La Corte Suprema de Estados Unidos asumirá este jueves un papel determinante en el futuro político del expresidente Donald Trump, favorito por el Partido Republicano a las elecciones presidenciales del 2024.

El expresidente ha solicitado inmunidad judicial en varias acusaciones que buscan procesarlo por sus esfuerzos por anular el resultado electoral de las presidenciales de 2020.

Otras instancias del sistema judicial han rechazado su solicitud de ser protegido de cuatro cargos penales relacionados con las elecciones con el argumento de que estaba sirviendo como presidente.

Los abogados de Trump dijeron a los jueces que un expresidente tiene "inmunidad absoluta contra el enjuiciamiento penal por sus actos oficiales" y alertaron que sin esa protección "la amenaza de un futuro enjuiciamiento y encarcelamiento se convertiría en un garrote político para influir en las decisiones presidenciales más sensibles y controvertidas".

Una decisión rápida de la Corte Suprema podría permitir que el juicio se lleve a cabo antes de las elecciones de noviembre.

Trump no asistirá a los argumentos de la Corte Suprema, integrada por una mayoría conservadora, entre los que se incluyen Amy Coney Barrett, Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch, los tres nombrados por el expresidente republicano. Los miembros de la rama judicial son nombrados por el presidente y confirmados por el Senado.

En 2020 la misma instancia rechazó varios intentos que buscaron anular los resultados de las elecciones presidenciales que dieron la victoria a Joe Biden, por un margen de 306 a 232 votos en el colegio electoral de EE.UU.

En marzo, la Corte Suprema concedió una importante victoria para la carrera de Trump cuando anuló una decisión judicial que le había excluido de la papeleta electoral de Colorado en virtud de una disposición constitucional relativa a la insurrección por incitar y apoyar el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos perpetrado por sus partidarios.

Desde la histórica sentencia del caso Bush contra Gore, que en 2000 dio la victoria al republicano George W. Bush sobre el demócrata Al Gore, la corte no había desempeñado un papel tan importante en una carrera presidencial.

Los casos de la Corte Suprema son casi completamente de naturaleza apelativa y las decisiones de esta corte no pueden apelarse ante ninguna otra autoridad, ya que la Corte Suprema es la última instancia decisoria en los Estados Unidos en cuanto a las leyes federales. Sin embargo, la Corte Suprema puede considerar apelaciones de las cortes estatales de mayor rango o de los tribunales federales de apelaciones. La Corte también tiene jurisdicción de primera instancia sobre ciertos tipos de casos, incluyendo aquellos que implican a embajadores y otros funcionarios diplomáticos, y casos entre estados.

Las protestas en universidades en Estados Unidos contra la guerra entre Israel y Hamás obligaron el martes a algunas casas de estudio a imponer las clases virtuales.

NUEVA YORK, EEUU — Los pulsos entre las universidades estadounidenses y las protestas propalestinas de sus alumnos eran cada vez más tensos el miércoles en ambas costas, y la Universidad de Columbia marcó un plazo límite a cientos de personas para que levantaran un campamento, mientras docenas de inconformes seguían atrincherados en dos edificios en un campus universitario del norte de California.

Los dos incidentes formaban parte de unas manifestaciones estudiantiles que ganaban intensidad en todo el país por la guerra de Israel con Hamás. Los estudiantes reclaman que las escuelas corten lazos financieros con Israel y desinviertan de compañías implicadas en el conflicto. Docenas de personas han sido detenidas y acusadas de allanamiento o alteración del orden.

El presidente de Columbia, Minouche Shafik, fijó el martes en un comunicado un plazo límite para llegar a un acuerdo con los alumnos para desalojar el campamento o “consideraremos opciones alternativas”.

Ese plazo pasó sin noticias de un acuerdo. Videos del lugar mostraban a algunos manifestantes retirando sus carpas mientras otros redoblaban sus discursos. Circulaban rumores en internet sobre que el plazo se había retrasado a la mañana, aunque la universidad declinó confirmarlo.

El incremento de la tensión se daba la noche antes de que el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson, viajara a Columbia para visitar a los estudiantes judíos y hablar sobre el antisemitismo en los campus universitarios.

En el otro extremo del país, los manifestantes en la Universidad Politécnica Estatal de California, Humboldt, empezaron a utilizar muebles, carpas, cadenas y bridas para bloquear los acceso a un edificio el lunes por la noche. Era un desafío más inesperado en una región conservadora de California, unos 480 kilómetros (300 millas) al norte de San Francisco.

“¡No les tenemos miedo!”, coreaban los inconformes antes de que agentes con material antimotines trataran de abrirse paso en la entrada del edificio, según videos. La alumna Peyton McKinzie dijo que estaba entrando el lunes en el campus cuando vio a la policía agarrar a una mujer por el pelo y a otro alumno al que le estaban vendando la cabeza por una herida.

“Creo que muchos alumnos están en shock por eso”, dijo a The Associated Press.

Tres estudiantes fueron detenidos, según un comunicado de Cal Poly Humboldt, que cerró el campus hasta el miércoles. Un número desconocido de alumnos había ocupado un segundo edificio del campus el martes.

El incremento de las manifestaciones ha obligado a las universidades a buscar un equilibrio entre la seguridad del campus y los derechos de libertad de expresión. Muchas toleraron durante mucho tiempo las protestas, que en su mayoría reclamaban que las universidades condenaran el ataque de Israel a Gaza y desinvirtieran de compañías que venden armas a Israel.

Ahora las universidades imponen una disciplina más estricta alegando motivos de seguridad, mientras algunos estudiantes judíos dicen que las críticas a Israel han derivado en antisemitismo.

Las protestas contra la guerra en la Franja de Gaza llevaban meses bullendo, pero se intensificaron luego del arresto el jueves de la semana pasada de más de 100 manifestantes que habían acampado en el campus de la Universidad de Columbia en Manhattan.

En la Universidad de Nueva York, 133 personas habían sido detenidas y liberadas para el lunes por la noche con orden de comparecer ante una corte bajo cargos de alteración del orden público.

En Connecticut, la policía arrestó a 60 manifestantes —incluidos 47 estudiantes— en la Universidad de Yale, luego de que se rehusaron a abandonar un campamento en el centro del campus.

El presidente de Yale, Peter Salovey, dijo que los manifestantes habían rechazado una oferta para poner fin a la protesta y reunirse con los administradores. Después de varias advertencias, las autoridades escolares determinaron que “la situación ya no era segura”, así que la policía desalojó el campamento y realizó los arrestos.

En la región del centro-norte de Estados Unidos, un campamento en el campus de la Universidad de Michigan había crecido hasta tener casi 40 tiendas de campaña. Y nueve manifestantes contra la guerra de la Universidad de Minnesota fueron detenidos luego de que la policía desmanteló un campamento frente a la biblioteca. Cientos de personas marcharon en el campus de Minnesota por la tarde para pedir su liberación.

La Universidad de Harvard, en Massachusetts, ha intentado adelantarse a las protestas cerrando la mayoría de las puertas de acceso a su famoso Harvard Yard y limitando el acceso a quienes lleven una identificación de la escuela. La universidad también ha colocado carteles que advierten contra la instalación de tiendas o mesas en el campus sin permiso.

Las protestas en los campus comenzaron tras el letal ataque de Hamás contra el sur de Israel, en el que mataron unas 1.200 personas, la mayoría civiles, y unas 250 personas fueron tomadas como rehenes. En la guerra posterior, Israel ha matado a más de 34.000 palestinos en la Franja de Gaza, según el ministerio de salud local, que no distingue entre civiles y combatientes pero señala que al menos dos tercios de los muertos eran mujeres y niños.

Cuba está entre los países con más ciudadanos residentes y nacionalizados en EEUU en 2023.

De acuerdo con un informe sobre Política de Nacionalización publicado recientemente, en el país norteamericano había al cierre del año pasado un total de 1.314.330 cubanos, de ellos el 64 por ciento se había naturalizado como ciudadano estadounidense y otro 30% era potencialmente elegible para serlo.

Solo el 6% de los cubanos radicados en EEUU resultó no elegible para obtener la ciudadanía ese año.

Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), en 2023 hubo más de 153.000 entradas irregulares de cubanos a Estados Unidos. Otros 67.000 volaron directamente a territorio norteamericano gracias al programa conocido como Parole Humanitario, implementado en enero de ese año por la administración de Joe Biden.

Esos números, sumados a los más de 313.000 que ingresaron en 2022, representan el mayor éxodo de ciudadanos de la isla de las últimas décadas.

A esta ola migratoria solo le preceden la del Mariel, en la década de 1980, cuando se registró la salida de 130.000; la llamada "Crisis de los balseros", en 1994, con 35.000; y la salida de unos 300.000 poco entre 1960 y 1963 después de la llegada de Fidel Castro al poder.

El Informe Anual correspondiente al año fiscal 2023 indica además que Cuba está entre los 10 países con mayor cantidad de expedientes bajo monitoreo de ICE.

"Un total de 442.624 cubanos están siendo monitoreados por las autoridades migratorias estadounidenses fuera de un entorno de detención, a través de una variedad de mecanismos", recoge el documento.

El Departamento de Estado de Estados Unidos criticó la falta de “cambios” en la situación de los derechos humanos en Cuba durante la presentación este lunes de su informe sobre Derechos Humanos en el mundo.

“En Cuba, según informes, más de 1.000 presos políticos están detenidos injustamente y sometidos a malos tratos; sus familiares también son blanco de amenazas”, asegura el reporte, que también llama la atención sobre la situación en Nicaragua.

“En Nicaragua, el régimen Ortega-Murillo cerró más de 300 organizaciones de la sociedad civil en 2023, lo que elevó el número de organizaciones cerradas a más de 3.500. El régimen también despojó a más de 300 personas de su ciudadanía y mantiene retenidos a más de 100 presos políticos en condiciones atroces”, asegura el texto.

Continúan en Cuba las violaciones a las libertades fundamentales

De acuerdo con el informe del Departamento de Estado, existen denuncias creíbles de ejecuciones arbitrarias o ilegítimas, incluidas ejecuciones extrajudiciales, y de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte del gobierno a los reclusos, además de condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales.

El informe da cuenta además de “graves problemas con la independencia del poder judicial” y severas restricciones a la libertad de expresión y la libertad de prensa en la isla. EEUU tomó nota de los cortes de internet, así como sobre las leyes “demasiado restrictivas” contra las organizaciones no gubernamentales y religiosas.

Este informe del Departamento de Estado sirve de guía al Congreso de Estados Unidos a la hora de determinar la ayuda exterior que concede a cada nación.

EEUU asegura en su reporte que los cubanos no pueden cambiar su gobierno pacíficamente mediante elecciones libres y justas, y que las autoridades de la isla mantienen restricciones graves e irrazonables a la participación política, además de una “grave corrupción gubernamental”.

Otro de los puntos tomados en cuenta por Estados Unidos fueron las llamadas misiones médicas en el exterior, a las que calificó como “trabajo forzoso patrocinado por el Estado”.

“El gobierno no tomó medidas significativas para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos”, dijo el Departamento de Estado.

El canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez, respondió al informe acusando al Secretario de Estado, Antony Blinken, de “no preocuparle” los derechos humanos de cubanos y palestinos.

“Le preocupan los derechos de los productores de armamento y sus objetivos de dominación y saqueo”, escribió Rodríguez en X.

Decenas de activistas respondieron a las palabras de Rodríguez en X publicando imágenes de represión.

Venezuela también ha mantenido su régimen autoritario sin cambios

El Departamento de Estado también fue muy crítico con el régimen de Nicolás Maduro, al que acusó de casos de torturas, abusos y desapariciones de personas.

“La Defensoría del Pueblo, afín a Maduro, no publicó estadísticas sobre denuncias de tortura por parte de la policía durante el año. Varias ONG denunciaron casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes”, señala el informe dado a conocer por el secretario Blinken.

“Grupos de derechos humanos y el FFM denunciaron que representantes de Maduro seguían influyendo en el fiscal general y los defensores públicos para que realizaran investigaciones de forma selectiva y subjetiva”, añade el documento.

Preocupación por Ucrania y Gaza

Este informe del Departamento de Estado sirve de guía al Congreso de Estados Unidos a la hora de determinar la ayuda exterior que concede a cada nación. El reporte se elabora desde 1977.

En el documento, Estados Unidos también mostró su preocupación por las crisis en el mundo, especialmente los “crímenes de lesa humanidad” cometidos en Ucrania por los ocupantes rusos y la muerte de decenas de miles de civiles palestinos en la ofensiva israelí contra Hamás, considerada por el gobierno estadounidense una organización terrorista.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha dado a conocer la creación de una "norma provisional final" en beneficio de empleados, exempleados y sus familiares que presenten lesiones cerebrales calificadas como "incidentes de salud anómalos", asociadas con el llamado “Síndrome de La Habana”.

La norma, que entrará en vigor el próximo 20 de mayo, contempla a "personas que experimentan consecuencias a largo plazo, incluyendo potencialmente una incapacidad para trabajar de manera remunerada”, se basa en la llamada HAVANA Act de 2021 y explica en qué circunstancias y formas serán compensados los trabajadores afectados.

Debido a la numerosa y variada naturaleza de esas lesiones cerebrales, la norma se aplicaría de manera bastante amplia y las compensaciones, que se otorgarán como “pago único”, oscilan entre 153.000 y 204.000 dólares.

“El Departamento (de Justicia) cree que esta cantidad es la máxima con la que se puede compensar razonablemente a cada solicitante, al tiempo que garantiza los fondos para el número total de solicitantes que cree que, probablemente, recibirán pagos", explica la norma.

Para los aquejados de “afectaciones anómalas que sufran de incapacidad para trabajar o necesiten cuidados personales a tiempo completo”, la norma contempla el derecho a un “pago adicional”.

La semana pasada, senadores de ambos partidos pidieron a la administración del presidente Joe Biden reevaluar las conclusiones sobre el Síndrome de La Habana, después que un reportaje de CBS News generara preocupaciones en Washington sobre la presunta culpabilidad de Rusia.

"No hay mayor prioridad que la salud y la seguridad de los empleados del gobierno estadounidense y de sus familiares que comprometen sus vidas para promover los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos", escribieron los legisladores en carta al presidente.

El llamado “Síndrome de La Habana” salió a la luz pública en 2016, cuando empleados estadounidenses en la Embajada de EEUU en la capital cubana dijeron experimentar síntomas neurológicos que incluían fuertes dolores de cabeza, náuseas, desequilibrio físico y pérdida de audición, entre otros, llamados luego por las autoridades y la comunidad científica “Incidentes Anómalos de Salud” o AHIs, por sus siglas en inglés.

Más adelante, miembros del cuerpo diplomático norteamericanos ubicados en embajadas de China, Vietnam, Colombia, Rusia y otros países de Europa reportaron padecer síntomas similares.