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América Latina

Opositores en el exilio piden a comunidad internacional ejercer presión sobre Ortega

El presidente nicaragüense Daniel Ortega, en una foto de archivo. (AP Foto/Ismael Francisco)
El presidente nicaragüense Daniel Ortega, en una foto de archivo. (AP Foto/Ismael Francisco)

La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua, cuyos dirigentes se encuentran en el exilio, hizo este lunes un llamamiento a la comunidad internacional "a continuar ejerciendo presiones políticas, diplomáticas y económico financieras" sobre el Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega.

Esa petición fue hecha después de que el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) barriera en los comicios municipales celebrados el domingo, en los que no hubo sorpresas, al apoderarse de las 153 alcaldías en disputa, debido a que se mantuvo la prohibición de participar a tres partidos políticos opositores y en prisión a los principales disidentes.

Según la Unidad Nacional, "la farsa electoral municipal fue rechazada por la población que se ausentó de los centros de votación y como hace un año (en las elecciones generales), cerró las puertas y vació las calles".

"La soledad y el aislamiento del orteguismo fue evidente una vez más", valoró ese movimiento opositor, que surgió tras la revuelta popular que estalló en abril de 2018 por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que luego se convirtió en una exigencia de renuncia del presidente Ortega, debido a que respondió con la fuerza.

Al menos un 52,6 % de los 3,72 millones de nicaragüenses aptos para votar participaron en las municipales, cifra que se incrementará cuando se conozcan los resultados finales, según el primer informe preliminar emitido este lunes por el Consejo Supremo Electoral.

Observatorio fija en 82,67 % la abstención

No obstante, según el observatorio de incidencias políticas Urnas Abiertas, compuesto por un equipo multidisciplinario y voluntarios, en el proceso del domingo hubo una participación del 17,33 % y un abstencionismo del 82,67 %, con base en un estudio realizado en 366 centros de votación de los 3.106 habilitados, con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 5 %.

Al respecto, la Unidad Nacional denunció que el oficialismo, "en su afán de lograr alguna afluencia a las urnas y en consecuencia intentar dar alguna legitimidad a la farsa, en los días previos encarceló al menos a 19 personas".


Además "chantajeó y presionó a ciudadanos independientes, ordenó a trabajadores del Estado, a soldados y policías, para que participaran de la farsa", continuó.

"Pese a ello la ausencia de la población fue notoria y alcanzó más del 80 %", agregó.

Para la Unidad, "en Nicaragua no hay elecciones bajo el orteguismo" y "no las puede haber mientras hay más de 220 personas presas políticas y las libertades ciudadanas están conculcadas, mientras se mantiene un Estado policíaco de facto y decenas de miles de nicaragüenses se exilian y migran por razones políticas".

Ese movimiento invitó "a la ciudadanía a mantener la resistencia cívica y la denuncia del régimen en cada palmo de la patria", y exigió "a la dictadura la liberación total, incondicional y con garantías de todas las personas presas políticas, incluyendo los 19 secuestrados en el contexto de la farsa electoral".

En los comicios participaron, además del FSLN, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), la Alianza por la República (APRE), el Partido Liberal Independiente (Alianza PLI) y Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (Yatama).

Los partidos opositores han sido calificados como "colaboradores" del FSLN por la oposición excluida, que antes de las elecciones había llamado a los nicaragüenses a abstenerse de votar, en lo que calificó de una "farsa electoral".

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Fiscal pide elevar pena contra Fernández de Kirchner a 12 años de cárcel por corrupción

Fernández de Kirchner niega los cargos en su contra y aduce que es una perseguida de sectores judiciales confabulados con intereses políticos.
Fernández de Kirchner niega los cargos en su contra y aduce que es una perseguida de sectores judiciales confabulados con intereses políticos.

Un fiscal solicitó aumentar de seis a 12 años de prisión la condena que la expresidenta y exvicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, recibió en 2022 por corrupción en la obra pública, en una primera audiencia el lunes ante una corte de apelación.

Fernández de Kirchnerfue condenada a seis años de prisión e inhabilitada de por vida por el delito de administración fraudulenta —defraudación al Estado— por unos 1.000 millones de dólares al adjudicar de forma irregular durante sus dos mandatos consecutivos (2007-2015) al menos 51 obras a Lázaro Báez, un empresario allegado.

El mismo tribunal absolvió a la dirigente peronista por el delito de asociación ilícita, por el que la fiscalía había solicitado 12 años de prisión.

“La escala penal resultante es ínfima para la gravedad de los hechos”, sostuvo el fiscal Mario Villar en referencia a la condena de seis años contra Fernández de Kirchner, durante la primera audiencia ante la Cámara Federal de Casación Penal –máximo tribunal penal del país— que lleva el trámite de apelación.

“Incentiva a los funcionarios a cometer delitos”, cuestionó el funcionario.

El tribunal puede confirmar, reducir, aumentar e incluso desestimar la condena que pesa contra la también exvicepresidenta entre 2019-2013. No obstante, la última palabra la tendrá la Corte Suprema.

La política de centro-izquierda enfrenta varias causas judiciales en su contra, desde lavado de dinero hasta encubrimiento de los supuestos responsables de un atentado terrorista.

Para el fiscal, “la asociación ilícita está comprobada” en el caso contra la exmandataria. Indicó que durante su presidencia “se constituyó un esquema de corrupción para-institucional a través de mecanismo de manipulación de la obra pública”, de la que fueron partícipes los entonces funcionarios del área del Ministerio de Infraestructura —encargado de la obra pública— y el empresario Báez, amigo de la familia Kirchner.

En el cierre de su exposición, Villar solicitó condenar a Fernández de Kirchner “en calidad de jefa de la asociación ilícita” a 12 años de prisión.

Fernández de Kirchner, que mientras dure el proceso seguirá en libertad, niega los cargos en su contra y aduce que es una perseguida de sectores judiciales confabulados con intereses políticos y económicos para socavar su popularidad y apartarla de la escena política.

Diálogo entre Colombia y ELN en riesgo de congelarse por reclamos de la guerrilla

La representante del gobierno colombiano Vera Grabe, izquierda, y el comandanteELN), Pablo Beltrán, intercambian su acuerdo de extensión del alto el fuego firmado en La Habana, Cuba, el martes 6 de febrero de 2024. (Foto AP/Ramón Espinosa)
La representante del gobierno colombiano Vera Grabe, izquierda, y el comandanteELN), Pablo Beltrán, intercambian su acuerdo de extensión del alto el fuego firmado en La Habana, Cuba, el martes 6 de febrero de 2024. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Según la guerrilla el gobierno colombiano dispuso un diálogo regional en Nariño, un departamento fronterizo con Ecuador, en el que ha "desconocido" a la delegación del ELN.

Las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) están en riesgo de congelarse luego de que el grupo armado llamó a consultas a su delegación por un entredicho del que culpó al gobierno.

La delegación del gobierno señaló en un comunicado difundido la madrugada del miércoles que la decisión del ELN es unilateral y de su "entera responsabilidad" y que genera "crisis innecesarias que prolongan la confrontación armada".

Aunque la guerrilla advirtió que la mesa de diálogo podría congelarse, el gobierno mantuvo su disposición de avanzar en el proceso, por lo que aún no está claro si se trata de una suspensión o un traspié superable.

Para Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia del International Crisis Group, el anuncio del ELN indica que irán a consultas internas para tomar una decisión sobre cómo proceder.

"Es un recordatorio de que todavía estamos en una etapa muy frágil en el proceso, porque aunque han habido avances puede entrar en crisis en cualquier momento, entonces no podemos tomar por sentado que la mesa va a continuar, va a requerir un trabajo continuo por ambas partes", señaló Dickinson a The Associated Press.

Uno de los principales pilares de la negociación es la participación de la sociedad civil durante encuentros en todo el país. Según el ELN el gobierno dispuso un diálogo regional en Nariño, un departamento fronterizo con Ecuador, en el que ha "desconocido" a la delegación del ELN.

El gobierno respondió que se trata de iniciativas que lideran mandatarios locales para proteger a la población y "realizar transformaciones sociales" y no lo consideró un incumplimiento de su parte.

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, ha dicho a medios locales en los últimos días que en su departamento iniciarán diálogos de paz en marzo y que incluirían al ELN, pero también en un futuro a otros grupos armados que operan en la región.

El proceso con el ELN es el más avanzado dentro de la política de "paz total" que impulsa el gobierno del izquierdista Gustavo Petro para entablar diálogos simultáneos con grupos armados y bandas criminales.

Entre los avances más notables, el ELN suspendió los secuestros extorsivos en el marco de un cese al fuego de seis meses.

La suspensión de los secuestros se dio como parte de la superación de la más reciente crisis de los diálogos con el ELN, luego de que la guerrilla secuestrara a los padres de un futbolista, una acción que generó cuestionamientos sobre su voluntad de paz.

El ELN, fundado en 1964 e inspirado en la revolución cubana, ha intentado diálogos con el Estado cinco veces sin éxito.

Una eventual suspensión de los diálogos podría truncar el avance del proceso. Durante el gobierno del conservador Iván Duque (2018-2022) fueron suspendidas las negociaciones luego de que murieran 22 policías en un ataque con explosivos.

Al llegar al poder en agosto de 2022 Petro retomó la mesa de negociación con la guerrilla que ha contado con el apoyo de Venezuela, México, Cuba, Noruega, Chile y Brasil como países garantes.

Oposición venezolana denuncia escalada de la represión; negocia fecha de las presidenciales con gobierno de Maduro

Gerardo Blyde, representante de la plataforma unitaria de oposición en los diálogos con el gobierno, en una conferencia de prensa en Caracas. (AP/Ariana Cubillos)
Gerardo Blyde, representante de la plataforma unitaria de oposición en los diálogos con el gobierno, en una conferencia de prensa en Caracas. (AP/Ariana Cubillos)

La oposición venezolana llamó al gobierno a facilitar las realización de unas elecciones transparentes en el país y denunció una “escalada de la represión” en un nuevo diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro para discutir la fecha de los comicios presidenciales.

El representante de la oposición, Gerardo Blyde, dijo en conferencia de prensa tras las conversaciones de este lunes que ambas partes se han obligado a mantener un clima de paz para que puedan realizarse unas elecciones limpias y transparentes en el país.

"Todo el escalamiento de la represión, que ha venido aumentando, no contribuye en nada a esa paz, y a esa obligación que las partes nos hemos dado dentro del acuerdo de Barbados", subrayó Blyde.

El coordinador de la delegación opositora habría hecho alusión, según un reporte de Associated Press, a la acusación de conspiración para presuntamente desestabilizar el país contra la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, detenida el 9 de febrero.

El líder opositor dijo que lo que necesita el país es "certeza", y que "no existe ninguna necesidad de estar abriendo a supuestas consultas al mundo entero y a todos los sectores". La certeza en una "seguridad jurídica", que traiga "paz electoral", que trace "un camino y una ruta", y no en "el capricho de quien domine el poder" para determinar que el proceso electoral ocurra "cuando más le convenga".

A finales de 2023, durante las conversaciones en Barbados, las partes acordaron fijar una fecha para las elecciones en el segundo semestre de 2024, pero Maduro ordenó el inicio del proceso de consulta paralelo semanas atrás, destaca un reporte de la agencia de noticias Blomberg.

Mientras, Jorge Rodríguez, el jefe de la delegación del gobierno de Maduro, señaló que la Plataforma Unitaria Democrática de la oposición presentó "un documento muy similar a los que han presentado los otros partidos políticos y los otros factores económicos y sociales del país".

Rodríguez añadió que se trató de un "documento típico" donde se habla de las condiciones generales de las elecciones, no entraron en detalle. Sobre todos se habló de la actualización del registro electoral, de las jornadas del registro electoral, de las garantías electorales, de la observación electoral y de una fecha electoral que será incorporada a todas las otras propuestas que tenemos".

Blyde, por su parte, dijo a los periodistas que los partidos opositores mantienen su participación en el proceso electoral y exigió que se permita la inclusión de todos sus candidatos.

El gobierno de Maduro podría estar dispuesto a hacer algunas concesiones a la oposición para evitar las sanciones económicas de Estados Unidos y la Unión Europea.

A finales de enero, el gobierno estadounidense anunció que revisaría el Acuerdo de Barbados con Venezuela, tras la ratificación de la inhabilitación para ejercer cargos públicos de la candidata presidencial opositora María Corina Machado y del excandidato presidencial Henrique Capriles por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela.

Zelensky agradece a Guatemala por el apoyo a Ucrania (VIDEO)

El presidente de Volodomir Zelensky Ucrania y el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en la Conferencia de Seguridad de Munich, Alemania, el 17 de febrero de 2024. Servicio de prensa presidencial de Ucrania/ vía REUTERS
El presidente de Volodomir Zelensky Ucrania y el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en la Conferencia de Seguridad de Munich, Alemania, el 17 de febrero de 2024. Servicio de prensa presidencial de Ucrania/ vía REUTERS

El presidente de Ucrania, Volodomir Zelensky, se reunió este sábado con su homólogo guatemalteco Bernardo Arévalo, en el marco de la Conferencia de Seguridad en Múnich, Alemania, a la que asisten decenas de mandatarios, políticos y estadistas de todo el mundo.

Un parte de prensa de la oficina de Zelensky, asegura que el gobernante ucraniano expresó su gratitud por el encuentro y por el inquebrantable apoyo de Guatemala desde el inicio mismo de la invasión rusa a su país en febrero del 2022.

“Estamos agradecidos a su país y sociedad por el apoyo a Ucrania, nuestra soberanía e integridad territorial. Es importante para nosotros tener una fuerte relación bilateral con Guatemala”, declaró el ucraniano.

Arévalo fue invitado por Zelensky a participar en la inauguración de la Cumbre de Paz Global, pues para Ucrania, destacó Zelensky, es importante “que la representación de los países del mundo en esta importante cumbre sea lo más amplia posible”.

Le informó sobre la manera que está laborando el corredor de cereales en el Mar Negro, a pesar de la negativa rusa de que sea viable.

Ambos mandatarios discutieron la posibilidad de crear centros de almacenamiento de cereales en diferentes regiones del mundo para garantizar la exportación, evitar una crisis alimentaria y garantizar la seguridad del grano a nivel mundial.

Al inicio del encuentro, el presidente de Guatemala dijo que era un honor reunirse con el presidente de Ucrania y le deseó lo mejor al pueblo ucraniano.

Este mismo sábado las autoridades de Guatemala divulgaron informes sobre una reunión de Arévalo con el Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas.

El encuentro fue, según un Twitter del gobierno un "productivo intercambio para fortalecer la colaboración en temas de seguridad y estrechar lazos entre ambas naciones".

Arévalo también anunció que la reunión sirvió para "fortalecer los lazos de colaboración en desarrollo económico, gestión migratoria y combate al crimen".

En julio del 2022, el entonces presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, visitó Ucrania y se solidarizó con Zelensky y dijo sentirse consternado por el dolor y la devastación que vio en el país europeo.

Colombia decreta emergencia carcelaria por homicidios contra guardias de prisiones

Investigadores forenses esperan junto a bolsas para cadáveres tras un incendio mortal en la prisión en Tuluá, Colombia, 28/ 06/2022.
Investigadores forenses esperan junto a bolsas para cadáveres tras un incendio mortal en la prisión en Tuluá, Colombia, 28/ 06/2022.

El ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, decretó este lunes una emergencia carcelaria en el país para enfrentar los recientes casos de homicidios, atentados y amenazas contra el personal de guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), por parte de bandas criminales.

“Hemos declarado la emergencia carcelaria en todo el país. Esta emergencia obedece, por una parte, a la materialización e incremento de homicidios de guardianes del Inpec, que han tenido lugar en los últimos días, en distintos lugares del país”, dijo Osuna a los medios.

El caso más reciente ocurrió el sábado en la ciudad de Cartagena, donde el militar Jesús Cárdenas fue baleado mientras hacia control de entrada de las visitas en el exterior de la cárcel San Sebastián de Ternera.

El ministerio de Justicia explicó que con la declaración se busca reforzar la vigilancia en las cárceles, restringir las visitas a los presos, reemplazar al personal en situaciones de seguridad y trasladar a algunos presos a centros de máxima seguridad.

Esta última decisión se da por la captura de Mauricio Marín Silva, alias ‘Nacho’, uno de los principales cabecillas de la banda criminal La Inmaculada, que el fin de semana generó el caos en la ciudad de Tuluá, donde quemaron ocho vehículos, amenazaron al alcalde y asesinaron a un inspector de tránsito.


Además, Ozuna señaló que se dispondrán de recursos para la compra de equipos de bloqueo de señales de teléfonos móviles en las cárceles que son utilizados por los reclusos para extorsionar, y donde ha habido un “incremento del 41 % en los casos de extorsión carcelaria”.

Esta es la cuarta vez que se declara una emergencia carcelaria en Colombia. La primera fue en 2013 por hacinamiento; la segunda, en 2016 por diferentes situaciones; y la tercera, en 2020 debido a la emergencia sanitaria producida por el COVID-19.

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