La congresista demócrata por California, Barbara Lee, calificó de "fallida” la actual política de Estados Unidos hacia Cuba. En un conversatorio celebrado el lunes consideró que la administración del presidente Joe Biden está usando el tema de los derechos humanos para mantener una política que causa daño al pueblo.

“Tenemos que ser sinceros cuando se trata de usar eso como arma, pero en realidad tenemos que abordar los derechos humanos en todas partes, y tenemos que abordar las cuestiones relacionadas con los presos políticos en todas partes del mundo. Pero eso no debería impedirnos avanzar para poner fin al embargo y normalizar las relaciones con Cuba”, expresó la representante.

Lee criticó la inclusión de Cuba en la lista de Países Patrocinadores del Terrorismo diciendo que perjudica al pueblo y que tiene un “efecto paralizador” no sólo para Cuba y Estados Unidos, sino para el resto del mundo.

En el evento también participó el representante demócrata por Massachusetts, Jim McGovern, quien dijo que el presidente Biden pudiera sacar rápidamente a Cuba de dicha lista lo que “abriría todo tipo de oportunidades para ayudar a mejorar las cosas para el pueblo cubano”.

“Cuando hablamos de normalizar las relaciones con Cuba, sí, es un beneficio para Cuba. Es un beneficio para el pueblo cubano. También es un beneficio para el pueblo de Estados Unidos. Tenemos, ya sabes, agricultura a la que le gustaría hacer negocios con Cuba. Tenemos otros intereses y nos gustaría hacer negocios con Cuba. Tenemos gente que quiere viajar a Cuba. Quieren ir a la escuela en Cuba, quieren disfrutar un poco de la cultura pero no pueden hacer eso porque tenemos esta política ridícula”, opinó el congresista.

Antes del conversatorio, que se hizo de forma virtual, se presentó el documental Uphill on the Hill, crítico de la política estadounidense hacia Cuba.

La semana pasada, el gobierno de Estados Unidos confirmó que mantiene a Cuba en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo. El vocero Vedant Patel dijo que Estados Unidos cree que todavía hay acciones que Cuba “está llevando a cabo para apoyar actividades terroristas”, aunque no dio detalles.

El 12 de enero de 2021, Estados Unidos designó a Cuba como Estado Patrocinador del Terrorismo tras determinar “que brindó apoyo reiteradamente a actos de terrorismo internacional al otorgar refugio seguro a terroristas”. Había sido designado previamente como Estado Patrocinador del Terrorismo en 1982, debido “a su larga historia de brindar asesoramiento, refugio seguro, comunicaciones, entrenamiento y apoyo financiero a grupos guerrilleros y terroristas individuales”.

En su campaña electoral, el presidente Biden criticó el historial de derechos humanos de Cuba al tiempo que prometió dar marcha atrás a algunas sanciones de la Administración del presidente Donald Trump. Pero su administración ha dicho que las protestas del 11 de julio del 2021 y la respuesta violenta del régimen han influido en las decisiones que se toman sobre la política hacia Cuba.

El presidente Biden se ha pronunciado por la liberación de los presos políticos en Cuba; su administración ha emitido varias rondas de sanciones contra las entidades y funcionarios responsables de la represión a los manifestantes y ha expresado su intención de facilitar la financiación a pequeñas empresas cubanas.

Una delegación de oficiales del régimen cubano visitó las instalaciones de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) en el Aeropuerto Internacional de Miami, confirmó a Martí Noticias la dirección del aeropuerto, que aseguró que no tenían conocimiento ni jurisdicción sobre el área que visitaron.

“La visita fue coordinada por TSA y ellos tienen su propia jurisdicción. No tuvo nada que ver con el Departamento de Aviación de Miami-Dade”, dijo una vocera del aeropuerto, quien confirmó que, próximamente, harán una declaración pública al respecto.

Según una fuente del Aeropuerto, que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizada a ofrecer declaraciones a la prensa, la visita produjo un profundo malestar entre el personal de seguridad, muchos de ellos exiliados cubanos.

“La decisión de permitir que funcionarios cubanos recorrieran áreas seguras en el Aeropuerto Internacional de Miami se tomó sin el conocimiento del Departamento de Aviación de Miami-Dade”, apuntó.

El 20 de mayo, el mismo día en que se produjo la visita, se celebra la independencia de Cuba, una fecha patria que ha sido borrada por la dictadura militar que gobierna la isla desde hace décadas.

“Se permitió la entrada porque van a poner más vuelos a Cuba y necesitaban ver cómo funcionan los equipos de seguridad nuestros", dijo la fuente.

Oficiales cubanos fueron invitados a un área moderna del MIA

De acuerdo con un oficial del aeropuerto que habló con Martí Noticias bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hablar con la prensa, la delegación de oficiales cubanos fue invitada a un área “exclusiva y moderna” del Aeropuerto de Miami a la que no tienen acceso todos los empleados.

“Es la primera vez en más de 20 años que yo veo algo así en el Aeropuerto. A los oficiales cubanos los llevaron a la terminal sur, un terminal nuevo donde están los robots de TSA. Es muy moderno y no todo el mundo puede ir ahí”, dijo la fuente.

“Para poder entrar ahí deben hacerle a cada oficial una investigación ¿Cómo tú vas a traer a esa gente que son espías del régimen cubano y además un 20 de mayo?”, añadió.

La fuente no quiso entrar en detalles sobre la tecnología novedosa utilizada en la terminal visitada por los oficiales cubanos, pero dijo que la visita ponía en peligro la seguridad de los pasajeros.

“Son funcionarios de un país terrorista, aliado de nuestros enemigos, de China, de Rusia, de Irán ¿A quién se le ocurre invitar a esa gente a ver lo más avanzado de nuestra tecnología?”, se preguntó.

TSA y el Departamento de Seguridad Nacional no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios de Martí Noticias.

La visita de oficiales del régimen cubano a una instalación altamente sensible en Miami ha generado inmediatamente controversia en un año electoral.

El congresista republicano de Florida, Carlos A. Giménez, dijo en X que responsabilizaría a la administración del presidente Joe Biden por permitir esta visita.

“Como Presidente de Seguridad Nacional en Seguridad del Transporte, responsabilizaré a la Administración Biden por su vergonzosa y peligrosa decisión de otorgar a los agentes del régimen de Castro acceso a instalaciones sensibles del TSA en el Aeropuerto de Miami”, dijo Giménez en X.

“En febrero de 2023, denunciamos un viaje similar de agentes del régimen de Castro recorriendo nuestras instalaciones de la Guardia Costera e introduje una legislación que prohíbe a los Estados patrocinadores del terrorismo acceder a nuestras instalaciones”, agregó.

La alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava, dijo que la noticia la sorprendió.

“Como muchos en nuestra comunidad, me sorprendió enterarme de que una delegación cubana fue invitada a visitar las instalaciones de la Administración de Seguridad en el Transporte en el Aeropuerto Internacional de Miami”, señaló en un comunicado.

Levine Cava añadió que el Condado de Miami-Dade “apoya firmemente” al pueblo cubano en su lucha por la libertad y está comprometido en “garantizar la seguridad de nuestra comunidad y todo el que viaje por el aeropuerto”.

El senador cubanoamericano Marco Rubio, republicano por la Florida, reaccionó a la visita de los oficiales cubanos cuestionando al gobierno del presidente Joe Biden.

“Sólo bajo la administración Biden permitirían que un régimen terrorista ingresara a nuestras instalaciones seguras en uno de los aeropuertos más transitados de Estados Unidos”, dijo. “Cuestioné al Departamento de Seguridad Nacional por qué son tan inconscientes”, añadió.

TSA es el organismo responsable de asegurar el sistema de aviación civil estadounidense y debe evaluar los aeropuertos cubanos e inspeccionar a las compañías aéreas que operan vuelos con destino a Estados Unidos para garantizar que apliquen medidas de seguridad efectivas.

El año pasado una visita similar organizada por el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado a los cuarteles de la Guardia Costera provocó una álgida protesta de los congresistas cubanoamericanos. En aquel momento el Departamento de Estado señaló que incluso bajo el gobierno del expresidente Donald Trump se produjeron encuentros similares entre oficiales de ambos países.

La preocupación por la seguridad de los vuelos desde y hacia Cuba ha sido una constante en políticos de ambos partidos en el sur de Florida, que han pedido mayores inspecciones en las operaciones aéreas. En el 2016, a una delegación de legisladores se le negó visado para visitar los aeropuertos en Cuba. La visita tenía como objetivo evaluar la seguridad para los aviones y turistas estadounidenses.

En 2018, investigadores del congreso de Estados Unidos informaron que la Agencia para la Seguridad del Transporte no realizó muchas inspecciones de las aerolíneas que operan vuelos de Cuba a Estados Unidos entre 2012 y 2016.

En el pasado oficiales de TSA han visitado aeropuertos cubanos para asegurarse que cumplen con las condiciones para enviar vuelos a Estados Unidos y el senador de Florida, Marco Rubio, presentó un proyecto de ley sobre seguridad en aeropuertos de Cuba.

Un empresario de Nueva Jersey rescató la casa de la esposa del senador Bob Menéndez de una ejecución hipotecaria justo cuando el demócrata presuntamente lo ayudó a conseguir una lucrativa relación comercial con Egipto, dijo el lunes un abogado que testificó en su juicio por soborno.

La agencia AP reportó que el abogado John Moldovan le dijo a un jurado de la corte federal de Manhattan que estaba trabajando para el empresario, Wael Hana, en julio de 2019 cuando se le pidió que pagara más de $20.000 por la hipoteca de la casa de Englewood Cliffs, Nueva Jersey.

Moldovan dijo que Hana proporcionó el dinero que entregó a un banco para evitar la demanda por ejecución hipotecaria.

Menéndez, de 70 años, quien se ha declarado inocente de múltiples cargos, se mudó a la casa después de que la pareja se casó un año después. Hana y la esposa de Menéndez, Nadine, también se han declarado inocentes en el caso, aunque el juicio de Nadine Menéndez se ha pospuesto hasta julio después de que le diagnosticaran cáncer de mama y se requiriera cirugía.

En 2022, una redada del FBI encontró 13 lingotes de oro y más de $480.000 en efectivo en la casa. Un agente federal que dirigió la redada testificó extensamente al respecto la semana pasada, diciendo que se hallaron decenas de miles de dólares metidos en cuatro chaquetas en el lugar donde el senador guardaba sus abrigos. Se encontró dinero en efectivo en bolsas y en una caja fuerte del armario.

Los fiscales dicen que los lingotes de oro, el dinero y un automóvil de lujo encontrado en el garaje de la pareja eran ganancias de sobornos.

Los abogados de Menéndez han dicho que los lingotes de oro pertenecían a su esposa y que el senador acumuló dinero en efectivo en su casa como reacción al trauma de que su familia lo perdiera todo, excepto dinero en efectivo, antes de huir de Cuba, y antes de que él naciera.

Moldovan testificó que Hana le pidió que estableciera un registro legal de que el dinero para pagar la deuda pendiente de la hipoteca era un préstamo en lugar de un regalo.

En total, Nadine Menéndez debía casi 271.000 dólares en una hipoteca de 320.750 dólares, dijo Moldovan.

Los fiscales dicen que el pago de la hipoteca se realizó justo cuando Hana estaba negociando un contrato de exclusividad con Egipto, para asegurarse de que cualquier carne exportada allí desde Estados Unidos fuera certificada por la compañía de Hana para demostrar que fue procesada de una manera que se ajustaba a los requisitos dietéticos islámicos.

Los fiscales dicen que mientras era presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Menéndez tomó medidas favorables hacia Egipto para ayudar a Hana, quien había sido amiga de Nadine Menéndez durante muchos años. Menéndez sigue siendo senador, pero renunció a la presidencia del mencionado comité.

Entre los cargos presentados contra el senador está el de actuar como agente extranjero de Egipto.

Se supone que el juicio, que comenzó la semana pasada, durará al menos un mes más, precisó la agencia AP.

Un grupo de congresistas demócratas emitió un comunicado en el que aplauden la decisión del presidente Joe Biden de eliminar a Cuba del registro de Países que No Cooperan Plenamente con los Esfuerzos Antiterroristas de Estados Unidos y critican la anterior inclusión del régimen de La Habana en la lista negra de Washington.

Jim McGovern, miembro de mayor rango del Comité de Reglas de la Cámara de Representantes; Barbara Lee, miembro de mayor rango del Subcomité de Asignaciones Estatales y Operaciones Extranjeras; Gregory W. Meeks, miembro de alto rango del Comité de Asuntos Exteriores, y Joaquín Castro, miembro de alto rango del Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes para el Hemisferio Occidental, expresaron que daban la bienvenida a la decisión de la Administración Biden porque la “designación previa fue contraproducente e inútil”.

Los representantes demócratas señalaron que “el gobierno de Estados Unidos ha estado hablando directamente con el gobierno cubano sobre esfuerzos policiales y antiterroristas, incluidos los relacionados con la extradición” y que “si bien Estados Unidos tiene muchos problemas con el Gobierno de Cuba, la mejor manera de abordarlos es mediante el compromiso y el diálogo, como lo hacemos con otros países de nuestro hemisferio”.

Añadieron que esperan seguir trabajando con la administración Biden para “promover políticas diseñadas para ayudar al pueblo de Cuba a reclamar todos sus derechos humanos y construir una sociedad próspera e inclusiva”.

Al anunciarse la semana pasada la decisión de sacar a Cuba de la lista de Países que No Cooperan Plenamente con los Esfuerzos Antiterroristas, un grupo de congresistas republicanos la calificó como "un fracaso del gobierno de Joe Biden".

El congresista Mario Díaz-Balart opinó que la administración Biden cometió “un error en su política exterior” que socava los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos.

"La débil explicación para negarse a designar al estado terrorista anti-americano de Cuba como un 'país no completamente cooperador' es tan errónea como el resto de su enfoque en política exterior", dijo Díaz-Balart.

Por su parte, el congresista Carlos A. Giménez, instó “al presidente y a su equipo a que abandonen esta mala política de concesiones y traten a Cuba comunista como el régimen paria internacional que es”.

"Una vez más, la Casa Blanca peca de inocente o es bastante evidente su condescendencia con el régimen de Castro/Díaz-Canel”, agregó la congresista María Elvira Salazar.

Mientras tanto, el senador Marco Rubio recordó que "el régimen criminal e ilegítimo de La Habana apoya organizaciones terroristas extranjeras en Colombia y alberga a terroristas de ETA al igual que a fugitivos buscados por tribunales en Estados Unidos”.

“Cada vez que el presidente Biden apacigua al ilegítimo régimen comunista cubano, desestabiliza el hemisferio occidental, apoya el terrorismo y hace un gran favor a los enemigos de Estados Unidos en Rusia, Irán y la China", señaló el senador Rick Scott.

Para Scott, "Biden es demasiado débil y está demasiado comprometido a mantener nuestras fronteras abiertas para obtener el mismo resultado. Lucharé contra viento y marea para revertir esta decisión".

La congresista republicana María Elvira Salazar y la representante demócrata Sara Jacobs proponen documentar las restricciones que hacen los regímenes totalitarios al uso de Internet en los informes de derechos humanos.

La Ley bipartidista de Libertad Global en Internet (H.R. 8309) requeriría que el Departamento de Estado de Estados Unidos incluya abusos de la libertad en Internet, incluido el corte de servicios de Internet, el bloqueo de sitios web, sitios de redes sociales y aplicaciones, y la participación en otras formas de represión digital, en sus informes nacionales anuales sobre derechos humanos.

“Los gobiernos totalitarios en América Latina dependen de cortar el acceso a Internet para perpetuar su opresión, tal como lo hizo el régimen cubano durante las protestas del 11 de julio (de 2021) y continúa haciéndolo cada vez que el pueblo cubano pide libertad”, expresó en un comunicado la cubanoamericana Salazar.

“Con la libertad global en Internet disminuyendo por decimotercer año consecutivo, Estados Unidos debe garantizar que tengamos información precisa sobre cómo los países están restringiendo el acceso de sus ciudadanos a Internet. La Ley Global de Libertad en Internet nos brinda esa información”, agregó la representante por la Florida.

Por su parte Jacobs manifestó que en el siglo XXI, la libertad en Internet es un derecho humano y que "es esencial obtener noticias e información sobre eventos actuales, conectarse con sus seres queridos, garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de los funcionarios electos y mucho más”.

La representante demócrata por California recordó que "lamentablemente, decenas de países practican la censura y la represión en línea o imponen castigos draconianos por la actividad en línea, sofocando la libertad de expresión de las personas y su capacidad para conectarse e interactuar con otros".

Además alertó que la Inteligencia Artificial plantea riesgos nuevos y mayores para la libertad en Internet, al permitir a los gobiernos emprender campañas de desinformación en línea y vigilar y censurar la expresión en línea, los sitios web y las plataformas de redes sociales.

Según explican ambas representantes, su propuesta incluiría que los informes de derechos humanos describan los abusos a la libertad en Internet, incluidas las barreras al acceso a Internet, las restricciones indebidas a la expresión en línea y las violaciones indebidas de la privacidad en línea.

El derecho a Internet fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como derecho humano el 4 de julio de 2018 y considera que las nuevas tecnologías de la información y comunicación son elementos clave para la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet.

El documento oficial reconoció los derechos de las personas a estar protegidos en Internet, en particular la libertad de expresión, de conformidad con el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.