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SIP: Cuba acosa a periodistas independientes


Policías bloquean las calles de acceso al Tribunal Municipal de 10 de Octubre, durante los juicios contra 76 disidentes políticos. Foto: Archivo.

"La prensa oficial sigue siendo vehículo de propaganda, escondiendo y tergiversando lo que acontece dentro y fuera del país", señala el informe sobre Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) asegura que en Cuba "prosiguen las prácticas de golpizas, detenciones, intimidaciones, actos de vandalismo y hostigamiento contra opositores y periodistas independientes".

"La prensa oficial sigue siendo vehículo de propaganda, escondiendo y tergiversando lo que acontece dentro y fuera del país", señala el informe sobre Cuba elaborado por la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

El documento, que será discutido en la 70ª asamblea general, que se celebra en Santiago de Chile, asegura que esta situación "es ostensible en los casos de Venezuela, Ecuador, Siria, Rusia y China, gobiernos con los que el régimen cubano tiene mejores relaciones".

"Actualmente cuatro periodistas se encuentran detenidos: Juliet Michelena Díaz, Yoennis de Jesús Guerra García, condenado a siete años de cárcel en marzo del 2014; el escritor y bloguero Ángel Santiesteban-Prats, y el corresponsal del diario Granma en Santiago de Cuba, José Antonio Torres, condenado a 14 años de prisión".

La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional informó que en abril hubo 905 detenciones de disidentes por motivos puramente políticos; en mayo, 1.120; en junio, 963; en julio, 652 y en agosto 632, según recoge la SIP.

Además, "en abril pasado la periodista independiente Dania Virgen García fue agredida por agentes de la policía cuando dejaba a su sobrino en la escuela".

En junio, Roberto de Jesús Guerra, fundador de la agencia de prensa Hablemos Press, "fue agredido violentamente en La Habana por un policía. Cuatro días antes Raúl Ramírez Puig, corresponsal de esa agencia en la provincia de Mayabeque, fue embestido por un automóvil y luego amenazado por sus ocupantes", relata el informe de la SIP.

"Ese mismo mes Mario Hechavarría Driggs, colaborador de Hablemos Press, fue detenido por agentes del Departamento de Seguridad del Estado", en tanto que "Magaly Norvis Otero Suárez fue citada por agentes del Departamento de Seguridad del Estado, quienes le instaron a cambiar el tono de sus artículos y recibió amenazas de muerte vía telefónica".

En septiembre pasado, el periodista Bernardo Arévalo Padrón, que fue preso de conciencia de 1997 a 2003, fue detenido dos veces, y el periodista independiente Miguel Guerra Pérez estuvo detenido durante una semana.

Según el informe de la Sociedad Interamericana de Prensa, "varios
colaboradores de la agencia Hablemos Press han sido víctimas de
amenazas".

El documento de la SIP relata que en abril la agencia Associated Press (AP) publicó un reportaje en el que denunció un programa de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAid) llamado Zunzuneo, conocido como el "Twitter Cubano".

El director de USAid, Rajiv Shah, declaró que el programa no era encubierto y solo se proponía "dar apoyo a la sociedad civil con una plataforma para la comunicación entre los cubanos", recoge la SIP.

En mayo pasado, la bloguera Yoani Sánchez, vicepresidenta regional por Cuba de la SIP, lanzó un periódico digital llamado 14ymedio.com, que representa "la primera publicación digital independiente en la isla".

"Su contenido se imprime y distribuye, para lo que cuenta con numerosos colaboradores. En sus cinco meses de funcionamiento, el diario ha sido sometido a bloqueos intermitentes por parte del Gobierno cubano", asegura esta organización, que agrupa a más de 1.300 periódicos y revistas del continente americano.

El informe de la Comisión de Libertad de Prensa e Información recoge la visita que en junio pasado realizaron a La Habana cuatro directivos, entre ellos su presidente, Eric Schmidt, para reunirse con representantes del Gobierno, estudiantes de informática y blogueros disidentes.

Los medios cubanos informaron con tardanza sobre la visita cuyo objetivo, según Google, fue "promover las virtudes de una Internet libre y abierta".

El informe de la SIP también recoge la creación, en junio pasado, de salas de libre navegación por Internet. "La tarifa por una hora de servicio equivale a la cuarta parte del salario promedio, por lo que el acceso a la red sigue siendo prohibitivo".

"Sin embargo, ahora resulta menos caro y supone un franco avance en comparación con la oferta anterior de intranet (internet filtrada y limitada)", explica la Sociedad Interamericana de Prensa, que puntualiza que "la conexión es supervisada y vigilada" y asegura que "el acceso doméstico para el ciudadano común es casi imposible".

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Informe sobre Ecuador

Asimismo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció un negativo impacto sobre la prensa de la Ley de Comunicación, que hace un año y cuatro meses estableció en Ecuador que "la expresión y la comunicación se han transformado en un servicio público".

"Una significativa reducción del periodismo de investigación en los medios independientes", un alto nivel de autocensura, el cierre de diarios y suplementos y decenas de sanciones y multas a los medios, así como "un sustancial incremento de reclamos contra los medios por parte de la ciudadanía" son algunos de los efectos de esta norma, advierte la SIP.

"Para controlar y regular este servicio público están en pleno
funcionamiento dos entes (...) que emplean a unos 300 funcionarios que controlan y monitorean periódicos, canales de televisión y radios, en busca de incumplimientos a la ley", señala el informe sobre Ecuador elaborado por la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

El documento, que será discutido en la 70ª asamblea general, que se celebra en Santiago de Chile, indica que estos organismos reguladores "también emiten recordatorios y advertencias cuando consideran que algún tema está recibiendo un trato periodístico inapropiado".

La Corte Constitucional sostiene que esta ley no atenta contra la libertad de expresión y está en concordancia con la Constitución y los tratados internacionales.

En tanto, el Gobierno del presidente Rafael Correa "tiene la intención de internacionalizar este nuevo concepto y ya presentó en el Parlamento Latinoamericano un proyecto de ley para que los países que lo integran declaren la comunicación como un servicio público y creen órganos de regulación de contenidos", dice la SIP.

Esta organización, que agrupa a más de 1.300 periódicos y revistas del continente americano, se hace del "cierre del diario Hoy por imposibilidad de financiar sus operaciones mediante créditos o incrementos de capital, tras ser víctima, según sus directivos, de un boicot económico y un permanente acoso político".

"También han cerrado sus ediciones La Hora de Portoviejo y Meridiano de Guayaquil", agrega.

En su informe sobre Ecuador, la SIP menciona también que en agosto pasado entró en vigor el Código Orgánico Integral Penal, que elimina el delito de injuria y mantiene el de calumnia para quien realice una falsa imputación, con penas de prisión de entre 6 y 24 meses.

Esta norma "crea responsabilidades penales para personas jurídicas como, por ejemplo, las empresas de medios de comunicación", dice la SIP.

También establece sanciones de entre seis meses y tres años de prisión para quienes ofendan al presidente de la República o a las autoridades a través de amenazas, amagos o injurias.

"Ejercer una actividad, como por ejemplo el periodismo, sin un título profesional, puede ser considerado como un delito contra la fe pública", advierte la SIP.

"Según un informe de Fundamedios, el código tipifica algunos delitos de forma tan vaga que podrían convertirse en atentatorios contra la libertad de expresión, entre ellos constan: apología, rebelión, insubordinación, incitación a la discordia y el terrorismo", asegura la SIP.

Asimismo, advierte de que "el control público administrativo de la Asociación de Editores de Periódicos de Ecuador pasó a manos de la Secretaría Nacional de Comunicación, ente adscrito a la Presidencia de la República, al igual que otras 30 organizaciones no gubernamentales relacionadas con el periodismo".

El informe de la SIP denuncia por último que "continúa la negativa de algunos funcionarios públicos a entregar información que solicitan ciudadanos y periodistas".

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