El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció una campaña gubernamental de amplio alcance destinada a impedir que la Corte Penal Internacional (CPI) pueda actuar contra militares y funcionarios estadounidenses, al considerar que la institución representa una amenaza para la soberanía del país.
Según el comunicado, la iniciativa incluirá una respuesta coordinada de distintas agencias del gobierno estadounidense para contrarrestar lo que Washington describe como una expansión indebida de la autoridad de la CPI. La administración sostiene que la corte carece de jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses y recordó que sucesivos presidentes de EEUU han mantenido esa posición desde la creación del tribunal.
El gobierno estadounidense señala que la CPI ha abierto investigaciones relacionadas con militares y agentes de inteligencia de Estados Unidos y critica que estos casos no hayan sido archivados. El comunicado afirma además que la corte intenta asumir un papel de árbitro global sin mecanismos suficientes de rendición de cuentas.
Rubio indicó que ninguna opción diplomática queda descartada en la campaña para reducir la influencia de la CPI y evitar que pueda emprender acciones contra ciudadanos estadounidenses.
"La CPI pretende ahora convertirse en el árbitro mundial sin rendir cuentas a nadie, situándose por encima y más allá del Estado nación como un brazo supranacional de una burocracia globalista facultada para perseguir a militares y funcionarios estadounidenses a su antojo", dijo el secretario Rubio.
Entre las medidas que Washington está considerando figuran contactos diplomáticos de alto nivel con gobiernos extranjeros para destacar lo que considera abusos de la CPI e instar a los países miembros a abandonar el organismo. También se contempla solicitar a naciones que colaboran con las fuerzas armadas o las agencias de seguridad estadounidenses que rechacen cualquier reclamación de jurisdicción de la corte sobre personal estadounidense.
El Departamento de Estado prevé además aumentar el escrutinio sobre países que mantengan su respaldo a la CPI mientras reciben ayuda de Estados Unidos. La estrategia también incluye iniciativas diplomáticas dirigidas a otros Estados que no son parte del Estatuto de Roma para que apoyen esfuerzos similares.
El comunicado añade que la administración estudia revocar visados e imponer prohibiciones de viaje a miembros del personal de la CPI, además de ampliar las sanciones contra la corte y organizaciones vinculadas a ella.
La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, fue creada mediante el Estatuto de Roma para investigar y juzgar delitos graves como genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Estados Unidos no es parte del tratado constitutivo del tribunal.
Foro