Un informe presentado este martes por Prisoners Defenders y Consorcio Justicia concluye que el régimen cubano ha convertido la represión en una política de e stado cada vez más preventiva, digital y territorial para impedir nuevas protestas como las del 11 de julio de 2021.
El estudio, titulado "Cinco años después del 11J: el régimen cubano se prepara para la próxima protesta", sostiene que el gobierno cubano ha trasladado buena parte de su estrategia represiva desde la reacción posterior a las manifestaciones hacia la identificación y neutralización anticipada de ciudadanos críticos mediante vigilancia digital, seguimiento territorial y criminalización del ejercicio de derechos fundamentales.
En declaraciones a las que Martí Noticias tuvo acceso, el presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, afirmó que las autoridades buscan impedir una nueva movilización ciudadana recurriendo a un aparato represivo cada vez más sofisticado.
"Hoy presentamos un estudio realizado por Prisoners Defenders con el apoyo de Consorcio Justicia, que desvela cómo el régimen cubano ha incrementado y perfeccionado la represión a la espera de poder evitar, mediante el terrorismo de Estado, una nueva ola de manifestaciones similares a las del 11J", señaló Larrondo.
Según el informe, durante el primer semestre de 2026 fueron incorporados más de 175 nuevos presos políticos al registro de Prisoners Defenders. De ellos, al menos 114 fueron detenidos o encarcelados por ejercer derechos fundamentales como manifestarse pacíficamente, expresar opiniones, asociarse, denunciar abusos, grabar actuaciones policiales o participar en organizaciones cívicas independientes.
Dentro de esos 114 casos, 79 corresponden a personas encarceladas por su vinculación con protestas o manifestaciones pacíficas; otras 22 fueron perseguidas por ejercer su libertad de expresión en internet y redes sociales; mientras que 13 fueron víctimas de otras formas de represión política dirigidas contra activistas, opositores, periodistas independientes y ciudadanos vinculados a organizaciones de la sociedad civil.
El estudio sostiene que estas cifras reflejan una política de Estado orientada a impedir cualquier nueva protesta antes de que llegue a producirse.
"El régimen cubano ya no espera a que la protesta llegue a las calles; la persigue antes de que acontezca. Vigila perfiles, rastrea publicaciones, identifica vínculos sociales, controla barrios, amenaza familias y convierte cualquier gesto de disenso en materia penal", afirmó Larrondo.
El informe indica que, desde las protestas del 11 de julio de 2021 hasta finales de junio de 2026, Prisoners Defenders ha documentado más de 2.100 presos políticos en las cárceles cubanas, de los cuales más de 1.960 ingresaron en prisión después del estallido social. Solo durante los primeros seis meses de este año fueron registrados más de 175 nuevos casos.
Uno de los principales hallazgos del estudio es el fortalecimiento de la vigilancia digital como herramienta represiva. Los investigadores documentaron al menos 22 casos de personas detenidas, encarceladas o procesadas por grabar videos, tomar fotografías, publicar contenidos en redes sociales o difundir denuncias sobre la realidad política, económica y social del país.
"En Cuba, publicar una opinión, grabar una actuación policial, fotografiar un cartel crítico o difundir una denuncia puede desembocar de forma habitual en una detención, la prisión provisional y en una condena penal. Internet se ha convertido en una extensión del aparato represivo del régimen castrista", afirmó Larrondo.
El informe también alerta sobre el aumento de la represión contra menores de edad. Durante el primer semestre de 2026 fueron detenidos o encarcelados nueve adolescentes de entre 15 y 17 años. Cuatro de ellos tienen 15 años, dos tienen 16 y tres tienen 17 años. Todos fueron arrestados durante protestas ciudadanas o en operativos represivos masivos.
Los autores consideran especialmente preocupante la operación realizada el 22 de junio en Contramaestre, Santiago de Cuba, donde al menos ocho personas, entre ellas cuatro menores de edad, fueron detenidas en una redada y acusadas de presunto sabotaje, sin que hasta la fecha se hayan presentado pruebas públicas que respalden esas acusaciones.
El estudio identifica a marzo y junio como los meses de mayor intensidad represiva durante el semestre. En marzo, tras las protestas registradas en Minas, Guanabacoa, se documentaron detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas temporales, allanamientos de viviendas, interrogatorios bajo coacción y amenazas. Ese mes concentró 41 nuevos encarcelamientos políticos, cerca del 36 % del total registrado durante el período.
Larrondo aseguró que la represión volvió a intensificarse durante junio.
"44 nuevos presos políticos entraron en nuestra lista en junio. La represión volvió a escalar, especialmente en Santiago de Cuba, y ya prevemos que será un mes en el que documentaremos entre 35 y 45 nuevos presos políticos, si no más", indicó.
La investigación también refleja el alcance nacional de la persecución. De los 79 manifestantes encarcelados, 35 corresponden a La Habana; 16 a Ciego de Ávila; 15 a Holguín y 10 a Santiago de Cuba. Entre los principales focos de movilización y represión aparecen Arroyo Naranjo, Jaimanitas, Lawton, Cerro, Marianao y Minas, en La Habana; Morón y Miraflores, en Ciego de Ávila; Antilla, en Holguín; y Altamira y Contramaestre, en Santiago de Cuba.
El informe también denuncia el uso de delitos como desórdenes públicos, propaganda contra el orden constitucional, desacato, resistencia, atentado, sabotaje y terrorismo para justificar detenciones, imponer prisión provisional y aumentar las condenas contra opositores y ciudadanos críticos.
"Los delitos utilizados por el régimen tienen una función política. Desórdenes públicos, propaganda contra el orden constitucional, desacato, resistencia, atentados, sabotaje y terrorismo sirven para justificar detenciones, imponer prisión provisional, elevar condenas y enviar un mensaje de miedo al conjunto de la sociedad. Protestar se paga, denunciar se paga, grabar se paga, organizarse se paga", afirmó Larrondo.
El estudio documenta además la persecución contra organizaciones de la sociedad civil. Al menos 25 de los presos políticos registrados durante el semestre mantenían vínculos con movimientos prodemocráticos, grupos opositores, proyectos periodísticos o iniciativas ciudadanas independientes, lo que, según los investigadores, evidencia el progresivo cierre del espacio cívico en Cuba.
Entre los casos destacados figuran el de Yunaiky de la Caridad Linares Rodríguez, ex presa política del 11J detenida nuevamente durante una protesta por la falta de agua y los apagones en La Habana; Antonio Lázaro Fernández Borges, arrestado tras las protestas de Minas; y Javier Ernesto Martín Gutiérrez, conocido como "Spiderman", campeón cubano de artes marciales mixtas detenido después de mantener una protesta pacífica durante nueve días desde el balcón de su vivienda.
Larrondo aseguró que la represión ha evolucionado hacia mecanismos más sofisticados para impedir cualquier forma de organización ciudadana.
"Cinco años después del 11J, la represión en Cuba no es menor. Es más precoz, más digital, más territorial y más sistemática. El régimen se prepara para la próxima protesta atacando las condiciones mismas que podrían hacerla posible: la libertad de expresión, la asociación independiente, la denuncia ciudadana y la solidaridad social", afirmó.
El presidente de Prisoners Defenders pidió una respuesta más firme de la comunidad internacional.
"Cuba ejerce terrorismo de Estado sin que la Unión Europea haga nada al respecto en público, sin que se apliquen sanciones a los perpetradores y sin que el terrorismo de Estado tenga consecuencias. Europa y otros países deben reaccionar de inmediato. La sangría de exiliados, de detenidos y de reprimidos, mientras el pueblo languidece sin servicios básicos, es del todo inaceptable y debe ser condenada por la comunidad internacional de forma inapelable", concluyó.
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