Estados Unidos reiteró su denuncia que el programa de exportación de mano de obra del régimen cubano, incluidas las misiones médicas internacionales, constituye un "patrón o política gubernamental de trabajo forzoso" y destacó que la presión diplomática de la administración Trump ayudó a reducir el número de profesionales enviados al extranjero por La Habana.
En su Informe sobre Trata de Personas 2026, publicado este jueves, el Departamento de Estado señaló que las acciones diplomáticas de Estados Unidos y la imposición de restricciones de visas contribuyeron a una reducción significativa del número de trabajadores vinculados al programa cubano en el exterior, pasando de unos 24 mil a inicios de 2025 a entre 15 mil y 18 mil en 2026.
Según el documento, trabajadores cubanos continuaban presentes en 53 países durante 2026. Los profesionales de la salud representan alrededor del 75 % de esa fuerza laboral civil exportada por Cuba y constituyen una importante fuente de ingresos para el gobierno cubano.
El reporte destaca que las autoridades cubanas retienen entre 50 % y 95 % de los salarios generados por estos trabajadores y les pagan estipendios muy inferiores a los que reciben otros profesionales que realizan labores similares.
Al igual que en ocasiones anteriores, el informe asegura que el régimen de La Habana ejerce control sobre los trabajadores mediante la regulación de sus pasaportes y credenciales profesionales, la imposición de toques de queda y vigilancia, así como restricciones a la libertad de movimiento. También señala la existencia de castigos considerados arbitrarios, incluido el exilio, para quienes incumplen las reglas del programa.
El informe recoge testimonios de personas que participaron en estas misiones y denunciaron haber sido víctimas o testigos de eclutamiento coercitivo o engañoso, amenazas e intimidación contra ellos y sus familiares en Cuba, jornadas laborales excesivas, condiciones de vida y trabajo deficientes, y presión para falsificar registros médicos o procedimientos.
El documento denuncia que muchos de los gobiernos que reciben trabajadores cubanos ejercen poca supervisión sobre las condiciones laborales y, al mantener al régimen cubano como intermediario, contribuyen a un sistema que facilita la confiscación de salarios y el control sobre los trabajadores.
Washington instó a los países receptores a poner fin a acuerdos que preserven a Cuba como intermediario y a considerar opciones de contratación directa y transparente para proteger los derechos de los trabajadores.
"El hecho de actuar como facilitadores activos de la trata de personas, incluso como socios en este programa, suscita preocupación por la complicidad y socava las medidas contra la trata", subrayó en el reporte.
El Departamento de Estado señaló que la administración del presidente Donald Trump intensificó los contactos con gobiernos extranjeros para persuadirlos de terminar o revisar sus acuerdos con Cuba relacionados con las misiones laborales, especialmente las médicas.
Según el informe, por primera vez desde que el Departamento comenzó a documentar estas prácticas en 2010, varios países están revisando los acuerdos, evaluando alternativas de contratación y, en algunos casos, poniendo fin a la cooperación con La Habana.
Una nota al pie del informe recuerda que la Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados de 2026 (Div. F, P.L. 119-75) establece que "los países y organizaciones internacionales sobre los que el Secretario tenga información fidedigna de que están pagando directamente al Gobierno de Cuba por el trabajo forzado y la trata de profesionales médicos cubanos" están sujetos a ciertas restricciones en materia de asistencia exterior si figuran en la lista durante dos años consecutivos en un informe obligatorio al Congreso.
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