“El chavismo tendrá en nuestro gobierno una puerta para una participación política (...) No habrá perseguidos políticos ni por sus posiciones ideológicas”: El candidato presidencial unitario de la oposición en Venezuela, Edmundo González Urrutia, ha insistido en este mensaje en cada una de sus apariciones públicas y lo reitera a la Voz de América.

Es cuidadoso con cada palabra. Responde con frases cortas. No se adelanta al futuro y evita hablar en primera persona cuando se refiere a la posibilidad de ganar la elección presidencial del próximo 28 de julio, en la que se enfrentará al gobernante Nicolás Maduro, quien aspira a 18 años en el poder.

En la sala de su apartamento, en Caracas, le acompañan seis miembros de su equipo y su esposa Mercedes López, con quien lleva 50 años de matrimonio.

González espera sentado en la terraza mientras se ajustan las cámaras. En el suelo hay semillas de girasol que quedaron regadas después de alimentar a las coloridas aves guacamayas que, al caer la tarde, se detienen en el balcón.

En entrevista con la VOA la tarde del martes, González, de 74 años, adelantó que mantendría relaciones con gobiernos como Cuba y Nicaragua, pero deja claro que revisaría el alcance. Diplomático de carrera, sirvió a Venezuela en el exterior durante tres gobiernos, incluido el del fallecido Hugo Chávez.

“Estamos desarrollando una intensa campaña y aspiramos a llevarle a los venezolanos un mensaje de tranquilidad y sosiego, un mensaje donde todos puedan sentirse como hermanos”, dice.

En 2020, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ofreció una recompensa de 15 millones de dólares a quien brindara información que contribuyera con la captura de Maduro, a quien el entonces fiscal general de EEUU, William Barr, señaló de estar relacionado con carteles de narcotráfico.

¿Estaría González dispuesto a pedir que se revierta esta medida en aras de facilitar una transición a la democracia? - “Todo eso forma parte de una negociación que pueda darse eventualmente, pero no está planteado en este momento”, responde a VOA.

González vive en un vecindario acomodado del este de Caracas, pero se declara, como otros cientos de venezolanos, una víctima más de la crisis de servicios públicos. “La luz se va con mucha frecuencia y el agua con cada vez mayor. Están trayendo camiones cisterna para abastecer el tanque. Hay racionamiento de agua en el edificio”, cuenta.

Desde que hace un mes fue designado candidato unitario de la oposición, el chavismo le ha señalado de ser un “títere” de la líder inhabilitada María Corina Machado. Lo han atacado por su edad, e incluso, en la TV pública, el diputado Diosdado Cabello asomó que sufre problemas en la próstata; lo que niega sin cortapisas.

“No tengo ninguna enfermedad, no sufro de algo que me haga temer”, responde.

González celebró este sábado su primer acto de masas en La Victoria, a 88 kilómetros de la capital venezolana. "Fue muy emocionante. En primer lugar, reencontrarme en mi tierra con el lugar donde nací y con muchísimos amigos que estaban allí presentes y con ese calor humano que había, que se sentía en la tierra, en la piel. La gente estaba realmente emocionada, no de verme a mí, sino de la posibilidad de encontrar a la líder de la oposición venezolana y al candidato presidencial al mismo sitio", afirma.

El fin de semana, González reveló a la VOA que tenía protección del Estado. “La protección es la que ofrece el servicio de inteligencia, una protección discreta, porque yo no quiero ningún alarde de ese tipo. Entiendo que están parados en las cercanías de la casa de María Corina y de mi residencia”, explica.

“Ellos vinieron a través de intermediarios, a hacernos saber que estaban dispuestos a ofrecernos la protección necesaria y -como ese es su deber- nosotros aceptamos”, relata.

El candidato presidencial venezolano Edmundo González recibió a la VOA en su casa, en Caracas, antes de su primer mitin.

VOA: ¿Considera que puede mantener este ritmo de aquí al 28 de julio, participar y seguir haciendo actos de campaña como estos?

GONZÁLEZ: Espero que sí. Ya por lo pronto tenemos pensado que el próximo acto será en Guatire (a 40 minutos de Caracas). La próxima semana se va a definir la fecha.

VOA: ¿Se van a dividir los actos de campaña entre María Corina Machado y usted?

GONZÁLEZ: No. Podemos ir a algunos solos, y a otros, podemos ir los dos juntos.

VOA: En su experiencia como diplomático, ¿hay algún modelo de transición que haya evaluado en caso de que le corresponda a usted ser presidente de la República?

GONZÁLEZ: Nosotros tenemos equipos que ya están evaluando esas situaciones. Los casos más conocidos son los de España, Argentina, también Chile. Son casos que estamos evaluando para extraer las mejores lecciones.

VOA: ¿Que está dispuesto a hacer para garantizar ese gobierno de paz y ordenado del que hablaba el sábado?

GONZÁLEZ: Ofrecer todas las garantías que tengamos que ofrecer para que aquí haya una transición en paz y con seguridad.

VOA: ¿Qué va a pasar con Nicolás Maduro si usted sale electo?

GONZÁLEZ: Él terminará su mandato y buscará qué hacer. No tengo ninguna especial reacción a eso.

VOA: Mucho ha hablado usted de esa transición ordenada, pero va a haber unos seis meses después de la elección en los que Maduro seguirá gobernando. ¿Cómo ve esos seis meses? ¿A qué le teme de esos seis meses?

GONZÁLEZ: Esos son seis meses en los que aspiramos y confiamos que el Gobierno hará lo que le corresponde hacer para que la transición de un gobierno a otro sea lo más normal, pacífica y segura posible.

VOA: ¿Ha hablado con el presidente Nicolás Maduro?

GONZÁLEZ: No.

VOA: ¿Ningún miembro del gabinete o ningún chavista poderoso le ha levantado el teléfono?

GONZÁLEZ: No hemos recibido ningún mensaje directo por parte del gobierno.

VOA: ¿Conoce personalmente al presidente Nicolás Maduro?

GONZÁLEZ: Estando yo como embajador en Buenos Aires y él como diputado del Congreso Nacional, en alguna oportunidad, por algo de trabajo, tuvimos una conversación telefónica, pero no tengo ninguna ocasión en que me haya encontrado con él personalmente. No se ha dado.

VOA: ¿Ya ha pensado en un gabinete? ¿Dejaría a los comandantes de la Fuerza Armada o al ministro de la Defensa?

GONZÁLEZ: No me gustaría hablar sobre casos hipotéticos. Las situaciones se analizarán y se revisarán a la luz de las circunstancias y del momento. Serán momentos en que tengamos contacto directo con las autoridades y allí se podrá formar una respuesta a cada una de ellas.

VOA: ¿Pero estaría dispuesto a mantener a alguien del gabinete de Maduro en un eventual gobierno de Edmundo González?

GONZÁLEZ: Si es un gobierno de transición y se refleje algo de compartir personalidades del gobierno… Tal vez algo así se pueda pensar.

VOA: ¿Su gobierno mantendrá relación con el presidente de Cuba y el presidente de Nicaragua?

GONZÁLEZ: Nosotros vamos a tener relaciones con todos los países del mundo, unas relaciones en paz y respeto y a los intereses del país; no bajo intereses ideológicos.

VOA: Pero durante estos últimos 25 años se ha denunciado la infiltración de agentes cubanos en el servicio de identificación y cedulación ¿Qué hacer con Cuba, más allá de mantener las relaciones?

GONZÁLEZ: Hay que revisar las relaciones con Cuba, porque no es solamente el tema del SAIME (Servicio Automatizado de Identificación Migración y Extranjería), el tema de los puertos y aeropuertos, de la cedulación, de los servicios de inteligencia, en fin, ahí hay un amplio abanico de cooperación que tendrá que ser revisado a la luz del momento.

VOA: Y China, por ejemplo, que ha sido aliado en el ámbito económico y al que le debemos muchísimo dinero en petróleo. ¿Qué pasará con eso?

GONZÁLEZ: Serán unas relaciones respetuosas con base al interés nacional, y los compromisos que se hayan adquirido legalmente se respetarán.

VOA: ¿Qué consecuencias cree que pueda tener la posible suspensión de las elecciones?

GONZÁLEZ: Eso sería muy delicado porque el pueblo de Venezuela está esperando un cambio, está deseoso de un cambio. Las movilizaciones que se han dado en los últimos tiempos son una demostración de ello. Las mediciones de opinión también dan cuenta de que la mayoría de la población está aspirando a un cambio de gobierno

VOA: Y si ese cambio de gobierno se da, ¿gobernará los 6 años completos o habrá una junta de transición y luego nuevas elecciones?

GONZÁLEZ: Todo va a depender de cómo se plantean las cosas en ese momento. No me quiero adelantar. Esto es un proceso muy dinámico y que tendrá que ser atendido evaluando las circunstancias del momento.

VOA: ¿Qué lugar va a ocupar María Corina Machado en un eventual gobierno de Edmundo González Urrutia?

GONZÁLEZ: Ella va a ocupar el lugar que le corresponda. Ella es una de las líderes fundamentales de este proceso y ella estará en el nuevo gobierno ocupando una posición relevante. No quiero adelantarme a ninguna posición burocrática particular.

VOA: ¿Mantiene la opinión de María Corina Machado de privatizar Petróleos de Venezuela, PDVSA?

GONZÁLEZ: Los planes de gobierno se están analizando diariamente, revisando y actualizándose todos los días, y entre esos planes está el tema energético y la situación de la empresa petrolera.

VOA: Usted ha tenido palabras positivas para los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro con relación al pacto de gobernabilidad que propusieron. ¿Lo han llamado?

GONZÁLEZ: Nosotros hemos tenido contacto con el canciller de Colombia, con su embajador en Caracas y con la embajadora de Brasil en Caracas. En todos estos casos hemos analizado la propuesta que hizo el presidente Lula y el presidente Petro con respecto a la situación en Venezuela, pero no hemos entrado en detalles. Primero, porque no conocemos el contenido del plan en cuestión. Lo analizamos en la generalidad de la propuesta y acordamos revisarlo detenidamente en los próximos días.

VOA: Este binomio María Corina Machado y Edmundo González ha despertado cierta esperanza en un grupo de venezolanos que estaban apagados tras fracasos de intentos de cambio de gobierno. ¿De alguna manera, no teme ser un nuevo fracaso para los venezolanos?

GONZÁLEZ: No, nosotros estamos muy confiados en que vamos a adelantar un cambio profundo en Venezuela, que vamos a reinstitucionalizar el país, vamos a recuperar la democracia y vamos a establecer un gobierno para todos y donde todos quepan. Que llegue el reencuentro de los venezolanos y el retorno de todos los venezolanos que viven en el exterior.

VOA: ¿Qué le hace pensar que usted no va a ser un fracaso más?

GONZÁLEZ: Porque tenemos todas las ganas, el deseo y la preparación para hacerlo. Nosotros estamos con un equipo técnico que está trabajando intensamente para hacer cumplir el programa de gobierno que busca el reencuentro y la recuperación económica del país para todos los venezolanos.

VOA: ¿A qué le teme en este momento?

GONZÁLEZ: ¿A qué le temo? A nada. Estamos trabajando para lograr una transición en paz y que la transición pueda cumplirse en los lapsos que pensamos hacer.

VOA: ¿No le tiene miedo a este proceso?

GONZÁLEZ: Bueno, aquí miedo puede haber para muchas cosas, pero la fuerza para acometer esto lo tenemos enraizado desde el fondo.

VOA: ¿Al chavismo no le teme?

GONZÁLEZ: No, el chavismo es cada vez una fuerza más minoritaria.

VOA: ¿Cómo ve a la estructura chavista en este momento?

GONZÁLEZ: El chavismo tendrá en nuestro gobierno una puerta para una participación política como la puedan tener todos. No como la tuvimos nosotros mientras hemos estado en la oposición. El Gobierno garantizará la libre participación de toda la fuerza política en el marco de la Constitución.

VOA: ¿Cómo se imagina esos primeros 100 días de gobierno?

GONZÁLEZ: Complicado, porque vamos a heredar una situación económica bien comprometida y aspiramos a que haya un clima de paz que pueda desarrollar nosotros todos los planes que tenemos, diplomáticos de carrera.

VOA: ¿Algún mensaje para los electores que siguen siendo chavistas, pero no maduristas?

GONZÁLEZ: Este gobierno que se va a instaurar el próximo mes de julio es un gobierno para todos, tienen cabida todos y Venezuela será un espacio de concordia para todos los venezolanos.

VOA: A María Corina Machado no le permiten viajar en avión. ¿Usted ha intentado tomar un vuelo?

GONZÁLEZ: Estamos analizando si me van a dejar volar en vuelos comerciales y vamos a hacer una prueba próximamente.

VOA: ¿Qué espera de la comunidad internacional?

GONZÁLEZ: Que nos respeten, que pongan los ojos sobre la elección en Venezuela y que los resultados que se den, que aspiramos sean favorables a nosotros, los avalen con la presencia de los observadores internacionales.

VOA: ¿Siente que se olvidó la comunidad internacional de Venezuela con otros conflictos como el de Rusia, Ucrania?

GONZÁLEZ: Nosotros no tenemos un conflicto de guerra como en Ucrania, pero sí tenemos un proceso electoral que es clave para la paz en la región. Es un país que es fundamental para el eje andino y para Suramérica, y por eso aspiramos a que toda la comunidad interamericana ponga los ojos en lo que va a pasar en Venezuela el día de la elección.

VOA: ¿Hay alguna petición para Estados Unidos?

GONZÁLEZ: Que prontamente vamos a tener que recuperar una relación que ha sido tormentosa con este régimen, que ha tenido 10 años sin relaciones normales, sin cooperación política y sin diálogo político.

El más reciente discurso del presidente argentino Javier Milei en España ha generado tensiones diplomáticas entre ambos países.

En su presentación Milei se refirió al reciente episodio protagonizado por Pedro Sánchez, quien a finales de abril se tomó una pausa de cinco días para "reflexionar" si debía o no frente del Ejecutivo español después de que las autoridades abrieran una investigación contra su esposa, Begoña Gómez, por delitos de corrupción y tráfico de influencias.

Aunque no mencionó su nombre, el argentino llamó "corrupta" a la esposa de Sánchez. “No saben qué tipo de sociedad y país puede producir el socialismo y qué calaña de gente atornillada en el poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Aun cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se toma cinco días para pensarlo”, dijo.

"Milei, con su comportamiento, ha llevado las relaciones entre España y Argentina a su momento más grave", reaccionó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

“Quien ayer habló no lo hizo en nombre del gran pueblo argentino. En cambio, lo que vivimos ayer en Madrid sí habla del riesgo que representa esta internacional ultraderechista para sociedades como la nuestra”, apuntó este lunes Sánchez.

Para el presidente del gobierno español su homólogo "más allá de la ideología, está la educación y el patriotismo” aunque aclaró que "somos dos países hermanos cuyos pueblos se quieren y se respetan”.

El portavoz de la Casa Rosada, Manuel Adorni, señaló por su parte que “el presidente no va a pedir disculpas, porque no tiene de que disculparse”.

“De hecho, no nombró ni a Pedro Sánchez, ni nombró en el discurso que generó hoy tanto revuelo, no nombró absolutamente a nadie del Gobierno español”, afirmó en declaraciones a LN+.

Cuando Luis Abinader asumió la presidencia de República Dominicana por primera vez en agosto de 2020, heredó un escenario de pesadilla.

Durante la pandemia del coronavirus, el número de casos confirmados de COVID-19 en la nación insular caribeña se disparó a más de 86.000, el turismo estaba prácticamente detenido y la economía se desplomó.

Ahora, su economía está en auge, con un récord de 10.8 millones de turistas que visitaron la nación el año pasado, y se espera que el crecimiento del PIB sea del 5% en 2024, uno de los más altos de América Latina. La pobreza está disminuyendo y la calidad de la educación está aumentando.

El éxito de Abinader al guiar a su nación a través de la crisis global sin precedentes fue la base de su arrolladora victoria electoral del domingo, consolidando su posición como uno de los políticos más populares del país y de América.

"Antes de 2020, los dominicanos creían que los políticos llegaban al poder sólo para enriquecerse a costa del sufrimiento del pueblo", dijo Jacqueline Jiménez, coeditora del libro "La política dominicana en el siglo XXI".

"Ahora, gracias a este nuevo Gobierno, esa mentalidad ha ido cambiando", añadió.
Abinader, de 56 años, también priorizó la lucha contra la corrupción en el país.
Antes de su primera presidencia, decenas de miles de dominicanos salieron a las calles en las mayores manifestaciones en décadas contra la corrupción tras un caso histórico de soborno contra funcionarios de alto rango.

En su primer día en el cargo, Abinader nombró como fiscal general a Miriam Germán Brito, exmagistrada de la Corte Suprema. Un año después, la Unión Europea le concedió su Premio de Derechos Humanos por su "lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia y la justicia".

El gobierno de Abinader también ha fortalecido las leyes electorales del país, lo que provocó elogios en abril de la Organización de Estados Americanos (OEA), que destacó los cambios de políticas para fortalecer la transparencia y la equidad en el financiamiento de campañas.

A pesar de los pasos concretos hacia el fortalecimiento de las aún incipientes instituciones del país, Geovanny Vicente-Romero, un estratega político dominicano radicado en Washington y que conoce personalmente a Abinader, dijo a Reuters que aún hay mucho por mejorar de cara a su segundo mandato, que iniciará en agosto.

"El gobierno de Abinader ha enfrentado críticas por no poder -o no querer- llevar a su propia gente ante la justicia, especialmente a aquellos de su círculo más cercano", dijo Vicente-Romero.

"Para que Abinader selle su legado contra la corrupción tendrá que mirar hacia adentro para realmente lograr un avance duradero en este sentido", agregó.

Los rivales de Abinader, un rico ex empresario cuyo patrimonio neto declarado de 76 millones de dólares lo coloca entre los líderes más adinerados de la región, tal vez no sea el político impoluto que ha tratado de demostrar.

Un grupo liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) descubrió en 2021 que Abinader, quien también es el funcionario público más rico de República Dominicana, poseía al menos siete empresas extraterritoriales cuyos detalles eran turbios, cuando fue elegido.

Abinader, quien no fue condenado por ningún delito, dijo que había creado las sociedades "offshore" en un momento en que la ley de sociedades de su propio país se consideraba obsoleta.

Desde el inicio de su mandato, en agosto de 2020, ha donado su salario como presidente a programas sociales.

Ya que la ley electoral dominicana limita a los presidentes a dos mandatos, el legado de Abinader también dependerá de su manejo de las consecuencias de la crisis en el vecino Haití.

En 2022, el mandatario se puso un casco y ayudó a verter hormigón para un muy publicitado muro fronterizo con Haití, promocionado por el magnate Elon Musk, y que ha impulsado la deportación de inmigrantes ilegales.

"Nuestro lema de ahora en adelante será: ¡O luchamos juntos para salvar a Haití o luchamos solos para proteger a República Dominicana!", dijo Abinader en febrero en Naciones Unidas.

Esa postura le dio otra ventaja política interna, opinó Eric Farnsworth, experto en América Latina del Americas Society/Council of the Americas (AS/COA).

"Se enfrenta a algunas críticas (...) fuera de República Dominicana, pero no muchas internamente, lo que debilita a Haití como una cuestión política", dijo Farnsworth.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió el martes que está dispuesto a exponer ante la ONU los incumplimientos del Estado colombiano sobre el acuerdo de paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en un mensaje en el que el mandatario se desmarca de los puntos pendientes.

El Consejo de Seguridad de la ONU revisa trimestralmente la situación del proceso de paz por medio de un informe que realiza el Secretario General de Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación que opera en Colombia desde 2016. La última revisión fue el 9 de abril y la siguiente se prevé en tres meses.

En la sesión suele intervenir un delegado del gobierno colombiano para dar su balance, pero de cara a la próxima, Petro lanzó un reproche a otras ramas del poder del Estado en Colombia, sin precisar exactamente a qué entes o autoridades, acerca de puntos del acuerdo de paz que están aún pendientes.

"Esta vez va a ir el presidente de la república y va a tener que decir: definitivamente el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó. Yo no puedo decir mentiras", señaló el mandatario, en el acto de posesión de una magistrada del Consejo Superior de la Judicatura.

En un mensaje posterior en X, antes Twitter, matizó parcialmente su declaración al mencionar que el "Estado incumplió", en lugar de señalar como había hecho antes la falta de voluntad para acatar lo firmado.

Según su visión, los puntos pendientes están notablemente en tres ejes: una reforma agraria para devolver terrenos a quienes les fueron arrebatados por la violencia, la transformación del territorio con inversión que compense las desigualdades y la verdad judicial que busca juzgar y sancionar los crímenes cometidos.

Aunque como presidente es también el jefe de Estado y de gobierno, de acuerdo con lo recogido en la Constitución colombiana, Petro sugirió, desmarcándose, que los incumplimientos dependerían o de la rama judicial o de procesos administrativos que no le permitirían en su administración llevar lo pactado a la realidad.

El comentario del presidente contrasta con lo defendido en revisiones previas. A lo largo de los años, el gobierno de turno en Colombia se ha enfocado sobre todo en sus aciertos al rendir informe en la ONU y no tanto sus falencias en la implementación de un acuerdo que puso fin a la confrontación de cinco décadas con la guerrilla de las FARC.

En febrero, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cumplió una visita oficial en Colombia, revisó de primera mano la ejecución y habló tanto con el gobierno como con las comunidades. En anteriores sesiones, se ha pedido mayor avance en la reforma rural.

Petro pronosticó que, además del descrédito del Estado colombiano ante el mundo por no cumplir con lo pactado, el país padecería más violencia. "Si nosotros no cumplimos lo que firmamos, lo que viene es derramamiento de sangre, violencia en otras escalas... porque el tiempo y la historia cambia, pero no estamos sembrando el camino de la paz", agregó.

Para la reforma agraria, Petro aseguró que se necesita una compra expedita de tres millones de hectáreas que no lograría ejecutar.

"No es mucho, pero aquí, por los procedimientos ordinarios, prácticamente es inalcanzable", reprochó sin aludir directamente a ninguna institución.

El segundo eje que se estaría incumpliendo sería, según Petro, el de la transformación del territorio con inversiones en las regiones históricamente excluidas en las que hay mayor desigualdad y violencia. A largo plazo, pronosticó, tampoco se lograría tal como van las cosas. "Cuando yo me pongo a ver las matrices de inversión pública calculadas a 30 años y puestas con cerrojo normativo para que ningún gobierno las cambie", indicó el mandatario.

No hizo alusión al ente o autoridad del que dependería esta estrategia, siendo el gobierno del país el que propone al Congreso cómo se distribuye el presupuesto del Estado y las áreas de inversión.

Y el tercero aspecto en deuda sería para Petro el de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal creado en el acuerdo de paz para juzgar y sancionar los crímenes del conflicto interno que funciona para exguerrilleros, agentes estatales, militares y civiles que se involucraron en el conflicto.

El mandatario ha defendido recurrentemente que debería haber un único tribunal para llevar procesos investigativos del complejo conflicto dado que en la actualidad existe uno para los crímenes de la extinta guerrilla y otro para los grupos paramilitares que también dejaron las armas.

"Si vamos a la práctica, la JEP no es la instancia de cierre de la verdad", señaló Petro en alusión a que no está consiguiendo su propósito. El mandatario ha esbozado en diferentes declaraciones que, eliminando esa división de justicia, ese tribunal "de cierre" podría ser la misma JEP u otro distinto.

Estados Unidos anunció este miércoles una serie de medidas en contra del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, que incluyen restricciones de visa a funcionarios, sanciones a empresas y alertas de políticas a aerolíneas para frenar la migración irregular.

El gobierno “continúa participando en la campaña represiva que silencia a la sociedad civil y las personas injustamente detenidas que están ejerciendo sus libertades fundamentales”, recoge el comunicado.

Las empresas sancionadas

Entre las entidadaes sancionadas está el Centro de Capacitación del Ministerio del Interior de Rusia (GOR), con sede en Managua (RTC), al que acusan de convertirse un actor "clave" de la represión orquestada por el mandatario Daniel Ortega.

La RTC es una subdivisión del (GOR) que capacita oficiales del régimen de Ortega, responsables de la detención y encarcelamiento de personas por expresar su disidencia o ejercer pacíficamente sus derechos humanos y libertades fundamentales.

También fueron sancionadas dos compañías auríferas afiliadas al gobierno: Minera Internacional, Sociedad Anónima (COMINTSA) y Capital Mining Investment Nicaragua, Sociedad Anónima (Capital Mining).

"La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro está apuntando a la represión del régimen Ortega-Murillo contra el pueblo nicaragüense y su capacidad para manipular el sector del oro y beneficiarse de operaciones corruptas", dijeron.

"El oro es el principal producto de exportación de Nicaragua, y esta acción tiene como objetivo degradar la capacidad del régimen para manipular el sector y beneficiarse de las operaciones corruptas de sambas", indicaron.

Restricciones de visa a más de 250 miembros del gobierno

Estados Unidos impuso restricciones de visa a más de 250 miembros del gobierno de Nicaragua por sus violaciones a los derechos humanos y sancionó a un centro de entrenamiento ruso en ese país, por ser "un actor clave en la represión" orquestada por el mandatario Daniel Ortega.

Un comunicado del Departamento de Estados indica que las personas apoyan "al régimen Ortega-Murillo en sus ataques a los derechos humanos y las libertades fundamentales, la represión de las organizaciones de la sociedad civil y su aprovechamiento de los migrantes vulnerables".

Entre ellos hay policías y personal paramilitar, funcionarios penitenciarios, fiscales, jueces y funcionarios de educación superior pública, así como a actores no gubernamentales seleccionados para sus funciones.

A finales 2021, la administración de Joe Biden restringió la entrada a Estados Unidos de "personas responsables de amenazar la democracia en Nicaragua". Desde entonces, más de 1.400 funcionarios de ese país han sido sancionados.

Alerta a las aerolíneas

El Departamento del Tesoro y el Departamento de Seguridad Nacional emitieron una alerta de política a la industria de la aviación en la que hacen referencia a los contrabandistas que facilitan la migración irregular hacia Estados Unidos.

Se trata de una notificación en la que ofrecen a las aerolíneas los pasos clave que deben tomar para evitar la complicidad en la explotación de los migrantes. La misma no hace referencia a acciones específicas para las que no colaboren.

Ortega y su vicepresidenta, Rosario Murillo, "continúan deteniendo injustamente a quienes abogan por una sociedad civil libre, la libertad religiosa y la libertad de expresión, y enriquecen su régimen mediante la explotación de migrantes vulnerables", agrega el texto.

La relación entre Estados Unidos y Nicaragua se ha tensado especialmente desde las elecciones nicaragüenses de 2021, marcada por una oleada de detenciones contra opositores, activistas y miembros de la sociedad civil.