América Latina
Sociedad civil venezolana postula 15 candidatos al Consejo Nacional Electoral
Setenta organizaciones de la sociedad civil venezolana anunciaron este martes la presentación de 15 candidatos a las rectorías del Consejo Nacional Electoral (CNE) que elegirá la Asamblea Nacional (AN) en diciembre, de abrumadora mayoría chavista.
Los proponentes valoran que se trata del “primer paso” para lograr un acuerdo político que permita al país restituir la confianza en el voto tras la realización de varios procesos electorales en los últimos tres años sin la participación de la oposición, según Mariela Ramírez, de la organización Dame Letra.
En conferencia de prensa virtual, explicó que los postulantes son conscientes de que el Parlamento vigente “no goza de legitimidad y nace de un proceso cuestionado”, pero acotó que ello no debe ser “un nuevo obstáculo” para la selección de un poder electoral que ayude a destrabar la crisis política nacional.
“Solo un acuerdo político podrá dotar al país de un poder electoral que genere confianza y restituya el valor del voto como instrumento soberano”, dijo.
Las candidaturas representan una estrategia política distinta a la propuesta por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por 50 gobiernos, quien descarta negociaciones con el chavismo y la participación en las elecciones de gobernaciones y alcaldías previstas para este año.
Por su parte, la UE pide diálogo en Venezuela y considera a Guaidó un "interlocutor privilegiado". El bloque europeo manifestó en enero que la “única salida” a la crisis en Venezuela es retomar las negociaciones políticas y establecer un proceso de transición que se traduzca en unas “elecciones creíbles”.
En una entrevista reciente, Josep Borrell, Alto Representante del bloque europeo para política exterior, dijo que no ve señales para otra negociación y que espera a la postura al respecto del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
La lista de postulados al CNE incluye a expertos en el tema electoral venezolano, que se han convertido en referencias sobre la materia dentro de la oposición, como Luis Lander, del Observatorio Electoral Venezolano, el periodista Eugenio Martínez o el ingeniero Roberto Picón.
También, aspiran a integrar el CNE el expresidente de la cámara empresarial nacional, Francisco Martínez, así como exautoridades universitarias y un grupo de hombres y mujeres que fungieron como asesores del poder electoral.
Ramírez precisó en su intervención que la participación ciudadana en la selección del nuevo CNE busca lograr un escenario idóneo para sacar al país del “estancamiento” mediante unas elecciones genuinamente democráticas.
Acuerdo Imperativo
José Domingo Mujica, de la Red de Observación Electoral venezolana, explicó asimismo que las candidaturas procuran “la búsqueda de consenso” entre los actores políticos y nacen de los pronunciamientos públicos de algunos sectores que llaman a la reincorporación en la vía electoral en el país.
“Ratificamos nuestro compromiso y buena voluntad para la búsqueda de consensos que nos permitan a los venezolanos recuperar nuestros derechos civiles y políticos. Aspiramos a contribuir, a suscitar, un amplio debate nacional sobre el CNE”, declaró tras leer los nombres de los 15 postulados.
Mujica llamó a la comunidad internacional a que apoye “de manera coordinada y propositiva” los esfuerzos de la sociedad civil venezolana para demandar un acuerdo electoral que derive en beneficios para la población.
Ramírez, por su parte, reveló que han tenido conversaciones con actores internacionales y con el mismo chavismo sobre sus postulaciones.
Detalló que las conversaciones con los diferentes actores políticos han sido “permanentes” y expresó el anhelo de la sociedad civil de que los discursos inclusivos recientes de figuras del oficialismo se noten en la elección del CNE.
“Es necesario que esa voluntad política que se ha escuchado en los discursos se convierta en una realidad. No hay sanciones por aceptación de cargos o postulaciones”, expresó ante una pregunta de la prensa sobre sus temores de que los candidatos de la sociedad civil sean sancionados en el extranjero.
Mencionó entre las condiciones electorales a las que se aspiran que el CNE sea un árbitro imparcial, la habilitación absoluta de candidatos y la observación internacional plural, a fin de que la elección nacional sea “justa y verificable”.
¿Único camino?
Mujica, también miembro de la Asamblea de Educación, refirió que “no hay otra vía” que conversar con el chavismo para escoger al nuevo CNE.
“No es posible que esta iniciativa tenga éxito si no se cuenta con una voluntad de entendimiento por parte del sector oficialista, pues domina por completo la Asamblea Nacional. Tiene poder para elegir el CNE que le parezca”, reconoció, antes de apelar a “la buena voluntad” de quienes participen en las eventuales negociaciones políticas sobre asuntos como la selección del ente electoral.
Mujica opinó que el fin del “entrabamiento” de la crisis política podría iniciar con la designación de un CNE balanceado, equitativo, que logre credibilidad.
“No hay otra vía, tenemos que entrar a dar esta batalla en el marco de esta AN actuante, electa en las elecciones de diciembre pasado”, remarcó.
Roberto Picón, uno de los postulados, experto en sistemas electorales, advirtió que la sociedad civil es la única de los cuatro pilares fundamentales de la democracia que aún funciona correctamente en Venezuela.
“Los otros tres no existen: la separación de poderes, [la confianza] en el voto, los partidos. La sociedad civil goza de mucho reconocimiento y se ha mantenido aislada del conflicto existencial (político) y prestando sus servicios”, indicó.
Exhortó a que haya “la presión cívica necesaria para que los acuerdos se den” y se logre un CNE reconocido por todo el país de cara a las futuras elecciones.
(Artículo de la Voz de América)
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Detenidos otros tres opositores en Venezuela (VIDEO)
Tres partidarios de la opositora venezolana María Corina Machado han sido detenidos en los últimos días, luego de asistir a actos de campaña con vista a las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Ámbar Márquez, vicepresidenta de organización del partido Primero Justicia (PJ) en el municipio Santa Rosalía; Víctor Castillo, coordinador y jefe del comando de campaña en el mismo municipio, y Oscar Castañeda, militante de Vente Venezuela, fueron arrestados por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el estado Portuguesa, a 400 kilómetros de Caracas.
Los activistas detenidos fueron presentados en los tribunales y sin derecho a la defensa, denunciaron varias fuentes de la oposición.
Los partidos de oposición Vente Venezuela y Primero Justicia exigieron la liberación inmediata de los dirigentes, cuyos arrestos se suman a los de otros siete jefes de campañas regionales.
La organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política.
Edmundo González Urrutia, un diplomático jubilado de 74 años se perfila como único rival del gobernante Nicolás Maduro en los próximos comicios presidenciales del 28 de julio, como candidato unitario de la llamada Plataforma Unitaria Democrática (PUD), una coalición de 10 partidos de oposición.
La postulación de González Urrutia fue admitida por el Consejo Nacional Electoral.
Maduro acusa a exministro Tareck El Aissami de conspirar con la oposición para derrocarlo
El mandatario venezolano Nicolás Maduro acusó este lunes al exministro de Petróleo Tareck El Aissami de conspirar en su contra, además de estar vinculado a la trama de corrupción por la que fue detenido a principios de abril.
Maduro señaló que las investigaciones apuntan a que El Aissami conspiraba con líderes de la oposición para derrocarlo, entre ellos los exiliados Leopoldo López y Julio Borges.
"Teníamos a los corruptos y traidores al lado, los tenía, los tenían, y ni por mi mente me podía pasar que me pudieran traicionar o que pudieran estar robando", dijo el gobernante en su programa semanal de radio y televisión.
Aunque López negó las acusaciones del oficialismo con respecto a El Aissami, admitió haber sostenido conversaciones "para explorar la salida de Maduro". En un post en X dirigido al fiscal general Tarek William Saab, el opositor exiliado en España acusó al alto funcionario de haber participado en gestiones similares.
"@TarekWiliamSaab, tú más que nadie sabes que también has tenido conversaciones para explorar la salida de Maduro. Muchos son los que lo han hecho y lo hacen dentro de la dictadura. Así que no te hagas el loco, montando una nueva olla en mi contra. A ti también te tienen grabado. Todo cae por su propio peso", escribió.
Borges también negó los vínculos con El Aissami.
"@TarekWiliamSaab, ustedes saldrán del poder con la unidad y el voto del pueblo. Son corruptos y mentirosos. Los venezolanos seguiremos luchando para que ustedes no sigan destruyendo a Venezuela. Hoy más que nunca #UnidadYVoto, lo vamos a lograr el #28Jul", dijo en la red social X, en referencia a los esfuerzos de la oposición por derrocar a Maduro en las urnas, que se han visto afectados por la inhabilitación de candidatos como María Corina Machado y Enrique Capriles.
Maduro dijo en el programa que su gobierno tiene pruebas de llamadas telefónicas y videoconferencias entre opositores y el empresario Samark López, considerado por muchos un testaferro al servicio de El Aissami. "La derecha estaba articulada para destruirnos desde adentro", afirmó.
El Aissami fue detenido a principios de abril por sus presuntos vínculos con una trama millonaria de corrupción que operaba en la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y otras empresas estatales. El exministro de Petróleo había renunciado a su cargo luego de que fueran detenidos varios altos funcionarios de su entorno relacionados con el caso.
La Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró en 2017 a El Aissami como un “narcotraficante especialmente designado”.
El acusado comparecerá prontó ante una audiencia preliminar, dijo el fiscal general, sin mencionar la fecha.
Otras 65 personas, incluido Samark López, permanecen detenidas en relación con el caso, bajo acusaciones de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Según explicó Saab, la Fiscalía detectó a una red de funcionarios en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos que habrían ejecutado operaciones comerciales paralelas en PDVSA, Cartones de Venezuela y la Corporación Venezolana de Guayana, un consorcio que administra a varias empresas siderúrgicas y los recursos de hierro, bauxita, oro y diamantes.
El daño causado por los implicados es "incalculable en millones de dólares", dijo el fiscal general.
Delegación de paz del gobierno de Colombia dice que es "inviable" doble negociación con guerrilla ELN
BOGOTÁ (AP) — La delegación del gobierno colombiano para los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pidió el sábado al presidente Gustavo Petro tomar una decisión entre continuar la negociación en una mesa nacional con esa guerrilla o una regional con una facción.
La mesa de negociación con el ELN entró en un momento de tensión luego de que el gobierno avaló un diálogo regional paralelo que impulsan las autoridades locales de Nariño con la facción denominada "Comandos del Sur". La dirigencia de la guerrilla consideró que ello busca presentar un ELN dividido.
El desarrollo de las conversaciones "en dos instancias con una misma organización" —por un lado la mesa nacional vigente con el ELN y, por otro, con un frente guerrillero— "es jurídica y políticamente inviable", señaló un comunicado suscrito por la jefa de la delegación, Vera Grave, y el representante gubernamental, el senador Iván Cépeda.
La delegación solicitó a Petro "tomar la decisión que considere" sobre continuar los trabajos en una de las dos instancias o determinar si la estructura de Nariño ha dejado de ser parte de la organización que participa en la mesa nacional "para desarrollar con ella un proceso autónomo".
El pedido de la delegación se produce tras difundirse la víspera unas declaraciones de Gabriel Yépez, autoidentificado como jefe del Frente Comuneros del Sur, a Blu radio de Colombia, señalando que si desde la guerrilla del ELN "buscaron excusarse en Comuneros del Sur para levantarse (de la mesa) es muy irresponsable".
"Nosotros no estamos envenenando ningún diálogo, nosotros estamos haciendo parte y seguiremos haciendo parte de la construcción de paz territorial de Nariño", dijo Yépez.
Para el analista y docente de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Medina, la situación supone una encrucijada para Petro, al considerar que la delegación de gobierno "deja en sus manos la decisión de resolver problemas que no le corresponden al presidente, sino que son problemas internos del ELN y sus disidencias".
Medina reiteró en diálogo telefónico con The Associated Press que la posición de Petro es "supremamente difícil" y consideró que el gobernante deberá apostar por "rutas alternativas", porque abandonar los diálogos con la única organización armada insurgente que queda en el país "representaría el fracaso de su apuesta por la paz total".
Hasta el momento el presidente colombiano no se ha pronunciado respecto al pedido.
Las delegaciones del gobierno y del ELN se reunieron a mediados de abril en Caracas en una cita extraordinaria que buscó destrabar las conversaciones, tras lo cual anunciaron sin precisar detalles una nueva reunión para el 20 de mayo en la capital venezolana. Ese país es garante de la mesa de diálogo junto a Cuba, México y Noruega.
El ciclo de conversaciones oficiales previsto para ese mes se había suspendido tras las acusaciones del ELN sobre una intención del gobierno de pretender desmovilizarlos.
Gobierno de transición toma el poder en Haití
El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.
El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.
La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.
En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".
El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.
Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.
La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.
Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).
La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.
ALBA se pronuncia sobre elecciones en Venezuela
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba, se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.
"Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que menoscaben la integridad y la transparencia de su proceso democrático", indicaron los firmantes de la Declaración de la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP.
La organización Amnistía Internacional alertó la semana pasada sobre la "alarmante escalada en la política de represión" del régimen de Nicolás Maduro, que busca cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política en ese país en el contexto de los comicios presidenciales.
La organización mencionó por ejemplo "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
También Estados Unidos expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
A la XXIII cumbre del ALBA celebrada en Caracas asistieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Luis Arce, de Bolivia y los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica; Philip J. Pierre, de Santa Lucía; y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda.
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