Derechos Humanos
Salud de Dama de Blanco continúa deteriorándose en sala de penados
Continúa deteriorándose la salud de la presa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, quien fue trasladada la pasada semana a la sala de penados del antiguo hospital Covadonga, en La Habana.
Cruz Miranda permaneció en un hospital de Ciego de Ávila más de dos meses, sin que mejorara una afección contraída en la prisión de mujeres, donde cumplía su sanción.
Su hija, Clara de las Mercedes Iznaga, quien la visitó este lunes en el hospital, dijo a Radio Televisión Martí que "todavía le sigue la fiebre", presenta vómitos y "la hemoglobina le bajó" a 6.6. Su estado general es débil.
La visita en el hospital "es como si fuera en la prisión", solo puede visitarla por unas pocas horas cada 10 días, dijo la hija de la Dama de Blanco.
"La vi mal, mal", dijo preocupada.
Cruz Miranda fue sancionada en 2018 a un año y cuatro meses de cárcel bajo el supuesto delito de "amenaza". Comenzó a cumplir la sanción en la prisión de mujeres del Guatao, en La Habana, hasta que fue trasladada a una prisión, en la provincia Ciego de Avila.
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Registran al menos 120 casos de represión en Cuba en el mes de agosto
De las víctimas de la represión compiladas por la Fundación para la Democracia Panamericana, 39 son mujeres y 83 son hombres.
Al menos 120 casos de hostigamiento, persecución y detenciones arbitrarias contra activistas, opositores, artistas y comunicadores cubanos tuvieron lugar en agosto, según revela el Reporte Mensual de Incidentes, correspondiente a agosto de 2024, del Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana (FPLDP).
La organización fundada por la activista cubana Rosa María Payá indica que 39 mujeres y 83 hombres fueron víctimas del acoso policial y las ciudades donde mayor represión documentó la organización fueron La Habana con 60 incidentes, Santa Clara, con 13 casos y Matanzas con ocho.
La entidad, que tiene su principal sede en Miami, compiló además 25 detenciones arbitrarias.
“El informe evidencia nuevamente cómo la represión y la persecución contra los defensores de derechos humanos, opositores, y la ciudadanía en general, continúa reflejando este entorno que cada vez se hace más hostil hacia la libertad de expresión y la disidencia en el país”, dijo a Martí Noticias Juan Carlos Vargas, coordinador general de la organización que fue creada en 2015 para promover y defender la democracia en el hemisferio.
El directivo agregó que la Fundación para la Democracia Panamericana pone en la palestra pública los actos represivos del régimen de Cuba contra la población “para que la comunidad internacional abra los ojos y reaccione frente a los horrores que comete día a día la dictadura cubana”.
Recientemente, esta agrupación interpuso una petición de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor del periodista independiente cubano y ex preso político Carlos Michael Morales Rodríguez.
“Además de la promoción y la educación sobre los derechos humanos internacionalmente, y atender a los asuntos relacionados en las Américas, el proyecto principal de FPLDP es promover la campaña Cuba Decide para realizar un Plebiscito Vinculante en Cuba”, que le permita al pueblo votar a favor o en contra de adoptar un sistema democrático.
En Cuba es grave el atropello a la libertad de culto, advierte comisión independiente del gobierno de EEUU
La Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos (USCIRF) advirtió que las violaciones de la libertad religiosa por parte del gobierno cubano “han seguido siendo particularmente graves a lo largo de 2024”.
“El gobierno utiliza su marco legal represivo para controlar estrictamente las asociaciones religiosas y criminalizar las actividades y expresiones religiosas”, subrayó este viernes el informe de la entidad independiente creada por el Congreso de Estados Unidos en 1998.
Además, el gobierno cubano “hostiga a los fieles y sigue maltratando a los presos de conciencia religiosos”, indicó USCIRF en el informe que actualiza la situación en la isla.
Acerca de la política de Estados Unidos, el reporte considera que se debe reiterar la importancia que otorga a las condiciones de libertad religiosa en Cuba.
Otra sugerencia es seguir presionando al régimen comunista para que extienda invitaciones oficiales para visitas sin restricciones a la USCIRF, al embajador especial de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional y al relator especial de las Naciones Unidas sobre la Libertad de Religión o Culto.
El informe aborda una variedad de obstáculos que enfrentan las personas y organizaciones religiosas en la isla. Destaca que el gobierno cubano utiliza su marco legal represivo “para prohibir que las organizaciones religiosas obtengan un registro legal”. También amenaza y castiga a los fieles “que expresan ideas o participan en cualquier actividad religiosa que perciba como crítica”.
Otro problema que menciona el informe es que el régimen recurre “a su vasto aparato de seguridad y vigilancia interna para hostigar a los fieles, como las Damas de Blanco”.
Algunos ejemplos de acoso son:
- En mayo, las autoridades prohibieron a un sacerdote católico tocar las campanas de la iglesia durante un apagón en protesta por las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno.
- En junio, las autoridades pusieron arbitrariamente bajo arresto domiciliario a un pastor.
- En junio, el gobierno impidió arbitrariamente que el padre de un preso político se reuniera con un obispo.
- En julio, las autoridades retuvieron la ayuda humanitaria que una organización religiosa con sede en el Reino Unido envió para el pueblo cubano.
- En agosto, el gobierno interrogó a un sacerdote que invitó a los fieles a rezar en un parque público y le negó asistencia religiosa a otro preso.
Acerca de las prisiones de Cuba, USCIRF recordó que muchos líderes religiosos y fieles fueron arrestados por participar pacíficamente en las manifestaciones del 11 de julio de 2021.
Por ejemplo, el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, líder de la Iglesia Independiente Monte de Sion en Palma Soriano, fue condenado a ocho años de prisión. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria ha dicho que el gobierno cubano había arrestado y encarcelado arbitrariamente a Fajardo.
Donaida Pérez Paseiro y su esposo, Loreto Hernández García, dirigentes de la Asociación Yoruba Libre de Cuba, están tras las rejas. Ambos fueron declarados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional.
Las gemelas Lisdani Rodríguez Isaac y Lisdiani Rodríguez Isaac, miembros de la Asociación Yoruba Libre de Cuba, fueron arrestadas y encarceladas por protestar el 11J. Sin embargo, las autoridades le concedieron a Lisdani la libertad provisional por razones médicas, agregó el informe de USCIRF.
Preso político en estado grave por una isquemia cerebral
Carlos Manuel Pupo Rodríguez, encarcelado por manifestarse del 11 de julio de 2021, en San Antonio de los Baños, tuvo que ser internado de emergencia en el hospital de Artemisa, donde tiene vigilancia permanente de oficiales del Ministerio del Interior.
El preso político Carlos Manuel Pupo Rodríguez, de 70 años, está ingresado en el Hospital General Comandante Ciro Redondo, de Artemisa, tras sufrir, el pasado sábado, una isquemia cerebral, confirmó a Martí Noticias, su esposa Janet Bulnes.
“Una isquemia en desarrollo. Le están administrando medicamentos para su mejoría y que no le repita. El médico que pasó visita me dijo que le hicieron un TAC (Tomografía Axial Computarizada) y arrojó eso, una isquemia. Me dijo que hay lesiones en el cerebro”, declaró Bulnes, a quien le permitieron cuidar del enfermo, reportado en estado grave.
“Fue por una subida de presión. Yo no hacía ni cinco días que le había llevado medicamentos para la presión y para la diabetes”, explicó la mujer.
Pupo Rodríguez, manifestante del 11 de julio de 2021, en San Antonio de los Baños, padece diabetes e hipertensión arterial. Días antes había sufrido una caída en el correccional con internamiento Ceiba 5 donde estaba recluido, luego de que las autoridades de ejecución le aprobaran el tránsito a un régimen de menor severidad.
La esposa relató que Pupo tiene el lado derecho del cuerpo afectado, con parálisis en el brazo y la pierna “y el lenguaje no se le entiende, no está articulado”.
Aunque el preso político no está internado en una sala penal porque el hospital artemiseño carece de este tipo de instalación, tiene vigilancia permanente de oficiales del Ministerio del Interior (MININT).
“Ahora, hay un teniente coronel del MININT que está aquí constantemente, sentado al lado de nosotros”, indicó Bulnes.
“Yo estuve hablando con el militar que estaba [de guardia] por la mañana y me dice que ellos van a procesar una licencia extrapenal para presentarla al tribunal y el tribunal es el que decide. Después le pregunté al teniente coronel qué cree en este caso de la presentación de una extrapenal y me contestó que se la van a conceder, porque ‘en el estado que está ¿dónde lo van a tener?’. Él no puede caminar, no puede comer, hay que darle la comida”, señaló.
La legislación cubana otorga a los tribunales la facultad para otorgar la licencia extrapenal durante el tiempo “que se considere necesario” y en casos de enfermedad o padecimientos que incapaciten al reo de forma temporal o definitivamente.
El centro de asesoramiento legal Cubalex ha emitido varias alertas acerca del estado de salud de Pupo Rodríguez, coordinador nacional del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI).
La organización ha destacado que, debido a sus enfermedades y a su edad, Pupo es uno de los presos políticos más vulnerables, cuestión que se agrava con la falta del acceso necesario a cuidados médicos especializados y a la administración puntual de los medicamentos que requiere.
Cubalex denuncia sanciones más severas para afrodescendientes acusados de sedición en protestas del 11J
Una organización no gubernamental analizó las condenas del 11J y detectó lo que podría ser un “un sesgo racial en la imposición de sanciones y un perfilamiento basado en lo que el Estado define como conductas desfavorables”.
Un informe de la ONG Cubalex que analiza la discriminación racial en las sentencias por sedición tras las protestas del 11J en Cuba, concluye que las personas afrodescendientes “reciben, en promedio, sanciones más largas”.
Hay un preocupante patrón de “sanciones más severas” para la comunidad negra. Esto podría indicar “un sesgo racial en la imposición de sanciones y un perfilamiento basado en lo que el Estado define como conductas desfavorables”, subraya el estudio publicado el 31 de agosto, Día Internacional de los Afrodescendientes.
Las personas afrodescendientes reciben sanciones con una duración promedio de 13.63 años, frente a los 12.61 años para las personas no afrodescendientes, precisa el documento.
Cubalex explica que el Estado considera como “conductas desfavorables” la falta de participación en actividades políticas o comunitarias, la desvinculación laboral y la limitación de relaciones sociales.
“Este enfoque es injusto cuando no se garantiza acceso a trabajos dignos o educación”, dice la organización. “Penalizar la desvinculación laboral o la falta de participación en actividades políticas como conductas desfavorables afecta desproporcionadamente a las personas afrodescendientes, que enfrentan barreras estructurales en el acceso a empleo y educación”.
Además, las sanciones son más severas “para quienes tienen niveles educativos más bajos. La mayoría de las personas afrodescendientes solo cuentan con educación secundaria o preuniversitaria, lo que agrava otras formas de vulnerabilidad”.
El estudio añade que el uso de antecedentes penales para justificar sanciones más severas “perpetúa un ciclo de criminalización que afecta desproporcionadamente a los afrodescendientes, reforzando la desigualdad y la exclusión social”.
Otros estudios
Cubalex reveló en su informe correspondiente al mes de julio que las personas más vulnerables a la represión del régimen son los defensores de derechos humanos, los afrodescendientes y las personas privadas de libertad.
La organización, entre el 8 y el 12 de julio, documentó 160 hechos de hostigamiento.
"Las categorías de vulnerabilidad más recurrentes entre las víctimas son defensores de derechos humanos, personas privadas de libertad y afrodescendientes", indicó la ONG.
“Máxima severidad” son las palabras clave del sistema judicial de Cuba, país donde los juicios ejemplarizantes se han convertido en una nueva herramienta represiva, informó el 31 de agosto el diario independiente 14ymedio.
Por ejemplo, el 20 de agosto “se publicó información sobre cuatro juicios celebrados en el tribunal municipal de Songo-La Maya, en Santiago de Cuba. La prensa no reveló detalles sobre los casos, pero sí subrayó su carácter de advertencia”.
“Cuando hacemos juicios ejemplarizantes potenciamos la comunicación para que el mensaje que queremos transmitir llegue a determinados destinatarios”, dijo, por las claras, Geovanis Mestre, uno de los jueces del tribunal provincial santiaguero, entrevistado por Sierra Maestra. Es indispensable, argumentó, que los delincuentes se enteren de que las autoridades tienen a la ganadería en la mira y que los castigos serán severos, reporta 14ymedio.
En julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abordó la discriminación racial en Cuba, durante el 190 período de sesiones de la entidad adscrita a la OEA.
En la audiencia, María Matienzo, del Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en Género, presentó cuatro patrones fundamentales que caracterizan a la perfilación racial en Cuba: disparidad racial y discriminación sistémica; un patrón de muerte significativa debido a la violencia policial contra afrodescendientes; leyes que teóricamente garantizan la igualdad pero no se implementan efectivamente para proteger a los afrodescendientes; y la criminalización y marginalización.
“Los afrodescendientes que representan un 9.3% de la población y los mestizos, el 26.6%, están sobrerrepresentados en el sistema carcelario y en las víctimas de la violencia policial”, dijo Matienzo.
En su informe anual del 2021, la Comisión Interamericana denunció que "persisten patrones discriminación racial en Cuba" y los afrodescendientes recibirían la mayor represión del régimen.
El organismo señaló que organizaciones de la sociedad civil denunciaron que la desigualdad racial fue una de las razones desencadenantes para que empezaran las protestas históricas del 11 de julio del 2021.
Según el documento, 726 organizaciones han informado a la CIDH que agentes del castrismo aplicaron "prácticas de perfilado racial y uso excesivo de la fuerza" en contra de afrocubanos que se manifestaron en las protestas sociales y destacaron el caso de Diubis Laurencio Tejeda, afrodescendiente de 36 años, fallecido en el marco de las manifestaciones por un disparo de la policía.
Tras huelga de hambre, presa política logra que aminoren su castigo en la cárcel de Mayabeque
Yilian Oramas García inició una huelga de hambre el 13 de agosto cuando los mandos del penal le informaron que había perdido sus beneficios por atrasarse en el regreso de un pase. La mujer está encarcelada a más de 250 km de distancia de su ciudad de residencia.
La presa política Yilian Oramas García abandonó este martes una huelga de hambre que llevaba desde hace varios días, luego de conseguir que las autoridades de la prisión "Cuba Panamá" para enfermos de VIH, cambiaran la medida punitiva de revocación del régimen de menor rigor a la suspensión de dos visitas a su hogar.
Oramas García inició su protesta el 13 de agosto cuando los mandos del penal ubicado en la provincia Mayabeque le informaron que había perdido sus beneficios por atrasarse en el regreso de un pase a su vivienda situada en la ciudad de Santa Clara, a más de 250 kilómetros de la prisión donde está recluida.
“Ella estaba muy débil porque es diabética, le pusieron sueros en el hospitalito que tienen en la prisión. Ella levantó la huelga, pues el Jefe de Cárceles y Prisiones de Mayabeque [Yunior Lázaro Santana], en conjunto con la Seguridad del Estado, le quitaron la revocación que era por dos años y, en su lugar, le tumbaron dos pases. Con la dictadura no se gana, pero la revocación significaba que tenía que cumplir los tres años”, dijo a Martí Noticias, María Josefa Oramas, la madre de la reclusa.
De habérsele modificado el tipo de régimen en el que cumple su sentencia, Oramas García perdería, además, su derecho a la libertad anticipada y tendría que cumplir toda la pena que le resta tras las rejas.
La mujer de 43 años, cumple una sentencia de seis de privación de libertad por su participación en una protesta el 15 de agosto de 2021 en la capital villaclareña. El tribunal la encontró culpable de los delitos de Atentado y Resistencia.
Yilian, su esposo el también preso político Geobel Manso y otras personas, protagonizaron una manifestación frente a la funeraria de la localidad, en la que exigieron que el gobierno tomara medidas para brindar adecuada asistencia hospitalaria a los enfermos de Covid-19 y que se implementaran mejoras en los servicios mortuorios.
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