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Revela El Espectador actas sobre torturados en Venezuela


Juan Manuel Carrasco ha denunciado que fue golpeado y violado con fusil.

Descargas eléctricas, baños de gasolina con amenaza de prender fuego, y golpizas, entre los métodos utilizados.

El diario colombiano El Espectador publicó este jueves un reportaje basado en las actas judiciales de cinco de los 14 casos --corroborados por el Foro Penal Venezolano-- de torturas y tratos crueles o degradantes ocurridos durante la represión de las protestas en el país vecino, y a las que tuvieron acceso sus corresponsales en Caracas.

La pieza destaca la resonancia internacional que ha tenido el caso de Juan Manuel Carrasco, detenido en el estado Carabobo el 13 de febrero.

Carrasco dijo haber sido violado por un oficial con el cañón de un arma larga. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, negó el hecho y aseguró que ni el joven ni sus abogados informaron nada sobre la violación durante su audiencia de presentación ante la Fiscalía.

Según Ortega, todas las partes legales involucradas habían firmado el acta; pero el abogado de Carrasco, Luis Armando Betancourt, afirma que la fiscal miente, pues ni él ni sus defendidos estuvieron de acuerdo con lo expuesto en el acta: “Somos once abogados y puedo asegurar que ni tres de nosotros,ni ninguno de los acusados, firmó nada”, dijo a El Espectador.

El periódico colombiano recuerda que la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes fueron proscritos por la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada en julio de 2013 en Venezuela.

Según el artículo 17 de esa ley "El funcionario público o la funcionaria pública que en funciones inherentes a su cargo lesione a un ciudadano o ciudadana que se encuentre bajo su custodia en su integridad física, psíquica o moral, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, con la intención de intimidar, castigar u obtener información o una confesión, será sancionado o sancionada con la pena de quince a veinticinco años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de la función pública y política, por un período equivalente a la pena decretada".

La nota del cotidiano colombiano precisa que desde que empezaron las protestas se han corroborado cuatro casos que involucran al Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y a cuatro muchachos a los que les aplicaron descargas eléctricas para que confesaran que estaban conspirando contra el gobierno.

Una parte implicada, citada por la publicación pero que pidió el anonimato, narró que antes de cada descarga los funcionarios le decían: “Aquí tienes a tu Leopoldo”, en referencia al ahora encarcelado líder opositor Leopoldo López.

Otro de los denunciantes que constan en las actas es Marco Eurelio Coello, detenido el 12 de febrero en el centro de Caracas.

“En la patrulla (…) me dieron golpe (sic), cascazos, nos lanzaron al suelo con las esposas, nos dieron golpes por las costillas, nos pusieron unas camisas con olor a gasolina, me decía tú vas a hacer culpable (sic: ‘a ser culpable’) me arrodillaron, me amedrentaron de matarme, me pegaron con palo, bate, me pisaron los dedos”.

A Ángel de Jesús González le imputaban haber dañado una camioneta del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC, una dependencia policial venezolana. En el acta revelada a El Espectador, González relata: “Me agarraron entre cinco personas y me golpearon, me decían que yo había quemado la camioneta (…) Me golpearon directamente en la cara”.

En similares circunstancias fue detenido e interrogado Luis Felipe Boada: “Me echaban gasolina. Yo les decía pero no me quemes. Uno de los funcionarios me decía sí te vamos a quemar, pero no vi cuál fue el que me hecho (sic: ‘echó’) gasolina encima y después se fueron y me dejaron allí tirado ahogándome”.

Boada recibió golpes “en la parte de la cara, por las costillas, golpes por el estómago. Uno de los funcionarios me dio un golpe con algo mojado, me dieron un cascazo en todo el medio de la espalda”.

El diario del que fuera director el asesinado periodista Guillermo Cano valora asimismo que “la represión de la seguridad venezolana puede calificarse como violencia de Estado, por cuanto ha sido sistemática durante los últimos días”.
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