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América Latina

Quince puntos determinantes de los tres años del gobierno interino de Guaidó en Venezuela

Juan Guaidó habla a la prensa en Caracas tras las elecciones regionales de noviembre de 2021. (AP/Ariana Cubillos)
Juan Guaidó habla a la prensa en Caracas tras las elecciones regionales de noviembre de 2021. (AP/Ariana Cubillos)

MARACAIBO — Hace tres años, el joven diputado venezolano Juan Guaidó se juramentó como presidente encargado de su país entre acusaciones de que Nicolás Maduro había usurpado ese cargo, días antes.

Demasiada agua ha fluido bajo el puente de la política venezolana desde entonces. La Voz de América destaca 15 puntos clave para entender el complejo proceso político que ha transitado la oposición en esos 36 meses.

1. De la usurpación al interinato

El 10 de enero de 2019 es la piedra fundacional del interinato de Guaidó. Esa fecha marcó el inicio del segundo período de gobierno de Nicolás Maduro como presidente y definió, a su vez, su desconocimiento como mandatario por parte de la oposición venezolana, que dominaba entonces la Asamblea Nacional.

Guaidó, electo presidente de la Asamblea Nacional días antes, se autojuramentó el 23 de enero como presidente encargado del país en un cabildo abierto en Caracas, entre apoyo de los diputados y de masivas manifestaciones en el país.

Sus objetivos políticos eran el cese de la usurpación de la presidencia, la conformación de un gobierno de transición y la realización de elecciones libres.

2. El reconocimiento mundial

Al menos 52 gobiernos del mundo, especialmente de América y Europa, expresaron su reconocimiento a Guaidó como presidente interino de Venezuela.

Estados Unidos, presidido entonces por Donald Trump, fue el primero en emitir un comunicado formal en ese sentido. La administración del hoy exmandatario republicano fue clave en las estrategias políticas globales, así como en los apoyos públicos y financieros a la oposición liderada por Guaidó.

El respaldo estadounidense ha incluido esfuerzos diplomáticos, la aprobación de licencias de protección de activos venezolanos en el país norteamericano y la asignación de centenares de millones de dólares en ayuda humanitaria.

El sistema financiero federal de Estados Unidos ha apoyado a la oposición venezolana mediante el congelamiento de fondos decomisados en operativos anticorrupción contra el gobierno madurista y el uso de esos recursos para un fondo de promoción de la democracia en Venezuela, así como el funcionamiento de la presidencia encargada de Guaidó y la Asamblea Nacional de 2015.

El nuevo presidente estadounidense, Joe Biden, ha continuado su apoyo y reconocimiento a Juan Guaidó y a la oposición venezolana en el último año.

Otros países, como China, Rusia, Turquía, Cuba e Irán, han ratificado su apoyo a Maduro y demandan que no haya intervención de otros Estados en Venezuela.

2. El “show” de Cúcuta

La oposición liderada por Juan Guaidó anunció que intentaría ingresar el 23 de febrero de 2019 toneladas de ayuda humanitaria por los cruces fronterizos de Colombia y Brasil, pidiendo el apoyo de las Fuerzas Armadas venezolanas.

Maduro, aún al frente del poder ejecutivo en Caracas, ordenó cerrar los límites con el país vecino y calificó esas intenciones de Guaidó y sus aliados de “show”. El chavismo y sus aliados consideraban que ese operativo era parte de una estrategia para forzar el ingreso de tropas extranjeras a Venezuela.

Aquellos intentos terminaron en enfrentamientos entre manifestantes a favor Guaidó y colectivos y militares oficialistas. Hubo al menos cinco muertos. Un grupo de uniformados desertó y pidió refugio en Colombia. La ayuda no entró.

4. La intentona de abril

La oposición venezolana, junto a un grupo de oficiales, militares y funcionarios de inteligencia, anunció el 30 de abril de 2019 el inicio de una intentona contra el gobierno de Nicolás Maduro. Juan Guaidó la llamó Operación Libertad.

Entre los disidentes del oficialismo, se encontraba el hasta entonces director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Manuel Cristopher Figuera. Leopoldo López, preso en la cárcel de Ramo Verde, fue liberado ese día.

Maduro y sus aliados más cercanos se apertrecharon en el Palacio de Miraflores. Marchas opositoras fueron reprimidas en varias partes del país. Maduro anunció la noche del 30 de abril que había derrotado “un intento de golpe de Estado” y se refirió a los militares disidentes como “un pequeño grupo”.

5. La traición opositora

Un grupo de diputados antichavistas se aliaron en enero de 2020 con los parlamentarios del Partido Socialista para elegir una nueva directiva de la Asamblea Nacional y desplazar de su presidencia a Juan Guaidó.

Mientras fuerzas militares y policiales impedían que Guaidó y el resto de sus legisladores ingresaran al Palacio Federal Legislativo, ese bloque eligió a Luis Parra, del partido opositor Primero Justicia, como presidente del Parlamento.

La oposición desconoció ese nombramiento y se reunió luego en una locación privada, fuera del hemiciclo, para reelegir a Guaidó como máximo líder de la AN. Los antimaduristas acusaron al chavismo de sobornar a los diputados que nombraron la directiva paralela, a quienes llamaron “traidores” y “alacranes”.

6. El Estado de la Unión

Analistas advertían que el fenómeno Guaidó corría el peligro de agotarse cuando, en febrero de 2020, el presidente Donald Trump invitó al líder opositor a acompañarle durante su discurso del Estado de la Unión, en Washington.

Guaidó, quien se encontraba en una gira internacional para afianzar apoyos globales en su lucha contra Maduro, acudió al evento. Trump lo llamó “muy valiente” y “el verdadero y legítimo presidente de Venezuela”, poco luego de que el político venezolano recibiera una ovación bipartidista en el Congreso.

7. La pandemia

Revestido por un renovado reconocimiento de actores internacionales clave, como Estados Unidos, Juan Guaidó regresó a Venezuela en febrero de 2020 y, de inmediato, convocó a manifestaciones de calle contra el gobierno de Maduro.

Analistas lo interpretaron como un intento de aprovechar su refrescado respaldo global para atizar de nuevo la agenda de cambio político en Venezuela.

Pero, apenas cinco días luego de que participara en una marcha con centenares de jóvenes en Caracas, el oficialismo venezolano respondió ante la incipiente pandemia del COVID-19 con una cuarentena obligatoria y restricciones varias.

Aquella decisión estatal enfrió el subidón de la estrategia opositora tras la gira de Guaidó, consideraron expertos en entrevista con la Voz de América.

Analistas, como Luis Vicente León, director de la firma Datanálisis, advirtió que Maduro demostró con su manejo de la pandemia que era quien realmente presidía de facto el país y mantenía el control del territorio nacional.

8. La continuidad constitucional

Los diputados y partidos que integran la Asamblea Nacional electa en 2015 acordaron extender por un año, desde principios de 2021, su período de vigencia institucional y, por ende, el del gobierno interino de Juan Guaidó.

La oposición consideró necesario aprobar la “continuidad constitucional” de la que consideraban como la única institución legítima del país hasta que se garantizase el retorno de unas elecciones justas para reinstitucionalizar el país.

Con el voto salvado del tradicional partido Acción Democrática, los legisladores leales a Guaidó aprobaron un Estatuto que rige la Transición hacia la Democracia en Venezuela que contempló la vigencia de la presidencia de Guaidó y del Parlamento de 2015 mediante una comisión delegada.

Ese estatuto se reformó en diciembre de 2021 para prolongar por un año más, hasta enero de 2023, la continuidad del interinato de Guaidó y de la misma AN.

9. El manejo de activos

El manejo de activos venezolanos en el extranjero por parte de directivos seleccionados por el gobierno interino de Guaidó y sus diputados aliados se convirtió en un punto crítico de las gestiones de la plataforma opositora cuando, en septiembre de 2021, Colombia intervino la empresa Monómeros.

El gobierno colombiano advirtió que la compañía, fabricante de fertilizantes y uno de los principales activos venezolanos bajo control opositor, estaba en riesgo de liquidez e insolvencia. Surgieron denuncias de corrupción en el caso.

Mientras Nicolás Maduro fustigaba públicamente el “robo” de esos activos, Guaidó enfrentaba una crisis interna por señalamientos del partido Primero Justicia, uno de los cuatro principales de la coalición que le respalda.

El manejo de activos se convirtió, sin embargo, en uno de los principales argumentos de Guaidó y quienes lo apoyan para renovar su continuidad como presidente interino a fin de salvaguardar esas compañías del chavismo.

10. División interna

El interinato de Guaidó experimentó su crisis más significativa a finales de 2021 cuando, en medio de las denuncias de manejos irregulares de los activos de Venezuela en el extranjero, renunció a su cargo su canciller Julio Borges.

Borges, directivo nacional de Primero Justicia, acusó a Guaidó de “pasivo” y criticó que el manejo de empresas hubiese “desenfocado” a su gobierno interino de las estrategias necesarias para lograr un cambio político en Venezuela.

Henrique Capriles Radonski, excandidato presidencial, del mismo partido, opinó entonces que el interinato de Guaidó estaba “muerto”. El presidente encargado opositor se defendió reivindicando la urgencia de proteger los activos y apuntando que la selección de sus directivos se hizo en consenso.

Según el llamado gobierno interino, la gestión de los activos venezolanos sigue “un riguroso proceso de control previo y posterior”, del que destacó auditorías externas y controles de la comisión parlamentaria de contraloría.

Esas diferencias intestinas conllevaron a que la oposición incluyera en su estatuto de “continuidad constitucional” controles más férreos de parte del poder legislativo de 2015 sobre la presidencia encargada de Guaidó.

12. La negociación y el nuevo mantra

Juan Guaidó propuso en mayo de 2021 un “acuerdo de salvación nacional” que incluía negociaciones directas con el gobierno de Maduro con facilitación internacional, donde se mostró dispuesto al levantamiento progresivo de sanciones económicas extranjeras a cambio de elecciones libres en el país.

Esa propuesta arrojó frutos en agosto pasado con la firma de un memorando de entendimiento para un proceso formal de diálogo político sobre Venezuela en Ciudad de México. La agenda incluía debates sobre “derechos políticos para todos” y la suspensión de las restricciones económicas contra el chavismo.

El oficialismo suspendió su participación en ese proceso dos meses luego, tras solo dos rondas oficiales de negociación, sin embargo. La delegación madurista se levantó de la mesa molesta por el “secuestro” (extradición) del empresario colombiano que designó como miembro de su delegación en México, Alex Saab.

Este mes, Guaidó y actores internacionales como Estados Unidos insistieron en la necesidad de volver al diálogo de México. Maduro, entretanto, ha dejado claro que solo volverá cuando se libere a Saab y se regrese el dinero “robado” al país.

Esa nueva estrategia de diálogo incluyó un nuevo mantra para la oposición: negociaciones y elecciones libres, ya sin la exigencia del cese de la usurpación de la presidencia por parte de Maduro ni de un gobierno de transición.

13. El regreso a las elecciones

Partidos aliados de Juan Guaidó anunciaron en 2021 que participarían en las elecciones regionales de noviembre de 2021, mientras el presidente encargado expresaba públicamente sus dudas sobre el regreso a las urnas sin condiciones.

El chavismo ganó 19 de 23 gobernaciones en esas votaciones y más de 200 de las 335 alcaldías del país. Algunos dirigentes de oposición y analistas independientes advirtieron que, habiendo logrado más votos totales que el oficialismo en toda Venezuela, pudieron haber ganado hasta 14 gobernaciones si no hubiese existido multiplicidad de candidatos y divisiones internas.

14. Bajo la mira del chavismo

El chavismo inició el Año Nuevo pidiendo “justicia” para Guaidó y sus aliados, según el discurso del 5 de enero del presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020 y jefe de la delegación oficialista, Jorge Rodríguez.

La Fiscalía General, a cargo del exgobernador chavista Tarek William Saab, abrió al menos 25 causas contra Guaidó. Lo investigan por los delitos de usurpación de funciones, legitimación de capitales, instigación pública continuada a la desobediencia de las leyes y malversación agravada.

De acuerdo con un reportaje del diario venezolano Tal Cual, no menos de 10 veces la justicia afín a Maduro ha amenazado a Guaidó con encarcelarlo.

15. La agenda de 2022

El futuro inmediato de la oposición en Venezuela pasa por dos procesos políticos: el regreso a las negociaciones con el oficialismo en México y la posibilidad de convocar un referendo revocatorio contra Nicolás Maduro.

Guaidó no ha expresado un apoyo claro a la idea de revocar a Maduro. Ha compartido sus dudas sobre su factibilidad, por el contrario. El Consejo Nacional Electoral acaba de fijar el 26 de febrero como la fecha de recolección de voluntades para convocar la consulta sobre la gestión de Maduro. Sus promotores, los dirigentes opositores del Movimiento Venezolano por el Revocatorio, calificaron de “bufonada” ese cronograma y lo denunció como una violación de los derechos humanos de los electores.

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Detenidos otros tres opositores en Venezuela (VIDEO)

María Corina Machado encabezó multitudinarios actos de campaña en Portuguesa, el estado donde ocurrieron los más recientes arrestos.
María Corina Machado encabezó multitudinarios actos de campaña en Portuguesa, el estado donde ocurrieron los más recientes arrestos.

Tres partidarios de la opositora venezolana María Corina Machado han sido detenidos en los últimos días, luego de asistir a actos de campaña con vista a las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Ámbar Márquez, vicepresidenta de organización del partido Primero Justicia (PJ) en el municipio Santa Rosalía; Víctor Castillo, coordinador y jefe del comando de campaña en el mismo municipio, y Oscar Castañeda, militante de Vente Venezuela, fueron arrestados por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el estado Portuguesa, a 400 kilómetros de Caracas.

Los activistas detenidos fueron presentados en los tribunales y sin derecho a la defensa, denunciaron varias fuentes de la oposición.

Los partidos de oposición Vente Venezuela y Primero Justicia exigieron la liberación inmediata de los dirigentes, cuyos arrestos se suman a los de otros siete jefes de campañas regionales.

La organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política.

Edmundo González Urrutia, un diplomático jubilado de 74 años se perfila como único rival del gobernante Nicolás Maduro en los próximos comicios presidenciales del 28 de julio, como candidato unitario de la llamada Plataforma Unitaria Democrática (PUD), una coalición de 10 partidos de oposición.

La postulación de González Urrutia fue admitida por el Consejo Nacional Electoral.

Maduro acusa a exministro Tareck El Aissami de conspirar con la oposición para derrocarlo

El exministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, junto al presidente Nicolás Maduro, en una foto del 18 de mayo de 2018.
El exministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, junto al presidente Nicolás Maduro, en una foto del 18 de mayo de 2018.

El mandatario venezolano Nicolás Maduro acusó este lunes al exministro de Petróleo Tareck El Aissami de conspirar en su contra, además de estar vinculado a la trama de corrupción por la que fue detenido a principios de abril.

Maduro señaló que las investigaciones apuntan a que El Aissami conspiraba con líderes de la oposición para derrocarlo, entre ellos los exiliados Leopoldo López y Julio Borges.

"Teníamos a los corruptos y traidores al lado, los tenía, los tenían, y ni por mi mente me podía pasar que me pudieran traicionar o que pudieran estar robando", dijo el gobernante en su programa semanal de radio y televisión.

Aunque López negó las acusaciones del oficialismo con respecto a El Aissami, admitió haber sostenido conversaciones "para explorar la salida de Maduro". En un post en X dirigido al fiscal general Tarek William Saab, el opositor exiliado en España acusó al alto funcionario de haber participado en gestiones similares.

"@TarekWiliamSaab, tú más que nadie sabes que también has tenido conversaciones para explorar la salida de Maduro. Muchos son los que lo han hecho y lo hacen dentro de la dictadura. Así que no te hagas el loco, montando una nueva olla en mi contra. A ti también te tienen grabado. Todo cae por su propio peso", escribió.

Borges también negó los vínculos con El Aissami.

"@TarekWiliamSaab, ustedes saldrán del poder con la unidad y el voto del pueblo. Son corruptos y mentirosos. Los venezolanos seguiremos luchando para que ustedes no sigan destruyendo a Venezuela. Hoy más que nunca #UnidadYVoto, lo vamos a lograr el #28Jul", dijo en la red social X, en referencia a los esfuerzos de la oposición por derrocar a Maduro en las urnas, que se han visto afectados por la inhabilitación de candidatos como María Corina Machado y Enrique Capriles.

Maduro dijo en el programa que su gobierno tiene pruebas de llamadas telefónicas y videoconferencias entre opositores y el empresario Samark López, considerado por muchos un testaferro al servicio de El Aissami. "La derecha estaba articulada para destruirnos desde adentro", afirmó.

El Aissami fue detenido a principios de abril por sus presuntos vínculos con una trama millonaria de corrupción que operaba en la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y otras empresas estatales. El exministro de Petróleo había renunciado a su cargo luego de que fueran detenidos varios altos funcionarios de su entorno relacionados con el caso.

La Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró en 2017 a El Aissami como un “narcotraficante especialmente designado”.

El acusado comparecerá prontó ante una audiencia preliminar, dijo el fiscal general, sin mencionar la fecha.

Otras 65 personas, incluido Samark López, permanecen detenidas en relación con el caso, bajo acusaciones de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Según explicó Saab, la Fiscalía detectó a una red de funcionarios en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos que habrían ejecutado operaciones comerciales paralelas en PDVSA, Cartones de Venezuela y la Corporación Venezolana de Guayana, un consorcio que administra a varias empresas siderúrgicas y los recursos de hierro, bauxita, oro y diamantes.

El daño causado por los implicados es "incalculable en millones de dólares", dijo el fiscal general.

Delegación de paz del gobierno de Colombia dice que es "inviable" doble negociación con guerrilla ELN

El presidente colombiano Gustavo Petro deberá tomar la decisión sobre el futuro de las negociaciones de paz. (AP/Ivan Valencia)
El presidente colombiano Gustavo Petro deberá tomar la decisión sobre el futuro de las negociaciones de paz. (AP/Ivan Valencia)

BOGOTÁ (AP) — La delegación del gobierno colombiano para los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pidió el sábado al presidente Gustavo Petro tomar una decisión entre continuar la negociación en una mesa nacional con esa guerrilla o una regional con una facción.

La mesa de negociación con el ELN entró en un momento de tensión luego de que el gobierno avaló un diálogo regional paralelo que impulsan las autoridades locales de Nariño con la facción denominada "Comandos del Sur". La dirigencia de la guerrilla consideró que ello busca presentar un ELN dividido.

El desarrollo de las conversaciones "en dos instancias con una misma organización" —por un lado la mesa nacional vigente con el ELN y, por otro, con un frente guerrillero— "es jurídica y políticamente inviable", señaló un comunicado suscrito por la jefa de la delegación, Vera Grave, y el representante gubernamental, el senador Iván Cépeda.

La delegación solicitó a Petro "tomar la decisión que considere" sobre continuar los trabajos en una de las dos instancias o determinar si la estructura de Nariño ha dejado de ser parte de la organización que participa en la mesa nacional "para desarrollar con ella un proceso autónomo".

El pedido de la delegación se produce tras difundirse la víspera unas declaraciones de Gabriel Yépez, autoidentificado como jefe del Frente Comuneros del Sur, a Blu radio de Colombia, señalando que si desde la guerrilla del ELN "buscaron excusarse en Comuneros del Sur para levantarse (de la mesa) es muy irresponsable".

"Nosotros no estamos envenenando ningún diálogo, nosotros estamos haciendo parte y seguiremos haciendo parte de la construcción de paz territorial de Nariño", dijo Yépez.

Para el analista y docente de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Medina, la situación supone una encrucijada para Petro, al considerar que la delegación de gobierno "deja en sus manos la decisión de resolver problemas que no le corresponden al presidente, sino que son problemas internos del ELN y sus disidencias".

Medina reiteró en diálogo telefónico con The Associated Press que la posición de Petro es "supremamente difícil" y consideró que el gobernante deberá apostar por "rutas alternativas", porque abandonar los diálogos con la única organización armada insurgente que queda en el país "representaría el fracaso de su apuesta por la paz total".

Hasta el momento el presidente colombiano no se ha pronunciado respecto al pedido.

Las delegaciones del gobierno y del ELN se reunieron a mediados de abril en Caracas en una cita extraordinaria que buscó destrabar las conversaciones, tras lo cual anunciaron sin precisar detalles una nueva reunión para el 20 de mayo en la capital venezolana. Ese país es garante de la mesa de diálogo junto a Cuba, México y Noruega.

El ciclo de conversaciones oficiales previsto para ese mes se había suspendido tras las acusaciones del ELN sobre una intención del gobierno de pretender desmovilizarlos.

Gobierno de transición toma el poder en Haití

Louis Gerald Gilles, Frinel Joseph, Emmanuel Vertilaire, Laurent Saint-Cyr, Michel Patrick Boisvert, Jean Joseph Lebrun, Edgard Leblanc Fils, Regine Abraham, Fritz Alphonse Jean, Leslie Voltaire y Smith Augustin integran el Consejo de Transición de Haití, el 25 de abril de 2024.
Louis Gerald Gilles, Frinel Joseph, Emmanuel Vertilaire, Laurent Saint-Cyr, Michel Patrick Boisvert, Jean Joseph Lebrun, Edgard Leblanc Fils, Regine Abraham, Fritz Alphonse Jean, Leslie Voltaire y Smith Augustin integran el Consejo de Transición de Haití, el 25 de abril de 2024.

El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.

El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.

La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.

En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".

El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.

Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.

La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.

Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).

La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.

ALBA se pronuncia sobre elecciones en Venezuela

Díaz-Canel y Nicolás Maduro en la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP, celebrada en Caracas, Venezuela.
Díaz-Canel y Nicolás Maduro en la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP, celebrada en Caracas, Venezuela.

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba, se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.

"Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que menoscaben la integridad y la transparencia de su proceso democrático", indicaron los firmantes de la Declaración de la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP.

La organización Amnistía Internacional alertó la semana pasada sobre la "alarmante escalada en la política de represión" del régimen de Nicolás Maduro, que busca cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política en ese país en el contexto de los comicios presidenciales.

La organización mencionó por ejemplo "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".

También Estados Unidos expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".

A la XXIII cumbre del ALBA celebrada en Caracas asistieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Luis Arce, de Bolivia y los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica; Philip J. Pierre, de Santa Lucía; y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda.

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