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Dificultan en Madrid investigar muerte de Payá


Oswaldo Payá.

Fuentes jurídicas han señalado que, pese a que Payá tenía nacionalidad española, sería difícil encajar los hechos como de competencia de la Audiencia Nacional.

El cumplimiento del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece los límites de la jurisdicción española, puede dificultar la tramitación de querellas como la que pudiera presentar la familia del disidente cubano Oswaldo Payá, fallecido en julio del pasado año un aparente accidente de tráfico en Cuba, contra miembros de los servicios secretos cubanos.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han señalado que, pese a que Payá tenía nacionalidad española, sería difícil encajar los hechos como de competencia de la Audiencia Nacional salvo que se calificasen como de genocidio por motivos de persecución política.

Tras la reforma de 2009, para que los tribunales españoles puedan conocer de este tipo de delitos debe quedar acreditado que sus presuntos responsables "se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española, o constatarse algún vínculo de conexión relevante con España".

En todo caso, la Ley limita la jurisdicción española a que en el país competente o en el seno de un Tribunal internacional no se haya iniciado procedimiento que suponga una investigación y una persecución efectiva, en su caso, de tales hechos punibles.
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