América Latina
¿Qué hay detrás de las relaciones entre Maduro y las disidencias de las FARC?
Un informe publicado recientemente por la revista colombiana Semana reveló los documentos obtenidos por las Fuerzas Armadas y la Policía de ese país en la computadora personal de Miguel Botache Santilla, alias ‘Gentil Duarte’, en una operación lanzada en Caquetá que tenía como objetivo apresar a uno de los jefes guerrilleros más peligrosos de la nación, pero que finalmente huyó.
La información confirmaría la relación que existe entre las filas disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el ejecutivo de Nicolás Maduro para afianzar sus estrategias geopolíticas y así ampliar sus nexos con otros gobiernos como el de Corea del Norte o Irán.
Bomba informativa
Milos Alcalay, diplomático y embajador de Venezuela ante Naciones Unidas entre 2001 y 2004, calificó las revelaciones sobre el contenido de la computadora de “Gentil Duarte” como una “bomba informativa” que reconfirmaría los nexos del chavismo no con una, sino con varias facciones guerrilleras.
“El régimen (de Maduro) no tiene relaciones ni privilegiadas ni exclusivas con un solo sector, sino con varios sectores. ‘El enemigo de mi enemigo es mi amigo’. Todos ellos son interlocutores aceptables y eso es muy grave”, afirmó durante una entrevista con la Voz de América.
En esa línea, resaltó que el oficialismo venezolano ha demostrado ser capaz de mantener buenas relaciones con comandantes de las distintas disidencias de las FARC, como ‘Iván Márquez’ y el propio ‘Duarte’.
Valora los escritos de ‘Gentil Duarte’ como una “forma de lucha de poder”, un intento del comandante guerrillero de demostrar que su influencia y contactos dentro del gobierno venezolano llegan al punto de diligenciar arsenal militar.
“Se parecen mucho a los anuncios del Foro de Sao Paulo, que hablan de su intención de desestabilizar la región. Es una búsqueda del poder a través de la fuerza que tienen con personeros del régimen (de Maduro)”, opinó.
La presencia de la guerrilla en Venezuela
Alcalay, quien sirvió como embajador en Rumania, Israel y Brasil, destacó que los apuntes de ‘Duarte’ son “una especie de jaque al rey”, porque no involucra menciones a simples funcionarios de niveles bajos, sino al mismo Maduro, y calificó como “un despropósito” la solicitud de armamento militar al gobierno venezolano y el planteamiento alternativo de recibir los recursos para comprarlo, de no ser posible lograrlo mediante el poder ejecutivo.
El diplomático hizo un paralelismo entre este caso y el de las computadoras de alias ‘Raúl Reyes’, líder de las FARC muerto en marzo de 2008 en Ecuador en un operativo militar de Colombia bautizado Operación Fénix.
Según el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe, los aparatos contenían información sobre cooperantes de la guerrilla, entre los que se destacaban los gobiernos de Hugo Chávez, en Venezuela, y Rafael Correa, en Ecuador.
Tanto Chávez como Correa atribuyeron esas denuncias a un intento de Uribe de distraer la atención en Colombia y el extranjero sobre la llamada “parapolítica”.
Alcalay augura que foros internacionales de lucha contra el terrorismo, como la OEA, seguramente debatirán los reportes de la computadora de ‘Gentil Duarte’, pero advierte que Rusia y China, aliados de Venezuela, podrían evitar que se ventilen en organismos como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Por eso, cree que Rusia, particularmente, usará su influencia como país acompañante de la mesa de diálogo sobre Venezuela instalada este mes en Ciudad de México para vetar el tema. “Ese tema abre la relación con otras fuerzas terroristas, como Hamás, Hezbolá, la Yihad. No se trata solo de Venezuela”, apuntaba.
Consecuencias geopolíticas
Sadio Garavini, doctor en ciencias políticas y embajador retirado de Venezuela, remarcó que las denuncias sobre la computadora de ‘Gentil Duarte’ revelan “la profundidad” de las relaciones venezolanas con las disidencias de las FARC.
Sobre eso, enfatizó que los vínculos con grupos irregulares se elevan a un nivel superior al de brindar “santuario” para reposar en territorio venezolano a salvo de ataques desde Colombia o al de facilitar operaciones financieras, como la extracción de coltán u oro del Ejército de Liberación Nacional al sur.
“Lo que viene en el computador de ‘Duarte’ aumenta la gravedad de la relación. Se trata ya de un acuerdo o alianza definitiva del régimen (de Maduro) con apoyo logístico a una guerrilla en su objetivo de desestabilizar el gobierno y la institucionalidad colombianos”, advirtió Garavini.
Opina que el caso ‘Duarte’ tiene consecuencias geopolíticas que salpican al mayor aliado del gobierno de Colombia: Estados Unidos. A su entender, el presidente Joe Biden debe ocuparse en prevenir que escale la alianza de la guerrilla colombiana con Venezuela tras la “debacle” del retiro de tropas estadounidenses y la caída súbita del gobierno de Afganistán.
“Esa mala implementación (en Afganistán) es una tacha de la administración Biden. Ahora, perder a Colombia como aliado por la acción evidente y clara del régimen de Maduro, apoyado a su vez por Rusia y China, sería un golpe geopolítico. Esto sería muchísimo más grave para el prestigio de Estados Unidos que el retiro mal empleado en Afganistán”, manifestó.
El apoyo de Maduro
La relación entre las FARC y el gobierno de Nicolás Maduro no es algo nuevo. Ryan Berg, investigador del programa de las Américas en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS por sus siglas en inglés), indicó que el gobierno de Nicolás Maduro mantiene una relación “bastante cercana con muchos de los disidentes de las FARC” e incluso “ha apoyado abiertamente” a la guerrilla colombiana.
“Maduro incluso ha dicho, después del acuerdo de paz de 2016, que los miembros de las FARC son personas invitadas a territorio venezolano”, subrayó.
Berg, que lleva varios años investigando el impacto de las relaciones entre el Palacio de Miraflores y la disidencia de las FARC, recalcó que el interés principal del ejecutivo venezolano radica en la desestabilización de Colombia y en el desarrollo de economías ilegales, como el narcotráfico.
“Sabemos que el régimen de Maduro utiliza la presencia de las FARC en algunos de sus territorios fronterizos como instrumentos de poder y para desestabilizar al país vecino, Colombia, para participar en las economías ilícitas como el tráfico de drogas a través de zonas fronterizas”, detalló.
“Caldo de cultivo” para las FARC
A su parecer, el acercamiento del Gobierno de Venezuela a las FARC supone “un caldo de cultivo para que el grupo se reagrupe, reclute más individuos en sus filas y se reconstituya” tras el acuerdo de paz.
“Hay que recordar que estos son disidentes de las FARC que no quisieron participar del acuerdo de 2016, que rompieron con el tratado para deponer las armas”, apuntó Berg, subrayando que los vínculos suscritos con Venezuela “les da una oportunidad significativa para reconstituirse, para ganar fuerza nuevamente y para operar sin problemas, porque tienen la complicidad del estado venezolano.
Con todo, agregó que estas conexiones suponen una amenaza no solo para Colombia o Brasil sino para la región de América Latina y el resto del continente, en tanto que se estaría formando un “grupo que está muy conectado a los mercados mundiales ilícitos” y que “participa activamente en ellos”.
“Es un grupo que está diversificando sus intereses económicos ilícitos no solo en la cocaína, también en la deforestación ilegal de madera, el tráfico ilícito de vida silvestre y muchos otros mercados en los que puede participar. Solo necesita espacio y tiempo para poder desarrollar algunos de estos elementos en su organización (FARC). El estado venezolano está brindando en este momento ese espacio”, afirmó el investigador del CSIS.
La pandemia beneficiaría a las FARC
Otro factor importante que hay que tener en cuenta es la grave crisis política, humanitaria y socioeconómica que vive Venezuela, ahora agravada con la pandemia del coronavirus, que puede provocar que muchos con necesidades se vean obligados a formar parte de las FARC.
“Ahora, dada la gravedad de la crisis del COVID-19, muchos corren el riesgo de ser potencialmente reclutados por grupos criminales. No tengo ninguna duda de que los hombres jóvenes de 12 a 17 años pueden ser vulnerables a eso”, dijo.
“Los jóvenes corren un riesgo significativo de verse arrastrados a una vida de delincuencia en este momento en el que hay muy pocas cosas y el futuro parece muy sombrío. Hay problemas con la inseguridad alimentaria, la falta de educación, de atención médica y, por encima de todo, está la pandemia”, añadió.
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Detenidos otros tres opositores en Venezuela (VIDEO)
Tres partidarios de la opositora venezolana María Corina Machado han sido detenidos en los últimos días, luego de asistir a actos de campaña con vista a las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Ámbar Márquez, vicepresidenta de organización del partido Primero Justicia (PJ) en el municipio Santa Rosalía; Víctor Castillo, coordinador y jefe del comando de campaña en el mismo municipio, y Oscar Castañeda, militante de Vente Venezuela, fueron arrestados por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el estado Portuguesa, a 400 kilómetros de Caracas.
Los activistas detenidos fueron presentados en los tribunales y sin derecho a la defensa, denunciaron varias fuentes de la oposición.
Los partidos de oposición Vente Venezuela y Primero Justicia exigieron la liberación inmediata de los dirigentes, cuyos arrestos se suman a los de otros siete jefes de campañas regionales.
La organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política.
Edmundo González Urrutia, un diplomático jubilado de 74 años se perfila como único rival del gobernante Nicolás Maduro en los próximos comicios presidenciales del 28 de julio, como candidato unitario de la llamada Plataforma Unitaria Democrática (PUD), una coalición de 10 partidos de oposición.
La postulación de González Urrutia fue admitida por el Consejo Nacional Electoral.
Maduro acusa a exministro Tareck El Aissami de conspirar con la oposición para derrocarlo
El mandatario venezolano Nicolás Maduro acusó este lunes al exministro de Petróleo Tareck El Aissami de conspirar en su contra, además de estar vinculado a la trama de corrupción por la que fue detenido a principios de abril.
Maduro señaló que las investigaciones apuntan a que El Aissami conspiraba con líderes de la oposición para derrocarlo, entre ellos los exiliados Leopoldo López y Julio Borges.
"Teníamos a los corruptos y traidores al lado, los tenía, los tenían, y ni por mi mente me podía pasar que me pudieran traicionar o que pudieran estar robando", dijo el gobernante en su programa semanal de radio y televisión.
Aunque López negó las acusaciones del oficialismo con respecto a El Aissami, admitió haber sostenido conversaciones "para explorar la salida de Maduro". En un post en X dirigido al fiscal general Tarek William Saab, el opositor exiliado en España acusó al alto funcionario de haber participado en gestiones similares.
"@TarekWiliamSaab, tú más que nadie sabes que también has tenido conversaciones para explorar la salida de Maduro. Muchos son los que lo han hecho y lo hacen dentro de la dictadura. Así que no te hagas el loco, montando una nueva olla en mi contra. A ti también te tienen grabado. Todo cae por su propio peso", escribió.
Borges también negó los vínculos con El Aissami.
"@TarekWiliamSaab, ustedes saldrán del poder con la unidad y el voto del pueblo. Son corruptos y mentirosos. Los venezolanos seguiremos luchando para que ustedes no sigan destruyendo a Venezuela. Hoy más que nunca #UnidadYVoto, lo vamos a lograr el #28Jul", dijo en la red social X, en referencia a los esfuerzos de la oposición por derrocar a Maduro en las urnas, que se han visto afectados por la inhabilitación de candidatos como María Corina Machado y Enrique Capriles.
Maduro dijo en el programa que su gobierno tiene pruebas de llamadas telefónicas y videoconferencias entre opositores y el empresario Samark López, considerado por muchos un testaferro al servicio de El Aissami. "La derecha estaba articulada para destruirnos desde adentro", afirmó.
El Aissami fue detenido a principios de abril por sus presuntos vínculos con una trama millonaria de corrupción que operaba en la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y otras empresas estatales. El exministro de Petróleo había renunciado a su cargo luego de que fueran detenidos varios altos funcionarios de su entorno relacionados con el caso.
La Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró en 2017 a El Aissami como un “narcotraficante especialmente designado”.
El acusado comparecerá prontó ante una audiencia preliminar, dijo el fiscal general, sin mencionar la fecha.
Otras 65 personas, incluido Samark López, permanecen detenidas en relación con el caso, bajo acusaciones de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Según explicó Saab, la Fiscalía detectó a una red de funcionarios en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos que habrían ejecutado operaciones comerciales paralelas en PDVSA, Cartones de Venezuela y la Corporación Venezolana de Guayana, un consorcio que administra a varias empresas siderúrgicas y los recursos de hierro, bauxita, oro y diamantes.
El daño causado por los implicados es "incalculable en millones de dólares", dijo el fiscal general.
Delegación de paz del gobierno de Colombia dice que es "inviable" doble negociación con guerrilla ELN
BOGOTÁ (AP) — La delegación del gobierno colombiano para los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pidió el sábado al presidente Gustavo Petro tomar una decisión entre continuar la negociación en una mesa nacional con esa guerrilla o una regional con una facción.
La mesa de negociación con el ELN entró en un momento de tensión luego de que el gobierno avaló un diálogo regional paralelo que impulsan las autoridades locales de Nariño con la facción denominada "Comandos del Sur". La dirigencia de la guerrilla consideró que ello busca presentar un ELN dividido.
El desarrollo de las conversaciones "en dos instancias con una misma organización" —por un lado la mesa nacional vigente con el ELN y, por otro, con un frente guerrillero— "es jurídica y políticamente inviable", señaló un comunicado suscrito por la jefa de la delegación, Vera Grave, y el representante gubernamental, el senador Iván Cépeda.
La delegación solicitó a Petro "tomar la decisión que considere" sobre continuar los trabajos en una de las dos instancias o determinar si la estructura de Nariño ha dejado de ser parte de la organización que participa en la mesa nacional "para desarrollar con ella un proceso autónomo".
El pedido de la delegación se produce tras difundirse la víspera unas declaraciones de Gabriel Yépez, autoidentificado como jefe del Frente Comuneros del Sur, a Blu radio de Colombia, señalando que si desde la guerrilla del ELN "buscaron excusarse en Comuneros del Sur para levantarse (de la mesa) es muy irresponsable".
"Nosotros no estamos envenenando ningún diálogo, nosotros estamos haciendo parte y seguiremos haciendo parte de la construcción de paz territorial de Nariño", dijo Yépez.
Para el analista y docente de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Medina, la situación supone una encrucijada para Petro, al considerar que la delegación de gobierno "deja en sus manos la decisión de resolver problemas que no le corresponden al presidente, sino que son problemas internos del ELN y sus disidencias".
Medina reiteró en diálogo telefónico con The Associated Press que la posición de Petro es "supremamente difícil" y consideró que el gobernante deberá apostar por "rutas alternativas", porque abandonar los diálogos con la única organización armada insurgente que queda en el país "representaría el fracaso de su apuesta por la paz total".
Hasta el momento el presidente colombiano no se ha pronunciado respecto al pedido.
Las delegaciones del gobierno y del ELN se reunieron a mediados de abril en Caracas en una cita extraordinaria que buscó destrabar las conversaciones, tras lo cual anunciaron sin precisar detalles una nueva reunión para el 20 de mayo en la capital venezolana. Ese país es garante de la mesa de diálogo junto a Cuba, México y Noruega.
El ciclo de conversaciones oficiales previsto para ese mes se había suspendido tras las acusaciones del ELN sobre una intención del gobierno de pretender desmovilizarlos.
Gobierno de transición toma el poder en Haití
El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.
El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.
La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.
En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".
El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.
Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.
La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.
Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).
La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.
ALBA se pronuncia sobre elecciones en Venezuela
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba, se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.
"Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que menoscaben la integridad y la transparencia de su proceso democrático", indicaron los firmantes de la Declaración de la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP.
La organización Amnistía Internacional alertó la semana pasada sobre la "alarmante escalada en la política de represión" del régimen de Nicolás Maduro, que busca cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política en ese país en el contexto de los comicios presidenciales.
La organización mencionó por ejemplo "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
También Estados Unidos expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
A la XXIII cumbre del ALBA celebrada en Caracas asistieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Luis Arce, de Bolivia y los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica; Philip J. Pierre, de Santa Lucía; y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda.
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