De las disímiles protestas ciudadanas ocurridas entre diciembre de 2018 y lo que va de 2019 en Cuba, Radio Televisión Martí recuerda en este reporte aquellas que tuvieron éxito y lograron revertir decisiones de las autoridades que afectaban a la población, o captaron su atención sobre problemas que afectan directamente a las comunidades.
El 10 de julio de 2018 se publicó en el número 35 de la edición extraordinaria de la Gaceta Oficial de la República de Cuba, el Decreto 349, dictado por el Consejo de Ministros y sin previo debate con los artistas cubanos, tanto institucionalizados como independientes.
El 349 establece sanciones y penaliza la libertad de creación, expresión, elección del trabajo y la difusión en el campo de la cultura, siendo estos controlados directamente por el Ministerio de Cultura, específicamente por la figura de un inspector cultural.
El anuncio provocó un inmediato rechazo de importantes sectores de la cultura nacional, quienes consideraron que la posible implementación de la medida sería un regreso a las etapas más grises de la censura gubernamental contra creadores y artistas, y ese fue el inicio de una campaña en su contra.
El 7 de diciembre de 2018, el Ministro de Cultura Alpidio Alonso declaró ante la televisión nacional: "Nosotros pensamos que progresivamente podrá irse aplicando el Decreto", pero añadió que la medida sería reformada. Días después, el gobernante Miguel Díaz-Canel habló sobre el asunto y dijo que se tendrían que establecer normas complementarias para su aplicación.
La campaña en el campo cultural contra el 349 fue liderada por el entonces recién creado Movimiento San Isidro, integrado por artistas independientes, al que se sumaron otros creadores dentro y fuera de Cuba. Durante todo el 2019 el movimiento ha realizado múltiples acciones de cara a frenar la puesta en marcha de la ley de censura, aún pendiente.
Sobre este proceso, los éxitos y planes futuros nos cuenta su líder, el artista Luis Manuel Otero Alcántara.
El reclamo de los transportistas privados
La capital cubana fue el escenario, desde diciembre de 2018, de otra protesta ciudadana, la de los "boteros" o taxistas privados, luego del anuncio de las autoridades de que entrarían en vigor nuevas medidas para el “reordenamiento del transporte en la capital”.
Entre las disposiciones, las nuevas medidas incluían la firma de un contrato con la Empresa Provincial de Transporte para hacer rutas específicas, precios topados, el uso de una tarjeta magnética para la compra de combustible y la obligación de abrir una cuenta bancaria.
Un grupo de choferes privados pertenecientes a la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos, presidida por su coordinador nacional, Rafael Alba Macías, y localizados en el parque El Curita, en Centro Habana, decidieron dejar de ofrecer el servicio, no ir a la piquera y no recoger pasaje en las calles, lo que dio comienzo a una especie de huelga silenciosa.
En los siguientes días se sumaron más privados a la protesta en los diferentes barrios, con lo que empeoró la falta de transporte en la capital. El ministro del sector, Adel Yzquierdo, dijo entonces que para fines de diciembre llegarían 400 nuevos microbuses y 90 ómnibus de otras provincias para reforzar el transporte en la Habana.
Alba Macías, líder de los choferes, fue detenido y al ser liberado anunció que la protesta se extendería hasta el 17 de diciembre. Los transportistas fueron entonces citados por las autoridades del sector, quienes les ofrecieron establecer una moratoria en la implementación de las medidas si ellos regresaban a dar servicio. Los boteros levantaron la protesta.
En el poblado de Banes, de la provincia de Holguín, donde el principal medio de transporte son los coches de tracción animal, 43 cocheros entregaron sus licencias de cuentapropistas en la Oficina de Administración Tributaria municipal (ONAT) en diciembre de 2018.
Los transportistas rechazaban de este modo la decisión gubernamental de incrementar los impuestos, retirarles la licencia de carga de mercancía y abaratar el precio de los pasajes.
Los cocheros asistieron una semana después a una citación en la sede de la Seguridad del Estado, donde se entrevistaron con el capitán Roilán Rojas, quien les prometió concederles sus demandas. La promesa se cumplió en enero de este año. Sobre el éxito de la protesta de esos transportistas comenta William Tamayo, activista de la Alianza Democrática Oriental.
En la ciudad de Santiago de Cuba, el 24 de julio pasado, entraron en vigor nuevos precios topados para los transportistas privados. Ante el anuncio, los choferes privados expresaron que la medida era injusta, y que “con los precios del combustible y las roturas" la cuenta no daba. En protesta, decidieron no ofrecer más servicio, provocando una crisis en la capital provincial.
El primer Secretario del Partido Comunista en Santiago de Cuba convocó a la Asamblea Provincial del Poder Popular para tratar la crisis con los transportistas privados tras la paralización del sector. Lázaro Expósito Canto se reunió con los afectados en el teatro Heredia y decidió convocar a la Asamblea Provincial para que los delegados decidieran sobre el precio a cobrar.
Los privados se incorporaron con recelo al trabajo el 31 de julio, luego de que el gobierno local diera marcha atrás al tope de precios de las tarifas que motivó una prolongada protesta y la paralización del servicio. "Lo que ha habido es una especie de reacomodo, donde los transportistas están viendo como no se mueren de hambre y el Estado ha optado por no actuar a favor de la aplicación de estas medidas", dijo entonces a Radio Martí, Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba.
Protesta de una madre saca de la cárcel a su hijo enfermo
El opositor Cristian Pérez Carmenate recibió el pasado 8 de noviembre una licencia extrapenal por 6 meses, después de ser operado de su brazo derecho y no recibir la debida atención médica en la prisión Plan Confianza, en la provincia Las Tunas.
Su madre, Yolanda Carmenate, denunció incansablemente el caso ante las diferentes instancias gubernamentales hasta lograr que recibiera cuidados médicos y le fuera devuelta la silla de ruedas que le retiraron cuando reingresó a prisión.
Pérez Carmenate fue arrestado en agosto en Las Tunas y durante la detención un agente policial le fracturó su brazo derecho. En esa condición fue llevado primero a la prisión provincial El Típico, y luego trasladado a Plan Confianza. Allí permaneció 40 días sin recibir atención médica.
Había sido condenado por el delito de desobediencia el 8 de julio de 2018 a un año y cuatro meses de trabajo forzado sin internamiento, sanción que fue revocada el 12 de agosto de 2019 por prisión.
Sobre estos eventos de la sociedad civil durante el año que concluye, el abogado Julio Ferrer Tamayo señala que hay aquí una enseñanza: el derecho de los ciudadanos a exigir el respeto a sus derechos establecidos por la ley, a pesar de que en Cuba no exista un estado de derecho.
