Cuba
Por qué la demanda contra Meliá en España por hoteles en Cuba podría tener éxito
Descendientes del empresario cubano Rafael Lucas Sánchez Hill podrían tener éxito en su reclamación de al menos 10 millones de euros a la cadena Meliá Hotels International presentada ante una corte española.
Los demandantes exigen indemnización por la explotación en Cuba de los hoteles Paradisus Río de Oro y Sol Río de Luna y Mares en terrenos confiscados en Holguín a la familia en 1960 por el gobierno de Fidel Castro.
El reclamo legal, que no tiene relación con la Ley Helms-Burton, se realiza bajo el Código Civil español que penaliza el enriquecimiento ilícito y el tráfico -con conocimiento de causa- de propiedades robadas, que es el caso de Meliá, dijo a Radio Televisión Martí Nick Gutiérrez, asesor legal de los Sánchez Hill.
Para Gutiérrez esta demanda “refleja la universalidad de los principios de la Ley Helms-Burton y del Título III, pero sin utilizar esta ley que en España se considera tan polémica. Solo utiliza la propia ley española, lo cual es una importante ventaja”.
Oficializada el pasado 3 de junio ante una corte de Palma de Mallorca, donde Meliá tiene su sede, la demanda apela al reconocimiento por parte del Tribunal Supremo de ese país “de un fundamento jurídico para la reclamación de una restitución de las propiedades confiscadas o de una justa indemnización, de conformidad con el Derecho comparado y el Derecho Internacional”.
Los demandantes afirman que “el carácter ilícito de dicha confiscación es conocido por Meliá, quien durante los últimos 20 años ha hecho caso omiso a las reclamaciones de aquellas empresas y familias a costa de las que se lucra”.
El canciller español Josep Borrell ha dejado en claro que su gobierno apoyará a las compañías españolas radicadas en Cuba contra la ola de reclamaciones que podrían enfrentar tras la puesta en vigor el pasado 2 de mayo del Título III de la Ley Libertad o Helms-Burton.
Al respecto, Gutiérrez explicó que el Gobierno español “no podrá invocar las leyes de bloqueo españolas y europeas que utilizarán contra demandas bajo la Ley Helms-Burton, porque esta es una demanda bajo la ley española. Es un frente nuevo que nunca se ha utilizado, y yo creo que los tiene un poco fuera de balance. Vamos a ver cómo responden, pero creo que (la demanda contra Meliá) tiene buen chance de éxito”.
La Unión Europea activó en 1996 una normativa antiboicot para neutralizar los efectos de Ley Helms-Burton. Este estatuto de bloqueo impide a las empresas europeas someterse a lo que dicta la ley estadounidense y les permite obtener indemnizaciones por perjuicios sufridos a causa de su aplicación.
El documento, consultado por Radio Televisión Martí, aclara que aunque en un convenio con Cuba firmado en 1986 el gobierno español se comprometió a “no reclamar más, e incluso, a no apoyar las posibles reclamaciones que pudieran formular los afectados contra Cuba”, el acuerdo no limita el derecho a exigir una indemnización justa.
Los abogados de los Sánchez Hill en España, la procuradora Cristina Sampol Schenk y el abogado Rafael Gimeno-Bayón Cobos, señalan en el texto de la demanda que según el Tribunal Supremo “los derechos de los afectados por la expropiación, que pasan a tener la condición de beneficiarios de ese Convenio de 1986 no quedan dañados por el mismo, puesto que su celebración no extingue el ejercicio de ese hipotético derecho de los particulares a recuperar la propiedad confiscada o a conseguir una justa indemnización”.
En 1959, cuando los rebeldes comandados por Castro tomaron el poder, los demandantes contra Meliá, Santa Lucía Company, S.A. y Sociedad Civil Hermanos Sánchez, eran dueños del ingenio azucarero Central Santa Lucía, una vasta extensión de 120.000 acres (48,562 hectáreas) con una ubicación privilegiada.
Los terrenos ubicados en la costa y parte del interior de la provincia de Holguín abarcan “57 kilómetros de playa que van desde Gibara hasta Yuraguanal, e incluyen Bahía de Naranjo, Estero Ciego, Playa Guardalavaca, una zona muy bonita donde el gobierno de Cuba ha levantado hoteles”, comentó Gutiérrez.
El Central Santa Lucía, actualmente nombrado Rafael Freire, con los terrenos mencionados, fue confiscado bajo la Ley 890 promulgada por el gobierno revolucionario en 1960. El texto de la demanda señala que dentro de los terrenos expropiados se ubica “Playa Esmeralda”, donde fueron edificados los hoteles explotados por Meliá.
En los terrenos se levantan, además, hoteles de las compañías Iberostar y Blau, también de España, del grupo mexicano Posada y de la firma canadiense Blue Diamond, todos en empresas mixtas con la estatal Gaviota, administrada por el grupo empresarial GAESA, bajo el control de los militares cubanos.
Miembros de la familia Sánchez Hill contactados por Radio Televisión Martí declinaron comentar sobre el proceso legal contra Meliá.
Demandas por confiscación, un largo camino
Nick Gutiérrez lleva 25 años asesorando a la familia Sánchez Hill desde que sus miembros decidieron organizarse y abogar por sus derechos como legítimos propietarios del Central Santa Lucía y otros bienes confiscados en Cuba.
“Fuimos muy activos en pasar la Ley Helms-Burton y después en abogar para que se implementara”, dijo el abogado.
“Bajo la amenaza del Título IV logramos que Meliá se sentara con nosotros en cuatro ocasiones custodiados por altos funcionarios del Departamento de Estado, y negociamos, y ellos ofrecieron compensación (…). Después se echaron para atrás porque se dieron cuenta de que el gobierno americano no estaba serio en ejecutar el Título IV, y el Título III ni se soñaba en esa época”, recordó Gutiérrez.
Durante las negociaciones, que terminaron en 2002, Meliá ofreció pagar a los Sánchez Hill una compensación inicial de $5 millones de dólares, cifra que rebajó a unos $3 mil.
Años después, la familia logró ponerse en contacto con un grupo legal en Madrid al que pertenece uno de los abogados que hoy los representa en la demanda contra Meliá, Rafael Gimeno-Bayón Cobos.
“En unos días Meliá tendrá que responder, o por lo menos tendrá que pedir tiempo adicional. Tienen 20 días desde el 3 de junio, que fue cuando se presentó la demanda y se les notificó a ellos formalmente”, dijo Gutiérrez.
Radio Televisión Martí intentó obtener un comentario de Meliá sobre la demanda, pero un correo electrónico enviado a su oficina de Comunicación Corporativa aún no ha sido contestado.
El Título III, una esperanza
Gutiérrez también es el secretario de la compañía familiar Central Santa Lucía L.C., la “sociedad limitada que se formó para este propósito hace 23 años, que es la entidad que demanda en España”.
La sociedad está compuesta por unos 100 miembros de la familia Sánchez Hill y posee los derechos para demandar a quienes trafiquen en sus propiedades confiscadas en Cuba.
La mayoría de los miembros de Central Santa Lucía L.C. residen en EEUU, parte en España y algunos en Cuba, pero “la sociedad actúa a nombre de la familia completa, estén donde estén”, aclaró el asesor legal.
La nacionalidad de la compañía es estadounidense, por lo que puede realizar una demanda en tribunales de EEUU bajo el Título III de la Ley Helms-Burton, pero este proceso no se realizará de inmediato, dijo Gutiérrez.
El letrado señaló que bajo el Título III, los cubanoamericanos para poder exigir compensación triple por los daños “tenemos que notificar al traficante [sic] con una carta formal, con un texto oficial redactado por el Departamento de Justicia para ponerlos sobre aviso que los vamos a demandar en 30 días si no se ponen de acuerdo con nosotros”.
Los Sánchez Hill también estudian la posibilidad de demandar en Estados Unidos, bajo el Título III, a otras compañías, además de Meliá, que operan hoteles en los terrenos de la familia en Cuba.
“Estamos coordinando altamente los esfuerzos entre los abogados españoles, por un lado, contra Meliá, y los abogados americanos por otro lado aquí contra Iberostar, Blau y el grupo Posada”, dijo Gutiérrez.
Las coordinaciones “consisten en conferencias entre profesionales legales involucrados en litigios internacionales. No queremos hacer nada acá que entorpezca los esfuerzos en España, y viceversa”, explicó.
Gaviota y funcionarios cubanos en la mira
La familia Sánchez Hill también demandará a la entidad estatal cubana Gaviota, e incluso nombrará en su momento “a personas privadas dentro del gobierno castrista que pueden estar lucrando con estas propiedades confiscadas”, afirmó Gutiérrez.
Esta demanda, explicó el abogado, puede ser colectiva.
“Es posible que se coordinen estos esfuerzos. Por ejemplo, Meliá tiene tantos hoteles en Cuba, casi todos en propiedades robadas, que es posible certificar un class action (una demanda colectiva) contra Meliá, y estos juicios se pueden cobrar contra propiedades (…) aquí en la Florida, en Nueva York e incluso en otros países que no tienen leyes de bloqueo (contra la Helms-Burton)”, agregó.
Gutiérrez advirtió que este es un esfuerzo complejo y de largo plazo que apenas comienza, pero que podría tener un gran efecto. No en todos los casos “tenemos que llegar al final de una larga demanda con una adjudicación judicial, puede ser un acuerdo extrajudicial, y tenemos confianza en que eso podrá ocurrir”, señaló.
“El principal objetivo de todo esto, además de lograr justicia para las familias dueñas de estas propiedades, es también desalentar la inversión extranjera en Cuba y negarle al régimen los recursos de moneda dura que está adquiriendo con estas inversiones”, concluyó Gutiérrez.
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“Le colocan un machete en el cuello y le quitan la mochila": activistas denuncian agresión y robo a su hijo
El 2024 despunta como otro año marcado por la inseguridad ciudadana y las quejas de la población por la indolencia policial ante los delitos, afirmó este miércoles a Martí Noticias la activista Marthadela Tamayo, cuyo hijo fue agredido con el propósito de robarle la mochila que portaba.
El adolescente de 16 años, Miguel Alfredo Santana Tamayo, fue amenazado con un machete, alrededor de las 2 de la tarde de este miércoles, muy cerca de su casa ubicada en el Reparto Casino del municipio habanero Cerro.
“Le colocan un machete en el cuello y le quitan la mochila. El ladrón se dio a la fuga”, relató Osvaldo Navarro, esposo de Marthadela Tamayo y padrastro del muchacho atacado.
“Nos dirigimos a la estación más cercana, la que queda en Calle Blanquita y Entrada en Casino Deportivo”, añadió.
El oficial alegó que esa unidad se había convertido en un centro de reunión de los jefes de sectores, que no registra denuncias, por lo que debían dirigirse a la 4ª. unidad del Cerro.
“La 4ª. del Cerro es bastante lejos de aquí, de la casa, aproximadamente unos 25 minutos en transporte público y en La Habana no hay transporte público”, precisó Tamayo.
La familia que acudió a las autoridades policiales a reportar el asalto, lejos de ver atendida su demanda, se sintió en peligro:
“Nosotros insistimos que al menos habría que tramitar algo referente a lo que había pasado, en una llamada o un documento, llamar a una patrulla, pero en vano. Se acaloró la discusión, fuimos maltratados. [El oficial] trató de intimidarnos con levantarnos un acta de advertencia a cada uno, incluyendo a Miguel Alfredo que, según dijo, ya tiene edad para responder ante la Ley”, aseveró Navarro.
“Todos presenciamos la dejadez con la que el [agente policial] trató el asunto y esa es la realidad de este país. Actualmente recurrir a cualquier instancia policial equivale a poca atención o casi ninguna. Los asaltos siguen en aumento y nosotros en este momento lo estamos viviendo en carne propia, aunque somos conscientes y venimos denunciando desde hace mucho tiempo toda la violencia que está presente en las calles, en los barrios, en las comunidades a lo largo y ancho de la isla”, recalcó Navarro.
No obstante, el régimen indica que “la difusión de información y noticias falsas” pretende crear una percepción de inseguridad en la población”, que no es real.
En ese sentido, la feminista subrayó: “Estoy no solo hablando como activista, estoy hablando como madre. Mi hijo fue víctima de un acto violento ocurrido en los bajos de nuestra casa, y nosotros fuimos maltratados por el policía al que acudimos buscando protección, pero que se puede esperar si dentro de una estación de policía ocurrió un feminicidio”.
En febrero de 2023, Leidy Bacallao, de 17 años, fue asesinada a machetazos en una estación de policía adonde había acudido a refugiarse en el poblado Camalote, del municipio camagüeyano Nuevitas.
Más tarde, la familia se presentó en la 4ª. unidad de la Policía, donde le tomaron declaraciones y le solicitaron a Miguel Alfredo hacer un retrato hablado porque pareciera que [el delincuente] es alguien del barrio.
“Y eso es lo que sí me preocupa, porque si es una gente de la zona se llevó la libreta de abastecimiento que identifica a uno, y eso sí me inquietaría muchísimo más”, lamentó Tamayo.
Una encuesta de la revista oficialista Bohemia reveló en noviembre de 2023 que no todos los perjudicados hacen denuncias en la policía, y que la mayoría de las reclamaciones no se han solucionado favorablemente.
Residentes del Cerro denuncian que llevan meses con problemas de salud tras exceso de cloro en agua potable (FOTOS)
La situación se agrava para vecinos de la calle Leonor entre Carvajal y Lindero, en el municipio Cerro, La Habana, por el suministro continuo de agua potable con altos niveles de cloro.
Durante al menos seis meses, los residentes han enfrentado serias consecuencias para la salud y daños a sus pertenencias a causa de esta problemática, la cual también está afectando sus actividades diarias.
Geise, una vecina afectada, expresó su frustración a Martí Noticias ante la persistencia del problema.
“Siguen llegando igual, con una cantidad de cloro horrible. Mira cómo estoy que no puedo ni hablar. Los vecinos, todo el mundo está protestando porque sigue igual, una cantidad de cloro que para qué”.
Según Geise, para poder usar el agua en el hogar tiene que depositarla en un tanque y dejar que el cloro se asiente en el fondo, tal y como les recomendó un empleado de la empresa estatal Aguas de La Habana que los visitó tras quejas posteadas en redes sociales y denuncias anteriores a nuestra redacción.
“Desde que tú llamaste, que vinieron ellos, estuvimos 3 días sin cloro, y a los 3 días volvió el cloro a todo lo que da. El que vino, que cogió la toma de agua y nos dijo eso, no lo pueden consumir así, él es inspector de Aguas de La Habana”, detalló la residente en la comunidad afectada.
Otro habitante en el lugar, quien prefirió mantenerse en el anonimato, señaló las graves consecuencias para la salud que están experimentando los residentes de la zona, incluyendo hinchazón en los pies y dificultades respiratorias, especialmente aquellos con condiciones médicas preexistentes.
La exposición a niveles bajos de cloro puede producir irritación de la nariz, la garganta y los ojos. La exposición a niveles más altos puede producir tos y alteraciones del ritmo respiratorio y daño de los pulmones, según la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades de los Estados Unidos. La entidad de salud pública federal refiere además que beber cantidades pequeñas de soluciones de hipoclorito (menos de una taza) puede producir irritación del esófago, mientras que soluciones concentradas puede producir daño grave de la parte superior del tubo digestivo y hasta la muerte.
Una de las afectada, identificada como Made, mencionó que el exceso de cloro está provocando decoloración en su ropa cada vez que lava, lo que refleja el impacto de este problema en la vida diaria de los residentes.
“Fíjate que me dice mi hijo: 'este short, que era carmelita, está rosado". Le dije que cuando estaba lavando estaba el agua con el cloro”.
Mientras, otros residentes en el municipio capitalino enfrentan el desafío de las tuberías de agua potable con salideros.
Según Alexis Acosta Cruz, vicepresidente del grupo empresarial OSDE, Agua y Saneamiento, el país enfrenta entre 2,500 y 3,000 mil salideros, un problema que afecta a vecinos de Atocha entre Calzada de Palatino y Zaragoza, también en el municipio Cerro, donde un salidero que data de casi un año se agravó desde hace un mes, provocando un hoyo de varios metros de longitud que, según publicaciones de Facebook, es una "piscina" natural, algo que fue tema de un reporte de Martí Noticias.
Bertha, una residente de la zona, informó que el salidero fue reparado este martes.
Berta señaló, además, la existencia de otro salidero cercano que sigue sin ser atendido por las autoridades competentes.
“En Zaragoza y Atocha hay un tubo que está reventado ahí, que esa agua corre para allí para el hueco. Ellos no han puesto señalamiento ninguno”, explicó la mujer.
"Berta y yo estamos listos para ir a prisión el día que así lo decida la Seguridad del Estado"
El opositor Ángel Moya dijo este miércoles a Martí Noticias que él y su esposa Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, fueron amenazados por la Seguridad de Estado por el impago de multas, que ambos se niegan a abonar, porque consideran que se las impusieron por razones políticas.
“Amenazas de que iríamos a prisión, nos llevarían a prisión, nos encarcelarían por impago de multa y si continuábamos el activismo en favor de los presos políticos cubanos”, denunció el exprisionero político de la Primavera Negra de Cuba en 2003.
Según Moya, anteriormente “estos mismos oficiales” les habían preguntado si ambos tenían pensado marcharse al exilio, a lo cual, el matrimonio opositor siempre respondió que no tenían intención de abandonar la isla.
“Simple y llanamente, yo les respondí que Berta y yo no teníamos interés ninguno en irnos del país y, quizás también esta sutil amenaza de este oficial, que se identificó como 'Damián', tenga que ver mucho con eso”, alegó el opositor.
Moya reiteró además que ni él ni su esposa tienen intención de pagar las multas que se han ido acumulando tras cada domingo de arrestos: “No le hemos pagado ni le vamos a pagar un solo centavo de multa a la Seguridad del Estado puesto que han sido multas impuestas por razones políticas, por tanto, ni jurídicamente, ni moralmente, vamos a pagar un solo centavo de multa. Berta y yo estamos listos para ir a prisión el día que así lo decida la Seguridad del Estado”.
El pasado domingo 16 de abril se cumplió el domingo represivo número 83 contra las integrantes de la organización femenina Damas de Blanco, fundadas al calor de la llamada Primavera de Cuba, donde fueron encarcelados 75 opositores y activistas en toda la isla.
En 2005, el movimiento fue galardonado con el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia que otorga el Parlamento Europeo.
(Con reporte de Ivette Pacheco para Martí Noticias)
Funcionarios cubanos reconocen múltiples incumplimientos en programas sociales y económicos
Este martes, presidida por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, sesionó la reunión mensual con los gobernadores de las provincias cubanas, y el intendente del municipio especial Isla de la Juventud.
Durante el encuentro, la directora general de la Vivienda, Dilaila Díaz Fernández, reconoció que al cierre del primer trimestre del año, todas las provincias están en retroceso en sus programas de mejoramiento del fondo habitacional.
Antonio Font, quien labora en una cooperativa independiente de construcción, explicó a Martí Noticias que el plan de reparación y construcción viviendas no se cumple porque faltan los recursos indispensables para ejecutar estas tareas.
“Yo quisiera que tú vieras cuánto vale un saco de cemento ahora, cuánto vale una tira de cabilla, es imposible arreglar algo, entonces, lo pocos materiales, los pocos recursos que tiene el gobierno, los destina a los hoteles. Es que no se reparan ni los hospitales”, indicó el constructor.
En esa reunión gubernamental el vice primer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca dijo que tampoco se cumple la demanda de viandas en el país, por los bajos niveles de contratación de campesinos con el Estado.
Sobre este particular, el campesino Esteban Ajete Abascal advirtió a Martí Noticias que lo que sucede es que los agricultores independientes están cansados del hostigamiento estatal.
“Ya el campesino no quiere más negocios con el Estado, con las empresas parásitas estas como ACOPIO”, explicó el líder campesino desde Los Palacios, en Pinar del Río.
El primer vicepresidente del Consejo de Estado Salvador Valdés Mesa criticó en el encuentro los altos niveles de inflación en los alimentos.
“Los precios tienen que subir porque el costo de la materia prima, todo el costo que generan todos esos productos que nosotros adquirimos, se pagan en moneda fuerte y esa moneda fuerte la rige el mercado negro, y en el mercado negro ya supera los 350 pesos un dólar”, dijo a Martí Noticias desde la ciudad de Santa Clara el emprendedor Yoel Espinosa Medrano.
Varios entrevistados por Martí Noticias concluyeron que es otra reunión más, donde se habla de viejos problemas que siguen sin solución, como opinó desde Cienfuegos Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
“Es verdad que es toda una falacia y mentira de ese Consejo de Ministros, la inflación no es a causa de las MIPYMES, la inflación es a causa de que ellos han tratado de dolarizar el país”, opinó el activista.
Sobre esto, opinó en sus redes sociales el economista Pedro Monreal: "De lo que verdaderamente importa, y no de las baraterías “conceptuales” de turno (“proyecciones”, “corregir distorsiones”, “problemática del déficit”), ni parecen saber ni quieren explicar. Se intenta vender como “política económica” cualquier simpleza de moda".
Días atrás, el experto opinó acerca de una reunión similar del Consejo de Ministros de Cuba, llamada a fiscalizar "la marcha de las acciones para corregir las distorsiones y reimpulsar la economía", que no existe tal “reimpulso” económico, que en la isla las llamadas “distorsiones” se agudizan y que las “acciones” gubernamentales son ineficaces.
Opiniones recogidas por nuestra redacción apuntan a otro grave problema, el del desabastecimiento de los alimentos que se venden por la libreta de racionamiento.
“A la bodega no ha llegado absolutamente nada, el desabastecimiento es total, imagínate tú que el aceite ya está a 1.300 pesos”, dijo desde Sagua de Tánamo en el oriente de la isla, Alfredo Álvarez Leyva.
Lo mismo sucede en Holguín, como indicó desde allí el residente Dámaso Alberto Fernández: “Nada de cárnicos, huevos, aceite... en lo que va de año, eso aquí no existe, y para el mes de abril, ayer entraron 4 libras de arroz”.
En Pinar del Río sólo han vendido dos bolsas de leche de las seis que corresponden para niños hasta los siete años, y aún esperan por el arroz de abril, según reportó el periodista independiente José Rolando Cásares.
“Han mentido cuando dicen que tienen la canasta básica asegurada del mes de abril y de mayo”, dijo el activista.
ETECSA multa "actividad subversiva" de periodista en Camagüey que dio “like a cosas graciosas contra los dirigentes”
Por segunda vez en menos de una semana, el periodista independiente José Luis Tan Estrada tuvo que presentarse en la Tercera Estación de Policía de la ciudad de Camagüey.
El comunicador fue multado con 3000 pesos por una supuesta “inspectora de ETECSA”, la empresa estatal que tiene el monopolio de las telecomunicaciones en Cuba.
“Esta vez, antes de entrar a la Estación de Policía, el oficial que estaba de guardia hizo que me quitara todo lo que traía puesto, menos el pantalón, para registrarme”, explicó Tan Estrada a Martí Noticias.
Según Tan Estrada, en esta ocasión fue "atendido" por el mismo policía que lo interrogó el sábado pasado: "Me dijo que unos minutos antes se habían reunido con el ‘grupo comunitario’ de la zona donde resido -yo no sabía que existía un grupo comunitario- para ponerles al tanto, entre comillas, de mi actividad subversiva”.
De acuerdo con el comunicador, el oficial “Manda a pasar a una inspectora de telecomunicaciones, una inspectoras de ETECSA, la cual traía un file cargado con muchas publicaciones mías y me dijo que me iba a aplicar una multa de 3000 pesos porque estaba violando el Decreto Ley Nº 370”, expuso.
“Ahí me enseñó esa carpeta llena de hojas impresas con publicaciones mías tanto en Facebook como en Twitter (X), además de ‘likes’ a memes, comentarios, ‘likes’ a otras publicaciones, memes compartidos e, incluso, publicaciones del año pasado y, según expresó la inspectora, ‘le estaba dando ‘like’ a cosas graciosas contra los dirigentes”, relató Estrada.
El activista camagüeyano dijo que en este proceder “se ponen de manifiesto, una vez más, las manos represivas de la Seguridad del Estado, violando todos los derechos humanos contra quienes alzamos nuestras voces en contra de sus arbitrariedades y en contra de sus acciones represivas”.
Tan Estrada, fue acompañado a dicha entrevista por el también periodista y director de La Hora de Cuba, Henry Constantín, quien tildó de absurda la citación del Ministerio del Interior.
El vicepresidente regional para Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa dijo que ese organismo "ya está al tanto" de lo que ocurre con Tan Estrada.
En la entrevista del pasado sábado, la Seguridad del Estado amenazó a Tan Estrada con imputarlo de los cargos de incitación a delinquir, desobediencia y desacato, si no desiste de sus labores informativas y como activista de derechos humanos.
Desde su expulsión de la Universidad de Camagüey, donde impartía clases, hace poco más de un año, el joven ha sido víctima de varias detenciones, interrogatorios, campañas de descrédito por parte del Gobierno, y ataques y amenazas en las redes sociales y en programas de la televisión nacional.
(Con reporte de Yolanda Huerga para Martí Noticias)
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