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Derechos Humanos

Piden al Supremo enjuiciar a Díaz-Canel por incitación para delinquir; abuso en el ejercicio del cargo, terrorismo y genocidio

Miguel Díaz-Canel ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
Miguel Díaz-Canel ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

Los Militares Objetores de Conciencia ( M.O.C) en representación de decenas de militares activos y en la reserva han pedido al Tribunal Supremo de Cuba abrir un proceso contra el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.

Incitación para delinquir utilizando la violencia, Abuso en el ejercicio del cargo, terrorismo, Genocidio y violación de las normas de Derechos Humanos son los delitos por los que el sucesor de Raúl Castro debe ser enjuiciado según una comunicación dirigida al señor Rubén Remigio Ferro, Presidente del Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba.

La carta fue firmada por el General de Brigada Rafael Del Pino Diaz; Teniente coronel Máximo Omar Ruiz Matose; Teniente coronel Raul Luis Risco Pérez; Teniente coronel Mario Rivas Morales; Teniente coronel Alfredo Lima Pérez; y el Teniente Ángel Madrazo Giro.

El texto menciona como cómplices "por cooperación necesaria" al Ministro del Interior General de Brigada Lázaro Alberto Álvarez Casas y al Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera.

A continuación reproducimos el texto íntegramente:

Señor Rubén Remigio Ferro.

Presidente del Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba.

Señor:

Nosotros ciudadanos cubanos, los abajo firmantes, Militares Objetores de Conciencia, haciendo uso del derecho que nos asiste, ante usted decimos.

Que, acusamos penalmente, al designado presidente de la República de Cuba, señor, Miguel Diaz Canel Bermúdez, por presuntamente haber cometido los delitos de.

Incitación para delinquir utilizando la violencia, Abuso en el ejercicio del cargo, terrorismo, Genocidio, violación de las normas de Derechos Humanos de las que el Estado cubano es parte.

INVOCACIÓN DE PRECEPTOS LEGALES FACULTATIVO

Artículo 61. Las personas tienen derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, las que están obligadas a tramitarlas y dar las respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas en el plazo y según el procedimiento establecido en la ley, por lo que invocando dicho artículo y teniendo en cuenta el derecho que me asiste, formulo la presente denuncia.

Los Hechos

Que el señor Diaz Canel Bermúdez, durante una comparecencia televisiva y radial, convocó, a sus seguidores, a enfrentar violentamente a cubanos desarmados, que, la actitud absolutamente inmovilista adoptada por las autoridades del país. La represión brutal, las golpizas, el empleo de armas de fuego contra personas que sólo utilizaban la palabra, constituye abusos incalificables, que debe ser condenado penalmente. ¿Cómo admitir las palabras del Jefe de gobierno al expresar que “ la orden de combate está dada” cual si fuera contra miembros de un ejército extranjero y no de simples ciudadanos cubanos que, de forma pacífica pedían libertad y coreaban Patria y Vidal, orden de combate que fue recibida y ejecutada de inmediato por los Ministros del Interior y de la Fuerzas Armadas Revolucionarias, lanzando a las calles a cientos de uniformados, y otros vistiendo de civil, así como a miembros del Partido Comunista y Brigadas de Respuestas Rápida, esta última, son grupos paramilitares organizados y dirigidos por oficiales de enfrentamiento de la Seguridad del Estado, los que actúan como represores del pueblo, fuerzas todas que, armados con pistolas, fusiles, tonfas, bastones de gomas, palos y otros objetos contundentes, arrestaron violentamente, lesionaron, hirieron y asesinaron a ciudadanos indefensos desarmados, donde incluso, decenas de domicilio fueron violados.

Como si eso fuera poco, cientos de manifestantes pacíficos fueron arrestados de forma violentas no solo durante el día 11, continuando la casería los siguientes días, los arrestos en su totalidad arbitrarios, sin orden de previa de arresto, así como los arrestos que se ejecutaron, concluidas las manifestaciones, fueron prácticamente todos de forma violenta, llevados a cabo por uniformados y oficiales de la Seguridad del Estado dentro del domicilio de decenas de personas que, unos, habían participados en las manifestaciones y otros no habían siquiera salidos de sus hogares, constituyendo una flagrante violación de domicilio y de arrestos arbitrarios, pues sus moradores no dieron su consentimiento para la entrada de las fuerzas públicas a sus hogares, así como tampoco mostraron documento firmado por autoridad competente para penetrar en el domicilio de nadie, mucho menos para arrestarlos.

Señor presidente, tenga usted presente que, estos registros y detenciones arbitrarias son totalmente ilegales y constituyen una práctica sistemática en nuestro país, le puedo afirmar que los fines del Estado Socialista tienen supremacía y jerarquía preponderante sobre los derechos humanos fundamentales, y la judicatura también les sirve como fiel súbdito. Esos fines se ejercen por encima de la Constitución con el uso del Derecho Penal, como lo están haciendo hoy con los juicios que están llevando a cabo contra manifestantes pacíficos, la protesta pacífica es legal, sin embargo, Jueces y Fiscales han sido utilizados como instrumento de coerción, coacción y control social, empleando a la judicatura o Administración de Justicia para actuar con la presunción de “legalidad” sobre los justiciables.

Que las acciones que se están llevando a cabo en todo el país, incluyendo a Fiscales en programas televisivos esgrimiendo posibles sanciones penales con duración de decenios, tiene el objetivo marcado de aterrorizar a la población para hacerlos renunciar a su legítimo derecho a expresarse pacíficamente contra algo que no estén de acuerdo

Que, en los últimos 62 años, no se había visto en nuestro país, de forma masiva, el atropello, la violencia, la agresión, la utilización de las fuerzas de forma desproporcionada, contra ciudadanos indefensos, por los miembros de las fuerzas especiales del Ministerio del Interior con entrenamiento en defensa personal que utilizaron las técnicas de combate contra la población indefensa, tenga usted presente que, más del 80 por ciento de los detenidos, que hoy están siendo sometidos a juicios sumarios, son jóvenes en edades entre los 16 y 35 años.

En medio de la represión, pudimos conocer y comprobar mediante el testimonio de familiares de detenidos que, pasadas 72 horas del arresto, aún desconocían el paradero de sus familiares, los que virtualmente se encontraban desaparecidos.

Jurídicamente, una persona se encuentra en condición de desaparición forzada cuando, ha sido detenida de forma irregular, trasladada hacia lugares desconocido por personal de las que no se tiene información, la incomunicación posterior, la imposibilidad de los familiares de conocer el lugar donde lo mantienen detenido y el desmarque que asumieron las autoridades al no asumir que esa persona se encuentra desaparecida. Internacionalmente, la desaparición forzada se considera un delito de lesa humanidad

Señor presidente, el gobierno cubano, no se ha tomado el trabajo de hacer pública ni una sola medida o sanción contra quienes según palabras posteriores del Presidente Miguel Diaz Canel Bermúdez, mal interpretaron su orden, pero lo cierto es que aunque trate de quitarse responsabilidad de encima, es el responsable directo de su garrafal error al llamar al combate contra la población indefensa.

FUNDAMENTOS DE DECHO.

Derecho, deberes y garantías constitucionales.

La deliberada e irresponsable orden de combate dada a sus seguidores por el señor Miguel Diaz Canel Bermúdez, constituyen violaciones constitucionales tales como.

- Artículo 40. La dignidad humana es el valor supremo que sustenta el reconocimiento y ejercicio de los derechos y deberes consagrados en la Constitución, los tratados y las leyes

- Artículo 41. El Estado cubano reconoce y garantiza a la persona el goce y el ejercicio irrenunciable, imprescriptible, indivisible, universal e interdependiente de los derechos humanos, en correspondencia con los principios de progresividad, igualdad y no discriminación. Su respeto y garantía es de obligatorio cumplimiento para todos.

- Artículo 42. Todas las personas son iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o territorial, o cualquier otra condición o circunstancia personal que implique distinción lesiva a la dignidad humana.

- Del artículo 46. Todas las personas tienen derecho a la vida, la integridad física y moral, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, la salud, la educación, la cultura, la recreación, el deporte y a su desarrollo integral.

- Violación de domicilio, articulo 49. El domicilio es inviolable. No se puede penetrar en morada ajena sin permiso de quien la habita, salvo por orden expresa de la autoridad competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

Artículo 51. Las personas no pueden ser sometidas a desaparición forzada, torturas ni.

tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

Artículo 54. El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. La objeción de conciencia no puede invocarse con el propósito de evadir el cumplimiento de la ley o impedir a otro su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos.

Artículo 56. Los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley.

Artículo 95. En el proceso penal las personas tienen, además, las siguientes garantías:

a) no ser privada de libertad sino por autoridad competente y por el tiempo legalmente establecido;

b) disponer de asistencia letrada desde el inicio del proceso;

c) que se le presuma inocente hasta tanto se dicte sentencia firme en su contra; d) ser tratada con respeto a su dignidad e integridad física, psíquica y moral, y a no ser víctima de violencia y coacción de clase alguna para forzarla a declarar; e) no declarar contra sí misma, su cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad;

f) ser informada sobre la imputación en su contra;

g) ser juzgada por un tribunal preestablecido legalmente y en virtud de leyes anteriores al delito;

h) comunicarse con sus familiares o personas allegadas, con inmediatez, en caso de ser detenida o arrestada; si se tratara de extranjeros se procede a la notificación consular, y

i) de resultar víctima, a disfrutar de protección para el ejercicio de sus derechos.

Presidente: Acusamos al Señor Miguel Diaz Canel Bermúdez como autor de los delitos que a continuación describiré y como cómplices por cooperación necesaria al Ministro del Interior General de Brigada Lázaro Alberto Álvarez Casas.

Y al Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera.

-Articulo 109, Terrorismo El que realice cualquier otro acto no sancionado más severamente por este Código, que, por su forma, medios u oportunidad de ejecución, tiende a sembrar la alarma en la ciudadanía con el fin de crear condiciones que afecten la seguridad del Estado. Comete el delito de Terrorismo.

Por más que se estire o se encoja, se trate de tergiversar los hechos utilizando los medios de difusión masivas propiedad estatal, las actuaciones y utilización de las fuerzas, de forma excesiva, de la Policía Nacional Revolucionaria, la Seguridad del Estado, las fuerzas especiales del MININT, las tropas conocidas como boinas rojas de las FAR, así como los grupos de respuestas rápida dirigidos por los oficiales de enfrentamiento de la seguridad del estado, que armados con palos y otros objetos contundente y la utilización de armamentos, donde fueron heridos o asesinados varios manifestantes, sembraron alarma dentro de la población civil, tanto dentro de los propios manifestantes pacíficos, como en el resto de la población que no participo.

Articulo116. 2. Genocidio, el que, violando las normas del Derecho Internacional, bombardee, ametralle o ejerza sevicia sobre la población civil.

someta a este grupo a condiciones de existencia que constituyan una amenaza de exterminio del grupo o de algunos de sus miembros;

En cuanto al inciso (a) de este artículo, Miguel Diaz Canel Bermúdez, es penalmente responsable, teniendo en cuenta que, la hambruna que sufre hoy el pueblo de Cuba, es responsable el ya mencionado Diaz Canel, por cuanto ha desoído las propuestas de la Liga de campesinos independientes y mantienen normas que asfixian a los campesinos cubanos, normas que impiden la producción a gran escala de alimentos para el pueblo. Por otra parte, el señor Díaz Canel Bermúez, se negó a recibir vacunas contra el Covid, certificadas y aprobadas internacionalmente que fueron ofrecidas por la OMS y la ONU, refiriendo que Cuba tenía varios candidatos vacunales, dos de los cuales se le comenzaron a suministrar a la población sin ser probados finalmente.

Que el señor Díaz Canel Bermúdez, cuando todos los países estaban cerrando sus fronteras, manteniendo la entrada de turistas y cubanos residentes en el exterior, muchos de los cuales eran portadores del virus.

Se ejerce sevicia sobre la población civil indefensa cuando, se actúa con crueldad excesiva o se ejecutan tratos crueles, ambas fueron cometidas contra la población cubana que de forma pacífica y pidiendo libertad marchaban por las calles de diferentes ciudades del país, cuyas pruebas audio visuales y testimonios de las personas que vivieron y sufrieron esos momentos.

Por tanto: La arrogancia, irresponsabilidad y los graves errores cometidos por el ya mencionado Miguel Diaz Canel Bermúdez, hacen que nos lleve inequívocamente a calificar sus actuaciones como delito de Genocidio, cometido contra el pueblo cubano. En su momento mostraremos, cuando nos sean solicitadas por dicho tribunal, las pruebas que se soliciten

Artículo 133. Abuso de autoridad, El funcionario público que, con el propósito de perjudicar a una persona o de obtener un beneficio ilícito, ejerza las funciones inherentes a su cargo de modo manifiestamente contrario a las leyes, o se exceda arbitrariamente de los límites legales de su competencia

Por supuesto que el señor Díaz Canel Bermúdez, ejerció sus funciones inherentes a su cargo contrario a las leyes que rigen en el país, nadie puede llamar al combate contra el pueblo desarmado como Don Quijote combatía contra los molinos, Canel Bermúdez se excedió en sus derechos como Presidente de la República de Cuba y con ello, que sus subordinados vulneraran los derechos constitucionales de los ciudadanos de nuestro país, según los artículos mencionados en los fundamentos del derecho.

Instigación A Delinquir

Articulo 202. 1. Instigación a delinquir, Este delito es cometido cuando, se incita públicamente a una persona o grupo de personas a cometer un delito determinado. En el caso que nos ocupa, el señor, Miguel Diaz Canel Bermúdez, de forma pública mediante una orden de combate, incito a sus seguidores a enfrentar en las calles a las personas que se manifestaban pacíficamente, así como le ordenó al Ministro del Interior la utilización de sus fuerzas represivas contra los ya mencionados manifestantes, orden que también le fue trasmitida al Ministro de las FAR, General de Ejército, Álvaro López Miera, a cooperar con el MININT en la represión contra el pueblo.

Es preocupante incitar a la violencia contra personas que, haciendo uso de un derecho constitucional, protestaron pacíficamente, la protesta pacífica es normal en política.

En cuanto a las normas internacionales de las que el Estado Cubano es parte, durante las detenciones de los manifestantes pacíficos se vulneraron.

La declaración Universal de Derechos Humanos, La Convención Internacional contra la Desaparición forzada y La Convención Internacional contra la Tortura.

Pruebas y testimonios que presentaremos en su momento ante este Tribunal, por lo que también son responsables penalmente.

Señor presidente, es imprescindible, es primordial la defensa de los derechos de las personas.

Por tanto: Miguel Diaz Canel Bermúdez, debe ser sancionado como autor inmediato por los delitos antes mencionados y por cooperación necesaria, deben comparecer como acusados.

El General de Brigada Lázaro Alberto Álvarez Casas, Ministro del Interior.

El General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, Ministro de las FAR.

Señor Presidente, no queremos concluir mi denuncia sin antes recordar las palabras del ilustre jurista cubano Mariano de Aramburu las que hoy, más que nunca cobran vigencia en nuestro país. Cito “En un país donde el sentimiento del derecho mengua, decrece y se extingue, no habrá ni orden ni progreso porque faltará la justicia, madre de todas las virtudes cívicas. La ley será cuerpo sin alma, forma sin sustancia, letra sin espíritu: el poder oligarquía despótica, feudo de la audacia y órgano de toda concupiscencia; los ciudadanos, connaturalizados con la injusticia, tascaran sin rabia, mansos y cobardes, el freno que les aherroja”

Firmados. Militares Objetores de Conciencia ( M.O.C) en representación de decenas de militares activos y en la reserva que por seguridad no aparecerán sus nombres, pero que en su momento prestaran sus declaraciones.

General de Brigada Rafael Del Pino Diaz.

Teniente coronel Máximo Omar Ruiz Matose.

Teniente coronel Raul Luis Risco Pérez

Teniente coronel Mario Rivas Morales.

Teniente coronel Alfredo Lima Pérez.

Teniente Ángel Madrazo Giro

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Preso político del 11J Aníbal Palau estaría otra vez en celda de castigo, denuncia su madre

 Aníbal Yasiel Palau Jacinto y su madre, Layda Yirkis Jacinto Abad. (Fotos: Facebook)
Aníbal Yasiel Palau Jacinto y su madre, Layda Yirkis Jacinto Abad. (Fotos: Facebook)

El preso político Aníbal Yasiel Palau Jacinto habría sido llevado la pasada semana a una celda de castigo, en la prisión Melena II, en Melena del Sur, provincia de Mayabeque.

Layda Yirkis Jacinto Abad, madre del joven encarcelado, dijo a Martí Noticias que la información le llegó a través de la llamada telefónica de un recluso y que hasta el momento no ha tenido más información sobre la situación de su hijo.

“El pasado día 24 de este mes recibimos una llamada telefónica de Melena II, donde se encuentra Aníbal, avisándonos de que había sido conducido a celda de castigo”, dijo la mujer.

Según explicó Jacinto Abad, a la pregunta de por qué su hijo había sido enviado a celda de castigo, su interlocutor respondió de inmediato: “Aníbal no hizo nada, se lo llevaron para una celda y ya”.

Aníbal Yasiel Jacinto, preso del 11J, otra vez en celda de castigo, denunció su madre
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“No hemos tenido más información, no hemos obtenido ninguna llamada más desde el lugar; tampoco contacto con él, ni físico ni por vía telefónica. Estamos a la espera de poder actualizar la situación de mi hijo y, por el momento, agradecerles a todos ustedes, desde ahí, desde Martí Noticias, cuánto nos apoyan”, apuntó

La madre del preso político extendió su agradecimiento “a todas las organizaciones y a nuestros exiliados en todas partes del mundo, que están apoyando, una vez más, la liberación, la tan noble causa de luchar por la libertad de los presos políticos acá en Cuba, porque son inocentes, no merecen otra cosa que libertad”.

El 10 de diciembre de 2023, Palau Jacinto fue también encerrado en celda de castigo por declararse en huelga de hambre junto a otros prisioneros políticos de la cárcel Melena II “demandando, primero, libertad para todos los presos políticos, además del respeto a los derechos humanos de todos los reos, no solo de los políticos, sino de los comunes, pues sabemos que en las mazmorras castristas los están matando, incluso de sed. Y, por supuesto, por el cese de la represión en Cuba”, explicó en su momento a Martí Noticias la madre del joven prisionero.

Aníbal Yasiel Palau Jacinto, de 28 años, fue condenado a 5 años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Güines, provincia de Mayabeque.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Martí Noticias)

Nace nueva entidad de derechos humanos en Cuba y la Seguridad del Estado frustra su primer evento

Foto Archivo. Un operativo policial en La Habana. La primera reunión del Foro Permanente de Derechos Humanos en Cuba fue frustrado por las autoridades el 15 de febrero de 2024.
Foto Archivo. Un operativo policial en La Habana. La primera reunión del Foro Permanente de Derechos Humanos en Cuba fue frustrado por las autoridades el 15 de febrero de 2024.

Un grupo de activistas pertenecientes al Foro Permanente de Derechos Humanos en Cuba, que pretendían reunirse este jueves, fueron hostigados por la Seguridad del Estado con el propósito de impedir el intercambio de estrategias para impulsar los objetivos de la iniciativa.

El Foro fue fundado el 1 de febrero para desarrollar un "espacio de activación, acción y articulación" que promueva y divulgue dentro de la isla los derechos humanos, así como las libertades que recoge la Constitución de 2019.

Del mismo modo, busca concienciar a la ciudadanía para que exija el disfrute de los derechos y libertades a que le corresponden por la Carta Internacional de Derechos Humanos y la legislación cubana.

“Nosotros teníamos pensado como una acción del Foro Permanente de Derechos Humanos, tener un primer encuentro, específicamente, sobre la violencia de género y se iba a reunir a un grupo de activistas, sobre todo mujeres, acompañadas por un par de hombres, para generar esa primera conversación de violencia de género y violencia en sentido general”, explicó a Martí Noticias, Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente de la plataforma DFrente y uno de los fundadores del Foro.

“Parece que, de algún modo, ellos se enteraron y quisieron impedir que sucediera: a mí, hoy, desde la mañana y también incluso a Marielena Mir, nos sitiaron la casa, en el caso mío de forma muy visible, tenían puestos dos jóvenes de la Sección 21, la policía política y una perseguidora para impedir mi salida. Además, citaron para este jueves a María Mercedes Benítez para la policía”, denunció.

Esta última fue interceptada por tres agentes de la policía política en las afueras de su vivienda en Centro Habana, cuando se dirigía a gestiones personales.

“Había tres oficiales de la Seguridad. Me detuvieron y me dijeron que estaba citada para las 10 de la mañana del jueves a la estación de Zanja. Yo le dije a ellos que yo no iba a ir a ninguna citación ni verbal, ni por teléfono, ni con papeles, que yo no tengo nada que hablar con ellos, que lo que tenían que hacer es velar a todos los delincuentes que están cometiendo actos de crimen”, señaló Benítez en conversación con nuestra redacción.

“El encuentro era en mi casa. Íbamos a tener un conversatorio con varias mujeres sobre los feminicidios y sobre violencia de género”, dijo.

Entre las tareas que se proponen los integrantes del Foro están “divulgar y, educar” a la ciudadanía en "todos y cada uno de los derechos", así como en la "defensa institucional" de los derechos.

Cuba es miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y en 2008 firmó -aunque aún no los ha ratificado- los Pactos de Derechos Civiles y Políticos, Sociales, Económicos y Culturales de la Carta Internacional de Derechos Humanos.

"Nos maltratan aquí como locos", padre e hijo condenados por sedición denuncian lo que ocurre en el Combinado del Este

José Luis Castillo de la Torre y su hijo, José Luis Castillo Bolaños, fueron condenados por sedición tras las protestas del 11y 12 de julio de 2021 en La Güinera, La Habana.
José Luis Castillo de la Torre y su hijo, José Luis Castillo Bolaños, fueron condenados por sedición tras las protestas del 11y 12 de julio de 2021 en La Güinera, La Habana.

Un padre y su hijo, condenados por las manifestaciones antigubernamentales del 11 y 12 de julio de 2021, denunciaron desde la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, en La Habana, la difícil situación en que se encuentran.

"Nos maltratan aquí como locos", dijo José Luis Castillo de la Torre, de 58 años, sancionado a 11 años de privación de libertad.

Él y su hijo, José Luis Castillo Bolaños, de 32 años de edad, quien cumple condena de 10 años, estuvieron en las protestas de La Güinera, en Arroyo Naranjo, y fueron condenados por el delito de sedición.

En una llamada telefónica, a la que Martí Noticias tuvo acceso por cortesía del Centro de Relatores de Derechos Humanos, explicaron que como reclusos tienen todos los derechos negados.

"Somos los de La Güinera y nos negaron la mínima, por gusto", aseguró Castillo Bolaños, quien ejercía como tatuador antes de ser detenido.

"Aquí no han atención médica, soy asmático y nunca me han dado ni un sala'o aerosol; soy diabético al igual que mi papá, no tenemos ayuda. Mi mamá falleció en el 2022. No tienen ni cómo justificar las cosas que han hecho y entonces están amenazándonos que nos van a dar golpes", denunció.

Su padre también alertó: "Nosotros no tenemos familia afuera, nadie nos ayuda. Llevamos dos años y pico aquí, entonces ahora fui al lío de la mínima y me aparece una pila de cosas que yo no he hecho. Los comunistas estos te ponen cosas por gusto, no te dan medicamentos, yo soy diabético, no dan atención médica, no dan nada”.

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Otra denuncia por falta de atención médica fue divulgada por Magalys González, quien explicó el delicado estado de salud en el que se encuentra su hijo Ismael Rodríguez González, de 26 años de edad.

El joven, que cumple nueve años de sentencia por su participación en las protestas populares de Güira de Melena, en la provincia de Artemisa, sufre un trastorno bipolar y no está tomando los medicamentos, requeridos.

La señora explicó que su hijo estaba en el campamento de trabajo Ceiba Cinco, donde tuvo un enfrentamiento con otros reos, y debido a este incidente, fue trasladado para la prisión de Máxima Seguridad de Guanajay, donde lo mantienen en una celda aislada, sin mediación, ni atención psiquiátrica.

Foto tomada en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, Artemisa, Cuba
Foto tomada en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, Artemisa, Cuba

"Ya hace 20 días hoy que está en Ceiba Cinco, él tuvo una recaída porque los medicamentos nunca se los dieron como debe de ser. Desde que lo llevaron para Guanajay no ha salido más, no ha tomado medicamento más, más nada, ni lo ha visto un psiquiatra”, se quejó su madre.

“Ismael tiene deficiencia mental, le dan ataques de epilepsia, es bipolar desde los 8 años, lo mismo se ríe que llora. Los certificados se los di al abogado, lo presentó allí en el juicio", indicó.

Según su relato, el abogado le cuestionó a la fiscal que a el joven le habían dado la baja del Servicio Militar, y que cómo es que iba a asumir una prisión, a lo que la fiscal argumentó que el servicio es un problema de aptitud y la prisión es un problema de conducta.

“Él no puede seguir encerrado ahí porque se va a volver más loco”, dijo González.

Cuba mantiene un régimen represivo "insoportable", que puede terminar en "protestas masivas": Informe

Presos políticos cubanos. (Facebook/Albert Fonse)
Presos políticos cubanos. (Facebook/Albert Fonse)

Cuba tiene un promedio de 14 nuevos presos políticos por mes, dijo este miércoles la organización independiente Prisioners Defenders, que reportó el ingreso a su lista de otros 13 presos de conciencia en el mes de enero de 2024, para un total de 1.066.

La organización con sede en Madrid, España, añadió en 2023 al listado que actualiza cada mes 170 nuevos presos políticos. "Esto supone que a lo largo de estos 12 meses estuvieron presentes en la lista un total de 1.236 prisioneros políticos”.

Hasta el 31 de enero de 2024, el total de presos políticos y de conciencia en la isla ascendió a 1.066, los cuales, denunció Prisoners Defenders, sufren “condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa efectiva, en flagrante violación de la ley internacional”.

La organización dijo que los datos que colecta, además de ser publicados, se envían a “todos los ámbitos políticos, diplomáticos y de defensa de los derechos humanos”.

El reporte de enero actualiza la cantidad de prisioneros que fueron detenidos cuando eran menores de edad, y de los que 33 siguen estando en la lista, 29 cumpliendo sentencia y 4 en proceso penal.

En un informe a Naciones Unidas, el régimen cubano reconoció la veracidad de estas cifras. "Hay que tener en cuenta que la cifra actual, sin embargo, no contempla otros muchos menores que ya han salido de la lista por haber cumplido íntegramente sus condenas”, subrayó Prisoners Defenders.

“17 de los menores mencionados han sido ya condenados por “sedición”. La pena media de estos menores condenados por sedición es de 5 años de privación de libertad, un castigo en promedio superior al que sufrían, antes del #11J, los adultos en prisión política. En la actualidad la mayoría se encuentran en reclusión domiciliaria o trabajo forzado sin internamiento”, añadió.

La organización detalló que actualmente se encuentran en las prisiones cubanas “831 convictos de conciencia, 199 condenados de conciencia y 36 presos políticos”, aclarando que esta última denominación se basa en que están condenados “por acciones penalmente reprochables, si bien, en su causa de origen, está la represión de derechos fundamentales, y no la infracción o delito per se, y cuyos desproporcionados procesos y penas han sido ejecutados mediante una violación grave a sus derechos de defensa y debido proceso, causado todo ello por motivos políticos y/o ideológicos”.

Evolución de la lista de presos políticos en Cuba en los últimos 12 meses, según CPD
Evolución de la lista de presos políticos en Cuba en los últimos 12 meses, según CPD

Analizando el trienio 2021-23, Prisoners Defenders se refiere a 2021, año de las históricas protestas conocidas como el 11J, como “el año donde la violencia y la represión policial fue la predominante”. En cuanto a derechos humanos, la organización refiere que en “2022 se vivió con especial énfasis la represión judicial” en la isla, y 2023 fue "un año para la desesperanza”.

Sobre el recién comenzado 2024, la organización prevé que la mala administración del régimen, que ha elevado los niveles de pobreza de la población a niveles insoportables “puede llevar a vivir de nuevo un ciclo de protestas populares masivas, a pesar de la inmensa represión a la que ya el pueblo sabe se tendría que enfrentar”.

Concluso para sentencia juicio contra joven acusado de las pintadas contra el Partido Comunista

 El Nuevo Directorio publicó imágenes del cartel.
El Nuevo Directorio publicó imágenes del cartel.

El Tribunal Municipal de Diez de Octubre, en La Habana, dejó concluso para sentencia, este martes, el juicio contra el rapero y activista Yasmany González Valdés al que la Fiscalía pide seis años de privación de libertad por el delito de propaganda enemiga.

“Dice el fiscal que propaganda enemiga es un delito del Código penal que está en vigor desde 2022 y que fue aprobado por más de un 79% de la población”, indicó Ilsa Ramos, la esposa del preso político.

“El fiscal quería ponerle agravantes, propaganda por el teléfono, incitación a las manifestaciones, pero la abogada lo defendió argumentando que Yasmany estaba siendo juzgado por los carteles”, relató.

González Valdés, conocido en las redes sociales como Libre Libre, fue aprehendido el 20 de abril de 2023 por pintadas contra el Partido Comunista y el régimen que aparecieron en diferentes sitios de la capital cubana.

Yasmany González Valdés.
Yasmany González Valdés.

La primera pintada "No al PCC" fue descubierta en los muros de la Facultad de Física de la Universidad de La Habana. La segunda, en el parque de Aguirre, una tercera fue escrita en la entrada del estadio universitario, en la calle Ronda y la cuarta, hecha el mismo día de la detención de Yasmany, en el número 7 de la calle Humboldt, en Centro Habana.

Había sido citado a principios de abril a la estación policial de Zanja, donde lo acusaron de estar relacionado con el grupo que se hacía llamar El Nuevo Directorio y se atribuía los letreros contra el régimen escritos en paredes de lugares emblemáticos de La Habana.

El letrado aseguró a Ramos que está abogando por bajar la sentencia a tres años.

"Dice que Yasmany no tiene que tener una pena tan cercana a la máxima sanción por ese delito, que son ocho años, porque él admitió que puso los carteles y cooperó en la prueba caligráfica. Ahora hay que esperar la sentencia firme que puede tardar hasta más de un mes”, indicó la esposa.

Al juicio, como todos los que se celebran en Cuba por causas políticas, permitieron asistir únicamente a unas pocas personas.

“Sólo dejaron entrar a familiares cercanos, sus padres y yo. Empezó tardísimo porque no traían a los presos que eran él y otro muchacho, también del Combinado del Este, por ‘propaganda enemiga’ pero no en la misma causa. Un juicio previsto para las 9 de la mañana comenzó a las 11”, agregó la misma fuente.

Durante su reclusión, González Valdés, que, antes de ser encarcelado se ganaba la vida como albañil, ha estado varias veces en celdas de castigo, una de ellas tras una pelea con un recluso común que lo acusó de estar creando un movimiento opositor "dentro de la prisión".

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