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América Latina

Allanan casa de presidenta de Perú en busca de relojes Rolex que ha exhibido en público

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, que enfrenta una investigación sobre posible enriquecimiento ilícito y falta de declaración de propiedad de relojes de lujo. Luis Iparraguirre/Presidencia de Perú/ Vía REUTERS
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, que enfrenta una investigación sobre posible enriquecimiento ilícito y falta de declaración de propiedad de relojes de lujo. Luis Iparraguirre/Presidencia de Perú/ Vía REUTERS

Fiscales y policías se retiraron el sábado del palacio presidencial de Perú tras allanarlo por varias horas luego que la víspera forzaron la puerta de la casa de la presidenta Dina Boluarte en otra zona de Lima, en una investigación preliminar por presunto enriquecimiento y omisión de declarar en agravio del Estado.

Es la primera vez en la historia de Perú que los fiscales ingresan por la fuerza al domicilio de un presidente en ejercicio, en un país acostumbrado a que la justicia ordene registros en casas de exmandatarios o dicte prisión preventiva para expresidentes investigados por presunta corrupción. Los allanamientos al palacio presidencial sí han ocurrido antes.

Los investigadores de la diligencia iniciada por la fiscalía general no declararon tras permanecer por horas en el palacio. Cerca de la medianoche del viernes, un policía rompió la cerradura de la puerta de la casa de Boluarte con una maza luego que no se abrió la puerta para iniciar un primer allanamiento.

La redada buscaba incautar tres relojes de lujo marca Rolex usados por Boluarte que se han convertido en el nuevo dolor de cabeza de la mandataria quien tras dos semanas de una denuncia periodística que evidenció el uso de los relojes de lujo no ha explicado cómo llegaron a su muñeca derecha.

La mandataria se ha mantenido en silencio y no ha sido vista por la prensa.
El primer ministro Gustavo Adrianzén afirmó a periodistas que consideraba "ilegal e inconstitucional" el allanamiento y añadió que junto a los ministros estaban seguros "que de manera definitiva no existe ningún tipo de responsabilidad" de la mandataria en las diligencias a las que está sometida.

El abogado de la mandataria, Mateo Castañeda, comentó a la radio local RPP que no se halló relojes en la casa de la mandataria, pero que sí se hallaron "unos 10" relojes "bonitos" en el palacio presidencial donde la policía incluso revisó debajo de "las alfombras". No dijo cuántos de esos relojes hallados eran marca Rolex, pero añadió que la policía tomó fotos a los artículos de lujo. El abogado aseguró que la mandataria declarará a la fiscalía el próximo viernes 5 de abril.

En una inusual entrevista durante la madrugada, el primer ministro dijo a la radio RPP que Boluarte estaba en la residencia del palacio presidencial y añadió que lo ocurrido no era "grave", que se estaba generando "una tormenta donde no la hay" y añadió que el trabajo de la fiscalía estaca causando "un ruido político que afecta a las inversiones".

Adrianzén afirmó, sin aportar pruebas, que existe una "intencionalidad desestabilizadora" para golpear a la mandataria dirigida por los que "manejan el crimen organizado" y quienes hace 14 meses exigieron su destitución en protestas que dejaron 49 civiles muertos en confrontaciones con las fuerzas de seguridad. La pesquisa contra Boluarte "en cualquier otro lugar, no sería más que una anécdota", agregó.

El fiscal general, Juan Villena, quien dirige las investigaciones preliminares, dijo el martes que Boluarte mostraba "un claro indicador de rebeldía" en una respuesta escrita a su defensa, que buscaba postergar dos semanas la exhibición y declaraciones de la presidenta por su "recargada agenda". The Associated Press obtuvo una copia de la respuesta del fiscal general.

La actitud de Boluarte contradice sus promesas de la semana pasada, cuando para evitar las preguntas dijo a la prensa que se iba a presentar ante los fiscales para decir "la verdad". La mandataria está envuelta en una crisis política desde hace dos semanas por no explicar cómo llegaron a su muñeca derecha los Rolex que ha exhibido en actividades públicas.

Al inicio, dijo que al menos uno de los relojes era "de antaño", "fruto" de su "esfuerzo" desde los 18 años, y pidió a la prensa "no entrar en temas personales". Sus ministros indicaron que había temas más importantes e incluso Adrianzén abandonó una conferencia enfadado cuando los reporteros insistieron en si los relojes fueron comprados o eran regalos.
Si Boluarte fuera acusada por esta investigación, no podrá ser sometida a juicio hasta julio de 2026 cuando finaliza su gestión. Pero un grupo de legisladores ya comenzó a juntar firmas la semana pasada para pedir la destitución Boluarte y ella ha respondido afirmando que no teme a las vacancias.

En su respuesta del martes, el fiscal general indicó que la conducta de Boluarte "no hace más que retardar el resultado de la investigación" y que, en su condición de alta funcionaria pública, "tiene la facultad de hacer uso de licencia por citación expresa judicial, militar o policial".

Villena precisó que es indispensable que la presidenta, o quien ella designe, "exhiba a la brevedad los tres relojes marca Rolex materia de la presente investigación, a fin que no se generen efectos que puedan resultar irreversibles e impida contar con aquellos objetos sea por disposición indebida, pérdida, destrucción o deterioro, con lo cual pueda verse afectada la investigación".

La investigación por el uso de los relojes de lujo empezó a mediados de marzo cuando el programa periodístico "La Encerrona" afirmó que revisó miles de fotos oficiales en una pesquisa sobre los relojes que usa la mandataria y destacó entre todos un Rolex que en Perú vale hasta 14.000 dólares. Luego, otros programas detectaron al menos dos Rolex más.

Boluarte, una abogada de 61 años, era una modesta funcionaria en una oficina de distrito del registro de identidad hasta su toma de posesión como vicepresidenta del país el 28 de julio de 2021, con el entonces presidente Pedro Castillo. Se convirtió en su ministra de Inclusión Social con un sueldo de 8.136 dólares mensuales.

Cuando el parlamento destituyó a Castillo el 7 de diciembre de 2022, Boluarte asumió la presidencia con un sueldo menor, 4.200 dólares. Poco después comenzó a exhibir los relojes de lujo. Todos los funcionarios están obligados a declarar sus bienes para evitar posibles casos de enriquecimiento ilícito, y las declaraciones de bienes de Boluarte no consignan ningún Rolex.

Varios de los presidentes que rigieron el país las dos últimas décadas están salpicados por casos de corrupción: Alejandro Toledo (2001-2006) y Pedro Castillo (2021-2022) están en prisión provisional mientras son investigados; Ollanta Humala (2011-2016) enfrenta un juicio en el que la fiscalía pide 20 años de cárcel por lavado de activos; Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) no puede salir del país tras haber cumplido arresto domiciliario y su sucesor, Martín Vizcarra (2018-2020), cuya vivienda fue registrada recientemente de madrugada, también está investigado por presunta corrupción.

El caso más trágico fue el de Alan García (2006-2011), quien se suicidó en su dormitorio disparándose en la cabeza en 2019, minutos antes que la policía lo detuviese de forma preliminar por 10 días. El allanamiento en la casa del exmandatario ocurrió el viernes 17 de abril, durante la Semana Santa.

No es el único caso pendiente con la justicia de la presidenta, cuya popularidad en febrero era de apenas un 8%, según la firma Ipsos Perú. La fiscalía la denunció en noviembre ante el Congreso por homicidio calificado y lesiones graves en relación con los 49 fallecidos en los choques contra las fuerzas de seguridad durante las protestas que exigían su renuncia.

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EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones

La licencia general 44 sólo sería renovada si el régimen de Nocolás Maduro cumplía con sus compromisos de celebrar elecciones presidenciales libres y justas en Venezuela.
La licencia general 44 sólo sería renovada si el régimen de Nocolás Maduro cumplía con sus compromisos de celebrar elecciones presidenciales libres y justas en Venezuela.

Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.

La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.

"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.

Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".

"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.

"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.

Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".

Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro

Amnistía Internacional condena el ascenso en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, el uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura contra las personas críticas al gobierno de Nicolás Maduro.
Amnistía Internacional condena el ascenso en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, el uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura contra las personas críticas al gobierno de Nicolás Maduro.

La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.

“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.

"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.

El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.

La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".

Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.

"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.

Boric llama a consultas a su embajador en Caracas

Vista general del consulado de Chile en Caracas el 11 de abril de 2024. El presidente chileno llamó a consultas a su embajador en Caracas en protesta por las declaraciones del canciller de Venezuela, Yvan Gil, quien negó la existencia del Tren de Aragua.(Foto de Juan BARRETO/AFP)
Vista general del consulado de Chile en Caracas el 11 de abril de 2024. El presidente chileno llamó a consultas a su embajador en Caracas en protesta por las declaraciones del canciller de Venezuela, Yvan Gil, quien negó la existencia del Tren de Aragua.(Foto de Juan BARRETO/AFP)

El presidente de Chile Gabriel Boric dijo el jueves que decidió llamar a consultas al embajador chileno en Caracas para que informe sobre la situación en el país, al criticar duramente las declaraciones formuladas por el canciller venezolano sobre la banda criminal Tren de Aragua.

A inicios de esta semana, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yván Gil, dijo durante una visita a su par colombiano que la existencia de esa organización es una ficción mediática internacional para tratar de crear "una marca".

"Las afirmaciones irresponsables del Canciller de Venezuela, desconociendo la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización", dijo el presidente en la red social X.

"He tomado la decisión de llamar a consulta al embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, con el objetivo de recabar información detallada sobre la situación actual en el país e instruirlo a tomar todas las acciones que sean necesarias", añadió, tanto ante el gobierno venezolano como organismos internacionales.

El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato una solicitud de comentario.

Durante la semana altos funcionarios del gobierno chileno, como la ministra del Interior Carolina Tohá y el canciller Alberto van Klaveren, ya habían cuestionado las declaraciones.

Los comentarios de Gil "demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, lo que no es justo ni tolerable", añadió Boric.

En los últimos años Chile, uno de los países más estables y seguros de la región, ha visto un aumento de los crímenes violentos y una mayor frecuencia de delitos antes poco comunes como los secuestros extorsivos, que las autoridades atribuyen a la penetración del crimen organizado.

Activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua lanzan campaña para crear conciencia sobre presos políticos

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil para la defensa de los derechos humanos y de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron la campaña “Está pasando de nuevo”.
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil para la defensa de los derechos humanos y de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron la campaña “Está pasando de nuevo”.

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los derechos humanos y la defensa de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron este jueves la campaña “Está pasando de nuevo” que busca elevar el tema de las personas privadas de libertad.

En una conferencia de prensa virtual, los organizadores subrayaron que hasta finales de febrero de 2024, las cifras de personas prisioneras por motivos políticos son alarmantes con un estimado de 1.092 cubanos, 269 venezolanos, y 121 nicaragüenses bajo privaciones de libertad.

Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una de las organizaciones que participa en la campaña, dijo que la misma busca la solidaridad de aquellas democracias que en este momento pueden prestar mayor apoyo para que haya presión internacional para el respeto a los derechos humanos.

“Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Costa Rica, de España. Hay una serie de países que son claves en la región para defender los derechos humanos y esta campaña apela a estos países y a estas democracias para que hagan un esfuerzo”, contestó Larrondo a una pregunta de Martí Noticias sobre el objetivo de la campaña.

“Además vemos como las dictaduras totalitarias no se estancan sino que estamos viendo un proceso de expansión de las mismas y, por lo tanto, es muy importante hacer conciencia, sobre todo ello”, añadió.

Victor Navarro, periodista y ex preso político nicaraguense, director de la ONG Voces de la Memoria, dijo que la campaña necesita las voces de los países democráticos.

“En Venezuela, Cuba y Nicaragua estamos viendo cómo ha aumentado la represión. Hemos visto cómo se han exacerbado las detenciones arbitrarias y cómo cada vez existen más presos políticos… Necesitamos de los países democráticos, cuyas instituciones son más sólidas para nosotros poder alzar más la voz y exigir que ya no hayan más presos políticos en nuestros países”, declaró Navarro.

En la conferencia también participó Alain Espinosa, abogado de Cubalex, quien presentó un panorama de las terribles condiciones en las prisiones cubanas y calificando de lesivas para la condición humana “las condiciones que se establecen en el sistema penitenciario cubano y sobre todo para las personas que están allí por motivos políticos”.

“Lo que describió Luis Manuel Otero Alcántara son catedrales del mal y yo creo que lo primero que hay que plantear es que esto parte siempre de la voluntad política del gobierno que hay en Cuba desde 1959”, dijo Espinosa, refiriéndose al prisionero político y creador del Movimiento San Isidro.

Espinosa opinó además que aumentar la visibilidad de la situación de los presos políticos junto a un aumento de las sanciones contra los regímenes en Cuba, Venezuela y Nicaragua “aumenta el costo político a estos estados y hace realmente que se sientan incómodos y tengan que al menos ir modificando los patrones represivos que utilizan”.

La campaña está presente en Facebook, y en Instagram y tiene también su propia página web https://estapasandodenuevo.com

OEA condena incursión de policía ecuatoriana en embajada mexicana en Quito

La OEA lleva a cabo una reunión extraordinaria para abordar la crisis diplomática entre Ecuador y México, en Washington, D.C., 10 de abril del 2024
La OEA lleva a cabo una reunión extraordinaria para abordar la crisis diplomática entre Ecuador y México, en Washington, D.C., 10 de abril del 2024

Con los votos de 29 países, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución que condena la "intrusión en las instalaciones de la Embajada de México en Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la Misión".

Ecuador votó en contra y El Salvador se abstuvo. México, que rompió relaciones diplomáticas con el país sudamericano, estaba ausente.

La resolución reafirma “la obligación de todos los Estados de velar por el respeto de los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas y del principio de inviolabilidad, de conformidad con el derecho internacional, como requisito fundamental y crucial para las relaciones pacíficas entre los Estados”.

Asimismo reafirma “la obligación que tienen los Estados Parte de la Convención de Asilo Diplomático de 1954 de respetar en su integridad todas sus disposiciones”.

También reafirma que “sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor; y que también están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado”.

LA OEA en su resolución, exhortó al Ecuador y México a que, “de acuerdo con el derecho internacional, inicien un diálogo y tomen acciones inmediatas para resolver este grave asunto de manera constructiva” y puso a la disposición de ambos gobiernos “los buenos oficios de la Organización de los Estados Americanos para facilitar todo esfuerzo que pueda ser útil”.

En comentarios después de la votación, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Frank Mora, reiteró el compromiso de Estados Unidos con el cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Convención de Viena y dijo que Washington condena cualquier violación de este acuerdo.

“El gobierno ecuatoriano hizo caso omiso de sus obligaciones en virtud del derecho internacional como Estado anfitrión de respetar la inviabilidad de las misiones diplomáticas... Este punto está plasmado en la resolución aprobada por este Consejo”, expresó Mora.

La aprobación abrumadora de la resolución ocurrió a pesar de que en una sesión celebrada la víspera, la delegación de Ecuador justificó las acciones en la sede diplomática mexicana.

En la sesión, el viceministro de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos, pidió a la comunidad internacional “revisar y actualizar” las normas sobre asilo diplomático y otros instrumentos internacionales para erradicar los nuevos fenómenos delictivos de crimen organizado trasnacional.

Dávalos aseguró que el exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, acusado de corrupción y que estaba asilado en la embajada de México en Quito cuando entraron las tropas ecuatorianas, “no reunía los requisitos” para recibir el asilo.

Asimismo, dijo que México, con su actitud, “socava y desnaturaliza” la figura del asilo y se promueve la impunidad.

Por su parte, en la sesión del martes, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que se debe respetar el derecho internacional y que las sedes diplomáticas son inviolables. También añadió que la redada del ejército ecuatoriano en la embajada de México el pasado 5 de abril no podía estar justificada por las leyes internas.

“No hay duda que las acciones emprendidas por las autoridades ecuatorianas contra la sede diplomática de México afectan gravemente los principios fundamentales del orden jurídico internacional”, declaró Almagro en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo.

El Secretario General llamó a "exigir que se retome la senda de la legalidad internacional", porque no se puede permitir, dijo, "que quede como precedente lo ocurrido" e instó a ambos países a encontrar una solución pacífica a las disputas.

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