América Latina
¿Por qué mataron al presidente de Haití?
Jovenel Moise, de 53 años y sin ninguna experiencia previa en la política antes de llegar a la presidencia de Haití, denunció que se estaba preparando un golpe de estado en su contra.
MIAMI, EEUU - Las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia de Colombia y Estados Unidos investigan las conexiones locales con el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moise esta semana, y enviarán funcionarios a la empobrecida nación caribeña tras el arresto de ciudadanos de sus países por el magnicidio.
La Casa Blanca informó el viernes que oficiales de la Oficina Federal de Investigación y del Departamento de Seguridad Nacional estarán involucrados en las investigaciones, dijo el viernes la secretaria de prensa, Jen Psaki: "Nuestra asistencia es para ayudar al pueblo de Haití y para ayudarles a superar un momento muy difícil".
El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que los directores de la Dirección Nacional de Inteligencia y de la Policía Nacional viajarán a Haití para colaborar en las investigaciones. "He ordenado al director de la DNI y al director de Inteligencia de la Policía de Colombia brindar todo el respaldo y viajar en las próximas horas, con personal de Interpol Colombia, a Haití para unirse al esfuerzo de las autoridades de la nación hermana", afirmó el mandatario.
Varios colombianos que formaban parte de un comando armado que asesinó a Moise entraron en Haití a través de República Dominicana y estuvieron en la isla más de un mes al parecer planeando el asesinato, dijeron el viernes fuentes del Ejército y la Policía Nacional.
La policía haitiana aseguró que el asesinato fue cometido por 26 colombianos y dos haitiano-estadounidenses, identificados como James Solages, de 35 años, y Joseph Vincent, de 55.
Diecisiete de los hombres fueron capturados tras un tiroteo con las fuerzas haitianas en Petionville, un suburbio de la capital Puerto Príncipe, mientras que tres murieron y ocho están prófugos. Las autoridades buscan a los autores intelectuales del asesinato.
El magnicidio ocurrió el miércoles. La esposa de Moise, la primera dama Martine Moise, resultó herida de gravedad y ahora se recupera en un hospital del sur de la Florida, en Estados Unidos.
En la comunidad internacional, muchos se preguntan qué fue lo que pasó para que unos asaltantes entraran en la residencia oficial y terminaran con la vida del mandatario. El presidente Joe Biden condenó el hecho que catalogó de "horrible asesinato" y condenó el "acto atroz".
En una entrevista publicada el 13 de febrero en el diario El País, de España, Moise advertía que se estaba preparando un golpe de Estado por parte de familias y empresarios “que controlan los principales recursos del país”.
Expuso entonces que eran estos grupos los que en el pasado “siempre han puesto y quitado presidentes” con el objetivo de “crear desestabilización en el país”.
A continuación algunos aspectos clave:
Un país sumido en una grave crisis sociopolítica
Haití no vivía el mejor momento de su historia. Hace 10 años, el país caribeño sufría las consecuencias de un devastador terremoto que provocó la miseria de una población que ya estaba sumida en una profunda crisis social y económica.
La grave situación en el país obligó a muchos haitianos a abandonar su patria y buscarse la vida en otros lugares.
El 28 de noviembre de 2016 se confirmó que Jovenel Moise había ganado las elecciones generales y se convertía así en el próximo presidente de Haití. En su discurso de aceptación de la victoria, hizo un llamado a todos sus compatriotas tanto en dentro como fuera del país para que juntos pusieran “de pie” Haití.
“Hago un llamado a la juventud del país, a todos los haitianos que viven en el exterior, a todos los profesionales del país para que se comprometan a mi lado para poner al país de pie, porque Haití está de rodillas”, exclamó desde un hotel de la capital, Puerto Príncipe.
Un presidente convencido de que en Haití había futuro
Moise nació en 1968 en el seno de una familia humilde: su madre era costurera y su padre era agricultor y mecánico. A la edad de 6 años, su familia se instaló en Puerto Príncipe y fue en la capital donde pudo estudiar en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Quisqueya.
Pero no ejerció de maestro, sino que se mudó al noroeste del país para impulsar un proyecto empresarial sobre bananas orgánicas. Su emprendimiento no le fue nada mal ya que después construyó una plantación unas 1.000 hectáreas, convirtiéndose así en la primera zona franca agrícola del país que exportaba a varios países europeos.
Su ascenso político
Hasta el 2015, el entonces empresario no era una figura conocida en el ámbito político de Haití. No lo fue hasta que el expresidente Michel Martelly anunció que lo iba a nominar como candidato por el partido Tèt Kale, una formación política de ideología centroderecha y que el propio Martelly había fundado.
En ese momento, el expresidente destacó de él sus orígenes rurales y sus éxitos empresariales con el objetivo de demostrar a un pueblo cansado y sin expectativas de futuro que es posible avanzar en un país como Haití.
Moise no tenía experiencia política ya que jamás había ocupado un cargo público ni había sido parte de una administración de gobierno, pero fue esa carta de presentación la que acabó convenciendo a la mayoría de la población que lo votó para ocupar el puesto de presidente de Haití.
¿Cuándo empezó la cuenta regresiva?
A pesar de su discurso renovador e inspirador para Haití, el presidente tuvo que hacer frente a varias olas de protestas, en muchas ocasiones violentas, en todo el país.
La situación se agudizó el pasado 7 de febrero cuando grupos de la oposición determinaron que el mandato de Moise había terminado. Desde entonces, el país ha tenido dos presidentes: el que acaban de asesinar y otro, Joseph Mecène, un juez de 72 años que, aunque está respaldado por formaciones políticas opositores, no cuenta con el apoyo de la mayoría de la comunidad internacional.
Moise se defendía de los ataques diciendo que aún le quedaba un año más de gobierno, bajo su argumento de que había asumido la presidencia oficialmente el 7 de febrero de 2017 y denunció que se estaba orquestando un golpe de Estado en su contra.
El retraso se debió a que hubo varias acusaciones de fraude electoral en los comicios de 2015, lo que obligó a que se ordenara la realización de nuevas elecciones. Después de todo, se confirmó que Moise contaba con la mayoría de los votos.
El objetivo de Moise
Moise insistía en que la solución a los graves problemas pasaba por conseguir un país basado en la “convivencia”, “la calma”, “la serenidad” y “la unidad”.
Es por ello que su plan pasaba por la convocatoria de unas elecciones parlamentarias, que había suspendido durante dos años. Al momento del magnicidio, habían sido previstas para octubre de 2021, un mes después de las presidenciales a las que el presidente ahora fallecido ya no podía postularse.
Moise, al mismo tiempo, había convocado para esa fecha un referéndum para impulsar una nueva constitución en el país, defendiendo que hacía falta modernizar esos estatutos. Esa idea no acabó convenciendo a sus detractores de la oposición, que pensaban que lo que quería hacer el presidente de Haití era anular el artículo que impedía presentarse de nuevo a la reelección.
Escándalo de corrupción: PetroCaribe
En toda esta trama política aparece Venezuela. El hasta ahora presidente había adoptado políticas duras contra el gobierno liderado por Nicolás Maduro, al igual que otros países del hemisferio occidental.
Mientras su mandato estuvo también rodeado de críticas y denuncias por un escándalo de corrupción asociado al programa PetroCaribe. Sus críticos apuntaban contra él por supuesto vínculo a las ganancias del petróleo vendido a Haití por Venezuela a precios preferenciales en virtud de PetroCaribe. Ese dinero estaba supuesto a ser utilizado en proyectos sociales, educativos y de infraestructura.
Según las denuncias, la mayor parte del dinero se usó indebidamente y los esfuerzos por llevar a los responsables ante la justicia han fracasado hasta ahora.
Ese escándalo también contribuyó a la desconfianza en el país y a nuevas olas de protestas.
Moise fue criticado también por algunos haitianos, así como por funcionarios estadounidenses como la representante estadounidense Maxine Waters y la embajadora Michele Sison, por no llevar ante la justicia a los responsables de los asesinatos masivos de residentes en los barrios marginales de Bel Air y La Saline de la capital. Se ha culpado de los asesinatos a pandillas vinculadas al asesinado presidente.
¿Qué dicen las investigaciones preliminares?
El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Luis Fernando Navarro, dijo el viernes que de acuerdo a las investigaciones preliminares revelaron que 17 sospechosos colombianos se retiraron del Ejército entre 2018 y 2020.
"Somos categóricos en afirmar que los ciudadanos colombianos vinculados en estos hechos no pertenecen a las Fuerzas Militares, Ejército Nacional, no están en servicio activo", afirmó Navarro.
Once de los hombres abordaron un vuelo de Avianca el 4 de junio con destino a la ciudad turística de Punta Cana, en República Dominicana, que comparte la isla de La Española con Haití, reveló el director de la Policía Nacional de Colombia, general Jorge Luis Vargas.
Dos más viajaron desde Bogotá por vía aérea a Ciudad de Panamá el 6 de mayo y desde allí a Santo Domingo en donde permanecieron cuatro días antes de volar a Puerto Príncipe, precisó el oficial.
Vargas reveló que todos fueron contratados por cuatro empresas colombianas de seguridad que están bajo investigación.
Uno de los capturados formó parte de la unidad de fuerzas especiales antiterroristas urbanas del ejército colombiano y publicó fotos en una de red social en sitios que al parecer están en República Dominicana.
Muchas dudas quedan por aclarar sobre el magnicidio y las autoridades haitianas han asegurado que van a llegar hasta el fondo de la cuestión.
"La persecución de los mercenarios continúa", dijo Charles. "Su destino está fijado: caerán en la lucha o serán arrestados".
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Tensión diplomática entre Panamá y Venezuela; EEUU advierte sobre las sanciones
Panamá dijo hoy que citó a la representante diplomática venezolana después de que no se autorizara el despegue desde el aeropuerto internacional de la capital panameña de un avión con varios ex presidentes latinoamericanos rumbo a Venezuela para observar las elecciones del domingo.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirmó más temprano en la red social X que la ex presidenta Mireya Moscoso y otros ex mandatarios que iban a partir hacia Venezuela no pudieron hacerlo debido al "bloqueo del espacio aéreo venezolano".
La Cancillería panameña dijo que ha citado al Palacio Bolívar a la representante de la Misión Diplomática de Venezuela en Panamá.
El presidente Nicolás Maduro se juega la reelección por un tercer mandato y tiene como principal rival al bloque opositor, liderado por María Corina Machado con la candidatura de Edmundo González.
Maduro llamó el jueves a los venezolanos a salir a votar el domingo y aseguró que en la votación se decidirá “el futuro de Venezuela" para los próximos años.
“Sólo nosotros garantizamos la paz y la estabilidad de este país”, dijo.
Estados Unidos afirmó este viernes que está preparado para calibrar su política de sanciones contra Venezuela dependiendo de lo que suceda en las elecciones presidenciales del domingo.
Altos funcionarios estadounidenses dijeron a los periodistas que
Washington observará el período de transición posterior alas elecciones y ajustará respuesta según lo que ocurra.
¿En qué creen los venezolanos? Una mirada al contexto religioso de Venezuela
Venezuela es un país mayoritariamente católico, pero el número exacto de devotos es difícil de determinar. Dado que el gobierno no ha publicado cifras oficiales en más de una década, el panorama religioso actual sólo puede dimensionarse mediante proyecciones y trabajo de campo independiente.
En la boleta de las elecciones del 28 de julio figura un pastor evangélico, pero Javier Bertucci tiene pocas posibilidades de dar la batalla al presidente Nicolás Maduro, quien busca un tercer mandato consecutivo.
La religión no ha jugado un papel clave en esta carrera electoral. Sin embargo, sí se ha entrelazado con la política, en especial durante el mandato del fallecido expresidente Hugo Chávez, quien llegó a convertirse en una figura de culto para decenas de venezolanos y se distanció de la Iglesia católica abrazando la religiosidad popular.
Aquí una mirada al contexto religioso de Venezuela.
¿Qué dice la ley?
La Constitución garantiza la libertad de religión y culto. También dicta que toda persona tiene derecho a profesar su fe y manifestar sus creencias siempre que no se oponga a la moral, las buenas costumbres y el orden público. Además, establece la independencia de las iglesias y cada familia es libre de elegir si sus hijos reciben educación religiosa o no.
De acuerdo con un reporte que el gobierno estadounidense publicó en 2023 sobre libertad religiosa en Venezuela, las comunidades de fe profesan sus creencias libremente siempre que se abstengan de criticar al gobierno. Representantes católicos y evangélicos han dicho que partidarios de Maduro acosan verbalmente a miembros de sus instituciones si llaman la atención sobre la crisis humanitaria del país.
¿Con qué religión se identifican los venezolanos?
Sin números oficiales a mano, todas las estimaciones coinciden en que la población es mayoritariamente católica.
Según el reporte del gobierno estadounidense de 2023, el 96% de la población sería católica y el resto englobaría otras confesiones.
Desde Venezuela, una de las investigaciones más recientes fue encabezada por la Universidad Católica Andrés Bello y data de 2016.
Enrique Alí González, sociólogo que comparó las cifras con su experiencia en campo, estima que el paisaje religioso actual podría ser el siguiente: católicos 82%-84%, evangélicos (sin distinguir denominación) 10%-12%, adeptos de la santería 1,5%-2% y ateos 1%. Los testigos de Jehová, musulmanes, Baha’i y otras minorías integrarían el porcentaje restante.
Según el experto, la mayor concentración de evangélicos está en el estado de Apure —fronterizo con Colombia—, mientras que la santería está más presente en Caracas. Además, algunos venezolanos participan de dos religiones: muchos devotos del espiritismo —cuya máxima representante es María Lionza, deidad femenina que se venera en la Montaña del Sorte— también son católicos.
¿La religión impacta en la política actual?
Las creencias religiosas no se perciben como un factor definitorio en las elecciones del 28 de julio.
Según el sociólogo Hugo Pérez Hernáiz, más allá de que el pastor evangélico Bertucci aparezca en una boleta, la adscripción religiosa difícilmente determinará lo que arrojen las urnas. “Una persona no te dirá que su creencia en Dios es la que la está llevando a votar”.
La manera en la que sí influye, explica Alí González, es en el acompañamiento social y espiritual.
En un país en el que la pobreza alcanza a más del 90% de la población, la organización religiosa Cáritas ofrece ollas comunes y suplementos alimenticios para niños y niñas.
“Y, por supuesto, también está el acompañamiento pastoral”, agrega. “Porque, ¿qué te queda cuando vives una situación tan miserable?”.
“La fe, y cuando la fe es sólida, se transforma en esperanza”.
¿Cómo ha sido la relación entre el gobierno y las iglesias?
Allá por 2013, cuando apenas buscaba el poder, Nicolás Maduro dijo que, mientras oraba en una capilla, el fallecido Hugo Chávez se le apareció en forma de pajarito y lo bendijo.
El video produjo todo tipo de reacciones pero no fue sorpresivo. Afirmando que los obispos eran “demonios” y favoreciendo el culto a María Lionza, era usual que el mismo Chávez se mostrara más cercano al espiritismo que a la Iglesia católica.
Según Alí González, en la historia venezolana se han dado varios roces entre gobernantes y líderes católicos.
El primero ocurrió en el S.XIX, cuando el presidente Antonio Guzmán (1870-1887) trató de suplantar a la Iglesia con una visión que incorporara la masonería y el protestantismo. Tras su muerte, el anticatolicismo declinó, las congregaciones europeas volvieron a Venezuela y varios gobiernos subsecuentes se mantuvieron al margen siempre que la Iglesia no interviniera en política.
A mediados de los años 40, hubo una segunda ruptura cuando un sector político apegado al socialismo emprendió nuevas acciones anticlericales. Los ánimos se enfriaron con el retorno a la democracia en los años 50 y no fue sino hasta la llegada de Chávez al poder, a finales de los 90, que la grieta se reabrió.
Según Alí González, Chávez fomentó una suerte de divinización o “culto humano” que algunos expertos llaman “religión atea” en consonancia con el “guevarismo” o “fidelismo”, derivados del fervor que aún despiertan líderes como Ernesto “Che” Guevara y Fidel Castro.
En paralelo, Chávez se propuso reducir el culto a la Iglesia católica aliándose con sectores evangélicos. Por ejemplo, sacó a las capellanías de las cárceles y cedió ese terreno a los evangélicos.
¿Qué ha sido de la religión en el chavismo?
Algunos sacerdotes apoyaron a Chávez y a Maduro. Otros los enfrentaron. Y, en uno de los puntos más álgidos de las protestas que estallaron en 2017, el papa Francisco llamó al diálogo y la paz.
Religiosamente hablando, Maduro se dice un hombre espiritual que públicamente ha hecho guiños a prácticas tanto católicas como evangélicas. Y como presidente, en su relación con la Iglesia, suele seguir los pasos de su antecesor. Aunque ha viajado al Vaticano para encontrarse con el papa y celebra al beato venezolano José Gregorio Hernández, también ha criticado a líderes católicos y estos a él.
Más recientemente, su acercamiento con las iglesias evangélicas aumentó. En 2023, lanzó el programa “Mi iglesia bien equipada” para mejorar y restaurar templos cristianos y su hijo preside una oficina estatal de Asuntos Religiosos para “ fortalecer el acompañamiento a los sectores cristianos ”.
¿La religiosidad ha cambiado por la crisis?
Aunque algunos reportes señalan que la espiritualidad de los venezolanos ha ganado fuerza debido a la crisis económica y política, Pérez Hernáiz explica que esa afirmación no cuenta con datos que la respalden.
“Siempre ha habido un sustrato de religiosidad popular muy fuerte en Venezuela”, dice. “Y lo que comúnmente se llama ‘santería’ es un abanico de espiritualidades populares que se mezclan con expresiones religiosas más formales, como el catolicismo”.
Según añade, tras revisar las cifras de afiliaciones de diversas comunidades religiosas, los académicos coinciden en que ha incrementado el número de pentecostales, pero sin datos oficiales es imposible precisar cuánto. Este incremento es consistente con el que expertos de la región y Estados Unidos han reportado en América Latina en los últimos cinco años.
Mueren ahogados 10 inmigrantes que intentaban cruzar el Darién
Al menos diez migrantes murieron ahogados en su intento por cruzar la selva del Tapón del Darién, en la zona limítrofe con Colombia, reportó la policía fronteriza de Panamá el miércoles.
Se trata del mayor percance mortal registrado en los cruces por esa peligrosa ruta en lo que va del año y en momentos en que el país centroamericano busca frenar ese incesante flujo cuyo destino es Estados Unidos.
El Servicio Nacional de Fronteras indicó en un comunicado que los extranjeros fallecieron arrastrados por una gran corriente en un río. Según la información recabada, los cuerpos fueron vistos en una zona cercana a la comunidad indígena de Carreto, Darién, agregó la nota.
Una funcionaria de seguridad de Panamá al tanto de la situación que no estaba autorizada a dar su nombre dijo a The Associated Press que, según reportes en las redes sociales de migrantes, el percance se registró el 16 de julio en una área de difícil acceso y tras lo cual comenzaron a hacerse las averiguaciones.
Más de medio millón de migrantes cruzaron el Darién el año pasado y en lo que va de 2024 lo han hecho más de 212.000, en su mayoría venezolanos, según las cifras de la policía fronteriza.
En lo que va del año y sin contar los diez muertos recientes, al menos 29 migrantes han fallecido en su intento por cruzar la selva por diversas causas, de acuerdo con la policía fronteriza. El año pasado se reportaron 84 decesos.
Las autoridades no ofrecieron más detalles del suceso ni precisaron las nacionalidades de los fallecidos de inmediato. Los decesos fueron comunicados al Ministerio Público para su investigación, añadieron.
Aunque antes se ha informado de ahogamientos de migrantes al intentar cruzar ríos caudalosos de la jungla darienita, especialmente en la época lluviosa, es uno de los mayores incidentes mortales ocurrido dentro de esa zona selvática del que se tiene conocimiento, según las autoridades.
Es además la tragedia más reciente que se registra en la peligrosa ruta migratoria entre Sudamérica y Estados Unidos y tiene lugar cuando Panamá — con ayuda financiera y logística del gobierno estadounidense — ultima los detalles para poner en vigor un programa de repatriación de los migrantes que crucen por esa vía.
En febrero, el naufragio de una embarcación dejó al menos cinco muertos y un desaparecido, todos afganos, al intentar llegar a una zona costera del Caribe panameño tras zarpar del lado colombiano.
Como parte de la promesa del nuevo gobierno del presidente José Raúl Mulino de frenar la migración por el Darién, la policía fronteriza cerró con alambre varios puntos en la zona fronteriza con el fin de canalizar los cruces a través de un corredor controlado.
A pesar de esa medida, agrega el comunicado, "la delincuencia organizada transnacional a través de colaboradores locales de estas comunidades costeras del Caribe insisten en utilizar pasos no autorizados poniendo en grave riesgo la vida de estas personas".
De acuerdo con el comunicado, la policía fronteriza informó de las muertes al Ministerio Público ante la posibilidad de que los cuerpos se hayan sepultado con el fin de "encubrir" un delito de presunto tráfico de migrantes.
La CIDH vuelve a Guatemala en visita para constatar situación de democracia e independencia judicial
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició una visita a Guatemala en la que constatará el “debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial en el país”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició el lunes una visita de cinco días a Guatemala en la que constatará el “debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial en el país”, luego de su visita en 2017, la última vez que recibió autorización del gobierno para enviar una delegación.
En una breve declaración a la prensa, Andrea Pochak, relatora para Guatemala de la CIDH, dijo que la visita estará encabezada por la presidenta de la comisión, Roberta Clarke, y que incluye también al relator de derechos económicos, Javier Palummo, y al de libertad de expresión, Pedro Vaca.
En 2023, la CIDH incluyó a Guatemala en el capítulo IV B de su informe sobre la situación de Derechos Humanos en el hemisferio al considerar que en el país existía una violación sistemática de derechos humanos y un grave deterioro de la institucionalidad democrática. Colocó a Guatemala junto a Cuba, Venezula y Nicaragua.
Pochak explicó que la Comisión estará centrada especialmente en conocer la situación del Estado de derecho, la institucionalidad democrática, el sistema de administración de justicia y la corrupción. También agradeció al gobierno del presidente Bernardo Arévalo por mostrarse anuente a la visita “después de muchos años en los que no había autorización”. dijo.
La última visita de la CIDH a Guatemala fue en 2017, durante el gobierno de Jimmy Morales (2016-2020). Se realizó antes de la salida del país de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una misión de Naciones Unidas que investigaba cuerpos clandestinos y de seguridad incrustados en el Estado.
En 2019, Morales no renovó el mandato de CICIG en el país luego de acusaciones en su contra y contra dos de sus familiares por hechos de corrupción.
Tras la salida de CICIG, comenzó la criminalización y exilio de operadores de justicia quienes denunciaron que era por haber investigado hechos de corrupción o crímenes de lesa humanidad.
El gobierno de Alejandro Giammattei (2020-2024) no autorizó visitas oficiales de la CIDH al país. Durante su mandato, unos 100 operadores de justicia, abogados, opositores y periodistas buscaron el exilio ante lo que denunciaron como criminalización.
El gobierno de Bernardo Arévalo, que autorizó la llegada de la comisión, dijo a través de su secretario de comunicación, Santiago Palomo, que la visita era un hito para el gobierno y una muestra de su apertura al sistema interamericano.
La agenda de la visita de la CIDH incluye reuniones con grupos en situación vulnerable como pueblos indígenas y afrodescendientes, defensores de derechos humanos y operadoras de justicia, periodistas, personas privadas de libertad y migrantes.
También busca conocer los avances y desafíos en materia de memoria, verdad, justicia y reparación de crímenes del conflicto armado, derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y la seguridad ciudadana.
La comisión se reunirá con el gobierno, el Congreso, las cortes de justicia, el Ministerio Público y otros sectores. Se realizarán visitas a los departamentos de Alta Verapaz, Izabal, Petén, San Marcos, Sololá, Totonicapán y Quetzaltenango, al norte y occidente del país, según la agenda prevista.
Se espera que al final de la visita, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exponga sus resultados en una conferencia de prensa.
Votantes de la oposición venezolana se unen para salvaguardar las elecciones
Partidarios de la oposición venezolana se han movilizado para asistir a los votantes en las esperadas elecciones presidenciales. La principal coalición opositora cuenta con sus esfuerzos para llevar gente a las urnas y disuadir a representantes del gobierno de coaccionar a los votantes.
Las lágrimas se deslizan por el rostro de Tanyia Colmenares cuando recuerda su sueño truncado de ser abogada, que terminó tras dos semestres en la facultad de derecho cuando tuvo que dejar los estudios para sobrevivir en la compleja crisis venezolana.
Aunque nunca llegó a defender a un cliente ante la corte, ha aceptado intentar defender algo mucho más grande a final de mes: la democracia venezolana.
Colmenares es una de las miles de partidarias de la oposición venezolana, normalmente fracturada, que han aceptado organizarse, movilizarse y asistir a los votantes en las esperadas elecciones presidenciales del 28 de julio.
La principal coalición opositora cuenta con sus esfuerzos, algunos liderados por partidos y otros formados de forma espontánea, para llevar gente a las urnas a votar y disuadir a representantes del gobierno de intimidar o coaccionar a los votantes.
La falta de una autoridad electoral realmente independiente hace esa labor crucial para la capacidad de la alianza de verificar o disputar el resultado. La coalición Plataforma Unitaria confía en que la mera presencia de muchos votantes atentos ante los centros de votación neutralice algunas de las estrategias del partido en el gobierno que en el pasado les impidieron tener representantes dentro de los colegios electorales, alejados de los conteos y sin voz en caso de irregularidades.
La ciudad occidental de Sabaneta es la cuna del chavismo, el movimiento autodenominado como socialista fundado por el fallecido presidente Hugo Chávez que ha dominado Venezuela desde el cambio de siglo. También es donde Colmenares ha hecho equipo con otros nueve vecinos para fomentar la participación y garantizar que los partidarios de la oposición llegan a su lugar de votación. Están preparados para organizar transporte, proporcionar apoyo si encuentran controles del partido en el gobierno y repartir agua o comida si se forman largas filas.
“Como se le haga más fácil, ya sea por las redes, que llamadas, mensajes, personalmente, lo importante es hacer el trabajo y hablar con la comunidad”, dijo este mes Colmenares, ama de casa con tres hijos, tras una reunión de un grupo vecinal.
Las elecciones de este mes son diferentes a cualquiera que haya enfrentado el partido en el gobierno desde que Chávez fue elegido presidente en 1998 y emprendió una transición en Venezuela hacia lo que describió como socialismo del siglo XXI.
Ahora liderado por el heredero de Chávez, el presidente Nicolás Maduro, el Partido Socialista Unido de Venezuela es más impopular que nunca entre muchos votantes. Los bajos precios del crudo, la corrupción y la mala gestión económica del gobierno sumieron al país en una crisis que dura más de 11 años. Los jóvenes han tenido que renunciar a aspiraciones universitarias, los niños pasan hambre y millones de personas han emigrado.
Las sanciones económicas impuestas en la última década no derrocaron a Maduro, como esperaban Estados Unidos y otros gobiernos, pero contribuyeron al declive de Venezuela.
Durante años, los políticos opositores boicotearon elecciones que consideraban amañadas, pero esta vez superaron sus profundas diferencias para unirse tras un solo candidato. También mantuvieron ese hueco en las boletas pese a una represión constante del gobierno, que vetó a María Corina Machado, la aspirante que planteaba un desafío mayor para la campaña de Maduro a un tercer mandato.
Machado, que ganó por abrumadora mayoría las primarias de la coalición en octubre, apoya ahora al candidato de reemplazo de la coalición, el exdiplomático Edmundo González Urrutia.
Las encuestadoras estiman que hasta 13 millones de personas votarán el 28 de julio.
La oposición calcula que más de medio millón de personas se han registrado en una estructura informal de grupos vecinales apodados “comanditos”.
Los miembros del grupo, que a estas alturas ya están familiarizados con los esfuerzos del PSUV por inclinar la balanza a su favor en las jornadas electorales, cuentan con que las gasolineras no abran, los feudos de la oposición sufran apagones, la policía y personas leales a Maduro corten carreteras y que el ejército limite el acceso a los centros de votación.
Algunos grupos celebran rifas y venden hallacas, similares a tamales, para reunir fondos para imprimir material promocional para sus barrios y preparar comida para los partidarios de la oposición. Otros almacenan gasolina en casa y ofrecen sus autos o motocicletas para llevar a los votantes.
Todos han recibido instrucciones de la coalición de mantenerse ante los centros electorales después de votar para reducir el temor de los ciudadanos y de sus representantes en los colegios, que tienen entre sus deberes el de conseguir una copia de los registros de voto impresa por las máquinas de voto electrónico tras el cierre de urnas. Se sabe que grupos leales al gobierno, incluidas pandillas armadas, han intimidado a representantes en los centros de votación, conocidos como testigos, para que se queden en casa o abandonen sus tareas antes de que concluya la jornada electoral.
Las leyes electorales permiten a los partidos tener un testigo por cada puesto de voto instalado en cada centro electoral.
“Hemos acordado nosotros como comandito que después del voto, nosotros vamos a vigilar y a ser garante de los votos el 28 de julio”, explicó el organizador local Fidel Ortega durante una reunión grupal. “Primeramente Dios, vamos a defender el derecho al voto de nosotros como venezolanos. El 28 votamos, el 29 celebramos y de ahí en adelante todos ganamos”.
Ortega estima que los partidarios de la oposición han formado al menos 40 grupos vecinales en el municipio que incluye a Sabaneta, en una amplia llanura tropical de pastos.
El Consejo Nacional Electoral, controlado por el gobierno, decidió habilitar 36.000 máquinas de voto. Muchos centros de votación están muy repartidos, lo que hace más difícil para la oposición vigilarlos todos. En torno a un tercio de los votantes en estos comicios están asignados a centros con apenas una o dos máquinas de voto.
En el pasado, el PSUV ha obtenido la mayor parte de sus votos en esos centros de votación más pequeños, y para estas elecciones el consejo electoral añadió 1.700 centros de una máquina. Los reportes sobre esfuerzos del gobierno por coaccionar y controlar el voto en consultas previas se han relacionado en su mayoría con esos colegios electorales de una o dos máquinas.
Aunque miles de personas se han inscrito en grupos vecinales, el temor a las represalias si se filtran los datos ha evitado que algunos partidarios de la oposición se sumen oficialmente al esfuerzo de movilización. Pero de todos modos participan en grupos de amigos, familiares y colegas con los que tienen previsto coordinarse el 28 de julio.
“Nosotros tenemos que ir con la gente para que pierdan el miedo", dijo Edgar Cuevas, profesor de secundaria y que estará en las urnas el día de las elecciones. "Antes sí nos opacaban con sus colectivos y sus cosas, pero ahora que llegan 10 colectivos, bueno nosotros somos 20”.
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