América Latina
- Agencias
Papa Francisco aprueba beatificación del arzobispo Oscar Arnulfo Romero
Francisco, el primer pontífice latinoamericano, aprobó el decreto en honor a uno de los héroes cristianos de Latinoamérica en una reunión con el titular de la Congregación para las Causas de los Santos.
El papa Francisco decretó el martes que el arzobispo salvadoreño Oscar Arnulfo Romero murió asesinado en 1980 víctima del odio a su fe católica, con lo que aprobó una declaración de martirio que sienta las bases para su beatificación.
Francisco, el primer pontífice latinoamericano, aprobó el decreto en honor a uno de los héroes cristianos de Latinoamérica en una reunión con el titular de la Congregación para las Causas de los Santos.
Romero, el arzobispo de San Salvador, fue asesinado a tiros por un escuadrón de la muerte de extrema derecha el 24 de marzo de 1980, cuando daba misa en la capilla de un hospital.
Defensor de los Derechos Humanos, Romero se había pronunciado contra la represión del ejército salvadoreño al comienzo de la guerra civil de 1980-1992 entre el gobierno de derecha y rebeldes izquierdistas.
Su asesinato presagió un conflicto sangriento que dejó unos 75.000 muertos.
La causa de santidad de Romero quedó interrumpida en el Vaticano durante años, principalmente debido a la oposición de eclesiásticos latinoamericanos conservadores que temían que su supuesta asociación con la teología de la liberación envalentonaría a quienes apoyaban el movimiento según el cual las enseñanzas de Jesús requieren que los católicos luchen por la justicia social y económica.
Durante el mandato del entonces cardenal Joseph Ratzinger, la Congregación para la Doctrina de la Fe había lanzado una ofensiva contra la teología de la liberación temiendo lo que consideraban sus excesos marxistas.
Francisco no fue adherente a la teología de la liberación cuando era arzobispo en Argentina, pero sus simpatías –preocupación por los pobres, los marginados y la justicia social– han coincidido en gran medida con las de Romero, quien al igual que Francisco era íntimamente conservador.
En el verano, Francisco dijo a la prensa que el caso de Romero "fue bloqueado por prudencia" por la Congregación, pero que había sido "desbloqueado" ahora que no hay más preocupaciones doctrinales. Por cierto, los partidarios de Romero dicen que nunca hubo cuestiones doctrinales y que el bloqueo se debió puramente a políticas eclesiales en la Iglesia latinoamericana, que estuvo dividida entre derecha e izquierda en los años de las dictaduras militares derechistas en el continente.
La decisión de beatificar a Romero "es una invitación a la paz, reconciliación y solidaridad fraternal", dijo a la prensa el martes monseñor Rafael Urrutia, vicecanciller de la conferencia de obispos salvadoreños. "Creemos que esta no es una victoria para monseñor Romero ni para la Iglesia católica, sino un indicio del amor de Dios a su pueblo".
No se ha fijado fecha para la beatificación. Francisco ha descartado prácticamente celebrarla personalmente y hace poco explicó que corresponde conjuntamente al prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, cardenal Angelo Amato, y al prelado que durante décadas promovió la causa de Romero, monseñor Vincenzo Paglia, decidir quién merece el honor. Paglia debe reunirse el miércoles con la prensa en el Vaticano para discutir el caso histórico.
Al contrario que los candidatos regulares a la beatificación, los mártires pueden ascender al primer paso en el tránsito a la santidad sin un milagro atribuido a su intercesión. Pero se necesita un milagro para el segundo y último paso, la canonización o santificación.
Tradicionalmente, la Iglesia ha restringido la designación de mártir a los muertos por odio a la fe católica. En muchos casos está claro si el candidato murió en un acto de persecución a católicos, como los muertos durante la guerra civil española, o las muchas víctimas de hechos de violencia anticristiana en Irak y Siria.
Pero el caso de Romero se vio demorado por interrogantes acerca de si había muerto por su fe o por cuestiones políticas, dado su apoyo expreso a los pobres. El decreto firmado el martes por Francisco dejó en claro que Romero murió como mártir por el odio de los asesinos a su fe.
El pontífice manifestó durante una conferencia de prensa en un viaje papal su deseo de que los teólogos estudien si alguien que muere por "cumplir con el trabajo para el prójimo que ordena Jesús" puede ser considerado también mártir.
Roberto Morozzo della Rocca, un historiador en Roma que colaboró con Paglia en la causa de Romero, supuso que la Congregación para la Causa de los Santos determinó que las circunstancias de la muerte de Romero pusieron en evidencia que murió por odio a la fe, aunque los asesinos fueran católicos.
"Fue muerto en el altar, en una iglesia donde celebraba la misa", dijo en una entrevista telefónica. "No murió conduciendo un automóvil, o en la peluquería, o en la playa, donde le gustaba ir por las mañanas. Murió en una iglesia, que es sumamente simbólica para un sacerdote".
Morzzo della Rocca afirmó que el mensaje de Romero enfureció a la elite política de El Salvador –que era nominalmente católica– pero no porque el prelado expresara un mensaje político. "Él hablaba sobre el pecado, el mal, la conversión", afirmó el autor del libro del 2005 Primero Dios: La vida de Oscar Romero. "El no veía los problemas sociales desde un punto de vista político sino desde una visión cristiana, bíblica".
Un día antes de ser asesinado a tiros, había exhortado a los militares a poner fin a sus tácticas represivas.
Estados Unidos respaldó una serie de gobiernos derechistas durante la guerra civil, pese a evidencias crecientes de matanzas y violaciones a los Derechos Humanos.
En 1993, una comisión de la verdad patrocinada por las Naciones Unidas, determinó que el asesinato de Romero había sido ordenado por el ex mayor del ejército Roberto D'Abuisson, fundador del partido Alianza Republicana Nacional, conocido como ARENA. D'Abuisson había muerto el año anterior.
Líderes de ARENA ahora llaman a Romero "líder histórico" e incluso han ofrecido levantarle un monumento.
"Monseñor Romero es un líder histórico en nuestro país; es un líder para nosotros los católicos, nuestro guía y líder de la Iglesia", afirmó el presidente del partido ARENA, Jorge Velado, a la prensa el martes. Velado recordó que el partido no se había fundado todavía cuando Romero murió, y que D'Abuisson nunca fue condenado por el crimen.
Romero no es el primer mártir designado utilizando una definición amplia de haber muerto como víctima del odio a la fe.
En mayo de 2013, el reverendo Giuseppe "Pino" Puglisi fue beatificado como mártir en Palermo, Sicilia, 20 años después de ser asesinado por el hampa por predicar abiertamente contra la mafia en un vecindario dominado por la Cosa Nostra. En ese caso, los asesinos eran ostensiblemente católicos, pero el Vaticano determinó también que Puglisi había sido víctima del odio a la fe.
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Gobierno de transición toma el poder en Haití
El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.
El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.
La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.
En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".
El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.
Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.
La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.
Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).
La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.
ALBA se pronuncia sobre elecciones en Venezuela
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba, se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.
"Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que menoscaben la integridad y la transparencia de su proceso democrático", indicaron los firmantes de la Declaración de la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP.
La organización Amnistía Internacional alertó la semana pasada sobre la "alarmante escalada en la política de represión" del régimen de Nicolás Maduro, que busca cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política en ese país en el contexto de los comicios presidenciales.
La organización mencionó por ejemplo "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
También Estados Unidos expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
A la XXIII cumbre del ALBA celebrada en Caracas asistieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Luis Arce, de Bolivia y los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica; Philip J. Pierre, de Santa Lucía; y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda.
Fiscal de la Corte Penal Internacional inaugura oficina en Venezuela
El fiscal de la Corte PenaI Internacional, Karim Khan, inauguró el martes una oficina de asesoría técnica de ese organismo en Venezuela, que apunta a apoyar los esfuerzos para mejorar el sistema judicial y aumentar su presencia en el país sudamericano.
"De acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina: apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y a aumentar aún más la presencia de campo de la OTP", la oficina del fiscal jefe de la CPI, indicó el alto tribunal en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.
La oficina, además, tendría como propósito facilitar las investigaciones con miras a esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017, de acuerdo con el memorando suscrito el año pasado entre la CPI y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese documento fue el segundo suscrito entre ambas partes desde el 2021.
En la oficina laborarán funcionarios de la CPI. No quedó claro si el personal de ese organismo internacional ya se encuentra en territorio venezolano.
El año pasado, Khan comentó que esa oficina permitirá a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país, de modo que Venezuela pueda "hacer más para cumplir sus obligaciones" en el marco del Estatuto de Roma.
La CPI, bajo mandato del Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
En las manifestaciones contra el gobierno venezolano del 2017 murieron 120 personas.
El caso fue llevado a la CPI, con sede en La Haya, por varios de sus estados miembros en el continente -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- que solicitaron una investigación de los presuntos delitos cometidos por la fuerza pública.
La investigación se focaliza en las denuncias de torturas, abuso sexual y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas durante la represión de las protestas.
Maduro --que rechaza las acusaciones y sostiene que el proceso en la CPI es parte de estrategia promovida por Washington con miras a desacreditar su gobierno-- ha expresado que está dispuesto a investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en el país.
La visita de Khan tuvo lugar un mes y medio después que los jueces de apelaciones de la CPI, con sede en La Haya, dictaminaron que esa instancia judicial internacional puede continuar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.
Los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 hasta ahora han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.
EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones
Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.
La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.
"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.
Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.
"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.
Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".
Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro
La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.
“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.
"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.
El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.
La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.
"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.
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