América Latina
- Agencias
Padres de los 43 estudiantes esperan encontrarlos con vida
Los 43 estudiantes mexicandos fueron asesinados por un cártel, según los últimos indicios.
El Fiscal aseguró que los investigadores están convencidos de que, tras ser detenidos por la policía, todos los estudiantes fueron asesinados e incinerados en un basurero y sus restos arrojados a un río cercano.
Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos el año pasado en el sureño estado de Guerrero rechazaron la declaración del Procurador General de México. El Fiscal aseguró que los investigadores están convencidos de que, tras ser detenidos por la policía, todos los estudiantes fueron asesinados e incinerados en un basurero y sus restos arrojados a un río cercano.
En una emotiva conferencia de prensa el martes por la noche, los padres acusaron al Gobierno de querer cerrar la investigación aunque ellos siguen teniendo muchas preguntas sin resolver y mantienen esperanzas de encontrar a sus hijos vivos.
"No creemos en nada de lo que dicen", dijo Carmen Cruz, madre de uno de los estudiantes desaparecidos, Jorge Cruz, de 19 años. "No vamos a permitir que esto se cierre".
El abogado Vidulfo Rosales, que representa a las familias de los normalistas, presentó un argumento de diez puntos en los que se explica por qué creen que la investigación debe continuar, incluyendo la ausencia de resultados forenses concluyentes. Las pruebas de ADN solo lograron identificar los restos de uno de ellos, Alexander Mora Venancio, y el laboratorio de Innsburck, Austria, donde se realizaron, expidió un documento que dice que no se puede identificar al resto de las víctimas.
Rosales añadió que el próximo 3 de febrero las familias presentarán una queja formal ante el Comité de Desapariciones Forzadas en la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El Gobierno mexicano "tendrá que responder por estos hechos", dijo.
Esta era la primera vez que el procurador general de México, Murillo Karam, afirmaba que todos los estudiantes están muertos a pesar de que la ausencia de identificación.
Murillo Karam habló de las muestras tomadas en el lugar de los hechos, un barranco de unos 800 metros de diámetro a unos ocho kilómetros del poblado de Cocula, donde se habría encendido una hoguera por un grupo de sicarios para quemar los cuerpos.
El fuego alcanzó temperaturas extremas en la fogata que incluía gasolina, diésel, acero de llantas y que demuestran, "de manera contundente", según la versión oficial, que los 43 normalistas de la escuela rural de Ayotzinapa fueron incinerados sin que quedaran restos que permitieran su identificación.
"Los peritajes, testimonios, confesiones... y muchos otros elementos aportados en la investigación nos permiten llegar sin lugar a dudas a saber que fueron secuestrados, asesinados, incinerados y arrojados al Río San Juan", dijo Murillo Karam. Podemos "llegar, sin lugar a dudas a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan, es la verdad histórica basada en las pruebas aportadas por la ciencia como se muestra en el expediente".
La investigación de la Procuraduría recabó 386 declaraciones, 16 allanamientos y dos reconstrucciones de los hechos, que han propiciado 99 detenciones entre las que se incluyen casi a la totalidad de los policías municipales de las localidades de Iguala y Cocula, al alcalde de Iguala y a su esposa.
Parece poco probable que las explicaciones y evidencias presentadas por Murillo Karam el martes acallen la polémica y las dudas que existen sobre el caso ante la opinión pública mexicana. La Procuraduría ha sido criticada por los padres de los estudiantes, expertos en incendios y organizaciones sociales, entre otros.
Los padres y quienes les acompañan aún continúan protestando y buscando a sus hijos, además de reclamar que se investigue al ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre. La última marcha, de hecho, tuvo lugar en ciudad de México en la víspera.
"Prácticamente ellos dieron la misma historia que habían dado hace dos meses. No hay muchos detalles adicionales", dijo el analista Alejandro Hope. "Ellos están buscando cerrar el caso, pero no estoy seguro de que vayan a conseguirlo".
Preguntado sobre una eventual investigación al ex gobernador Aguirre, Tomás Zerón, Jefe de la Agencia de Investigación Criminal, dijo a AP que "estamos trabajando en eso. Sigue abierto".
Los normalistas habían llegado a la ciudad de Iguala el 26 de septiembre a recaudar dinero y a apropiarse de unos autobuses con los que pretendían acudir a una protesta en la capital mexicana.
El ex alcalde de la ciudad, José Luis Abarca, quien junto con su esposa María Ángeles Pineda son vinculados al grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos por las autoridades, habrían dado la orden a la policía municipal de detenerlos y hacerlos desaparecer, luego de que un grupo de los estudiantes se enfrentara con ellos a piedras.
Según las autoridades, los estudiantes fueron confundidos con "Los Rojos", banda rival de Guerreros Unidos.
Después de varios tiroteos, en respuesta a las pedradas, que dejaron seis muertos, los 43 estudiantes fueron detenidos y trasladados en varios vehículos policiales de Iguala, con apoyo de agentes y vehículos oficiales llegados a la vecina Cocula, hasta un lugar a las afueras de Iguala, donde sicarios de Guerreros Unidos se hicieron cargo de ellos.
Según Murillo Karam, Felipe Rodríguez Salgado, alias "El Cepillo", jefe de sicarios de Guerreros Unidos, fue el encargado de ejecutar el asesinato e incineración de gran parte de los estudiantes. El sicario fue detenido el 15 de enero en México luego de haber sido deportado desde Estados Unidos, donde había entrado poco después de la desaparición de los normalistas.
Murillo Karam dijo contar con confesiones de decenas de policías municipales de las localidades de Iguala y Cocula y con el testimonio de al menos una decena de sicarios al mando de Rodríguez Salgado que interrogaron, ejecutaron, incineraron y trituraron los restos de los estudiantes antes de lanzarlos al río San Juan.
Para los responsables de la investigación, las confesiones y pruebas realizadas son coincidentes y van más allá de las dudas razonables.
Pero Valentín Cornelio González, cuñado de uno de los desaparecidos, aún tiene dudas sobre la versión oficial y afirma que una de las bolsas con los restos se entregó abierta a los miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense, peritos independientes de la investigación. Él cree que los restos habrían sido "plantados" y llegaron, en realidad, desde otro lugar.
Murillo insistió en que los sedimentos localizados en las bolsas extraídas del río coinciden con el lugar de la pira del incendio y que el equipo argentino ha estado presente y validado todos los pasos del proceso. Sin embargo, este grupo de expertos dijo a AP antes de la presentación del martes que todavía "no hay evidencias suficientes" para asegurar que los restos encontrados en el río proceden del basurero.
A los funcionarios públicos implicados en el caso, desde el alcalde a los policías, se les acusará del delito de "desaparición forzada", en un país que cuenta con 23.000 desaparecidos desde 2006, según cifras oficiales, y del que existen muy pocos condenados.
Zerón, el jefe de la agencia de investigación, presentó evidencias respecto a la parte física del caso para responder a las dudas planteadas por los familiares. Afirmó que el incendio provocado por los sicarios provocó la destrucción total de los cuerpos, que el lugar lo permite y las evidencias lo demuestran. Junto a los estudiantes, los sicarios quemaron también sus teléfonos.
También Murillo Karam demostró que el basurero en el que fueron incinerados está a más de ocho kilómetros de la ciudad de Cocula, que al lugar se llega por una estrecha carretera, que tiene una puerta de acceso y que no hay viviendas en los alrededores.
Dijo que un grupo de recolectores de basura de Cocula declararon que el día de la hoguera un grupo de hombres les impidió acceder al vertedero a arrojar basura y afirmó que "no existe una sola evidencia de participación del ejército" en lo sucedido aquella noche en respuesta a continuadas peticiones por parte de las familias y de organizaciones como Amnistía Internacional de abrir esa línea de investigación.
Según Murillo, los elementos de los que dispone la investigación son "suficientes" y afirmó que ahora se trabaja en preparar acusaciones por las que se pedirán penas de hasta 140 años de cárcel para los responsables. Sólo entonces será cuando lo dé por cerrado.
Pero el analista Hope dice que las protestas, probablemente, continuarán hasta que no se muestre evidencia irrefutable de que los restos pertenecen a los estudiantes. También, dice, son poco claros los dichos de Murillo Karam en el sentido en que Guerreros Unidos creyó que los estudiantes eran parte de un grupo de narcos antagonista, y del por qué los mataron sabiendo, luego de interrogarlos, que ese no era el caso.
"Sabemos el qué, el quién, el cuándo y el dónde. No sabemos el por qué", dijo Hope. "Todavía nos tienen que decir de manera convincente el por qué sucedió esto. No importa a cuántas personas se detengan; a menos que se responda a esa pregunta, todo el asunto se mantendrá bajo un manto de misterio".
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EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones
Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.
La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.
"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.
Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.
"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.
Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".
Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro
La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.
“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.
"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.
El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.
La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.
"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.
Boric llama a consultas a su embajador en Caracas
El presidente de Chile Gabriel Boric dijo el jueves que decidió llamar a consultas al embajador chileno en Caracas para que informe sobre la situación en el país, al criticar duramente las declaraciones formuladas por el canciller venezolano sobre la banda criminal Tren de Aragua.
A inicios de esta semana, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yván Gil, dijo durante una visita a su par colombiano que la existencia de esa organización es una ficción mediática internacional para tratar de crear "una marca".
"Las afirmaciones irresponsables del Canciller de Venezuela, desconociendo la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización", dijo el presidente en la red social X.
"He tomado la decisión de llamar a consulta al embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, con el objetivo de recabar información detallada sobre la situación actual en el país e instruirlo a tomar todas las acciones que sean necesarias", añadió, tanto ante el gobierno venezolano como organismos internacionales.
El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato una solicitud de comentario.
Durante la semana altos funcionarios del gobierno chileno, como la ministra del Interior Carolina Tohá y el canciller Alberto van Klaveren, ya habían cuestionado las declaraciones.
Los comentarios de Gil "demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, lo que no es justo ni tolerable", añadió Boric.
En los últimos años Chile, uno de los países más estables y seguros de la región, ha visto un aumento de los crímenes violentos y una mayor frecuencia de delitos antes poco comunes como los secuestros extorsivos, que las autoridades atribuyen a la penetración del crimen organizado.
Activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua lanzan campaña para crear conciencia sobre presos políticos
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los derechos humanos y la defensa de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron este jueves la campaña “Está pasando de nuevo” que busca elevar el tema de las personas privadas de libertad.
En una conferencia de prensa virtual, los organizadores subrayaron que hasta finales de febrero de 2024, las cifras de personas prisioneras por motivos políticos son alarmantes con un estimado de 1.092 cubanos, 269 venezolanos, y 121 nicaragüenses bajo privaciones de libertad.
Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una de las organizaciones que participa en la campaña, dijo que la misma busca la solidaridad de aquellas democracias que en este momento pueden prestar mayor apoyo para que haya presión internacional para el respeto a los derechos humanos.
“Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Costa Rica, de España. Hay una serie de países que son claves en la región para defender los derechos humanos y esta campaña apela a estos países y a estas democracias para que hagan un esfuerzo”, contestó Larrondo a una pregunta de Martí Noticias sobre el objetivo de la campaña.
“Además vemos como las dictaduras totalitarias no se estancan sino que estamos viendo un proceso de expansión de las mismas y, por lo tanto, es muy importante hacer conciencia, sobre todo ello”, añadió.
Victor Navarro, periodista y ex preso político nicaraguense, director de la ONG Voces de la Memoria, dijo que la campaña necesita las voces de los países democráticos.
“En Venezuela, Cuba y Nicaragua estamos viendo cómo ha aumentado la represión. Hemos visto cómo se han exacerbado las detenciones arbitrarias y cómo cada vez existen más presos políticos… Necesitamos de los países democráticos, cuyas instituciones son más sólidas para nosotros poder alzar más la voz y exigir que ya no hayan más presos políticos en nuestros países”, declaró Navarro.
En la conferencia también participó Alain Espinosa, abogado de Cubalex, quien presentó un panorama de las terribles condiciones en las prisiones cubanas y calificando de lesivas para la condición humana “las condiciones que se establecen en el sistema penitenciario cubano y sobre todo para las personas que están allí por motivos políticos”.
“Lo que describió Luis Manuel Otero Alcántara son catedrales del mal y yo creo que lo primero que hay que plantear es que esto parte siempre de la voluntad política del gobierno que hay en Cuba desde 1959”, dijo Espinosa, refiriéndose al prisionero político y creador del Movimiento San Isidro.
Espinosa opinó además que aumentar la visibilidad de la situación de los presos políticos junto a un aumento de las sanciones contra los regímenes en Cuba, Venezuela y Nicaragua “aumenta el costo político a estos estados y hace realmente que se sientan incómodos y tengan que al menos ir modificando los patrones represivos que utilizan”.
La campaña está presente en Facebook, y en Instagram y tiene también su propia página web https://estapasandodenuevo.com
OEA condena incursión de policía ecuatoriana en embajada mexicana en Quito
Con los votos de 29 países, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución que condena la "intrusión en las instalaciones de la Embajada de México en Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la Misión".
Ecuador votó en contra y El Salvador se abstuvo. México, que rompió relaciones diplomáticas con el país sudamericano, estaba ausente.
La resolución reafirma “la obligación de todos los Estados de velar por el respeto de los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas y del principio de inviolabilidad, de conformidad con el derecho internacional, como requisito fundamental y crucial para las relaciones pacíficas entre los Estados”.
Asimismo reafirma “la obligación que tienen los Estados Parte de la Convención de Asilo Diplomático de 1954 de respetar en su integridad todas sus disposiciones”.
También reafirma que “sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor; y que también están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado”.
LA OEA en su resolución, exhortó al Ecuador y México a que, “de acuerdo con el derecho internacional, inicien un diálogo y tomen acciones inmediatas para resolver este grave asunto de manera constructiva” y puso a la disposición de ambos gobiernos “los buenos oficios de la Organización de los Estados Americanos para facilitar todo esfuerzo que pueda ser útil”.
En comentarios después de la votación, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Frank Mora, reiteró el compromiso de Estados Unidos con el cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Convención de Viena y dijo que Washington condena cualquier violación de este acuerdo.
“El gobierno ecuatoriano hizo caso omiso de sus obligaciones en virtud del derecho internacional como Estado anfitrión de respetar la inviabilidad de las misiones diplomáticas... Este punto está plasmado en la resolución aprobada por este Consejo”, expresó Mora.
La aprobación abrumadora de la resolución ocurrió a pesar de que en una sesión celebrada la víspera, la delegación de Ecuador justificó las acciones en la sede diplomática mexicana.
En la sesión, el viceministro de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos, pidió a la comunidad internacional “revisar y actualizar” las normas sobre asilo diplomático y otros instrumentos internacionales para erradicar los nuevos fenómenos delictivos de crimen organizado trasnacional.
Dávalos aseguró que el exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, acusado de corrupción y que estaba asilado en la embajada de México en Quito cuando entraron las tropas ecuatorianas, “no reunía los requisitos” para recibir el asilo.
Asimismo, dijo que México, con su actitud, “socava y desnaturaliza” la figura del asilo y se promueve la impunidad.
Por su parte, en la sesión del martes, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que se debe respetar el derecho internacional y que las sedes diplomáticas son inviolables. También añadió que la redada del ejército ecuatoriano en la embajada de México el pasado 5 de abril no podía estar justificada por las leyes internas.
“No hay duda que las acciones emprendidas por las autoridades ecuatorianas contra la sede diplomática de México afectan gravemente los principios fundamentales del orden jurídico internacional”, declaró Almagro en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo.
El Secretario General llamó a "exigir que se retome la senda de la legalidad internacional", porque no se puede permitir, dijo, "que quede como precedente lo ocurrido" e instó a ambos países a encontrar una solución pacífica a las disputas.
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