Perú vive tenso cierre electoral entre Fujimori y Sánchez, ¿cuándo se sabrá el ganador?

Perú se encuentra en la recta final de una de las elecciones presidenciales más reñidas de su historia reciente, marcada por una diferencia mínima entre los candidatos y un complejo proceso de revisión de votos que podría extenderse por semanas antes de conocerse al ganador oficial.

Tras el balotaje del domingo 7 de junio, la candidata de derecha Keiko Fujimori mantiene una ligera ventaja sobre el aspirante de izquierda Roberto Sánchez, con una diferencia de poco más de mil votos, lo que equivale a apenas unas milésimas del total de sufragios válidos. En términos porcentuales, ambos candidatos prácticamente empatan, con alrededor del 50% cada uno, en un escenario que refleja la fuerte polarización política del país

El estrecho margen ha impedido que se declare un ganador inmediato y ha trasladado la definición a la fase legal del proceso electoral, en la que intervienen las autoridades del sistema electoral peruano. Aunque la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya ha contabilizado más del 98% de las actas, ese conteo no define por sí solo al presidente electo, ya que aún deben resolverse las actas observadas, impugnaciones y posibles pedidos de nulidad.

En este contexto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) comenzó a revisar alrededor de 1.600 actas electorales provenientes de distintas zonas del país, que representan cerca de 400 mil votos que aún no han sido incorporados al resultado final. La mayoría de esas actas procede de Lima y del voto en el extranjero, dos segmentos que históricamente han favorecido a Fujimori, lo que añade expectativa sobre el impacto que podrían tener en el desenlace.

Las actas observadas suelen contener inconsistencias formales o errores en su llenado, como fallas en la suma de votos, datos ilegibles o firmas faltantes. Estos problemas no implican necesariamente fraude, sino deficiencias administrativas que deben ser corregidas antes de validar los resultados. Asimismo, los partidos políticos pueden impugnar el contenido de un acta a través de sus representantes en las mesas de votación, tanto en Perú como en el exterior.

Una vez identificadas, las actas pasan a manos de los Jurados Electorales Especiales (JEE), organismos temporales integrados por tres miembros que evalúan cada caso. Si el error es simple, como una inconsistencia aritmética, puede resolverse de manera rápida y el acta se incorpora al cómputo oficial. En casos más complejos, el jurado convoca audiencias públicas, que pueden incluir recuentos, para revisar la validez de los votos.

Paralelamente, las campañas han presentado recursos de nulidad sobre determinadas actas, lo que abre otra vía de revisión. Este tipo de solicitudes busca invalidar por completo los resultados de determinadas mesas cuando se alegan irregularidades de mayor gravedad, lo que añade presión y complejidad al proceso de resolución.

El resultado de este procedimiento adquiere una relevancia decisiva debido a la estrechez de la contienda. A diferencia de elecciones con amplias diferencias, en esta ocasión cada acta en disputa podría alterar el resultado final, por lo que ambos bandos han desplegado equipos legales para seguir de cerca cada revisión.

Las autoridades electorales han indicado que la proclamación oficial del presidente está prevista para mediados de julio, una vez resueltas todas las impugnaciones y recursos pendientes. No obstante, si la incorporación progresiva de actas revisadas amplía la ventaja de uno de los candidatos, la tendencia podría definirse antes, aunque la oficialización deberá cumplir con todos los pasos legales.

Esta situación no es inédita en Perú. En elecciones anteriores también se han registrado márgenes reducidos y conteos prolongados. En esta ocasión, sin embargo, la diferencia extremadamente estrecha coloca cada voto bajo escrutinio y mantiene al país a la expectativa del resultado final.