La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este viernes una resolución que reclama a las autoridades nicaragüenses liberar incondicionalmente a los presos políticos, restablecer las libertades civiles y garantizar condiciones para elecciones libres.
El organismo también creó un grupo ministerial que deberá presentar recomendaciones de acciones diplomáticas y jurídicas en un máximo de 60 días.
La decisión fue adoptada en Washington durante la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, convocada para examinar la situación de Nicaragua y definir una respuesta colectiva ante el deterioro democrático en el país.
El documento insta a las autoridades a tomar “medidas inmediatas, concretas y verificables” para recuperar el espacio cívico, frenar las represalias y respetar los derechos humanos. Entre sus demandas figuran informar sobre el paradero y la situación de las personas sometidas a desaparición forzada.
La resolución expresa preocupación por “la existencia de un sistema de represión sistemática impuesta por el Estado” y denuncia detenciones arbitrarias, tortura, confiscaciones de bienes y persecución contra organizaciones civiles, medios independientes y comunidades religiosas.
También pide devolver la nacionalidad y los derechos asociados a quienes fueron despojados arbitrariamente de ella, restituir su acceso a los registros civiles y permitirles regresar al país de manera segura y voluntaria, sin represalias.
Además, reclama revertir las disposiciones constitucionales y legales, que socaven la independencia institucional, la separación de poderes y el pluralismo. Para la celebración de elecciones, exige recuperar los derechos políticos, establecer una administración electoral independiente y permitir una observación internacional creíble.
El Grupo Ministerial de Seguimiento deberá comenzar sus labores dentro de los 30 días posteriores a la aprobación.
El documento también reclama interrumpir la cooperación internacional en seguridad, tecnología e intercambio de información cuando facilite la vigilancia, la represión o violaciones de derechos humanos.
Asimismo, recuerda que la salida de Nicaragua de la OEA no exime al Estado de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
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