Yunaiky Linares fue condenada a 8 años de privación de libertad tras unirse a las históricas manifestaciones del 11J de 2021. En enero de 2025 resultó beneficiada con las excarcelaciones pactadas por el gobernante Miguel Díaz Canel con el Vaticano, pero su libertad condicional fue revocada a inicios de este mismo mes cuando protestó en el barrio de Santa Amalia, en Arroyo Naranjo por la falta del servicio eléctrico y agua. Ahora podría enfrentar una nueva causa por desorden público. En la misiva dirigida a su madre, Yurka, la prisionera, calificó el proceso actual como una total injusticia orientada a pisotear sus derechos fundamentales.
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