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Investigan a carceleros comunistas por genocidio en Rumanía


El rumano Ion Ficior (c) de 85 años, excomandante del Ejército rumano, responsable del centro de trabajos forzados de Periprava, llega al Tribunal Supremo de Rumanía, en Bucarest, Rumanía, el 24 de octubre de 2013. La Fiscalía rumana ha admitido hoy una d

Durante mucho tiempo los jefes de dos prisiones donde se torturó a presos políticos vivieron en silencio como ciudadanos comunes pero la justicia ha tocado ahora a sus puertas.

Al cabo de muchos años de silencio, la fiscalía de Rumanía investiga por genocidio a dos jefes de prisiones en las que se torturó a presos políticos bajo el antiguo régimen comunista.

El diario español El País publica un reportaje en el que destaca que el 3 de setiembre último fue abierta una pesquisa por genocidio contra “Alexandru Visinescu, el director de una cárcel donde las palizas, el hambre y el frío extremo se empleaban para machacar a cualquiera que oliera a disidente”.

Es la primera vez que se formula una acusación así en 24 años (desde que el exdictador Nicolae Ceausescu y su esposa fueron fusilados por el mismo delito), agrega el periódico, y “Rumanía apenas ha empezado a volver la vista sobre los crímenes cometidos en 44 años de dictaduras comunistas”.

Entre 1956 y 1963, Visinescu fue jefe de la prisión Ramnicu Sarat, conocida como la cárcel del silencio, con celdas individuales para aislar por completo al preso, que no podía hacer el menor ruido ni comunicarse con nadie.

“A un paralítico le llegaron a dar una paliza en la cama—precisa el reportaje—. A los enfermos no se les proporcionaba tratamiento médico. No podían tumbarse en la cama en todo el día. Varios murieron”.

El periódico reproduce el testimonio de una de las prisioneras, Aurora Dumitrescu, de 82 años, quien tenía 20 cuando la encarcelaron por estar vinculada a una organización de la resistencia anticomunista, y terminó siendo condenada a seis años de prisión.

La condena vino después de “interrogatorios con insultos, un foco en la cara y palizas en las que le ponían unas gafas de metal para que no supiera dónde estaba. Las dos veces que se cruzó con Visinescu terminó en la negra”, como llamaban a la celda de castigo. "Siempre había agua en el suelo, no tenía casi ropa y solo daban comida cada tres días", dijo Aurora.

Desde que cayó el régimen de Ceausescu en 1989, Visinescu ha vivido en un piso de Bucarest junto a uno de los parques más bonitos de la ciudad, pero “quizá solo ahora ha sentido algo parecido al miedo”, dice el diario, cuando un instituto que investiga los crímenes comunistas puso a la Fiscalía sobre su pista.

El acusado alega haber sido militar, cumplir órdenes, pero niega que bajo su mando se torturó a presos políticos. Su caso puede ser sólo el comienzo, porque la fiscalía anunció la semana pasada que también investiga por genocidio a otro excarcelero.

Se trata de Ion Ficior, hoy con 85 años, quien fue comandante del campo de trabajos forzados de Periprava, en el delta del Danubio, entre 1958 y 1963, y al que se le responsabiliza de la muerte de 103 personas.

El reportaje pone de relieve que el hecho de que pueda hacerse justicia en ambos casos se debe a años de trabajo del Instituto para la Investigación de los Crímenes Comunistas y la Memoria del Exilio Rumano, “un organismo gubernamental que ha estado recabando pruebas e indagando en archivos".

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