Enlaces de accesibilidad

América Latina

Las pruebas y testigos que respaldan la acusación de secuestro contra Rafael Correa

La prensa de Colombia reporta el frustrado secuestro del opositor ecuatoriano Fernando Balda en Bogotá en agosto de 2012.
La prensa de Colombia reporta el frustrado secuestro del opositor ecuatoriano Fernando Balda en Bogotá en agosto de 2012.

Seis meses de investigaciones de la Fiscalía ecuatoriana revelaron que Correa aprobó y financió el secuestro en Bogotá, en 2012, de uno de sus más incisivos críticos por parte de su secretaría de Inteligencia.

La investigación de la justicia ecuatoriana que ha resultado en una orden de prisión preventiva y la solicitud aInterpol para la captura y extradición del expresidente ecuatoriano Rafael Correa tiene su origen irónicamente en la política de reprimir las libertades de expresión y prensa que aplicó el mandatario socialista durante sus diez años (2007-2017) cometiendo arbitrariedades desde el poder.

Medios ecuatorianos, colombianos y otros ofrecen detalles de las acusaciones de asociación ilícita y secuestro radicadas por la Fiscalía de Ecuador y por las cuales el martes la jueza ecuatoriana Daniella Camacho dictó las mencionadas medidas cautelares, después que el expresidente, que reside en Bélgica, no se presentara a una citación el lunes en Quito.

La operación Wilson

El principal motivo de la orden de captura contra Correa es su presunta vinculación con el intento de secuestro en Colombia, en 2012, de un opositor llamado Fernando Balda Flores.

Balda Flores es un joven político ecuatoriano que después de trabajar en el partido Alianza País de Correa, se pasó a cooperar desde la Asamblea Nacional con el expresidente Lucio Gutiérrez, el principal opositor a su gobierno.

Entre sus denuncias de ilegalidades y abusos cometidos por Correa, Balda aseguró en un programa televisivo que el gobierno ecuatoriano mantenía una central secreta desde la cual espiaba a políticos y periodistas desafectos al régimen. Por esa denuncia fue demandado por injuria y buscó refugio con su familia en Colombia.

Desde el país vecino, donde fue acogido en los círculos del expresidente colombiano Alvaro Uribe, Balda continuó sus denuncias contra Correa.

En agosto de 2012, Balda caminaba por una calle del barrio Cedritos, en el norte de Bogotá, cuando una camioneta frenó a su lado y varios hombres lo subieron al vehículo a la fuerza.

Tuvo la suerte de que un taxista presenció lo sucedido y llamó a sus colegas y a la Policía. Se inició una persecución a alta velocidad, se instalaron barricadas y ya cerca de la salida norte de la ciudad los secuestradores dejaron abandonado el vehículo con el secuestrado y escaparon.

Contrataron a delincuentes

Una investigación colombiana descubrió que durante meses, miembros de la inteligencia ecuatoriana habían estado trabajando de manera encubierta en Colombia, se aliaron con un cabo del Ejército de ese país, y contrataron a delincuentes para secuestrar a Balda.

Tres meses después del frustrado intento, el opositor ecuatoriano fue sorpresivamente deportado por el gobierno de Juan Manuel Santos a su país, donde fue condenado a dos años en prisión por injurias no calumniosas contra el Estado.

En la cárcel, Balda estuvo denunciando desde entonces que había sido sido secuestrado, pero solo a principios de este año la Fiscalía ecuatoriana inició una investigación reservada y solicitó las primeras versiones.

Por este caso, tres antiguos miembros de la inteligencia ecuatoriana ya fueron procesados. El siguiente de la lista era el expresidente Rafael Correa.

El rastro del dinero

"Está demostrado que las órdenes vinieron de la Presidencia de la República y pasaron por el Ministerio del Interior", afirmaba Fernando Balda en una entrevista concedida a la agencia EFE el pasado 20 de junio.

Las presuntas pruebas que habrían hundido al ex presidente se basan en correos electrónicos entre los autores materiales y la Presidencia ecuatoriana, y depósitos realizados a la Secretaría de Inteligencia que el político opositor ha calculado en unos $250.000.

Uno de los cheques expedidos a Raúl Chicaiza a través de la Dirección de Inteligencia de la policía ecuatoriana para financiar el secuestro de Fernando Balda.
Uno de los cheques expedidos a Raúl Chicaiza a través de la Dirección de Inteligencia de la policía ecuatoriana para financiar el secuestro de Fernando Balda.

He aquí su respuesta sobre el tema en otra entrevista con el canal Ecuavisa:

“Los montos son: Presidencia de la República: $3.300 para 4 personas, alrededor de 13.000; Los cheques son de $11.000; Senain (Secretaría Nacional de Inteligencia), pago de $43.000”.

“Hasta allí serían aproximadamente $80.000; sin embargo, nosotros sabemos que ese es no es el total del secuestro, porque [Luis Raúl] Chicaiza [agente de inteligencia portador de los fondos para la operación en Colombia] les ofreció, según la declaración de los capturados en Colombia, pagarles 30 millones de pesos a cada uno, y fueron 10 actores: 5 materiales y 5 coordinadores arriba de los materiales, es decir, al cambio de la época eran aproximadamente $16.000 por 10, $160.000”

“Si a esto le suma los boletos de avión de los cuatro viajes que hizo Chicaiza a Colombia acompañado de otros agentes, el dinero que pagó en alquiler de vehículos, en hospedarse en hoteles cinco estrellas para él y las otras 10 personas que contrató, estamos hablando de que esto costó hasta allí aproximadamente $250.000, eso es lo que se sabe, lo que se puede contabilizar”.

Testigo clave

Hace unos días, el 20 de junio, Chicaiza aseguró en un testimonio anticipado en la Corte Nacional de Justicia que Rafael Correa, tuvo conocimiento antes, durante y después, del secuestro a Fernando Balda en Colombia, en agosto de 2012.

Durante la diligencia, dirigida por la jueza Camacho y con la presencia del fiscal general encargado Paúl Pérez, el exagente afirmó haber hablado dos veces del asunto con el entonces mandatario. La primera, a principios de agosto de 2012, a través de Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia, quien puso en altavoz la llamada, en la que Correa habría dicho: “compañero, el flaco ya sabe lo que tienes que hacer, tienes el apoyo político, económico e institucional, manos a la obra”.

La segunda comunicación se habría dado el 14 de agosto de 2012, una llamada directa en la que Correa le preguntó sobre la operación fallida del secuestro y sobre su situación personal.

Según Chicaiza, quien se acogió al recurso de cooperación eficaz con la Fiscalía, su misión fue llevar el dinero a Colombia para pagar a las personas que realizarían el operativo denominado 'Wilson' y llevar a Balda hasta Ipiales, frontera de Colombia con Ecuador.

¿Por qué Balda?

A una pregunta de Ecuavisa sobre por qué se volvió tan importante Fernando Balda para Correa, el ex asambleísta citó sus denuncias de actos de corrupción “muy ligados, muy cercanos al expresidente Rafael Correa”.

“Fui yo quien denunció la existencia de un diario de alias Raúl Reyes, donde se mencionaban los vínculos del gobierno de Correa con el grupo terrorista de las FARC. Yo fui quien denunció una grabación donde José Ignacio Chauvín contaba que los hermanos Ostaiza Amay, vinculados en el caso de narcotráfico Huracán de la frontera, iban a hacer una gran aportación de dinero a la campaña de Rafael Correa; salieron libres los hermanos y lo confesaron, dijeron que han entregado cifras de arriba de siete ceros a la campaña de Rafael Correa”.

“Yo denuncié una conversación del expresidente Correa en su despacho, donde Silvia Salgado le decía que habían adulterado la Constitución y donde él conoció del tema y allí conversaba de manera piratesca de cómo iban a incautar, a tomarse los medios de comunicación”.

“Mis denuncias han sido muy fundamentadas, y el tiempo me dio la razón”, concluyó diciendo Fernando Balda.

(Con información de El Comercio, Semana, la agencia EFE y Ecuavisa)

Vea todas las noticias de hoy

Fiscal de la Corte Penal Internacional inaugura oficina en Venezuela

La Corte Penal Internacional busca esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017. En la foto, una protesta el 4 de mayo de 2017, en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas.
La Corte Penal Internacional busca esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017. En la foto, una protesta el 4 de mayo de 2017, en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas.

El fiscal de la Corte PenaI Internacional, Karim Khan, inauguró el martes una oficina de asesoría técnica de ese organismo en Venezuela, que apunta a apoyar los esfuerzos para mejorar el sistema judicial y aumentar su presencia en el país sudamericano.

"De acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina: apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y a aumentar aún más la presencia de campo de la OTP", la oficina del fiscal jefe de la CPI, indicó el alto tribunal en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.

La oficina, además, tendría como propósito facilitar las investigaciones con miras a esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017, de acuerdo con el memorando suscrito el año pasado entre la CPI y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese documento fue el segundo suscrito entre ambas partes desde el 2021.


En la oficina laborarán funcionarios de la CPI. No quedó claro si el personal de ese organismo internacional ya se encuentra en territorio venezolano.

El año pasado, Khan comentó que esa oficina permitirá a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país, de modo que Venezuela pueda "hacer más para cumplir sus obligaciones" en el marco del Estatuto de Roma.

La CPI, bajo mandato del Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

En las manifestaciones contra el gobierno venezolano del 2017 murieron 120 personas.

El caso fue llevado a la CPI, con sede en La Haya, por varios de sus estados miembros en el continente -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- que solicitaron una investigación de los presuntos delitos cometidos por la fuerza pública.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, habla junto al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y al fiscal jefe de Venezuela, Tarek William Saab, en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, el 22 de abril de 2024.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, habla junto al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y al fiscal jefe de Venezuela, Tarek William Saab, en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, el 22 de abril de 2024.

La investigación se focaliza en las denuncias de torturas, abuso sexual y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas durante la represión de las protestas.

Maduro --que rechaza las acusaciones y sostiene que el proceso en la CPI es parte de estrategia promovida por Washington con miras a desacreditar su gobierno-- ha expresado que está dispuesto a investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en el país.

La visita de Khan tuvo lugar un mes y medio después que los jueces de apelaciones de la CPI, con sede en La Haya, dictaminaron que esa instancia judicial internacional puede continuar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.

Los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 hasta ahora han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.

EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones

La licencia general 44 sólo sería renovada si el régimen de Nocolás Maduro cumplía con sus compromisos de celebrar elecciones presidenciales libres y justas en Venezuela.
La licencia general 44 sólo sería renovada si el régimen de Nocolás Maduro cumplía con sus compromisos de celebrar elecciones presidenciales libres y justas en Venezuela.

Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.

La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.

"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.

Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".

"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.

"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.

Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".

Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro

Amnistía Internacional condena el ascenso en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, el uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura contra las personas críticas al gobierno de Nicolás Maduro.
Amnistía Internacional condena el ascenso en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, el uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura contra las personas críticas al gobierno de Nicolás Maduro.

La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.

“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.

"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.

El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.

La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".

Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.

"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.

Boric llama a consultas a su embajador en Caracas

Vista general del consulado de Chile en Caracas el 11 de abril de 2024. El presidente chileno llamó a consultas a su embajador en Caracas en protesta por las declaraciones del canciller de Venezuela, Yvan Gil, quien negó la existencia del Tren de Aragua.(Foto de Juan BARRETO/AFP)
Vista general del consulado de Chile en Caracas el 11 de abril de 2024. El presidente chileno llamó a consultas a su embajador en Caracas en protesta por las declaraciones del canciller de Venezuela, Yvan Gil, quien negó la existencia del Tren de Aragua.(Foto de Juan BARRETO/AFP)

El presidente de Chile Gabriel Boric dijo el jueves que decidió llamar a consultas al embajador chileno en Caracas para que informe sobre la situación en el país, al criticar duramente las declaraciones formuladas por el canciller venezolano sobre la banda criminal Tren de Aragua.

A inicios de esta semana, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yván Gil, dijo durante una visita a su par colombiano que la existencia de esa organización es una ficción mediática internacional para tratar de crear "una marca".

"Las afirmaciones irresponsables del Canciller de Venezuela, desconociendo la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización", dijo el presidente en la red social X.

"He tomado la decisión de llamar a consulta al embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, con el objetivo de recabar información detallada sobre la situación actual en el país e instruirlo a tomar todas las acciones que sean necesarias", añadió, tanto ante el gobierno venezolano como organismos internacionales.

El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato una solicitud de comentario.

Durante la semana altos funcionarios del gobierno chileno, como la ministra del Interior Carolina Tohá y el canciller Alberto van Klaveren, ya habían cuestionado las declaraciones.

Los comentarios de Gil "demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, lo que no es justo ni tolerable", añadió Boric.

En los últimos años Chile, uno de los países más estables y seguros de la región, ha visto un aumento de los crímenes violentos y una mayor frecuencia de delitos antes poco comunes como los secuestros extorsivos, que las autoridades atribuyen a la penetración del crimen organizado.

Activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua lanzan campaña para crear conciencia sobre presos políticos

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil para la defensa de los derechos humanos y de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron la campaña “Está pasando de nuevo”.
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil para la defensa de los derechos humanos y de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron la campaña “Está pasando de nuevo”.

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los derechos humanos y la defensa de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron este jueves la campaña “Está pasando de nuevo” que busca elevar el tema de las personas privadas de libertad.

En una conferencia de prensa virtual, los organizadores subrayaron que hasta finales de febrero de 2024, las cifras de personas prisioneras por motivos políticos son alarmantes con un estimado de 1.092 cubanos, 269 venezolanos, y 121 nicaragüenses bajo privaciones de libertad.

Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una de las organizaciones que participa en la campaña, dijo que la misma busca la solidaridad de aquellas democracias que en este momento pueden prestar mayor apoyo para que haya presión internacional para el respeto a los derechos humanos.

“Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Costa Rica, de España. Hay una serie de países que son claves en la región para defender los derechos humanos y esta campaña apela a estos países y a estas democracias para que hagan un esfuerzo”, contestó Larrondo a una pregunta de Martí Noticias sobre el objetivo de la campaña.

“Además vemos como las dictaduras totalitarias no se estancan sino que estamos viendo un proceso de expansión de las mismas y, por lo tanto, es muy importante hacer conciencia, sobre todo ello”, añadió.

Victor Navarro, periodista y ex preso político nicaraguense, director de la ONG Voces de la Memoria, dijo que la campaña necesita las voces de los países democráticos.

“En Venezuela, Cuba y Nicaragua estamos viendo cómo ha aumentado la represión. Hemos visto cómo se han exacerbado las detenciones arbitrarias y cómo cada vez existen más presos políticos… Necesitamos de los países democráticos, cuyas instituciones son más sólidas para nosotros poder alzar más la voz y exigir que ya no hayan más presos políticos en nuestros países”, declaró Navarro.

En la conferencia también participó Alain Espinosa, abogado de Cubalex, quien presentó un panorama de las terribles condiciones en las prisiones cubanas y calificando de lesivas para la condición humana “las condiciones que se establecen en el sistema penitenciario cubano y sobre todo para las personas que están allí por motivos políticos”.

“Lo que describió Luis Manuel Otero Alcántara son catedrales del mal y yo creo que lo primero que hay que plantear es que esto parte siempre de la voluntad política del gobierno que hay en Cuba desde 1959”, dijo Espinosa, refiriéndose al prisionero político y creador del Movimiento San Isidro.

Espinosa opinó además que aumentar la visibilidad de la situación de los presos políticos junto a un aumento de las sanciones contra los regímenes en Cuba, Venezuela y Nicaragua “aumenta el costo político a estos estados y hace realmente que se sientan incómodos y tengan que al menos ir modificando los patrones represivos que utilizan”.

La campaña está presente en Facebook, y en Instagram y tiene también su propia página web https://estapasandodenuevo.com

Cargar más

XS
SM
MD
LG