América Latina
¿Qué papel jugó EEUU en la liberación de presos políticos de Nicaragua? (VIDEOS)
La Casa Blanca ha otorgado un permiso temporal para los 222 ex presos políticos nicaragüenses que han sido trasladados a Estados Unidos. Podrán permanecer en el país durante dos años y podrán regularizar su estatus.
El gobierno de Nicaragua liberó el jueves a 222 ex presos políticos, entre los que se encuentran opositores, aspirantes presidenciales, activistas sociales, abogados, periodistas, sacerdotes y diplomáticos. Todos ellos fueron traslados a Washington, en lo que ya se considera como una de las mayores operaciones de este tipo en las que ha participado la Casa Blanca.
Los refugiados ahora se encuentran en Estados Unidos después de que la administración Biden les otorgara un "parole" especial para permanecer en el país de forma legal, según anunció el Ejecutivo a través de un comunicado.
“Estados Unidos facilitó el transporte de esas personas una vez liberadas de la custodia nicaragüense a Estados Unidos, y gozarán de un "parole" por razones humanitarias en el país por un período de dos años”, señalaba el documento al tiempo que confirmaba que las autoridades estadounidenses facilitaron “asistencia médica y legal” para todas aquellas personas que optaron por desplazarse de forma voluntaria hasta la capital de EEUU.
¿De qué trata este de permiso temporal para los refugiados nicaragüenses?
Este "parole" aplica de únicamente a los 222 ex presos políticos de forma extraordinaria ya que, según explica el abogado de migración consultado por la Voz de América, Héctor Benítez, es “el Departamento de Seguridad Nacional quién tiene la facultad discrecional para otorgar un documento o una figura de acceso legal a los Estados Unidos”.
“Ese "parole" desde el punto de vista jurídico no se considera propiamente una admisión para efectos de otro tipo de trámites migratorios, pero definitivamente sí es una entrada legal”, comentaba el asesor legal, que trabaja entre Miami y Washington.
¿Qué diferencia hay con los otros permisos que actualmente se otorgan?
Hay que destacar, sin embargo, que este tipo de permisos temporales para vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos se diferencia de otras medidas adoptadas recientemente para otros nacionales de Nicaragua, Cuba, Venezuela, Haití y Ucrania.
“Por ejemplo, hay paroles de unificaciones familiares para los casos de los cubanos y los haitianos. También el que se creó para Ucrania, que luego fue extendido a Venezuela o En esos casos, es necesario que el auspiciador, que puede ser una persona física o una entidad corporativa, pase por un estricto proceso para certificar que cuenta con suficientes “recursos económicos y financieros para poder traer al beneficiario del parole”, aclara el experto.
Por lo tanto, en esas protecciones temporales, el Gobierno de Estados Unidos impone una condición sine qua non en la que el auspiciador tenga que demostrar su capacidad de mantener económicamente a las personas que potencialmente entren con esos permisos.
¿Quién auspicia a los ex presos políticos nicaragüenses?
En el caso de los 222 refugiados nicaragüenses no se requiere que haya un patrocinador en Estados Unidos, ya que es el propio Gobierno quién se hace cargo de estas personas.
“Básicamente están contando con la autorización y el acceso legal por parte del Gobierno de Estados Unidos” ya que se ha tenido en cuenta que muchos de ellos “llegan después de sufrir, obviamente, elementos de persecución política, prisión, probablemente torturas, etc.”, según dice Benítez.
Entonces, con ese preámbulo, “el Gobierno les está facilitando un acceso a una tierra donde puedan plantear otro tipo de protecciones migratorias”.
incluso a Nicaragua”, comenta Benítez.
La legislación estadounidense contempla este tipo de medidas adoptadas por la Casa Blanca. “A través de su discreción otorgada directamente por la ley de inmigración, se está permitiendo que ellos puedan venir a Estados Unidos directamente sin pasar por los periplos de obtener una visa en un consulado”, algo que en los otros casos de parole sí que se requiere que haya una aprobación previa con la obligatoriedad de acudir a una oficina consular.
El "parole" permite la estadía legal en EEUU durante 2 años: ¿Qué pasa después?
Como se mencionaba anteriormente, la Casa Blanca informó que los refugiados nicaragüenses que acaban de llegar a Estados Unidos podrían estar legalmente durante un período de dos años en el país norteamericano en el que van a poder trabajar sin restricciones.
“Van a tener la posibilidad de aplicar a permisos de trabajo y van a tener acceso al seguro social para que puedan insertarse o tratar de regularizarse en el esquema americano propiamente dicho”, agrega.
¿Y después de ese período? Eso no quiere decir que esas personas tengan que abandonar la unión americana una vez cumplido ese tiempo, sino que una vez establecidos en el país pueden optar por otras vías legales para obtener la residencia permanente.
La medida más recurrente será el asilo político ya que, según cuenta Benítez, ellos cuentan con razones suficientes para demostrar que en sus países son perseguidos.
“Obviamente al ser una medida tomada directamente por parte del Gobierno estadounidense y teniendo en cuenta que vienen por haber sufrido prisión por razones políticas, pues lo lógico es que todos ellos tengan acceso a la figura del asilo para que puedan regularizar de forma permanente su situación en el país”, explica Héctor Benítez a la VOA.
¿Qué otras vías tienen para establecerse en EEUU?
El asilo político no es la única salida legal que podrían tener los 222 refugiados nicaragüenses. “Pueden existir excepciones, donde algunos de estos ex presos políticos tal vez puedan hacerlo a través de una petición familiar, tal vez de un hijo que ya es ciudadano estadounidense u otro tipo de circunstancias que lo viabilice”, expone el abogado.
Pese a eso, “el que no tenga esas condiciones, obviamente tiene un fundamento bastante sólido para formular una petición de asilo”.
¿Cómo serán reconocidos internacionalmente los apátridas?
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR, por sus siglas en inglés) define a un apátrida como “una persona que no es considerada como nacional suyo por ningún Estado conforme a su legislación”. Es decir, que este tipo de personas no tienen la nacionalidad reconocida de un país, y eso tiene algunas consecuencias ya que, en muchos casos, tienen dificultades para inscribirse en un centro escolar, abrir una cuenta bancaria o contraer matrimonio.
El abogado Angel Leal, otro experto migratorio consultado por la VOA, avanzó que los refugiados nicaragüenses no serán considerados como apátridas dentro de Estados Unidos y recuerda que la apatridia “es uno de los elementos que permite que la persona pueda plantear el asilo desde el punto de vista del derecho humano, la identidad, la nacionalidad o la patria”.
“Eventualmente no va a ser un problema para tener un asilo y las personas opten por esa vía, pues indudablemente van a poder lograr documentación y pasaportes de refugiados en el futuro, con el que van a poder lograr documentación y pasaportes de refugiados en un futuro y van a tener la opción de tener la identidad nuevamente”, dice el abogado.
¿En qué consiste el pasaporte de refugiado?
Así que una vez que las personas aplican a un asilo y logran el estatus de asilado en Estados Unidos, pueden aplicar a distintos documentos de viaje con el estatus de refugiado, “y eso de alguna manera viene a suplir, tanto dentro de Estados Unidos como para terceros países, la ausencia o carencia de documentación”.
“Tiene características muy similares a las de un pasaporte, aunque es un documento emitido por las autoridades estadounidenses y les permitirían viajar por el resto del mundo, salvo a Nicaragua”, finaliza Benítez.
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Detenidos otros tres opositores en Venezuela (VIDEO)
Tres partidarios de la opositora venezolana María Corina Machado han sido detenidos en los últimos días, luego de asistir a actos de campaña con vista a las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Ámbar Márquez, vicepresidenta de organización del partido Primero Justicia (PJ) en el municipio Santa Rosalía; Víctor Castillo, coordinador y jefe del comando de campaña en el mismo municipio, y Oscar Castañeda, militante de Vente Venezuela, fueron arrestados por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el estado Portuguesa, a 400 kilómetros de Caracas.
Los activistas detenidos fueron presentados en los tribunales y sin derecho a la defensa, denunciaron varias fuentes de la oposición.
Los partidos de oposición Vente Venezuela y Primero Justicia exigieron la liberación inmediata de los dirigentes, cuyos arrestos se suman a los de otros siete jefes de campañas regionales.
La organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política.
Edmundo González Urrutia, un diplomático jubilado de 74 años se perfila como único rival del gobernante Nicolás Maduro en los próximos comicios presidenciales del 28 de julio, como candidato unitario de la llamada Plataforma Unitaria Democrática (PUD), una coalición de 10 partidos de oposición.
La postulación de González Urrutia fue admitida por el Consejo Nacional Electoral.
Maduro acusa a exministro Tareck El Aissami de conspirar con la oposición para derrocarlo
El mandatario venezolano Nicolás Maduro acusó este lunes al exministro de Petróleo Tareck El Aissami de conspirar en su contra, además de estar vinculado a la trama de corrupción por la que fue detenido a principios de abril.
Maduro señaló que las investigaciones apuntan a que El Aissami conspiraba con líderes de la oposición para derrocarlo, entre ellos los exiliados Leopoldo López y Julio Borges.
"Teníamos a los corruptos y traidores al lado, los tenía, los tenían, y ni por mi mente me podía pasar que me pudieran traicionar o que pudieran estar robando", dijo el gobernante en su programa semanal de radio y televisión.
Aunque López negó las acusaciones del oficialismo con respecto a El Aissami, admitió haber sostenido conversaciones "para explorar la salida de Maduro". En un post en X dirigido al fiscal general Tarek William Saab, el opositor exiliado en España acusó al alto funcionario de haber participado en gestiones similares.
"@TarekWiliamSaab, tú más que nadie sabes que también has tenido conversaciones para explorar la salida de Maduro. Muchos son los que lo han hecho y lo hacen dentro de la dictadura. Así que no te hagas el loco, montando una nueva olla en mi contra. A ti también te tienen grabado. Todo cae por su propio peso", escribió.
Borges también negó los vínculos con El Aissami.
"@TarekWiliamSaab, ustedes saldrán del poder con la unidad y el voto del pueblo. Son corruptos y mentirosos. Los venezolanos seguiremos luchando para que ustedes no sigan destruyendo a Venezuela. Hoy más que nunca #UnidadYVoto, lo vamos a lograr el #28Jul", dijo en la red social X, en referencia a los esfuerzos de la oposición por derrocar a Maduro en las urnas, que se han visto afectados por la inhabilitación de candidatos como María Corina Machado y Enrique Capriles.
Maduro dijo en el programa que su gobierno tiene pruebas de llamadas telefónicas y videoconferencias entre opositores y el empresario Samark López, considerado por muchos un testaferro al servicio de El Aissami. "La derecha estaba articulada para destruirnos desde adentro", afirmó.
El Aissami fue detenido a principios de abril por sus presuntos vínculos con una trama millonaria de corrupción que operaba en la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y otras empresas estatales. El exministro de Petróleo había renunciado a su cargo luego de que fueran detenidos varios altos funcionarios de su entorno relacionados con el caso.
La Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró en 2017 a El Aissami como un “narcotraficante especialmente designado”.
El acusado comparecerá prontó ante una audiencia preliminar, dijo el fiscal general, sin mencionar la fecha.
Otras 65 personas, incluido Samark López, permanecen detenidas en relación con el caso, bajo acusaciones de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Según explicó Saab, la Fiscalía detectó a una red de funcionarios en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos que habrían ejecutado operaciones comerciales paralelas en PDVSA, Cartones de Venezuela y la Corporación Venezolana de Guayana, un consorcio que administra a varias empresas siderúrgicas y los recursos de hierro, bauxita, oro y diamantes.
El daño causado por los implicados es "incalculable en millones de dólares", dijo el fiscal general.
Delegación de paz del gobierno de Colombia dice que es "inviable" doble negociación con guerrilla ELN
BOGOTÁ (AP) — La delegación del gobierno colombiano para los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pidió el sábado al presidente Gustavo Petro tomar una decisión entre continuar la negociación en una mesa nacional con esa guerrilla o una regional con una facción.
La mesa de negociación con el ELN entró en un momento de tensión luego de que el gobierno avaló un diálogo regional paralelo que impulsan las autoridades locales de Nariño con la facción denominada "Comandos del Sur". La dirigencia de la guerrilla consideró que ello busca presentar un ELN dividido.
El desarrollo de las conversaciones "en dos instancias con una misma organización" —por un lado la mesa nacional vigente con el ELN y, por otro, con un frente guerrillero— "es jurídica y políticamente inviable", señaló un comunicado suscrito por la jefa de la delegación, Vera Grave, y el representante gubernamental, el senador Iván Cépeda.
La delegación solicitó a Petro "tomar la decisión que considere" sobre continuar los trabajos en una de las dos instancias o determinar si la estructura de Nariño ha dejado de ser parte de la organización que participa en la mesa nacional "para desarrollar con ella un proceso autónomo".
El pedido de la delegación se produce tras difundirse la víspera unas declaraciones de Gabriel Yépez, autoidentificado como jefe del Frente Comuneros del Sur, a Blu radio de Colombia, señalando que si desde la guerrilla del ELN "buscaron excusarse en Comuneros del Sur para levantarse (de la mesa) es muy irresponsable".
"Nosotros no estamos envenenando ningún diálogo, nosotros estamos haciendo parte y seguiremos haciendo parte de la construcción de paz territorial de Nariño", dijo Yépez.
Para el analista y docente de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Medina, la situación supone una encrucijada para Petro, al considerar que la delegación de gobierno "deja en sus manos la decisión de resolver problemas que no le corresponden al presidente, sino que son problemas internos del ELN y sus disidencias".
Medina reiteró en diálogo telefónico con The Associated Press que la posición de Petro es "supremamente difícil" y consideró que el gobernante deberá apostar por "rutas alternativas", porque abandonar los diálogos con la única organización armada insurgente que queda en el país "representaría el fracaso de su apuesta por la paz total".
Hasta el momento el presidente colombiano no se ha pronunciado respecto al pedido.
Las delegaciones del gobierno y del ELN se reunieron a mediados de abril en Caracas en una cita extraordinaria que buscó destrabar las conversaciones, tras lo cual anunciaron sin precisar detalles una nueva reunión para el 20 de mayo en la capital venezolana. Ese país es garante de la mesa de diálogo junto a Cuba, México y Noruega.
El ciclo de conversaciones oficiales previsto para ese mes se había suspendido tras las acusaciones del ELN sobre una intención del gobierno de pretender desmovilizarlos.
Gobierno de transición toma el poder en Haití
El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.
El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.
La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.
En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".
El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.
Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.
La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.
Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).
La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.
ALBA se pronuncia sobre elecciones en Venezuela
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba, se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.
"Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que menoscaben la integridad y la transparencia de su proceso democrático", indicaron los firmantes de la Declaración de la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP.
La organización Amnistía Internacional alertó la semana pasada sobre la "alarmante escalada en la política de represión" del régimen de Nicolás Maduro, que busca cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política en ese país en el contexto de los comicios presidenciales.
La organización mencionó por ejemplo "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
También Estados Unidos expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
A la XXIII cumbre del ALBA celebrada en Caracas asistieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Luis Arce, de Bolivia y los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica; Philip J. Pierre, de Santa Lucía; y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda.
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