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América Latina

Renueva el Departamento del Tesoro licencias para operar en Venezuela

Logo de la sede de Holliburton en Houston, Texas.
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos renovó el lunes nuevas licencias para que varias empresas estadounidenses continúen sus labores en Venezuela por los próximos tres meses.

Un comunicado de prensa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro, destaca que estas licencias son para “actividades habitualmente incidentes y necesarias para el mantenimiento de operaciones, contratos u otros acuerdos”. Aclara además que los permisos no son para la exportación o reexportación de diluyentes a Venezuela.

El Departamento del Tesoro informó que la licencia no autoriza transacciones relacionadas con envíos de diluyentes, que Venezuela utiliza para transformar su petróleo pesado en uno de mayor valor comercial.

La licencia anterior estuvo vigente hasta el 26 de julio de este año. La extensión es de 90 días y estará vigente hasta 22 de enero de 2020.

Las compañías estadounidenses que se benefician son: Chevron Corporation; Halliburton; Schlumberger Limited: Baker Hughes, a GE Company; Weatherford International y Public Limited Company.

En enero, Estados Unidos sancionó a la petrolera estatal venezolana PDVSA en un intento por forzar la salida de Maduro. Pero le otorgó a Chevron una licencia de seis meses para operar, que ha sido renovada en dos oportunidades por un lapso de tres meses.

La renovación de la licencia era clave para los trabajadores de la zona donde opera Chevron en el estado Zulia, el más golpeado por la crisis eléctrica.

En abril de este año, entraron en efecto las sanciones que impuso Estados Unidos al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, en la que se le prohíbe a los individuos en EE.UU. que compren petróleo o —productos derivados— a Pdvsa.

Además, en agosto de este año, la administración del presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva bloqueando todos los activos del gobierno venezolano en territorio estadounidense.

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La CIDH vuelve a Guatemala en visita para constatar situación de democracia e independencia judicial

Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Francisco Eguiguren (C) conversa con sus colegas Luis Vargas (I) y Jesús Orozco, antes de conferencia de prensa en Ciudad de Guatemala, 04/08/2017. (AP Foto/Moisés Castillo, Archivo)
Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Francisco Eguiguren (C) conversa con sus colegas Luis Vargas (I) y Jesús Orozco, antes de conferencia de prensa en Ciudad de Guatemala, 04/08/2017. (AP Foto/Moisés Castillo, Archivo)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició una visita a Guatemala en la que constatará el “debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial en el país”.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició el lunes una visita de cinco días a Guatemala en la que constatará el “debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial en el país”, luego de su visita en 2017, la última vez que recibió autorización del gobierno para enviar una delegación.

En una breve declaración a la prensa, Andrea Pochak, relatora para Guatemala de la CIDH, dijo que la visita estará encabezada por la presidenta de la comisión, Roberta Clarke, y que incluye también al relator de derechos económicos, Javier Palummo, y al de libertad de expresión, Pedro Vaca.

En 2023, la CIDH incluyó a Guatemala en el capítulo IV B de su informe sobre la situación de Derechos Humanos en el hemisferio al considerar que en el país existía una violación sistemática de derechos humanos y un grave deterioro de la institucionalidad democrática. Colocó a Guatemala junto a Cuba, Venezula y Nicaragua.

Pochak explicó que la Comisión estará centrada especialmente en conocer la situación del Estado de derecho, la institucionalidad democrática, el sistema de administración de justicia y la corrupción. También agradeció al gobierno del presidente Bernardo Arévalo por mostrarse anuente a la visita “después de muchos años en los que no había autorización”. dijo.

La última visita de la CIDH a Guatemala fue en 2017, durante el gobierno de Jimmy Morales (2016-2020). Se realizó antes de la salida del país de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una misión de Naciones Unidas que investigaba cuerpos clandestinos y de seguridad incrustados en el Estado.

En 2019, Morales no renovó el mandato de CICIG en el país luego de acusaciones en su contra y contra dos de sus familiares por hechos de corrupción.

Tras la salida de CICIG, comenzó la criminalización y exilio de operadores de justicia quienes denunciaron que era por haber investigado hechos de corrupción o crímenes de lesa humanidad.

El gobierno de Alejandro Giammattei (2020-2024) no autorizó visitas oficiales de la CIDH al país. Durante su mandato, unos 100 operadores de justicia, abogados, opositores y periodistas buscaron el exilio ante lo que denunciaron como criminalización.

El gobierno de Bernardo Arévalo, que autorizó la llegada de la comisión, dijo a través de su secretario de comunicación, Santiago Palomo, que la visita era un hito para el gobierno y una muestra de su apertura al sistema interamericano.

La agenda de la visita de la CIDH incluye reuniones con grupos en situación vulnerable como pueblos indígenas y afrodescendientes, defensores de derechos humanos y operadoras de justicia, periodistas, personas privadas de libertad y migrantes.

También busca conocer los avances y desafíos en materia de memoria, verdad, justicia y reparación de crímenes del conflicto armado, derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y la seguridad ciudadana.

La comisión se reunirá con el gobierno, el Congreso, las cortes de justicia, el Ministerio Público y otros sectores. Se realizarán visitas a los departamentos de Alta Verapaz, Izabal, Petén, San Marcos, Sololá, Totonicapán y Quetzaltenango, al norte y occidente del país, según la agenda prevista.

Se espera que al final de la visita, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exponga sus resultados en una conferencia de prensa.

Votantes de la oposición venezolana se unen para salvaguardar las elecciones

Un partidario del candidato presidencial de la oposición Edmundo González muestra cómo votar por él mientras reparte folletos de campaña en Caracas, Venezuela, el viernes 19 de julio de 2024. (Foto AP/Ariana Cubillos)
Un partidario del candidato presidencial de la oposición Edmundo González muestra cómo votar por él mientras reparte folletos de campaña en Caracas, Venezuela, el viernes 19 de julio de 2024. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Partidarios de la oposición venezolana se han movilizado para asistir a los votantes en las esperadas elecciones presidenciales. La principal coalición opositora cuenta con sus esfuerzos para llevar gente a las urnas y disuadir a representantes del gobierno de coaccionar a los votantes.

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Las lágrimas se deslizan por el rostro de Tanyia Colmenares cuando recuerda su sueño truncado de ser abogada, que terminó tras dos semestres en la facultad de derecho cuando tuvo que dejar los estudios para sobrevivir en la compleja crisis venezolana.

Aunque nunca llegó a defender a un cliente ante la corte, ha aceptado intentar defender algo mucho más grande a final de mes: la democracia venezolana.

Colmenares es una de las miles de partidarias de la oposición venezolana, normalmente fracturada, que han aceptado organizarse, movilizarse y asistir a los votantes en las esperadas elecciones presidenciales del 28 de julio.

La principal coalición opositora cuenta con sus esfuerzos, algunos liderados por partidos y otros formados de forma espontánea, para llevar gente a las urnas a votar y disuadir a representantes del gobierno de intimidar o coaccionar a los votantes.

La falta de una autoridad electoral realmente independiente hace esa labor crucial para la capacidad de la alianza de verificar o disputar el resultado. La coalición Plataforma Unitaria confía en que la mera presencia de muchos votantes atentos ante los centros de votación neutralice algunas de las estrategias del partido en el gobierno que en el pasado les impidieron tener representantes dentro de los colegios electorales, alejados de los conteos y sin voz en caso de irregularidades.

La ciudad occidental de Sabaneta es la cuna del chavismo, el movimiento autodenominado como socialista fundado por el fallecido presidente Hugo Chávez que ha dominado Venezuela desde el cambio de siglo. También es donde Colmenares ha hecho equipo con otros nueve vecinos para fomentar la participación y garantizar que los partidarios de la oposición llegan a su lugar de votación. Están preparados para organizar transporte, proporcionar apoyo si encuentran controles del partido en el gobierno y repartir agua o comida si se forman largas filas.

“Como se le haga más fácil, ya sea por las redes, que llamadas, mensajes, personalmente, lo importante es hacer el trabajo y hablar con la comunidad”, dijo este mes Colmenares, ama de casa con tres hijos, tras una reunión de un grupo vecinal.

Las elecciones de este mes son diferentes a cualquiera que haya enfrentado el partido en el gobierno desde que Chávez fue elegido presidente en 1998 y emprendió una transición en Venezuela hacia lo que describió como socialismo del siglo XXI.

Ahora liderado por el heredero de Chávez, el presidente Nicolás Maduro, el Partido Socialista Unido de Venezuela es más impopular que nunca entre muchos votantes. Los bajos precios del crudo, la corrupción y la mala gestión económica del gobierno sumieron al país en una crisis que dura más de 11 años. Los jóvenes han tenido que renunciar a aspiraciones universitarias, los niños pasan hambre y millones de personas han emigrado.

Las sanciones económicas impuestas en la última década no derrocaron a Maduro, como esperaban Estados Unidos y otros gobiernos, pero contribuyeron al declive de Venezuela.

Durante años, los políticos opositores boicotearon elecciones que consideraban amañadas, pero esta vez superaron sus profundas diferencias para unirse tras un solo candidato. También mantuvieron ese hueco en las boletas pese a una represión constante del gobierno, que vetó a María Corina Machado, la aspirante que planteaba un desafío mayor para la campaña de Maduro a un tercer mandato.

Machado, que ganó por abrumadora mayoría las primarias de la coalición en octubre, apoya ahora al candidato de reemplazo de la coalición, el exdiplomático Edmundo González Urrutia.

Las encuestadoras estiman que hasta 13 millones de personas votarán el 28 de julio.

La oposición calcula que más de medio millón de personas se han registrado en una estructura informal de grupos vecinales apodados “comanditos”.

Los miembros del grupo, que a estas alturas ya están familiarizados con los esfuerzos del PSUV por inclinar la balanza a su favor en las jornadas electorales, cuentan con que las gasolineras no abran, los feudos de la oposición sufran apagones, la policía y personas leales a Maduro corten carreteras y que el ejército limite el acceso a los centros de votación.

Algunos grupos celebran rifas y venden hallacas, similares a tamales, para reunir fondos para imprimir material promocional para sus barrios y preparar comida para los partidarios de la oposición. Otros almacenan gasolina en casa y ofrecen sus autos o motocicletas para llevar a los votantes.

Todos han recibido instrucciones de la coalición de mantenerse ante los centros electorales después de votar para reducir el temor de los ciudadanos y de sus representantes en los colegios, que tienen entre sus deberes el de conseguir una copia de los registros de voto impresa por las máquinas de voto electrónico tras el cierre de urnas. Se sabe que grupos leales al gobierno, incluidas pandillas armadas, han intimidado a representantes en los centros de votación, conocidos como testigos, para que se queden en casa o abandonen sus tareas antes de que concluya la jornada electoral.

Las leyes electorales permiten a los partidos tener un testigo por cada puesto de voto instalado en cada centro electoral.

“Hemos acordado nosotros como comandito que después del voto, nosotros vamos a vigilar y a ser garante de los votos el 28 de julio”, explicó el organizador local Fidel Ortega durante una reunión grupal. “Primeramente Dios, vamos a defender el derecho al voto de nosotros como venezolanos. El 28 votamos, el 29 celebramos y de ahí en adelante todos ganamos”.

Ortega estima que los partidarios de la oposición han formado al menos 40 grupos vecinales en el municipio que incluye a Sabaneta, en una amplia llanura tropical de pastos.

El Consejo Nacional Electoral, controlado por el gobierno, decidió habilitar 36.000 máquinas de voto. Muchos centros de votación están muy repartidos, lo que hace más difícil para la oposición vigilarlos todos. En torno a un tercio de los votantes en estos comicios están asignados a centros con apenas una o dos máquinas de voto.

En el pasado, el PSUV ha obtenido la mayor parte de sus votos en esos centros de votación más pequeños, y para estas elecciones el consejo electoral añadió 1.700 centros de una máquina. Los reportes sobre esfuerzos del gobierno por coaccionar y controlar el voto en consultas previas se han relacionado en su mayoría con esos colegios electorales de una o dos máquinas.

Aunque miles de personas se han inscrito en grupos vecinales, el temor a las represalias si se filtran los datos ha evitado que algunos partidarios de la oposición se sumen oficialmente al esfuerzo de movilización. Pero de todos modos participan en grupos de amigos, familiares y colegas con los que tienen previsto coordinarse el 28 de julio.

“Nosotros tenemos que ir con la gente para que pierdan el miedo", dijo Edgar Cuevas, profesor de secundaria y que estará en las urnas el día de las elecciones. "Antes sí nos opacaban con sus colectivos y sus cosas, pero ahora que llegan 10 colectivos, bueno nosotros somos 20”.

Entregan pemio Oswaldo Payá al obispo nicaragüense Rolando Álvarez

El reconocido obispo nicaragüense Rolando Álvarez recibió el premio “Oswaldo Payá Libertad y Vida”
El reconocido obispo nicaragüense Rolando Álvarez recibió el premio “Oswaldo Payá Libertad y Vida”

Monseñor Rolando Álvarez, quien fue desterrado de Nicaragua tras pasar más de un año tras las rejas, recibió el "Premio Oswaldo Payá Libertad y Vida".

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El reconocido obispo nicaragüense Rolando Álvarez recibió el premio “Oswaldo Payá Libertad y Vida”, que otorgan la Fundación para la Democracia Panamericana (FDP), la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia (JuventudLAC), y Ofelia Acevedo, viuda del reconocido opositor cubano.

Álvarez es "una voz firme y valiente frente a la represión del régimen de Daniel Ortega”, apuntó Acevedo.

"Es un símbolo de coherencia y coraje frente a la opresión. Su defensa de los perseguidos de Ortega es una inspiración no solo para todos los nicaragüenses, sino también para aquellos que luchamos por la libertad y la justicia en todo el mundo", indicó por su parte Rosa María Payá, hija del líder opositor.

Álvarez, obispo de Matagalpa y Administrador Apostólico de Estelí, es un conocido defensor de los derechos humanos y crítico de la dictadura de Daniel Ortega. En enero de este año, tras la mediación del Vaticano, fue deportado a Roma.

En Nicaragua, Álvarez fue condenado a 26 años de prisión por el supuesto delito de traición a la patria y llevado a la cárcel La Modelo.

Un día antes de ser condenado, se había negado a subirse al avión en el que exiliaron a más de 200 presos políticos hacia Estados Unidos.


El Premio Oswaldo Payá se entrega anualmente a individuos o instituciones que han realizado aportes valiosos en la defensa de la democracia, los derechos humanos y la libertad.

Entre los que han sido galardonados se encuentran Luis Almagro, secretario General de la OEA; la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA); Iván Duque, ex presidente de Colombia; el Parlamento Europeo y Carl Gershman, ex presidente de la Fundación Nacional para la Democracia.

"Monseñor Álvarez se integra a esta lista en reconocimiento a su valentía, integridad y dedicación incansable a la promoción de los derechos humanos y los valores democráticos en Nicaragua", explicala nota de prensa sobre la actual edición.

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Panamá dice que detectó "gran cantidad" de estafas en citas y trámites de inmigración

Las autoridades panameñas aseguran haber detectado una "gran cantidad" de estafas en la realización de trámites y citas migratorias
Las autoridades panameñas aseguran haber detectado una "gran cantidad" de estafas en la realización de trámites y citas migratorias

Panamá detecta una "gran cantidad" de estafas en la realización de trámites y citas migratorias. A mediados de julio habían suspendido el servicio de visado de tránsito y turismo en línea para los cubanos.

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Las autoridades panameñas aseguran haber detectado una "gran cantidad" de estafas en la realización de trámites y citas migratorias.

En un comunicado oficial, el Servicio Nacional de Migración [SNM], aclaró que "el único canal de comunicación, es la entidad oficial establecida para tal fin, el SNM".

"Estaremos vigilantes para que este tipo de prácticas fraudulentas sea detectada. Una vez canalizado cada caso, el mismo, será investigado y procesado, tal y como lo establece la Ley", agrega el texto.

Suspendida la tramitación en línea de visas de tránsito y turismo para cubanos

El anuncio se produce a poco más de una semana de Panamá haber suspendido de manera temporal la tramitación en línea de visas estampadas a ciudadanos cubanos.

El SNM dijo que la medida fue tomada debido a una "situación de vulnerabilidad" detectada en el sistema informático que utilizan.

Pocos días después anunciaron nuevos requisitos de visas de turismo para los ciudadanos de la isla y aclararon que la página web donde se realizaba el trámite se encontraba "bajo revisión".

Los cubanos interesados en solicitar visado de turismo para Panamá deberán ahora presentarse en la sede del Servicio Nacional de Migración, en el departamento de Correspondencia, en la ciudad de Panamá.

Panamá anunció nuevos requisitos de visas de turismo para cubanos
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María Corina Machado denuncia atentado en su contra a 10 días de elecciones presidenciales en Venezuela

María Corina Machado en una imagen de Archivo / Foto: Gaby Oraa (REUTERS)
María Corina Machado en una imagen de Archivo / Foto: Gaby Oraa (REUTERS)

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, denunció este jueves un atentado en su contra. Los vehículos en los que se moviliza con su equipo fueron vandalizados, los frenos de uno de ellos manipulados.

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La líder opositora venezolana, María Corina Machado, denunció un atentado contra ella y su equipo, luego de percatarse que durante la madrugada de este jueves los vehículos en los que se trasladan fueron “vandalizados” y les “cortaron la manguera de los frenos”.

“Lo más grave es que son dos camionetas, a esta camioneta le quitaron el tapón y vaciaron todo el aceite del motor y a otro vehículo, cortaron las mangueras de los frenos, ahí está la liga de los frenos, ahí se ve, lo cual es claramente un atentado a la vida de quienes utilizamos estos vehículos”, dijo Machado en un video en el que mostró con detalles las partes de las camionetas que fueron manipuladas.

Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, dijo que el atentado ocurrió en una urbanización privada en Barquisimeto, estado Lara, en el oeste del país, donde pernoctaron tras regresar de un acto de campaña en el estado Portuguesa, desde donde dijo fueron seguidos por agentes gubernamentales que rodearon la zona.

En los videos que publicó en sus redes sociales se ven los vehículos dañados con pintura. En uno de ellos se lee “no más bloqueo”.

La líder opositora responsabilizó al presidente Nicolás Maduro de cualquier daño a su integridad física y la de su equipo.

El atentado ocurre a diez días de las elecciones presidenciales del 28 de julio y un día después del arresto del jefe de seguridad de Machado, Milciades Ávila.

Machado ha estado recorriendo Venezuela en campaña por el candidato presidencial, Edmundo González Urrutia, y ha denunciado una ola de represión y persecución contra opositores.

González Urrutia, que el miércoles suspendió su agenda por un resfriado, aseguró que el amedrentamiento contra Machado y las recientes detenciones de 72 ciudadanos y activistas de su campaña “son actos de cobardía intolerables que atentan contra el desarrollo del proceso electoral”.

“Las autoridades, el Consejo Nacional Electoral y la comunidad internacional que respalda el Acuerdo de Barbados no pueden quedarse al margen frente a estos hechos. Es crucial garantizar un desarrollo pacífico del proceso electoral el 28 de julio en Venezuela”, escribió en su cuenta en X.

En días recientes han aumentado las detenciones de militantes y personas que han ofrecido servicio logístico y técnico para el desarrollo de la campaña presidencial. Por ejemplo, aquellos que alquilan camiones o cornetas utilizadas para que la oposición transmita su mensaje durante los mítines.

Varios hoteles, posadas y restaurantes han sido sancionados y cerrados por el organismo de fiscalización tributaria del país, luego de haber ofrecido sus servicios a dirigentes opositores.

Maduro, que busca su tercer mandato, dijo esta semana que el destino de Venezuela depende de su victoria en los comicios.

“Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo”, afirmó en un mitin.

El ministro de Petróleo y presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Rafael Tellechea, denunció esta mañana que se produjo una explosión e incendio en una tubería de gas en el estado Anzoátegui. Aunque las investigaciones están en curso, aseguró que “todo indica” que el hecho es producto de “sabotaje e incursión de terceros”.

Tellechea afirmó que un sector “extremista” de la oposición ha planificado una agenda para generar escenarios de violencia. En varias ocasiones la oposición ha insistido en que se mantiene en la ruta electoral con el objetivo de alcanzar una transición en Venezuela.

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