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Acusaciones de “desacato a la autoridad” violan libertad de expresión


Foto de archivo del periodista indpendiente Calixto Martínez
Las acusaciones de “desacato a la autoridad” que pesan sobre el periodista independiente cubano Calixto Ramón Martínez serán difíciles de refutar para su defensa en un tribunal de justicia, debido a la ambigua terminología establecida en la Constitución en estos casos, explicó la abogada Laritza Diversent.

Durante una intervención, desde La Habana en el programa Cuba al día de Radio Martí, Diversent detalló que el código penal cubano establece como desacato ‘el que amenace, calumnie, difame, insulte, injurie o de cualquier modo ultraje u ofenda, de palabra o por escrito, en su dignidad o decoro, a una autoridad, funcionario público o sus agentes auxiliares, en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.”

Aclaró además que si el desacato se realiza respecto al presidente del Consejo de Estado, al del Consejo Nacional del Poder Popular, a los miembros del Consejo de Estado o del Consejo de Ministros o a los diputados de la Asamblea Nacional, la sanción es de 1 a 3 años de privación de libertad.

La interpretación que puede dársele a las palabras “que de cualquier modo ultraje u ofenda” puede significar incluso que “hasta con señas se puede ofender”, ejemplificó la jurista independiente, y agregó que “cualquier cosa que él haya dicho respecto a una de estas autoridades ya amerita que la fiscalía le pida una sanción privativa de uno a tres años.”

Martínez, periodista de la agencia independiente de noticias Hablemos Press, fue arrestado el domingo 16 de septiembre cerca del aeropuerto internacional cuando investigaba otra información relacionada a un cargamento de medicinas y equipo médico donado por la Organización Mundial de la Salud, que habría resultado dañado por negligencia y deficientes condiciones de almacenamiento.

En junio pasado el periodista reveló la existencia de un brote de cólera y en agosto advirtió sobre la aparición de casos de dengue en la isla, informaciones conocidas por la población antes de que el gobierno lo admitiera públicamente.

Por el momento, según indicó la abogada, Martínez está siendo instruido de cargos, pero su expediente aún se encuentra en fase preparatoria y esa investigación puede tardar hasta seis meses.

Hasta ahora un grupo de abogados independientes cubanos han apoyado a Martínez, en calidad de observadores, “cuidando que no haya violaciones en el proceso”, pues para poder representar a un ciudadano ante un tribunal, la ley cubana exige que esté afiliado a bufetes colectivos, y sus ideas políticas les impiden a estos juristas semejante vínculo.

Diversent insistió en cuán complicado resulta para un abogado de la defensa replicar en un caso semejante. “Los abogados en estos caso no pueden hacer nada porque fue lo que dijo y ya.” “Este es uno de los delitos en Cuba que atentan contra la libertad de expresión, casi todas estas personas son figuras públicas, que se tienen que someter a la crítica.”

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