigor después de que el Título 42 expiró el 11 de mayo. La orden hace que obtener el asilo sea sumamente difícil para los migrantes que viajaron hacia la frontera sur si primero no solicitan protección en un país que hayan atravesado en su camino hacia Estados Unidos o si no presentan una solicitud a través de la app.

El uso de la aplicación es parte fundamental del plan del gobierno para crear un sistema más ordenado en la frontera, donde los migrantes deben agendar una cita con antelación, pero cuando la app fue lanzada en enero recibió fuertes críticas debido a que presentaba problemas tecnológicos y al hecho que desde entonces la demanda ha superado por mucho los espacios disponibles. Los migrantes pueden agendar citas para un puerto de entrada en particular, cinco de los cuales se encuentran en Texas.

Texas argumenta que, según la ley federal, las personas que ingresen ilegalmente al país — con raras excepciones — deberían ser repatriadas, pero que la app no verifica si los migrantes que agendan citas serían elegibles para excepciones. El estado argumenta que, por lo tanto, el uso de la app por parte del gobierno de Biden esencialmente alienta a las personas a venir a Estados Unidos incluso si no son elegibles. Texas también arguye que tiene que enfrentar una carga financiera por los migrantes que entran al país por cuestiones como atención médica o educación.

La nueva regla relacionada con el asilo también ha sido blanco de críticas por grupos defensores de los derechos que argumentan que Estados Unidos tiene la obligación de ofrecer asilo a quienes tienen una necesidad urgente. Han interpuesto una demanda en la que también buscan desestimar la medida.

Texas también forma parte de una denuncia en la que se acusa al gobierno federal de exceder su autoridad al permitir que hasta 360.000 personas procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ingresen cada año a Estados Unidos con un permiso condicional humanitario.

Con el fin de “beneficiar a los cubanos residentes en Cuba y en el exterior, así como la relación familiar entre estos”, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba anunció este martes la aprobación de tres nuevas medidas de carácter migratorio-consular que entrarán en vigor el próximo primero de julio y flexibilizarán la política con respecto a los ciudadanos cubanos residentes en el exterior. Sin embargo, para quienes permanecen regulados (con prohibición de salida) en la isla, o desterrados en otros países, esta noticia dice poco o nada.

“Regulado no, yo tengo bloqueado el derecho de salida, así es como le digo, porque esa palabrita de regulados es un descaro de los comunistas que nosotros hemos asumido”, aclaró a Martínoticias el opositor y periodista independiente Boris González Arenas, residente en La Habana y colaborador de Diario de Cuba.

Boris González no puede viajar fuera de Cuba desde 2019. Lo supo en el Aeropuerto Internacional José Martí, cuando intentó tomar un vuelo a Panamá para asistir a una reunión entre opositores cubanos y las autoridades prohibieron que abordara. Su caso no era el único.

Si bien desde los primeros años del régimen castrista siempre hubo restricciones a la libertad de movimiento de los ciudadanos, tras la reforma migratoria de 2013, durante el mandato de Raúl Castro, muchas figuras de la disidencia comenzaron a viajar al exterior con frecuencia, pero esa situación no perduraría.

Una investigación de Diario de Cuba y CONNECTAS, publicada en 2020, documentó 245 casos de artistas, religiosos, comunicadores y activistas cubanos que estuvieron o estaban regulados por motivos políticos entre enero de 2019 y finales de marzo de 2020. Al régimen comenzó a molestarle que las personas que catalogaba como disidentes salieran y volvieran a la isla y no emigraran definitivamente.

Sin dudas, las medidas recientemente anunciadas constituyen uno de los pasos más importantes dados por Cuba en materia migratoria desde 2013. Incluyen la extensión de la validez del pasaporte ordinario de seis a diez años para los mayores de 16 años de edad, la eliminación del requisito de prórroga cada dos años, la disminución del costo de los trámites en los consulados, la equiparación del tiempo de estancia en Cuba de los cubanos emigrados con el de sus familiares extranjeros y el establecimiento del requisito de presentar el pasaporte cubano para quienes emigraron antes del primero de enero de 1971.

Pero para González Arenas esos cambios no tienen ninguna importancia. “No me traen ningún beneficio y realmente no veo ningún cambio en nuestra condición en un futuro inmediato”, dijo.

“Yo creo que impedirnos salir de Cuba, como impedirles a algunos activistas entrar, como dificultar la vida a los activistas dentro de Cuba o fuera de Cuba, como los presos políticos, es parte de una misma política del agravamiento del seno represivo del castrismo frente a la realidad de que ha perdido poder, a no ser el poder de la fuerza. No se lo pueden permitir. Es una cuestión de sobrevivencia de ellos”, comentó.

El activista Adelth Bonne Gamboa, quien se encuentra regulado desde agosto de 2022, afirmó que en el caso de las personas como Boris y él ese tipo de noticias no generan tristeza ni alegría. “Nos da igual”, dijo.

“Es una artimaña más de ellos (el régimen) para intentar atraer más gente y que la gente vuelva. Ese discurso que ellos tienen de que su prioridad es que los cubanos se reconcilien con la patria y esa bobería, a personas como nosotros, que estamos regulados, no nos incluye. Nos da igual que el pasaporte dure un día, dos años, que 20 años, porque no podemos salir de aquí. Ellos nos tienen presos”, afirmó.

Las nuevas disposiciones tampoco significan mucho para quienes no pueden regresar a Cuba por motivos políticos, sea porque fueron explícitamente desterrados o porque tienen temor a sufrir represalias. Una realidad que, al igual que la de Boris y Adelth, existe desde los mismos años sesenta. Desde esa década existen testimonios y reportes de personas que fueron impedidas de volver o incluso forzadas a irse del país.

Entre los casos más emblemáticos de este siglo se encuentra el del Grupo de los 75 presos políticos de la Primavera Negra de 2003. La mayoría salió de la cárcel entre 2010 y 2011 directo para el exilio en España junto con sus familias, luego de una serie de negociaciones entre los gobiernos de Cuba y España y la Iglesia Católica.

Muy pocos decidieron desafiar al régimen y continuar en Cuba haciendo activismo y, de estos, dos se encuentran de nuevo privados de libertad desde las protestas populares de julio de 2021: los líderes José Daniel Ferrer y Félix Navarro, de Santiago de Cuba y Matanzas, respectivamente.

Años más tarde, en 2019, la organización española PrisonersDefenders realizó un informe con cuatro relatores especiales de Naciones Unidas que informaron que al menos 39 defensores de derechos humanos, periodistas y activistas sociales y políticos de Cuba habían sido obligados a expatriarse entre el 18 de marzo de 2015 y el 26 de mayo de 2019.

Sin embargo, muchos de esos casos no tuvieron la repercusión mediática del Grupo de los 75 o de otros que vendrían después, como los de los artistas Hamlet Lavastida, Tania Bruguera y Camila Lobón, el dramaturgo YuniorGarcía, la escritora Katherine Bisquet, la curadora Carolina Barrero, los activistas Esteban Rodríguez y Héctor Luis Valdés, entre otros.

La periodista Luz Escobar, colaboradora de Diario de Cuba y quien llegó a España en 2022 con sus dos hijas menores de edad y su esposo, contó a Martínoticias que ella estuvo regulada desde mayo de 2019 hasta que decidió salir de Cuba con su familia definitivamente y se lo comunicó a la Seguridad del Estado durante un interrogatorio con el propósito de que levantaran la prohibición.

“Desde que yo empecé en el periodismo, las primeras amenazas eran esas, de que me iban a regular. Ellos no lo hicieron durante varios años, hasta 2019, y después empezaron a decir que me iban a meter presa. Y bueno, salí de Cuba antes de que eso se volviera una realidad”, explicó.

Antes de tomar el avión, Escobar tuvo que hablar con varios oficiales de la Seguridad del Estado. Dijo que ahí le “leyeron la cartilla” y le advirtieron que la dejarían salir si era con la intención de establecerse en otro país, pero que ella continuaría regulada. “Me dijeron que podía salir pero que no podía estar virando, a no ser que pasara algo muy excepcional, y que no podía estar trayendo dinero o equipos para periodistas”, agregó.

Pero esa no ha sido la historia de la periodista Karla Pérez, la profesora e investigadora Omara Ruiz, la curadora AnamelyRamos o el periodista Carlos Manuel Álvarez, que han sido impedidos de abordar vuelos con destino Cuba desde Panamá y Estados Unidos. Y no son los únicos reportados en los últimos años sino apenas los más mediatizados.

En el caso de Karla Pérez, ocurrido en marzo de 2021, el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores que esta semana se pronunció a favor del acercamiento de las familias cubanas con sus nuevas medidas, organizó una conferencia de prensa para justificar la prohibición de entrada de la joven, que entonces tenía 22 años. La funcionaria YaíraJiménez Roig, jefa de Comunicación e Imagen de la institución, dijo entonces que Pérez era “un instrumento” para “acciones desestabilizadoras contra Cuba” y, por tanto, no podía volver a su país natal.

En Cuba, a Karla Pérez la esperaban entonces sus padres, una hermana, más otros familiares y amigos, a quienes no veía desde hacía unos cuatro años, luego de que la expulsaran de la carrera de Periodismo en la Universidad Marta Abreu por sus posturas políticas y marchara a Costa Rica a estudiar. También en Cuba Isabel Urquiola, la madre de Omara Ruiz, espera por su hija, como mismo esperan tantas otras familias de personas exiliadas o desterradas por medidas para “cubanos” que también incluyan a sus seres queridos.

Miles de cubanos siguieron intentando llegar a territorio estadounidense durante el mes de abril, según las cifras que acaba de publicar la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su siglas en inglés) de ese país.

La agencia federal documentó la llegada de 9.008 cubanos. Del total, 1.614 lo intentaron por la frontera sur con México, 27 por la frontera norte con Canadá, y la gran mayoría, 6.520 por distintos puntos del estado de la Florida, destacándose los 5.929 por las oficinas de Miami, que han reportado un crecimiento sostenido en la llegada de inmigrantes cubanos en este periodo fiscal.

En lo que va de año fiscal 2023, CBP ha documentado un total de 143.926 casos de inmigrantes cubanos en territorio estadounidense.

Los datos registrados por la autoridad migratoria incluyen detenciones del Título 8, efectuadas por la Patrulla Fronteriza de EEUU (USBP), los declarados inadmisibles del Título 8 de la Oficina de Operaciones de Campo (OFO) y las expulsiones del Título 42.

Durante el mes de abril un total de 28.738 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos recibieron la libertad condicional para ingresar al país por parte de la Oficina de Operaciones de Campo de CBP a través de los procesos del parole humanitario.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés) informó que desde el miércoles 17 de mayo de 2023 cambió el mecanismo de selección del parole.

Según explica un comunicado, bajo el nuevo proceso de revisión, USCIS "seleccionará al azar aproximadamente la mitad del total mensual, independientemente de la fecha de presentación de todos los Formularios I-134A pendientes, para determinar si el caso puede ser confirmado. La otra mitad del total mensual de Formularios I-134A se revisará en orden de recibo según la fecha de presentación del caso, lo que prioriza el Formulario I-134A más antiguo para su revisión", agrega el Servicio de Ciudadanía e Inmigración estadounidense.

Con la entrada en vigor del Título 8, los individuos que pasen ilegalmente la frontera de Estados Unidos son procesados bajo la autoridad de deportación acelerada en cuestión de días, se les impide el reingreso a los Estados Unidos durante al menos cinco años, si se ordena su expulsión, y quedan inhabilitados para procesos de asilo y parole.

EEUU también anunció la activación de alrededor de 100 centros de procesamiento en Guatemala, Colombia y otros lugares de la región para que los migrantes soliciten permiso para ingresar a Estados Unidos, España o Canadá. También ha estado admitiendo a mil personas por día en cruces terrestres con México si lo solicitan por medio de la aplicación móvil CBPOne.