El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) instó a las autoridades italianas y a las instituciones de la Unión Europea a investigar las condiciones laborales de los médicos cubanos enviados a Italia, ante posibles prácticas de trabajo forzoso y trata de personas.
La organización presentó un informe jurídico en el que identifica ocho mecanismos legales e institucionales que podrían activarse para investigar posibles violaciones de derechos laborales, determinar responsabilidades y garantizar la protección de los profesionales sanitarios cubanos que prestan servicios en territorio italiano.
"Las instituciones europeas y particularmente las autoridades italianas deben asumir sus responsabilidades ante las denuncias de posibles situaciones de trabajo forzoso y trata de personas relacionadas con las misiones médicas cubanas. La cooperación sanitaria internacional es legítima y necesaria, pero nunca puede servir de cobertura para vulnerar los derechos fundamentales de los profesionales", explicó a Martí Noticias Daily Coro, coordinadora de Ayuda Humanitaria de la organización.
"El control de los salarios, las restricciones a libertad de movimiento y las amenazas contra los profesionales que se encuentran en estas misiones son indicadores del sistema gravedad que requieren investigaciones independientes", agregó.
El documento advierte que la existencia de contratos o el consentimiento inicial de los médicos para participar en las misiones no descartan situaciones de explotación laboral si posteriormente se les impide abandonar libremente sus funciones.
El OCDH cita las condiciones impuestas a los profesionales cubanos, que incluyen la retención de pasaportes, la vigilancia permanente, la confiscación de gran parte de sus salarios y amenazas de sanciones penales contra quienes decidan desvincularse de las misiones.
La organización señala que el artículo 176 del Código Penal cubano contempla penas de hasta ocho años de prisión contra los profesionales que abandonan sus compromisos laborales en el extranjero.
El informe subraya que, al desarrollarse estas actividades en Italia, las autoridades del país europeo tienen obligaciones legales de prevención, supervisión y protección frente a posibles situaciones de trabajo forzoso, independientemente de los acuerdos de cooperación suscritos con La Habana.
Entre las herramientas identificadas por el OCDH figuran la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que prohíbe la esclavitud y el trabajo forzoso, y la Directiva 2011/36/UE, que establece obligaciones para detectar, identificar y asistir a posibles víctimas de trata de personas.
"En la actualidad hay cerca de 200 médicos relacionados con las misiones médicas cubanas cumpliendo funciones en territorio italiano que han entrado de la mano de la comercializadora de servicios médicos, una empresa cubana relacionada a investigaciones por trata de personas", indicó Coro.
La organización también plantea la necesidad de investigar la responsabilidad de empresas, intermediarios y otras entidades que participen o se beneficien de eventuales esquemas de explotación laboral. Otra de las vías propuestas es recurrir a la Comisión Europea para que evalúe la apertura de un procedimiento de infracción contra Italia si se determina que el país incumple sus obligaciones comunitarias en materia de prevención y protección frente a la trata.
El documento menciona, además, el régimen global de sanciones de la Unión Europea por violaciones de derechos humanos, que permite imponer restricciones de viaje y congelar activos de personas o entidades responsables de determinados abusos.
El OCDH señala igualmente la posibilidad de acudir al Grupo de Expertos sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos (GRETA), del Consejo de Europa, encargado de evaluar el cumplimiento de los compromisos internacionales de los Estados en esta materia.
Entre las restantes opciones figuran el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que los afectados podrían recurrir bajo determinadas condiciones, y los mecanismos judiciales y de inspección laboral italianos, incluidos la Fiscalía, la Policía, los Carabineros y el Inspectorado Nacional del Trabajo.
Las condiciones laborales de las misiones médicas cubanas han sido objeto de cuestionamientos ante organismos internacionales.
“La cooperación médica (sea intergubernamental, estatal, privada o de cualquier otra naturaleza) no puede realizarse al margen del Estado de derecho, con independencia de la nacionalidad del cooperante, ni puede ser un salvoconducto para tolerar esquemas de coacción laboral en territorio de la Unión Europea”, denunció el OCDH.
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