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Corrupción en Sevilla en relación con autos enviados a Cuba


En total, los coches que se encuentran en está situación son un millar, por lo que la cantidad supuestamente defraudada rondaría los cien mil euros.

La juez de instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, ha imputado a un policía local y al exgerente de Lipasam, el socialista Rafael Pineda, por presuntas irregularidades detectadas en la gestión durante el mandato anterior en el Ayuntamiento de la Oficina de Vehículos Abandonados, que dependía de la citada empresa de limpieza, consistentes en la aparición de las mismas matrículas en el listado de coches enviados a Cuba gracias a un convenio firmado en 2010 y en el de los que fueron mandados al desguace, lo que habría permitido cobrar por ellos sin hacer constar esos ingresos en las cuentas de Lipasam.

En total, los coches que se encuentran en está situación son un millar, por lo que la cantidad supuestamente defraudada rondaría los cien mil euros, inofrma ABC.

Esta investigación comenzó a finales del año 2012 y, como adelantó ABC, la Policía llegó hasta este caso a partir de otro, el de un convenio para el reciclaje de aceites usados y el envío de contenedores a China en el que el juez de instrucción número 11 ya ha archivado las diligencias contra Rafael Pineda al entender que todo lo que firmó lo hizo siguiendo los requisitos legales. Pero ahora la juez número 3 lo ha vuelto a imputar por esta otra trama, en la que el principal imputado es el Policía Local P.B.B., responsable durante años de la gestión de la Oficina de Vehículos Abandonados.

Una auditoría realizada por KPGM y aportada a la causa por la propia empresa, que ejerce la acusación, sostiene que «según el análisis llevado a cabo a través de las facturas emitidas por Lipasam y el estado de los vehículos retirados según los documentos Excel de la O.V.A., más de 1.100 vehículos han sido destruidos por los gestores autorizados sin que éstos hayan sido facturados por parte de Lipasam».

Fuentes cercanas al exgerente han asegurado a este periódico que lo único que hay es una factura de la empresa Desguaces A-92 de 40.000 euros que no había sido aún abonada cuando Pineda abandonó la empresa. Según las mismas fuentes, los actuales gestores siguen sin haber podido cobrar más de 30.000 euros de esa factura. Pero la juez ha decidido imputarlo y Pineda tendrá que comparecer ante ella en enero para explicar los detalles de aquel convenio con Cuba y si el control era lo suficientemente débil como para que alguien pudiera apropiarse de dinero.

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