América Latina
Reporte especial detalla la penetración cubana del estamento militar en Venezuela
CARACAS, (Reuters) - Uno de los principales misterios en el colapso en cámara lenta de Venezuela es: ¿Por qué los militares continúan apoyando a Nicolás Maduro, el presidente que ha llevado al antes próspero país sudamericano a la pobreza y el caos?
La respuesta, según personas familiarizadas con la estructura militar de Venezuela, comienza con el fallecido predecesor de Maduro, Hugo Chávez, el carismático caudillo en la nación de unos 30 millones de personas.
En una serie de acciones que arrancaron en 1999, el teniente coronel retirado y alguna vez líder golpista comenzó a dominar al ejército inflándolo, comprándolo, politizándolo, intimidando a los altos rangos, a las filas, y fragmentando el comando en general, explicaron las fuentes consultadas.
Una vez que asumió el cargo en 2013, Maduro entregó a las fuerzas armadas segmentos cruciales de la cada vez más devastada economía del país. Oficiales favorecidos tomaron el control de la distribución de alimentos, divisas y materias primas clave. Un general y militares de la Guardia Nacional administran ahora la importante empresa petrolera nacional, Petróleos de Venezuela S.A. o PDVSA.
Chávez y Maduro también introdujeron a agentes de inteligencia, con la ayuda de los servicios de seguridad de Cuba, dentro de los cuarteles, dicen oficiales en retiro, inculcando paranoia y desactivando a la mayoría de los disidentes antes de que incluso se manifestaran. Agentes de inteligencia han arrestado y encarcelado a docenas de uniformados vistos como problemáticos, entre ellos varios oficiales de alto perfil, incluso por infracciones menores.
El resultado fue, dicen los oficiales militares retirados, una cadena de mando parcial y confusa. Los altos oficiales, agradecidos por los beneficios y temerosos de represalias, a menudo están más preocupados por complacer a los jefes del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que por la defensa nacional. En lugar de estar en simulacros y juegos de guerra, algunos generales se encuentran atendiendo órdenes para sembrar vegetales o recoger basura en las calles.
Muchos soldados con bajos ingresos y desesperados como la mayoría de la clase trabajadora de Venezuela, han desertado del ejército en los últimos años, uniéndose a por lo menos cuatro millones de migrantes que buscan una vida mejor en otro lugar. Pero pocos oficiales de alto rango han escuchado el llamado opositor a la rebelión, dejando a las fuerzas armadas con un exceso de altos mandos, difíciles de manejar y aún del lado de Maduro.
“Se perdió la unidad de mando”, dijo Cliver Alcalá, un general en retiro desde 2013 y que ahora apoya a la oposición desde Colombia. “No se distingue quién manda en lo operativo, administrativo y lo político”, agregó.
Algunos comandantes, como el ministro de Defensa Vladimir Padrino son casi una cara del gobierno, tanto como el mismo Maduro. Padrino está sancionado por Estados Unidos por colaborar en que Maduro “se sostenga al ejército y al gobierno mientras el pueblo venezolano sufre”, según el Departamento del Tesoro.
Reuters no consiguió que Padrino ni otros oficiales superiores respondieran a las solicitudes de comentarios para este artículo. El Ministerio de Defensa de Venezuela tampoco respondió a correos electrónicos ni llamadas. El Ministerio de Información, responsable de las comunicaciones del gobierno, incluidas las del presidente, tampoco respondió a Reuters.
Padrino no está solo, si se considera el gran número de oficiales con rango en Venezuela. Los aproximadamente 150.000 militares del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional del país son una fracción de los más de un millón que forman las fuerzas armadas de Estados Unidos.
Pero Venezuela, con hasta 2.000 almirantes y generales, ahora cuenta con el doble de altos mandos que el ejército estadounidense, más de 10 veces la cantidad de oficiales existentes cuando Chávez llegó a la presidencia. Esa estimación es de acuerdo con los cálculos de los exoficiales venezolanos y militares de Estados Unidos.
El resultado, dicen los opositores al gobierno, es un lío burocrático y operacional, incluso en lo más alto.
Padrino, por ejemplo, es general y ministro de Defensa. Pero no puede movilizar oficialmente tropas sin el consentimiento de Remigio Ceballos, un almirante que también reporta directamente a Maduro y encabeza el Comando Estratégico Operacional, una instancia creada por Chávez para supervisar los despliegues militares.
“Tienes un general en jefe y un almirante en jefe”, dijo Hebert García Plaza, un general retirado que sirvió bajo Maduro, pero ahora apoya a la oposición desde Washington. “¿A cuál vas a obedecer?”.
Las fuerzas armadas aún podrían abandonar a Maduro, particularmente si la indignación popular se desborda y hace que el apoyo militar al presidente sea insostenible. Sin embargo, los llamados del líder opositor, Juan Guaidó, quien a fines de abril intentó sin éxito alzar a las tropas contra Maduro, aún no han sido atendidos.
En mayo, Guaidó dijo a periodistas que sus esfuerzos por convencer a la tropa se veían frustrados por la fragmentada estructura militar y la intimidación del ejército dentro de sus filas. “¿Qué dificulta el quiebre? El poder conversar abiertamente, directamente con cada uno de los sectores y tiene que ver con la persecución a lo interno del PSUV, a lo interno de las fuerzas armadas”.
Para comprender mejor las presiones y políticas que mantienen a las tropas del lado de Maduro, Reuters entrevistó a docenas de oficiales activos y retirados, soldados, académicos militares y personas familiarizadas con la seguridad venezolana. En su evaluación, el ejército se ha convertido en una burocracia torpe con pocos líderes capaces de diseñar el tipo de revuelta masiva que anhelan los oponentes de Maduro.
La “Revolución Bolivariana” de Venezuela, como Chávez apodó su reconfiguración del país, tiene sus raíces en una rebelión militar. Seis años antes de ser elegido presidente en diciembre de 1998, Chávez encabezó un fallido golpe de estado contra Carlos Andrés Pérez, un presidente profundamente impopular a quien el Congreso finalmente obligó a abandonar el cargo.
Una vez en el poder, Chávez inmediatamente tomó medidas para alistar a los militares en su visión de una economía paternalista y dirigida por el Estado en la que la abundante riqueza petrolera atendería a los estratos de la población descuidados durante mucho tiempo.
Con una nueva Constitución en diciembre de 1999, Chávez despojó a la Asamblea Nacional de sus facultades de supervisar la promoción de oficiales superiores. Eso le dio al presidente la máxima autoridad para asignar rangos y empoderar a oficiales aliados.
Debido a que muchos gobiernos estatales y locales en ese momento todavía estaban controlados por rivales, Chávez veía al ejército como una herramienta que podía mostrar a su administración trabajando arduamente en las regiones. Un nuevo programa, el “Plan Bolívar 2000”, ordenó a las tropas rellenar baches, limpiar carreteras, restaurar escuelas y realizar otras obras públicas.
El esfuerzo, con un presupuesto equivalente a 114 millones de dólares, puso considerables sumas de dinero a la discreción de comandantes, dando a los oficiales un nuevo tipo de influencia. “El Plan Bolívar 2000 le enseñó a muchos militares que el poder verdadero no era comandar tropa sino manejar plata. Ya tan pronto tenían ese poder en las manos, no la quisieron soltar nunca”, dijo un general retirado.
El general, que sirvió bajo Chávez y Maduro, habló bajo condición de anonimato.
Pronto, algunos de los fondos comenzaron a desaparecer.
Miguel Morffe, un mayor retirado, en ese entonces era capitán en la remota región noroeste de La Guajira. Recuerda haber recibido una solicitud de los superiores para proporcionar materiales para una escuela no especificada. Cuando Morffe le dijo a un teniente coronel que no entendía a dónde irían los suministros, el superior le dijo: “Necesito esos materiales para otra cosa”.
“La escuela no existía”, concluyó Morffe.
Oficiales no respondieron a preguntas sobre este incidente en específico.
Para el año 2001, una serie de acusaciones de corrupción plagaba el programa Plan Bolívar.
Chávez despidió al general Víctor Cruz, el comandante del ejército a cargo del programa. Cruz negó cualquier irregularidad y no fue acusado en aquel momento. Las autoridades de Venezuela lo detuvieron el año pasado, cuando reportes de prensa lo vincularon con manejos de fondos de cuentas en el exterior. Un tribunal en Caracas ordenó en mayo que Cruz fuera a juicio por enriquecimiento ilícito.
Reuters no pudo contactar a Cruz o a su abogado para comentar el caso.
En 2002, Chávez dijo que terminaría el Plan Bolívar 2000.
Las elecciones regionales, le dijo Chávez a la socióloga y activista política chilena Marta Harnecker en una entrevista, habían puesto a más de sus aliados en alcaldías y oficinas estatales, donde podían trabajar al unísono con el gobierno nacional. Los militares, dijo, volverían a sus asuntos normales.
En abril de ese año, sin embargo, un pequeño grupo de altos oficiales convenció a Chávez de rehacer a las fuerzas armadas. Alentados por líderes conservadores y élites adineradas que no estaban contentos con su agenda izquierdista, oficiales dieron un golpe de Estado y detuvieron brevemente a Chávez.
Pero el golpe falló. En dos días, Chávez estaba de vuelta en el poder.
Chávez purgó las filas superiores. Más importante aún, intervino en varias poderosas oficinas, incluido el Ministerio de Defensa.
En adelante, el ministerio administraría los presupuestos militares y la adquisición de armas, pero ya no controlaría a las tropas. Chávez creó el Comando Estratégico Operacional, la instancia que maneja los despliegues de militares.
La medida, dijeron los exoficiales, desordenó la cadena de mando.
Chávez también repensó la estrategia general.
Preocupado cada vez más de que la riqueza petrolera y las políticas izquierdistas de Venezuela lo convertirían en blanco de una invasión, particularmente en Estados Unidos, Chávez presionó para que los militares se integraran más con el gobierno y la sociedad.
“Estamos transformando las fuerzas armadas para una guerra de resistencia, para la guerra popular antiimperialista, para la defensa integral de la nación”, dijo en una ceremonia de la Guardia Nacional de 2004.
Pronto los jefes militares tuvieron que jurar lealtad a Chávez y a su proyecto bolivariano, no solo a la nación.
A pesar de la resistencia de algunos comandantes, el eslogan del partido gobernante, “Patria, socialismo o muerte”, comenzó a hacer eco en los cuarteles y en los patios de desfiles.
A partir de 2005, otro factor ayudó a Chávez a reforzar su control sobre el poder.
Los precios del petróleo, años antes de que el fracking impulsara el suministro mundial, se dispararon junto con la noción de que las reservas del planeta estaban disminuyendo. Durante la mayor parte del resto de su tiempo en el poder, las inesperadas ganancias le permitirían a Chávez acelerar el gasto y asegurar el apoyo popular.
Ese dinero también lo ayudó a fortalecer las relaciones con países de ideas afines, especialmente aquellos que buscaban contrarrestar el poder de Estados Unidos. Venezuela compró miles de millones de dólares en armas y equipo a Rusia y China. Obtuvo apoyo a través de médicos, maestros y otros asesores que llegaban de Cuba, el aliado más cercano de todos.
Los cubanos llegaron con conocimientos militares también.
Un “acuerdo de cooperación” forjado entre Chávez y Fidel Castro años antes ya se había convertido en una alianza en materia de seguridad, según dos oficiales en retiro.
Alrededor del año 2008, los oficiales venezolanos dicen que comenzaron a notar que los funcionarios cubanos trabajaban en varias áreas de las fuerzas armadas.
El general Antonio Rivero, que en los cinco años previos había manejado la oficina nacional de Protección Civil de Venezuela, dijo que regresó aquel año a las actividades militares y encontró a asesores cubanos que lideraban el entrenamiento de soldados y sugerían cambios operativos y administrativos.
Los cubanos, dijo a Reuters, aconsejaron a Chávez que reordenara las filas, una vez construidas alrededor de centros estratégicos, en un sistema más territorial, extendiendo la presencia militar en el país.
Rivero quedó sorprendido en una sesión de entrenamiento en ingeniería militar. Un coronel cubano que lideró la sesión dijo a los asistentes que la reunión y su contenido deberían considerarse un secreto de Estado.
“¿Qué está pasando aquí?”, se preguntó entonces Rivero. “¿Cómo es que una fuerza militar extranjera va a manejar un secreto de estado?”.
Rivero salió de Venezuela para Estados Unidos en 2014.
Funcionarios de Cuba no respondieron una solicitud de Reuters para comentar el caso.
La influencia de la isla pronto se haría evidente en las operaciones diarias.
En Cuba, los militares están involucrados en todo, desde obras públicas hasta telecomunicaciones y turismo. También en Venezuela, los funcionarios del partido gobernante comenzaron a ordenar a los oficiales que participaran en actividades que tenían poco que ver con la preparación militar. Los soldados se convirtieron cada vez más en mano de obra barata para gobernadores y alcaldes.
En 2010, un general en retiro que trabajaba en los Andes, una región occidental en la frontera con Colombia, estaba supervisando una compleja movilización de 5.000 soldados para un mes de entrenamiento de combate. El general habló a condición de que no fuera nombrado.
Otro general, de un comando cercano, lo llamó y le pidió que detuviera los ejercicios. El gobernador del estado, dijo el oficial al general, quería desviar las tropas para instalar bombillas ahorradoras de energía en los hogares.
Cuando el general se negó, el comandante del ejército para ese momento, Euclides Campos, emitió una orden formal para eliminar el entrenamiento. “Esto parecería asombroso para cualquier profesional militar, pero es exactamente cómo funcionan las fuerzas armadas de Venezuela”, dijo el general en retiro.
Reuters no pudo contactar a Campos para que realice comentarios.
Chávez, enfermo de cáncer, murió en 2013. Maduro, su vicepresidente y reemplazo elegido como candidato a presidente por el Partido Socialista, ganó la elección para sucederlo.
El nuevo presidente continuó nombrando nuevos oficiales y designó aún más jefes militares para dirigir distintas oficinas. Para el año 2017, militares activos y retirados habían ocupado hasta casi la mitad de los 32 cargos del gabinete de Maduro, según Control Ciudadano, una organización no gubernamental venezolana que estudia las fuerzas armadas.
En 2014, justo cuando el colapso de los precios del petróleo torpedeaba la economía de Venezuela, Maduro fragmentó aún más la estructura militar.
Siguiendo el consejo de los cubanos, dicen los oficiales retirados, Maduro creó nuevos centros de comando en todo el país. Nombró oficiales superiores al frente de nuevos comandos en cada uno de los 23 estados y la capital Caracas, así como ocho comandos regionales por encima de ellos. Sus discursos públicos ahora están cada vez más salpicados de términos como ZODI y REDI, siglas para los nuevos comandos.
Cerca de los comandos, abundan las charreteras.
“Tu anteriormente veías un general, era como ver a un obispo, un arzobispo, era una figura, tú lo veías como un héroe”, recuerda Morffe, el mayor retirado. “Hace poco vi uno en un aeropuerto. Andaba super desastroso. Ni siquiera los guardias nacionales en el aeropuerto lo saludaban”.
Los oficiales supervisan ahora algunas áreas que alguna vez fueron parte de comandos más grandes, en zonas tan remotas que apenas si tienen personas. La mayor extensión de tierra del Comando Marítimo e Insular Occidental, supervisada por un vicealmirante, es un archipiélago rocoso con poca vegetación y sin residentes permanentes.
El oficial, vicealmirante Rodolfo Sánchez, no respondió a las llamadas de Reuters a su oficina.
El desequilibrio llevó a que los militares comenzaran a asumir funciones que no les correspondían, dicen los oficiales retirados.
En el comando de los Andes, que abarca a tres estados, seis generales una vez supervisaron aproximadamente a 13.000 soldados, según oficiales familiarizados con la región. Hoy en día, al menos 20 generales administran las filas que se han reducido en aquella zona a tan solo 3.000 soldados, agregaron los oficiales.
En agosto pasado, tres de los generales, incluido el comandante regional, se reunieron con funcionarios municipales en el estado Táchira, un foco de protestas contra Maduro en los últimos años. Días antes, el gobierno había dicho que los explosivos utilizados en dos drones que explotaron durante un desfile militar en Caracas habían sido contrabandeados a través de Táchira desde Colombia.
“Todos juntos vamos a resolver este problema”, dijo el mayor general Manuel Bernal a los oficiales reunidos y a un grupo de espectadores, incluido un reportero de Reuters.
Pero Bernal no estaba hablando de los drones. O de la seguridad nacional, que alguna vez fue un problema importante en esa región andina, donde la guerra de guerrillas de Colombia representó una amenaza. En cambio, los generales se habían reunido para hablar sobre el desbordamiento de basura en un vertedero cercano.
Desplegaron soldados para limpiar la basura y extinguir un incendio.
Un funcionario de comunicaciones del comando de los Andes no respondió a una solicitud de Reuters para hablar con Bernal sobre el episodio.
Los jefes militares muestran pocas señales de alejarse de tales directrices. En las semanas posteriores al fallido llamado de Guaidó al alzamiento, los oficiales superiores han reiterado su compromiso con Maduro.
“Vamos a permanecer nosotros siempre cumpliendo nuestras tareas constitucionales, cumpliendo las tareas bajo su mando”, dijo el ministro de Defensa Padrino a Maduro junto a las tropas reunidas en Caracas a principios de mayo.
“¡Leales siempre!”, gritó Padrino.
Las tropas respondieron al unísono: “¡Traidores nunca!”.
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Delegación de paz del gobierno de Colombia dice que es "inviable" doble negociación con guerrilla ELN
BOGOTÁ (AP) — La delegación del gobierno colombiano para los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pidió el sábado al presidente Gustavo Petro tomar una decisión entre continuar la negociación en una mesa nacional con esa guerrilla o una regional con una facción.
La mesa de negociación con el ELN entró en un momento de tensión luego de que el gobierno avaló un diálogo regional paralelo que impulsan las autoridades locales de Nariño con la facción denominada "Comandos del Sur". La dirigencia de la guerrilla consideró que ello busca presentar un ELN dividido.
El desarrollo de las conversaciones "en dos instancias con una misma organización" —por un lado la mesa nacional vigente con el ELN y, por otro, con un frente guerrillero— "es jurídica y políticamente inviable", señaló un comunicado suscrito por la jefa de la delegación, Vera Grave, y el representante gubernamental, el senador Iván Cépeda.
La delegación solicitó a Petro "tomar la decisión que considere" sobre continuar los trabajos en una de las dos instancias o determinar si la estructura de Nariño ha dejado de ser parte de la organización que participa en la mesa nacional "para desarrollar con ella un proceso autónomo".
El pedido de la delegación se produce tras difundirse la víspera unas declaraciones de Gabriel Yépez, autoidentificado como jefe del Frente Comuneros del Sur, a Blu radio de Colombia, señalando que si desde la guerrilla del ELN "buscaron excusarse en Comuneros del Sur para levantarse (de la mesa) es muy irresponsable".
"Nosotros no estamos envenenando ningún diálogo, nosotros estamos haciendo parte y seguiremos haciendo parte de la construcción de paz territorial de Nariño", dijo Yépez.
Para el analista y docente de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Medina, la situación supone una encrucijada para Petro, al considerar que la delegación de gobierno "deja en sus manos la decisión de resolver problemas que no le corresponden al presidente, sino que son problemas internos del ELN y sus disidencias".
Medina reiteró en diálogo telefónico con The Associated Press que la posición de Petro es "supremamente difícil" y consideró que el gobernante deberá apostar por "rutas alternativas", porque abandonar los diálogos con la única organización armada insurgente que queda en el país "representaría el fracaso de su apuesta por la paz total".
Hasta el momento el presidente colombiano no se ha pronunciado respecto al pedido.
Las delegaciones del gobierno y del ELN se reunieron a mediados de abril en Caracas en una cita extraordinaria que buscó destrabar las conversaciones, tras lo cual anunciaron sin precisar detalles una nueva reunión para el 20 de mayo en la capital venezolana. Ese país es garante de la mesa de diálogo junto a Cuba, México y Noruega.
El ciclo de conversaciones oficiales previsto para ese mes se había suspendido tras las acusaciones del ELN sobre una intención del gobierno de pretender desmovilizarlos.
Gobierno de transición toma el poder en Haití
El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.
El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.
La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.
En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".
El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.
Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.
La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.
Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).
La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.
ALBA se pronuncia sobre elecciones en Venezuela
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba, se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.
"Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que menoscaben la integridad y la transparencia de su proceso democrático", indicaron los firmantes de la Declaración de la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP.
La organización Amnistía Internacional alertó la semana pasada sobre la "alarmante escalada en la política de represión" del régimen de Nicolás Maduro, que busca cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política en ese país en el contexto de los comicios presidenciales.
La organización mencionó por ejemplo "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
También Estados Unidos expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
A la XXIII cumbre del ALBA celebrada en Caracas asistieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Luis Arce, de Bolivia y los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica; Philip J. Pierre, de Santa Lucía; y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda.
Fiscal de la Corte Penal Internacional inaugura oficina en Venezuela
El fiscal de la Corte PenaI Internacional, Karim Khan, inauguró el martes una oficina de asesoría técnica de ese organismo en Venezuela, que apunta a apoyar los esfuerzos para mejorar el sistema judicial y aumentar su presencia en el país sudamericano.
"De acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina: apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y a aumentar aún más la presencia de campo de la OTP", la oficina del fiscal jefe de la CPI, indicó el alto tribunal en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.
La oficina, además, tendría como propósito facilitar las investigaciones con miras a esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017, de acuerdo con el memorando suscrito el año pasado entre la CPI y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese documento fue el segundo suscrito entre ambas partes desde el 2021.
En la oficina laborarán funcionarios de la CPI. No quedó claro si el personal de ese organismo internacional ya se encuentra en territorio venezolano.
El año pasado, Khan comentó que esa oficina permitirá a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país, de modo que Venezuela pueda "hacer más para cumplir sus obligaciones" en el marco del Estatuto de Roma.
La CPI, bajo mandato del Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
En las manifestaciones contra el gobierno venezolano del 2017 murieron 120 personas.
El caso fue llevado a la CPI, con sede en La Haya, por varios de sus estados miembros en el continente -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- que solicitaron una investigación de los presuntos delitos cometidos por la fuerza pública.
La investigación se focaliza en las denuncias de torturas, abuso sexual y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas durante la represión de las protestas.
Maduro --que rechaza las acusaciones y sostiene que el proceso en la CPI es parte de estrategia promovida por Washington con miras a desacreditar su gobierno-- ha expresado que está dispuesto a investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en el país.
La visita de Khan tuvo lugar un mes y medio después que los jueces de apelaciones de la CPI, con sede en La Haya, dictaminaron que esa instancia judicial internacional puede continuar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.
Los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 hasta ahora han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.
EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones
Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.
La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.
"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.
Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.
"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.
Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".
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