Derechos Humanos
Alertan que nuevo Código Penal intenta impedir otro estallido social en Cuba (VIDEOS)
El nuevo código penal de Cuba entró en vigor esta semana, y activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos advirtieron el viernes que podría limitar aún más la libertad de expresión y extinguir protestas en una época de creciente descontento en la isla.
El código, una versión modificada de las regulaciones del país de 1987 que fue aprobada por el gobierno cubano en mayo, tendrá repercusiones para los periodistas, los activistas de derechos humanos, manifestantes, usuarios de redes sociales y personajes de la oposición.
Los cambios ocurren en medio de un hondo descontento en Cuba generado por diversas crisis y en un momento en que el gobierno sigue aplicando sentencias duras a las personas que participaron en las históricas protestas de 2021 en la isla, incluidos menores de edad.
Entre algunos de los cambios hay incrementos en las penas mínimas y en las sentencias de cárcel por cosas como “desórdenes públicos”, “resistencia” y “ultraje a los símbolos nacionales”.
El nuevo código también establece categorías penales para ofensas digitales, y señala que las personas que diseminen cualquier información en línea considerada falsa podrían ser condenadas a hasta dos años de cárcel.
Prohíbe también la recepción y el uso de fondos para “sufragar actividades contra el Estado cubano y su orden constitucional”, medida que grupos defensores de los derechos humanos dicen podría ser utilizada contra periodistas independientes y grupos no gubernamentales. Si se es declarado culpable, ello conllevaría de cuatro a 10 años de prisión.
El gobierno ha dicho que el nuevo código es “moderno” e “inclusivo”, y hace notar que contiene penas más duras contra la violencia de género y la discriminación racial. Luego de su aprobación, Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, dijo en la televisión estatal que el código no pretende reprimir, sino más bien proteger “la paz social y la estabilidad de nuestra nación”.
Pero grupos defensores de los derechos humanos, muchos de los cuales carecen de autorización para operar en la isla, plantearon el viernes su preocupación por el nuevo código.
“Esto es claramente un intento de proporcionar una ruta jurídica para la represión y la censura, y un intento de las autoridades cubanas de socavar el poco espacio cívico que existe en la isla e impedir la posibilidad de que los cubanos salgan a las calles de nuevo”, señaló Juan Pappier, investigador sénior de derechos humanos para Human Rights Watch en Latinoamérica.
Pappier, junto con un informe de Amnistía Internacional, dijo que el código está “plagado de (lenguaje) excesivamente amplio” que las autoridades cubanas podrían utilizar para castigar con mayor facilidad a la disidencia.
Cuba ha sido objeto de críticas internacionales significativas por el trato que le dio a los manifestantes en las protestas antigubernamentales de julio de 2021.
Un total de 790 participantes en dichas protestas enfrentan juicios por sedición, ataques violentos, desorden público, robo y otros delitos, según las cifras más recientes dadas a conocer en enero por la Fiscalía General de Cuba.
Más de 500 se encuentran cumpliendo sentencias de cárcel, de acuerdo con cifras de la organización opositora Justicia 11J, que aboga por los que están siendo enjuiciados o se encuentran encarcelados con relación a las protestas.
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Casi un centenar de reos enfermos en Melena del Sur y sin atención médica, denuncia madre de preso político
Casi un centenar de reos se ha enfermado en una prisión de Melena del Sur, Mayabeque, tras beber agua contaminada, denunció a Martí Noticias, Zenaida Licea, madre del preso político Manuel Velázquez Licea.
“Mi hijo está enfermo en prisión, con muchos dolores de cabeza, fiebre y dolores en las articulaciones. Lo que pasa es en el agua”, apuntó Licea quien explicó que en el penal Melena II, donde se encuentra su hijo, “hay más de 90 presos con esa enfermedad”.
“Toda el agua está contaminada; no tienen agua ni para bañarse. El agua se la buscan de una cisterna, el agua que le baja a ellos es un agua ‘zurrapienta’, ‘blancusia’, y así mismo tienen que tomársela, porque no hay agua limpia ahí”, detalló la madre del integrante del movimiento "Opositores por una Nueva República".
“Siempre ese problema ha estado en la prisión de Melena II (…) que se la llevan en pipas, en una cisterna, pero contaminada. Entonces, he tenido que llevarle agua hasta que le alcance”, dijo.
Manuel Velázquez recibió la visita de un médico especialista “por el problema de la fiebre y el dolor en las articulaciones y le mandaron el ‘Rocephin’ (antibiótico) porque aquí no hay y eso es a nivel de hospital y así, lleva más de dos semanas enfermo. Ahí hay más de 90 presos así mismo”, reiteró Licea.
La señora asegura que el especialista le dijo que, si lograban conseguir el antibiótico “por otra vía", su hijo sería ingresado en el hospital para recibir el medicamento.
En su denuncia, reiteró que el opositor es víctima de persecución: "¿Usted sabe lo que es ese niño enfermo y que a la una de la mañana, lo estén llamando para darle requisa, para estarlo registrando, le alumbran la cara con una linterna para despertarlo, a ver qué es lo que está haciendo?”.
“Están todos flacos, flacos e imagínate, aquello es una tos, una tos y no tienen medicamentos. Allí la alimentación, pésima, a esos niños lo que les dan de almuerzo es una ‘agüita’ de arroz y ya, allí no hay alimentación ninguna”, concluyó Zenaida Licea.
El pasado mes de mayo, Vázquez Licea, junto a otros 13 prisioneros políticos cubanos en distintas prisiones del país, decidieron plantarse demandando respeto a todos los presos, comunes y políticos, libertad religiosa, derecho a la asistencia médica, mejoras en la alimentación y libertad para todos los presos políticos
(Con reporte de Ivette Pacheco para Martí Noticias)
Muerte de preso político 11J entre cientos de violaciones cometidas en el contexto del examen de derechos humanos a Cuba
Mientras el régimen cubano era sometido al Examen Periódico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el pasado mes de noviembre, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) registraba al menos 300 acciones represivas cometidas en la isla.
De acuerdo con dicho reporte, las autoridades represivas cubanas ejecutaron más de 85 detenciones arbitrarias y cometieron 83 incidentes de abuso contra presos políticos. También, “predominaron los sitios de viviendas de activistas y opositores, amenazas, citaciones policiales, juicios y multas”.
Desde Madrid, España, donde tiene su sede el OCDH, Yaxis Cires, director de Estrategia de la ONG, dijo a Martí Noticias que es significativo "que la represión que hoy estamos denunciando corresponda precisamente a noviembre, el mes en el que el régimen cubano fue analizado por Naciones Unidas desde el punto de vista de derechos humanos”.
Cires hizo énfasis en que durante esta “revisión”, el régimen de La Habana recibió “una fuerte crítica de la comunidad internacional por las grandes violaciones a los derechos humanos que ocurren en la isla y, también, en el mes en que visitó (Cuba) el responsable de derechos humanos de la Unión Europea, el señor (Eamon) Gilmore”.
OCDH destaca en el informe la muerte del prisionero político Luis Barrios Díaz, quien falleciera a causa de negligencias por parte de las autoridades del penal 1580, ubicado en la localidad capitalina de San Miguel del Padrón, donde cumplía una condena de nueve años por manifestarse pacíficamente el 11 de julio de 2021 en Arroyo Naranjo.
“Estamos denunciando que en este mes ha muerto un prisionero político del 11J, el joven Luis Barrios, quien no recibió una atención médica adecuada en el momento en que tenían que hacerlo. Desde agosto, la familia estaba denunciando la situación que presentaba (Barrios) desde el punto de vista respiratorio y lo llevaron al hospital para ser tratado, ya cuando poco podían hacer los médicos”, puntualizó Cires.
“Es lamentable la situación que se está viviendo en la isla desde el punto de vista de los derechos y vemos que no ocurren los cambios políticos, económicos y sociales que la población cubana le pide al régimen”, concluyó.
(Con reporte de Ariane González para Martí Noticias)
Esposa de preso político del 11J denuncia que ataque de reos comunes fue "orquestado" por sus carceleros
El preso político de la causa del 11J Luis Frómeta Compte se encuentra en la enfermería de la prisión Combinado del Este tras ser golpeado por otros reos, una agresión que, según la familia, fue orquestada por las autoridades de la prisión.
Desde La Habana, su esposa, Brizaida María Abad Izarga, dijo a Martí Noticias que un oficial y la doctora del penal le "mintieron" en relación a lo ocurrido.
Según Abad Izarga, “cuatro presos comunes lo atacaron, lo sujetaron y le dieron muchos golpes; lo cortaron en su nariz con una cuchilla. En estos momentos, está muy adolorido, lo llevaron al hospital, lo trajeron esa misma noche y se quedó en la enfermería (de la prisión)”, relató la esposa del preso político.
De acuerdo con la última llamada telefónica realizada por Frómeta Compte a su familia el pasado sábado, éste aún permanece en la enfermería del Combinado del Este.
“Todavía no sé nada de él desde la última llamada que me hizo”, apuntó la mujer, asegurando que “todo esto es orquestado, es mandado, porque él no es al primer preso del 11 de julio que le dan golpean ahí, en el Combinado, todas las semanas está pasando lo mismo, cogen uno ahora, otro después”.
“El día que hablé con él, me dijo que le dolía mucho la cabeza por la cantidad de golpes que había recibido, que estaba hinchado y que él sabía que eso iba a suceder porque ya lo estaban planificando”, relató.
Abad Izarga lamentó la situación que están padeciendo los cubanos, calificándola de “triste” agregando “que no hay derecho, que la única solución de nosotros para recibir un trato digno es publicar las cosas en las redes sociales”, lamentó la señora.
Los hechos ocurrieron el pasado jueves por la tarde. Según la esposa del preso político, se enteró de lo sucedido en la mañana del viernes. “Me llamaron y, en cuanto yo supe todo, me fui para el Combinado, y ese día me atendió un segundo jefe de la Unidad y la Dra., que me mintieron, me dijeron que él estaba bien, que solamente fue un golpe en la nariz, que no hubo fractura, que sólo fueron tres puntos, y que no eran más de tres puntos. Ellos se prestaron para todo esto”, concluyó la esposa del prisionero político.
Luis Frómeta Compte, ciudadano cubano-alemán, de 61 años, fue condenado a 25 años de prisión en 2022 por cargos de sedición tras participar en la manifestación del 12 de julio de 2021 en la barriada habanera de La Güinera.
Organizaciones de derechos humanos como Cubalex, Prisoners Defenders y The Fundation for Human Rights in Cuba han denunciado la situación de Frómeta Compte en el combinado del Estese hicieron eco de la denuncia.
A raíz de la detención de Frómeta Compte, la activista cubana Salomé García Bacallao sugirió que él fue testigo del asesinato de Diubis Laurencio Tejeda, la única víctima fatal de la represión a la protestas, que ha sido reconocida hasta el momento.
En marzo de 2022, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania anunció gestiones para tener acceso a Frómeta Compte. “La embajada alemana en La Habana está a cargo del caso y está en contacto estrecho con las autoridades cubanas, el abogado y los familiares de la persona en cuestión”, dijo entonces la cancillería alemana.
(Con reporte de Ivette Pacheco para Martí Noticias)
"No somos súbditos de una monarquía, somos ciudadanos de una república", dice profesora a los cubanos tras desmontar juicio en su contra
La académica cubana Alina Bárbara López Hernández denunció que hubo
"falta total de evidencias para considerar consumado un delito de desobediencia" en el juicio en su contra, que tuvo lugar este martes en el Tribunal Municipal de Matanzas, a pesar de los pronunciamientos de numerosas organizaciones que condenaron el proceso judicial contra la profesora.
"La sanción que ponen es una cosa mínima, una multa, pero por un problema de coherencia, de principio, de dignidad, yo no puedo admitir un delito que no fue probado allí, que al contrario fue probado que yo no lo cometí y yo no puedo aceptar eso", afirmó López Hernández este jueves a Martí Noticias.
En un comentario publicado hoy, la profesora descartó las alegaciones de la fiscal Guadalupe Borrego, lo mismo que la sentencia que la encontró culpable de ese delito, al no acudir a una citación policial en el mes de junio, y la sancionó con pagar 250 cuotas de 30.00 CUP cada una hasta conseguir que el proceso no aparezca entre sus antecedentes penales, que le retiraren las medidas de reclusión domiciliaria y las prohibiciones de salida del país, incluida la expedición de un pasaporte.
"Reconozco que el acto de citación del que fui objeto cuenta con una formal fuerza jurídica preconstituida, pero, por su contenido carece de fundamento, porque yo no había cometido ningún delito presumible ni reconocible que respaldara la citación; incluso, la oficial que me citó ignora el motivo de la diligencia a pesar de que era ella quien debía «entrevistarme». Lo anterior convierte esa citación en una actuación inoficiosa ante la ley y me exonera de la responsabilidad por no haber concurrido", afirma la historiadora.
La cofundadora del medio digital Cuba X Cuba publicó en sus redes sociales un extenso análisis del juicio con el objetivo de mostrar "cómo funcionan los mecanismos legales y de coacción" en la isla y "contribuir a la educación cívica, al demostrar la exclusión permanente de la ciudadanía y la imposibilidad real del ejercicio de derechos constitucionalmente establecidos".
La autora dijo que quiere evidenciar que la declaración de Cuba como "Estado socialista de derecho y justicia social" es en verdad una falacia.
En su texto explica que aún después del juicio se desconoce la causa por la que fue citada por la policía el 13 de junio: "He sido condenada por un delito y aún ignoro lo que deseaban conversar conmigo la oficial jefa de sector y «los compañeros». Peor aún, ellos tampoco parecen saberlo. Es la duda infinita".
Además apunta que "a pesar de que el nuevo Código Penal eliminó la peligrosidad potencial como causal de delito, la fiscal defendió sin pudor que el Acuerdo 9151 la instaure".
"En su concepción, la sociedad es presentada como un organismo enfermo y el Estado —en la figura de sus autoridades—, como el gran higienista. Me parecía haber retrocedido en una máquina del tiempo a siglos y polémicas ya superados. ¿Qué sería de un Estado donde los ciudadanos no obedezcan a las autoridades? Preguntó retóricamente la fiscal para responder de inmediato: ¡un Estado fallido!", relata la académica.
López Hernández explica que la funcionaria del órgano acusador defendió que por "por el respeto a la ley y a las autoridades", Cuba es un «Estado socialista de derecho y justicia social».
"Aquella joven y bonita muchacha era la boca de Sauron. Sus razones eran las razones del poder desnudas del tradicional discurso demagógico. Pero se agradece la honestidad sin subterfugios, así nos entendemos mejor. Al escucharla, constaté que en la medida en que la crisis general se agudiza y aumenta la toma de conciencia ciudadana en Cuba, el poder tiende a mostrarse menos hipócrita y manipulador. Espero que nosotros nos mostremos menos crédulos", valora la intelectual.
En su comentario explica que aunque recibió la sanción más leve de las posibles y no la de privación de libertad de hasta un año, "es importante que no se pierda de vista que fui hallada culpable de un delito consumado de desobediencia que jamás fue probado".
"La jueza tardó apenas media hora en volver con la sentencia. Podía haber regresado en cinco minutos, pues contrariamente a lo que se espera de un juez —que explique con argumentos convincentes porqué decide—, apenas se limitó a decir que concordaba con la petición de la fiscal", asegura.
"No debí ser quien se sentara en el banquillo de los acusados. No debí soportar una injusticia como esta. No debí ser hallada culpable. Quizá algunas personas piensen que debo aceptar el fallo. No estoy de acuerdo. Mucho menos después de escuchar las razones del poder por boca de la fiscal. No somos súbditos de una monarquía, somos ciudadanos de una república. Debemos restablecer el ejercicio de nuestros derechos secuestrados por un poder que los exhibe como trofeos en una vitrina mientras exige sumisión incondicional y castiga a los desobedientes. Es cuestión de dignidad humana, que, le recordé a la fiscal, también establece la Constitución en su artículo 40", concluye la doctora.
Esposa de preso político del 11J denuncia que no cesa el hostigamiento en la cárcel de Quivicán (VIDEO)
En precarias condiciones se encuentra el preso político del 11 de julio de 2021, Maikel Puig Bergolla, recluido en el penal de máxima seguridad de Quivicán, en la provincia de Mayabeque, denunció su esposa Saily Núñez Pérez, en una directa en la red social Facebook.
Núñez Pérez alertó que a su esposo no le están suministrando el medicamento para la hipertensión, además de recibir malos tratos por parte de autoridades carcelarias y recibir una precaria alimentación.
También en la comunicación, la mujer mencionó que ella es víctima del acoso constante de la Seguridad del Estado y del director del penal, debido a las denuncias que publica sobre todas las violaciones que sufre el preso político.
En su mensaje en redes sociales, responsabilizó al jefe de la prisión de Quivicán, a quien identificó como el teniente coronel "Lolo", y a la policía política por todo el hostigamiento que sufre su familia.
Puig Bergolla, cumple 12 años de condena por participar en la manifestación en el poblado de Güines, y desde que fue trasladado para esa prisión ha sido expuesto a malos tratos.
En el mes de junio fue atacado por el oficial Yulieski Menéndez Montero, segundo jefe de la cárcel, y estuvo un mes incomunicado sin llamadas telefónicas. En varias oportunidades ha estado de castigo en celdas de aislamiento.
Toda esta represión fue la respuesta de la guarnición a una protesta que protagonizó Puig Bergolla, junto a otros reos dentro del penal, en donde exigieron libertad y gritaron la consigna contestataria “Patria y Vida”.
En el mes de agosto, el preso político fue agredido por un reo común de alta peligrosidad, señalado por colaborar con las autoridades penitenciarias, a cambio de beneficios.
La esposa del condenado por el 11J ha acudido a la Fiscalía Militar de la Región de Occidente para denunciar los abusos y arbitrariedades que se cometen en contra de su esposo en ese centro penitenciario, pero asegura que no ha tenido respuesta alguna a sus reclamos.
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